12 de marzo de 1996: tras la constante presión social, Rubén Figueroa Alcocer renuncia a su cargo a la mitad de su mandato, con el argumento de ‘facilitar la investigación del caso de Aguas Blancas’ por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

12 de abril: la SCJN presenta su informe, en el cual concluye con la responsabilidad, entre otros, del ex-gobernador, del ex-secretario de gobierno y del ex-procurador general de justicia. Sin embargo, ni la Procuraduría General de Justicia (PGR) ni el Tribunal Superior de Justicia (TSP) tomaron en cuenta las recomendaciones de la SCJN.

14 de junio: la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero (PJEG) determina que el ex-gobernador y sus principales colaboradores «no participaron en forma directa, indirecta o inductivamente en la comisión de los delitos».

28 de junio: surge un grupo armado, el Ejército Popular Revolucionario (EPR), en la conmemoración de la matanza de Aguas Blancas. Unos cien hombres y mujeres armados y encapuchados dan a conocer su ‘Manifiesto de Aguas Blancas’ donde denuncian que la «violencia institucionalizada» sigue igual que en los tiempos de Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas quienes tomaron las armas en contra de la explotación y de la opresión: «Frente a la violencia institucionalizada, la lucha armada es un recurso legítimo y necesario del pueblo para restituir su voluntad soberana y restablecer el Estado de derecho». Una de sus principales demandas es la justicia. El mismo 28 de junio, en la noche, se da un enfrentamiento armado entre un grupo del EPR y policías judiciales del estado en Zumpango del Río. Tres policías son heridos.

El EPR participa en varias acciones de fuego en Guerrero. Difunde su movimiento a través de visitas a las comunidades, entablando un dialogo directo con los habitantes. El gobierno federal responde con la persecución de miembros de las organizaciones sociales (en particular contra los integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur -OCSS- y del PRD). Cambia a los principales mandos militares en Guerrero para poner otra vez generales que habían estado en la persecución de la guerrilla en los años 70’s. La militarización aumenta visiblemente.

22 de diciembre: tropas del Ejército desarman a dos grupos de la Policía Comunitaria en San Luis Acatlán.