20 de febrero: Se pone en libertad a 6 integrantes del grupo supuestamente paramilitar ‘Los Chinchulines’ que tiene su base en Bachajón.

24 de febrero: El Congreso estatal aprueba la ‘ley de amnistía para el desarme de grupos civiles en Chiapas’ presentada por el gobernador Albores Guillen. Se excluye de la amnistía a personas o integrantes de una organización civil con estructura, adiestramiento o disciplina similares a las del Ejército y a miembros del EZLN.

12-14 de marzo: Cinco mil delegado/as zapatistas salen de los cinco Aguascalientes en Chiapas a municipios de los 32 estados de México para promover la consulta nacional zapatista planeada para el 21 de marzo.

21 de marzo: Participan más de 2,8 millones personas de México y 48.000 mexicanos viviendo en el extranjero en la consulta nacional ‘por el Reconocimiento de los Pueblos Indios y por el fin de la Guerra de Exterminio’.

Abril, mayo y junio: Entrega de armas de supuestos zapatistas a cambio de apoyos económicos gubernamentales. El EZLN califica el hecho de «farsa y teatro».

8/9 de mayo: Segundo encuentro entre la sociedad civil y el EZLN en La Realidad, municipio de Las Margaritas, con el fin de analizar los resultados de la Consulta Nacional.

Las primeras dos semanas de junio: Aumento significativo en incursiones militares y policíacas en comunidades zapatistas; detenciones arbitrarias de presuntos zapatistas; hostigamiento por parte de los militares en los retenes; y concentración de tropas militares. En cada uno de las incursiones participan entre cien y mil militares y policías. Como pretexto de todos estos operativos las autoridades estatales y federales mencionan la aplicación de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, la lucha contra el narcotráfico, la detención de delincuentes y la protección de los habitantes que lo pidieron.

20 de junio: 77 organizaciones sociales participan en el segundo foro estatal para la consulta zapatista realizado en San Cristóbal.

15 de julio: El Congreso local de Chiapas aprueba la propuesta de creación de siete nuevos municipios en Chiapas, no obstante las protestas fuertes de la oposición.

17 de julio: El Comité de Derechos Humanos de la ONU expresa que los temas de Chiapas, la administración de justicia, la violencia contra las mujeres, la creciente militarización y la impunidad siguen causando «inquietud» y «profunda preocupación«.

30 de julio: El Congreso local de Chiapas aprueba la iniciativa de ley del gobernador Albores en materia de Derechos y Cultura Indígenas. La oposición manifiesta que la ley no responde a las demandas del EZLN ni cumple con los acuerdos de San Andrés.

12 de agosto: Aproximadamente 500 militares llegan por tierra y paracaídas a la comunidad Amador Hernández (Selva). Las fuentes oficiales argumentan que su presencia tiene el objetivo de proteger a los topógrafos que harán las mediciones para una carretera. Los habitantes se oponen a la construcción de dicha carretera.

26 de agosto: Enfrentamiento entre el Ejército y bases de apoyo zapatistas en la comunidad San José la Esperanza, municipio de Las Margaritas. Tres indígenas son detenidos. 7 militares son heridos a machetazos.

8 de septiembre: El secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, presenta la nueva propuesta gubernamental de diálogo para Chiapas, en la que se plantea la reanudación inmediata de las negociaciones con el EZLN. Carrasco asegura que está dispuesto a encabezar la comisión negociadora, en cualquier momento y en cualquier lugar. La nueva propuesta gubernamental consiste en los siguientes 6 puntos:

1. Propone al Senado de la República que retome el tema de los cambios constitucionales sobre derechos y cultura indígenas, y que reciba propuestas del EZLN, del propio gobierno y de los demás grupos involucrados en el conflicto.
2. Pide al EZLN que proponga fechas para que el gobierno vaya cumpliendo lo acordado en San Andrés sobre desarrollo social de las comunidades indígenas de Chiapas. 3. Solicita a las instancias de Procuración de Justicia, la liberación de presos zapatistas que no estén implicados en asesinatos o violaciones.
3. Se compromete a analizar las denuncias de organizaciones de Derechos Humanos sobre el hostigamiento en las comunidades indígenas de Chiapas. 5. Acepta la creación de una nueva instancia de intermediación civil y apartidista. 6. Se compromete a enviar una comisión gubernamental negociadora que tenga capacidad de decisión.

6 de octubre: La Procuraduría General de la República instala una oficina especial en Chiapas para la investigación de los grupos armados que operan en la entidad.

24 a 27 de noviembre: Durante su visita a México, Mary Robinson, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, comenta que le inquietan la impunidad, la militarización y una mala administración de justicia en Chiapas. Menciona que entre los factores que han contribuido a crear un clima de impunidad se incluye la creciente militarización de las funciones de seguridad pública.

30 de diciembre: El Nuncio Apostólico Justo Mullor anuncia la nominación de Don Raúl Vera, obispo coadyutor en San Cristóbal a la diócesis de Saltillo.