Once años después del levantamiento armado zapatista, cabe reconocer que fuera de Chiapas, muchos piensan que el conflicto en este Estado se resolvió o se disolvió tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, las causas que le dieron origen permanecen pero ahora en un contexto de guerra ‘integral de desgaste’, en la que no existe una confrontación directa, sino estrategias militares, políticas y económicas que pretenden mermar la resistencia zapatista y que continúan generando conflictos a nivel comunitario.

El décimo aniversario del levantamiento zapatista marcó el inicio del año. La celebración dio lugar a diferentes análisis sobre lo caminado por los zapatistas durante esta década. En este sentido, se destacó la importancia de los neozapatistas en el derrocamiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras 71 años en el poder y en el fortalecimiento del movimiento indígena a nivel nacional. También se reafirmó el impacto de su lucha en el nacimiento del movimiento altermundialista, contrario al neoliberalismo y enfocado a la construcción de nuevas alternativas.

En la zona de conflicto, las Juntas de Buen Gobierno Zapatistas han trabajado como gobiernos autónomos, creando un nuevo eslabón de carácter regional. Cabe destacar su labor en la mediación y resolución de conflictos comunitarios no sólo entre zapatistas, sino también entre no zapatistas. La conflictividad intra e inter comunitaria bajó significadamente, aunque la tensión se mantiene en particular por la constante presencia militar en la zona. El Centro de Análisis Políticos, Sociales y Económicos (CAPISE) publicó el Informe: «La ocupación militar en Chiapas: el dilema del prisionero» en el que se ubican 91 instalaciones militares, a la vez que se analiza el impacto de la presencia militar en el respeto en los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

El mayor número de conflictos comunitarios se sigue dando alrededor de los servicios públicos como el agua, la luz o las obras, así como por la decisión de los zapatistas de mantener su propia organización autónoma paralela a la gubernamental. Durante todo el año, la resistencia contra el pago de la luz eléctrica ha generado uno de los mayores movimientos de desobediencia civil (no zapatista), a pesar del programa ‘Tarifa Vida Mejor’, a través del cual, el gobierno estatal pretendía poner fin a la resistencia. Por el contrario, aumentó el número de conflictos entre la población y la Comisión Federal de Electricidad, que ejecutó constantes cortes de luz y siguió subiendo las tarifas eléctricas.

En el mes de abril, en el municipio de Zinacantán (región de Los Altos), los zapatistas de la zona sufrieron la mayor agresión violenta padecida desde 1994. Miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD) cortaron el agua a zapatistas de la comunidad de Jechvó, como represalia por no haber contribuido con la cooperación económica ligada a cargos tradicionales en que los ‘zapatistas autónomos’ ya no participan. La violencia tuvo como saldo decenas de heridos y 125 familias desplazadas, que tras algunas semanas regresaron a sus hogares, aunque se mantenga la división entre ambos grupos.

La Reserva de la Biosfera Montes Azules representó un constante ‘foco rojo’ y una fuente de polémica. Se mantuvo la política conservacionista del gobierno, y su plan de desalojo de comunidades cuyo asentamiento es considerado ‘irregular‘ (en su mayoría del EZLN y de la Asociación Rural de Interés Colectivo Independiente y Democrática-Unión de Uniones). ONG’s como Maderas del Pueblo del Sureste y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas han exigido en todo momento un análisis integral de la problemática medioambiental de la reserva sin olvidar los factores socio-económicos que llevaron a gente a habitarla en un primer momento.

En el octubre el EZLN anunció la ‘reconcentración‘ de varias de sus comunidades asentadas en Montes Azules. Representa un reposicionamiento de las bases de apoyo zapatistas, dada la dispersión y lejanía de dichas comunidades con alguno de los Caracoles Zapatistas para beneficiar su organización y defensa.

Se inició la ejecución del «Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible de la Selva Lacandona» (PRODESIS), cofinanciado por el gobierno del estado (con 16 millones de Euros) y por la Unión Europea (15 millones). Destinado a las microrregiones que bordean Montes Azules, es presentado como un instrumento para erradicar la pobreza a través de la capacitación de los actores de la región, así como a través de la planificación e implementación de proyectos de desarrollo. El PRODESIS ha sido duramente cuestionado por ONG’s al representar un modelo conservacionista ejecutado desde arriba, sin la consulta previa de sus destinatarios.

A nivel estatal, se produjeron graves retrocesos en el respeto a las garantías individuales y al cumplimiento de los derechos humanos. En febrero se aprobó la denominada ‘Ley Mordaza’, que incrementó duramente las sanciones penales correspondientes a los delitos contra el honor, restringiendo la libertad de expresión e información. A esto se añadieron otras reformas legislativas que apuntan a mayor control social provocando un cierre de espacios de participación y de canales para protestas o para hacer denuncias, como la ley antimaras, la ley de bioterrorismo, la ley de fiscalización, etc. Por otro lado, se destituyó de su cargo al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Pedro Raúl López Hernández, peligrando la autonomía de este organismo encargado de verificar el respeto de los derechos humanos por parte de las autoridades.

Amnistía Internacional, en su informe 2004, afirmó que los esfuerzos del gobierno federal para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos son insuficientes. En diciembre, publicó el informe especial «Abusos desoídos en Guadalajara: la resistencia a esclarecer violaciones de los derechos humanos sólo perpetua la impunidad», denunciando las detenciones arbitrarias y las torturas sufridas por manifestantes contrarios a la Cumbre de América Latina y de la Unión Europea celebrada en mayo en Guadalajara.

En septiembre, el Presidente Vicente Fox presentó su informe de gobierno anual, en medio de fuertes protestas por parte de la oposición en el Congreso y de movilizaciones de varios sectores sociales en las calles. De forma paralela, y con motivo del primer año de funcionamiento de las Juntas de Buen Gobierno, el EZLN emitió una serie de comunicados titulados «Leer un video». Este informe de los gobiernos autónomos respondió a las críticas recibidas, y reconoció dos fallos importantes: la escasa participación de las mujeres en las Juntas y la influencia que la estructura político-militar zapatista sigue teniendo sobre la organización de los gobiernos autónomos civiles. Así mismo dio cuenta de los avances en cuestiones de salud, educación, alimentación, tierra, vivienda y de formas de autogobierno.

En octubre, se realizaron elecciones municipales en Chiapas. Las JBG zapatistas cumplieron con su promesa de respetar los trabajos de los órganos electorales. Con esta decisión se confirmó la opción de no confrontación del movimiento zapatista. Tras el proceso electoral se dio una recomposición del mapa político caracterizado por un desibujamiento de los partidos políticos a raíz del constante flujo de los mismos candidatos desde un partido al otro y por las polémicas alianzas a las que pueden haber llegado. El debilitamiento de la democracia partidista y el desprestigio de las autoridades ha sido creciente también a nivel nacional. La agenda de toda la clase política ya está enfocada en un contexto de disputa por las próximas elecciones presidenciales (2006). Frente a las luchas partidistas, en noviembre, fuerzas sociales impulsaron el Primer Diálogo Nacional por un Proyecto de Nación con Libertad, Justicia y Democracia, con el objetivo de unir resistencias en contra del proyecto neoliberal.