6 de enero: David Salgado Aranda, originario del municipio de Tlapa de Comonfort, muere atropellado por un tractor cuando recogía tomates en un campo de la empresa Agrícola Paredes, junto con el resto de su familia. Según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, la empresa se ha negado a indemnizar a la familia. Esta muerte vuelve a levantar el tema del trabajo infantil en México y también llama la atención de la opinión pública sobre las condiciones en las que trabajan miles de jornaleros en el país.

8 de enero: ejidatarios de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri (Zumpango), comienzan un bloqueo de los accesos principales a la minera canadiense instalada en sus tierras para exigir un mejor precio por la renta de las mismas y para asegurarse que la empresa cumpla con las obras públicas que prometió al pueblo.

8 de enero: Los tres detenidos en el penal de Acapulco acusados del asesinato del diputado local José Jorge Bajos Valverde (PAN) fueron «torturados«, concluyen los exámenes practicados por la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero (Codehum). Tlachinollan señala que estas denuncias se añaden a la lista de los más de 10 casos de tortura documentados en la entidad entre 1997 y 2002. Todos siguen impunes.

25 de enero: un centenar de policías estatales y preventivos municipales de Zumpango desalojan a golpes a los inconformes en el bloqueo en Carrazilillo. Durante cuatro horas unos 70 ejidatarios, entre ellos mujeres y niños fueron privados de su libertad. Dos mujeres resultaron heridas.

Febrero: 7600 miembros del Ejército, Marina, de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia Federal de Investigación se juntan en el marco del programa federal «Operación Conjunta Guerrero» contra el narcotráfico.

5 de febrero: pese a estar en marcha el «Operativo Conjunto Guerrero», cuatro policías, un agente del Ministerio Público y dos secretarias son ejecutados en dos ataques a las instalaciones de la Policía Investigadora Ministerial (PIM).

22 de febrero: un día después de que la minera canadiense Luismin llamó al presidente Felipe Calderón y al gobernador Zeferino Torreblanca a hacer valer el Estado de derecho ante el bloqueo que mantienen ejidatarios de El Carrizalillo en los accesos principales de la mina en este poblado, el Ejército mexicano instala un retén a menos de 3 kilómetros del lugar donde se encuentra la protesta.

23 de febrero: el Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge Bustamante al referirse a la muerte de David Salgado (niño jornalero) afirma que el gobierno de México se ha mostrado indiferente ante el trabajo infantil que prevalece en los campos agrícolas.

20 de marzo: organismos civiles de derechos humanos y activistas de México y de 16 países más llaman al presidente Felipe Calderón, al gobernador Zeferino Torreblanca y al secretario de Seguridad Pública, Juan Heriberto Salinas, a que se abstengan de usar a la fuerza pública para desalojar el bloqueo en El Carrizalillo. Los inconformes, ahora organizados en la Asamblea Permanente del Ejido de Carrizalillo refuerzan su determinación de mantener el bloqueo a la minera Luismin hasta obtener una respuesta integral a sus demandas.

30 de marzo: el Tribunal Unitario Agrario (TUA) en Acapulco anula el acta de asamblea de agosto de 2005 donde los campesinos de Cacahuatepec autorizaban a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la expropiación de sus tierras y falla a favor de los campesinos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, opositores a La Parota.

1 de abril: se logra un acuerdo entre la «Asamblea Permanente de Ejidatarios y Trabajadores del Carrizalillo» y la empresa minera Luismin. Dicho acuerdo apunta a construir una relación más equitativa entre la empresa y los ejidatarios con un aumento de la renta por la tierra, la instalación del servicio de agua potable, la pavimentación del camino que conduce hasta el Carrizalillo y la construcción de un hospital comunitario. La empresa también se compromete a retirar todas las acusaciones legales que interpuso en contra de los integrantes del movimiento de resistencia.

7 de abril: el periodista guerrerense Amado Ramírez Dillanes, corresponsal de Televisa en Acapulco, es asesinado de tres impactos de bala.

15 y 16 de junio: el centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan celebra su XIII aniversario con el Foro estatal «Por los Caminos de la Resistencia» al que acudieron más de 400 personas de 17 organizaciones sociales y representantes de 40 comunidades para compartir sus formas de resistencia en la defensa del territorio, articular sus luchas y así lograr el respeto a sus derechos fundamentales como personas y pueblos.

17 de junio: un conflicto agrario por 456 hectáreas de tierras entre los pueblos indígenas de Moyotepec y El Capulín se agudiza cuando tres campesinos de Moyotepec son matados en un balaceo.

9 de agosto: David Valtierra, coordinador de la radio comunitaria Ñomndaa (La Palabra del agua) en Xochistlahuaca es detenido por la Policía Ministerial en la ciudad de Ometepec. David Valtierra es conocido por su lucha a favor del municipio autónomo Sulja y a favor de la radio Ñomndaa que da voz a los indígenas Amuzgos. Había denunciado diversas acciones por parte de la alcaldesa Aceadeth Rocha en el municipio de Xochistlahuaca.

10 de agosto: David Valtierra es liberado bajo fianza.

Agosto: Rocío Mesino Mesino, regidora del PRD en Atoyac presenta una denuncia de intento de homicidio contra ella por parte del alcalde Pedro Brito García, del mismo partido en Atoyac. Rocío Mesino, hermana de Miguel Angel Mesino Mesino quien fue asesinado en septiembre de 2005, es una de los dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). El alcalde Brito García se deslinda de las acusaciones.

25 de agosto: Arturo Duque Alvarado es detenido, acusado de ser miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), por delitos de terrorismo y acopio de armas.

A partir del día 30 de agosto: los pueblos opositores a la presa La Parota se declaran en resistencia permanente para impedir la construcción de la hidroeléctrica. La decisión fue basada en el hecho de en Cacahuatepec, se celebró una asamblea regida por usos y costumbres en la que de manera unánime el 12 de agosto, más de tres mil asistentes votaron a favor de que se cancele su construcción.

5 de septiembre: Poco antes de la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que su esposa iba a declarar como víctima de violación por parte de integrantes del ejército en 2002, Fortunato Prisciliano Sierra denuncia haber recibido amenazas, hostigamiento y agresiones por parte de personas al servicio del 48 Batallón del Ejército Mexicano. La Comisión pide al gobierno mexicano medidas urgentes de protección para él y su familia.

10 de septiembre: en un comunicado, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) declara acerca de la detención de Arturo Duque Alvarado: «negamos rotundamente que Arturo Duque Alvarado milite o participe en cualquiera de las formas de organización de nuestro grupo, y que tan peligroso arsenal decomisado sea de nuestra propiedad». El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad denuncia que Duque Alvarado fue torturado durante 15 días por la policía ministerial del estado, y luego trasladado a una casa de seguridad de la PGR en el Distrito Federal, donde estuvo arraigado, antes de ser recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

28 de septiembre: El dirigente del Consejo Regional para el Desarrollo del Pueblo me’phaa de la variante lingüística Bathaa, Cándido Félix Santiago, es detenido en Tlapa por agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) por el delito de motín. Se le acusa de haber irrumpido en un desfile el 9 de agosto en el marco de la conmemoración del nacimiento de Vicente Guerrero que presidía el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.

8 de octubre: La Comisión Federal de Electricidad (CFE) da a conocer que la paraestatal no dará marcha atrás en la construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota, en Acapulco, Guerrero.

13 de octubre: El fundador y actual consejero de la Policía Comunitaria y Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Cirino Placido Valerio, es detenido por agentes de la policía ministerial. La detención ocurre solo dos días antes del aniversario de la policía comunitaria, el 15 de octubre. Cirino Placido recupere su libertad este mismo día.

15 de octubre: El hermano del gobernador Zeferino Torreblanca, Alberto Torreblanca Galindo, demanda a cinco periodistas y al periódico El Sur por «daño moral«: habían divulgado que se benefició con contratos sin licitación para la ejecución de obras de la Secretaría de Educación estatal. El denunciante exige el pago de 10 millones de pesos a los reporteros y al rotativo como reparación del daño.

22 de octubre: Comisarios indígenas provenientes de 28 comunidades de los municipios tlapanecos de Atlamajaltcingo del Monte, Metlatónoc y Tlapa, se apoderan de las instalaciones del Congreso del estado, y forman un parlamento indígena en demanda de maestros bilingües para esas poblaciones y para la anulación de 17 órdenes de captura contra igual número de dirigentes. También exigen el cese de la represión contra los luchadores sociales.

7 de noviembre: Manuel Olivares Hernández, director del Centro Regional de Derechos Humanos «José María Morelos y Pavón», y otras 15 personas que participaban en una manifestación son detenidas por policías en el municipio de Chilapa. Manuel Olivares es detenido justamente cuando estaba documentando violaciones de derechos humanos durante la protesta. Son liberados dos días después bajo una fianza de 4 mil pesos cada uno y 10 mil pesos para Manuel Olivares.

14 de noviembre: Más de un centenar de agentes de la Policía Preventiva Estatal (PPE), además de elementos de Gobernación vestidos de civil, desalojan a más de 800 estudiantes que realizan una protesta social afuera del Congreso del Estado para apoyar a estudiantes y egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Dicha escuela fue fundada hace más de 80 años y formó a 81 generaciones de maestros, entre ellos a Lucio Cabañas Barrientos y a Genaro Vázquez Rojas. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan reporta que hay unos 250 heridos, incluyendo uno de gravedad.

30 de noviembre: una manifestación de egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, es violentamente reprimido por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Policía Estatal de Guerrero, mientras se estaba manifestando al nivel de la caseta de La Venta.

2 de diciembre: El Ministerio Público Federal dicta auto de formal prisión a 18 de los 57 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, quienes ocuparon la caseta de La Venta, en la Autopista del Sol. Los estudiantes son acusados de motín, ataques a las vías de comunicación y «apropiación de bienes» por los autobuses que habían «secuestrado«.

7 de diciembre: El pleno de la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al gobernador Zeferino Torreblanca, a valorar las demandas de los maestros egresados de la escuela normal de Ayotzinapa y a resolver las peticiones de los estudiantes.

4 de diciembre: El relator sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, y Miloon Kothari, relator especial sobre una vivienda adecuada, realizan una visita no oficial por las comunidades que podrían ser afectadas por la construcción de la hidroeléctrica La Parota y se entrevistan con las autoridades de Guerrero y de la Comisión Federal de Electricidad. Miloon Kothari hace un llamado urgente para que se respeten los derechos económicos y sociales de las comunidades.

10 de diciembre: El Comité de Familiares y Amigos de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados de Guerrero exige la presentación de ocho personas que desaparecieron entre febrero y junio, y denuncian que el gobierno de Zeferino Torreblanca se ha caracterizado por no respetar los derechos humanos.

11 de diciembre: Representantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo acuerdan la revisión de 43 casos de luchadores sociales encarcelados.

18 de diciembre: Arturo Duque Alvarado, quien fue detenido el 25 de agosto por supuestos vínculos con el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), es liberado luego de pagar fianza.