7 de enero: Pobladores de las comunidades Atoyaquillo y Pasto Real, entre ellos viudas, madres y sobrevivientes de la matanza de Aguas Blancas, se manifiestan frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR). Exigen que se les explicara el motivo por el cual no ha concluido la investigación, iniciada en 2002 por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). Sin embargo, el procurador no accede a recibirlos y son atendidos por un funcionario de bajo perfil.

8 de enero: Siguiendo la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el secretario de Salud estatal, Luis Barrera Ríos anuncia que el gobierno de Guerrero indemnizará a los 14 indígenas mixtecos de la comunidad de El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres, que fueron esterilizados en 1998.

10 de enero: egresados de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa bloquean los accesos al Congreso local. Los ex normalistas demandan a los diputados y al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo el desistimiento de los autos de formal prisión que se les notificó a los 28 egresados que fueron detenidos durante el desalojo de la caseta de La Venta.

Enero: en dos ocasiones, integrantes del Comité Comunitario en Defensa del Pueblo de Xochipala bloquean los accesos a las minas Los Filos, El Bermejal y a la Unidad Nukay, en el poblado de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, en demanda de que la empresa canadiense Luismin les pague 2 millones 600 mil pesos de indemnización por daño ecológico a sus tierras.

7 de febrero: Durante la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, a Guerrero, organizaciones sociales e indígenas presentan una larga lista de denuncias, entre ellas que que el gobernador perredista Zeferino Torreblanca Galindo ha «criminalizado la lucha social». Arbour les responde que en Guerrero, «al igual que en otras partes, ha habido una larga historia de exclusión, de pobreza y de violación de derechos humanos».

10 de febrero: Lorenzo Fernández Ortega, militante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), secuestrado el 9 de febrero, es encontrado muerto con señales de tortura en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres. Era hermano de Inés Fernández Ortega, violada por soldados del Ejército Mexicano en 2002.

11 de febrero: El comandante de la novena Región Militar, Sergio Magaña Mier, da a conocer que la presencia militar – actuando por medio de retenes y cateos – en Guerrero continuará, principalmente en las regiones de la Montaña, Costa Chica y Costa Grande, con el objetivo de combatir cultivos de estupefacientes. Rechaza que estas actividades del Ejército Mexicano violen los derechos humanos de los indígenas.

28 de febrero: El subprocurador de Justicia de Guerrero, Jesús Alemán del Carmen, reconoce que hay una averiguación previa contra seis policías ministeriales acusados de torturar a los presuntos asesinos del periodista Amado Ramírez, para que se declararan culpables.

5 de marzo: Se crea el Frente Estatal contra la Represión y la Impunidad en el estado. Los grupos relacionados pretenden exigir al gobierno del estado abrir investigaciones en los casos de desaparecidos, y la reapertura de los casos relacionados con las masacres de El Charco y de Aguas Blancas.

14 de marzo: Los relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, y para la vivienda adecuada, Miloon Khotari, recomiendan al gobierno federal suspender la construcción de la presa La Parota porque no se garantizó el respeto a las garantías de los afectados.

24 de marzo: Desde la Montaña de Guerrero, decenas de indígenas anuncian su integración al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y adviertan que «no vamos a esperar hasta 2010 para hacer la revolución en Guerrero; aquí en la Montaña ya la estamos haciendo. Desde aquí vamos a defender el petróleo y nuestros recursos naturales. Con acciones combativas vamos a exigir maestros, médicos y hospitales, ya no le creemos a ningún partido político, ni al gobernador Zeferino Torreblanca ni a Felipe Calderón».

1 de abril: La Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), denuncia que elementos de la policía irrumpieron con violencia en el hogar del integrante Óscar Moreno, ubicado en la comunidad de Cruz Quemada, municipio de Tecoanapa, en la Costa Chica de Guerrero, con el fin de llevárselo preso, pues se le pretendió involucrar en la emboscada ocurrida en la comunidad de El Salto, municipio de Ayutla de los Libres, donde perdieron la vida cinco personas, cuatro de ellas policías municipales.

2 de abril: Según Amnistía Internacional, Miguel Ángel Tornez Hernández es detenido y torturado por la policía estatal judicial en la municipalidad de Ayutla de los Libres, como parte de la investigación del robo y asesinato de cuatro policías y un civil. Un día antes de su detención, varios miembros de su familia son detenidos y una de sus hermanas es torturada.

3 de abril: Cerca de 20 organizaciones de derechos humanos presentan ante el Tribunal Colegiado de Guerrero el escrito de la organización Amicus Curiae para apoyar el amparo en el caso de la presa La Parota que impidiría su construcción al argumentar que aquella violaría las normas internacionales de derechos humanos y medio ambiente.

4 de abril: Miembros de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM) denuncian la existencia de grupos paramilitares en la Costa Chica de Guerrero. La OPIM les atribuye ejecuciones de opositores y más de 10 asaltos perpetrados en las semanas anteriores, al parecer con protección del Ejército Mexicano y del alcalde perredista de Ayutla de los Libres, Homero Lorenzo Ríos.

5 de abril: La Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) denuncia la presencia de grupos paramilitares en la Costa Grande, sobre todo en los municipios de Petatlán, Atoyac de Álvarez y Coyuca de Benítez.

7 de abril: Familiares de Miguel Ángel Tornez Hernández presentan una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) de Guerrero contra las policías Investigadora Ministerial, Estatal, Federal Preventiva (PFP) y el Ministerio Público (MP) por la «detención arbitraria y tortura» de que fueron objeto el primero de abril, después de que cuatro agentes municipales y un civil fueron asesinados en una emboscada en el municipio de Ayutla de los Libres.

10 de abril: Es detenido de manera ilegal Abad Flores Herrera, ex comisario y actual consejero de la Coordinación Regional de la Policía Comunitaria, por agentes de la Policía Investigadora Ministerial. El hecho ocurrió en Marquelia.

15 de abril: Autoridades de la comunidad indígena me’phaa de Colombia de Guadalupe, en Malinaltepec, denuncian que han sido intimidados durante los operativos del Ejército, la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), la policía del estado y la investigadora ministerial, bajo el pretexto de desmantelar una banda de secuestradores.

18 de abril: Cinco miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) son detenidos en la localidad de Ayutla de los Libres. Son interrogados y acusados del asesinato de un hombre, cometido el 1 de enero. Además, se han dictado órdenes de detención contra otros 10 miembros destacados de la OPIM, incluido su presidente, Cuauhtémoc Ramírez.

28 de abril: La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) exige al Ejército mexicano, a la Agencia Federal de Investigación (AFI) y a la Policía Investigadora Ministerial (PIM) que salgan de las comunidades de Ayutla de Los Libres y le advierte al gobernador Zeferino Torreblanca, que la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM) no está sola, sino que recibe «todo el apoyo de la Policía Comunitaria».

13 de mayo: Frente al palacio de gobierno de Chilpancingo, familiares y víctimas de la «guerra sucia» exigen la presentación con vida de unas 80 personas de la Costa Grande desaparecidas entre 1970 y 1974. El Secretario de Gobierno, Guillermo Ramírez Ramos, responde a los manifestantes que se harán los trámites necesarios para atender su petición.

4 de junio: Cientos de integrantes del Frente de Ejidos, Comunidades y Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero toman las instalaciones de las secretarías de la Reforma Agraria, de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría Agraria exigiendo una respuesta a sus demandas que incluyen obras de drenaje, agua potable, concesiones de transporte y solución a 10 conflictos agrarios.

7 de julio: Expertos de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) inician excavaciones en el ex cuartel militar ubicado en Atoyac de Álvarez (Costa Grande), donde se presume que fueron enterrados cuerpos de personas desaparecidas durante la «guerra sucia». La decisión de llevar a cabo las excavaciones fue tomada bajo presión de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de México (AFADEM) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.

10 de julio: Miembros de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) entran en las oficinas de la Radio Ñomdaa, ubicada en la comunidad de Xochistlahuaca para desmantelar el equipo de transmisión. Los integrantes de la radio junto con varios miembros de la comunidad logran expulsar a los agentes sin que se produjeran incidentes graves.

11 de julio: un juez federal concede un amparo a la comunidad na´savi (mixteca) de Mini Numa, que pertenece al municipio de Metlatónoc (uno de los más pobres del país). Dicha comunidad había solicitado la protección de la justicia federal, el 9 de noviembre del año pasado, por la violación de su derecho a la salud. Desde hace tiempo, venían solicitando la construcción de un centro de salud, la asignación de un médico y la dotación de medicinas. En consecuencia directa de la falta de respuesta del gobierno, entre 2005 y 2007, se registró la muerte de 6 personas, entre ellos cuatro niños. Tres comunidades de la Montaña (Los Llanos, Yuvinani y Atzompa) se sumaron a la lucha por el derecho a la salud emprendida por Mini Numa.

31 de julio: La Secretaría de Salud del gobierno estatal indemniza a 14 indígenas de la comunidad El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres, quienes fueron esterilizados en 1998 y 2001. El Centro de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan reitera la necesidad de garantizar la llegada de un médico y de otros recursos al centro de salud que se instaló en la comunidad, así como la iniciación de un proceso administrativo en contra de los integrantes de la brigada de salud que presionaron a las víctimas para esterilizarlos.

9 de agosto: en la comunidad de La Mesa, región de Tierra Caliente, un elemento de la policía investigadora ministerial muere y dos más resultan heridos debido a un enfrentamiento entre policías y un grupo de individuos encabezados por Monje Solís, quien supuestamente estaría vinculado al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

17 de agosto: Los integrantes del CECOP junto con otras organizaciones sociales se reúnen en Acapulco para rechazar los comentarios realizados el 31 de julio por el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en el sentido de que el proyecto de la Parota seguirá adelante «con otros interlocutores».

1 de septiembre: maestros inician un plantón frente al Palacio de gobierno en Chilpancingo en rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), un acuerdo establecido entre el presidente Felipe Calderón y la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.

5 de septiembre: maestros toman 5 radios por una hora, 4 en Chilpancingo y una en Tixtla para difundir sus demandas: que se anulara la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) y que el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo los recibiera en audiencia.

17 de septiembre: más de mil maestros toman las instalaciones del PRD y del Congreso local en Chilpancingo. El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo expresa su disposición a celebrar una consulta para discutir la ACE, y reconoce que algunos puntos de ese documento no son favorables al magisterio guerrerense.

23 de septiembre: Casi dos meses después de un enfrentamiento entre un grupo armado encabezado por Pascual Monje Solís y la policía, el gobierno de Guerrero informa que fue encontrado muerto en las orillas del río Balsas, en el municipio de Zirándaro, en la región de la Tierra Caliente. Monje Solís fue ex militar; el gobierno lo vincula con el grupo guerrillero de Omar Guerrero Solís, el «comandante Ramiro», del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

30 de septiembre: alrededor de 5 mil maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado (SUSPEG) toman varias oficinas gubernamentales, entre ellas las de la Secretaría de Educación.

5 de octubre: el PRI resulta el gran ganador de las elecciones locales en la mayoría de las regiones de Guerrero. Gana la presidencia municipal de Acapulco y de la capital, Chilpancingo. Además el partido gana 11 distritos solo, y tres más en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con lo cual también tendrá mayoría en el Congreso local.

15 de octubre: durante la celebración de su 13 aniversario, la Policía Comunitaria y el Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) declaran que han acabado con el narcotráfico en las 72 comunidades donde tiene presencia. Once comunidades más de los municipios de Ayutla de los Libres y Marquelia demandan su incorporación a la CRAC.

15 de octubre: se concede un amparo a cuatro de los cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) actualmente encarcelados en Ayutla de los Libres.

28 de octubre: El gobierno de Guerrero niega una audiencia a miembros de la Coordinación Alemana para los Derechos Humanos en México para hablar sobre los cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).

5 de noviembre: Más de dos mil maestros toman el Congreso local y afirman que se mantendrían ahí hasta que les diera una respuesta satisfactoria a sus demandas.

6-8 de noviembre: Se celebra el Encuentro Popular «Agua, Energía y Alternativas Energéticas» en la comunidad de Aguacaliente, Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco. Participan comuneros de los estados de Guerrero, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz. La declaración final enfatiza la importancia de la unificación de las luchas en contra de los megaproyectos de generación de energía eléctrica así como de explotación de minas en todo el país, ello para poder frenar los impactos de dichos proyectos como los desalojos forzados de pueblos enteros, los daños ambientales y la destrucción del tejido social así como familiar de las regiones afectadas.

14 de noviembre: La Organización de Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Benítez denuncia que unos 200 militares incursionaron en la comunidad de La Morena y saquearon cuatro casas donde sólo había mujeres y niños, a quienes vejaron, abofetearon y amenazaron con que los iban a matar. Los militares estaban en busca de los hermanos Felipe, Javier y Alejandro Torres Cruz, sin expresar las acusaciones en su contra y diciendo a sus esposas que si no revelaban su paradero les iría muy mal.

11 de noviembre: Amnistía Internacional (AI) México difunde un comunicado de prensa en el que hace un llamamiento a favor de la liberación incondicional de los 5 integrantes de la OPIM. Enfatiza que la Procuraduría General de la República (PGR) ha apelado el amparo que una jueza federal había concedido a 4 de los 5 detenidos en octubre pasado, sin presentar nuevas pruebas en contra de ellos. El investigador sobre México de AI, Rupert Knox comenta que «Esta historia ilustra un patrón común de abusos contra los derechos humanos en Guerrero».

18 de noviembre: Unos 15 mil maestros marchan en Acapulco, donde una comisión inicia un diálogo con el gobernador del estado, Zeferino Torreblanca Galindo.

10 de diciembre: Máximo Mojica, dirigente de la organización social Tierra y Libertad, su esposa María Ángeles Hernández Flores, y su sobrino Santiago Nazario Lezma son acusados de secuestro y homicidio. Habían sido detenidos el 3 de diciembre. El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad denuncia que los tres se declararon culpables después de tortura.