pertura total del capítulo agropecuario que forma parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, firmado por México, Estados Unidos y Canadá en 1994), lo que agravó aún más la situación. Dicho capítulo liberó de impuestos a las importaciones de granos básicos como frijol y maíz, así como de lácteos y oleaginosas, por lo que fue considerado por sectores campesinos mexicanos, la oposición y varios académicos como «el tiro de gracia» al campo mexicano. Se calcula que 7 millones de personas se sumaron a la franja de población mexicana en situación de pobreza extrema, lo que representa casi un 20% del total.

Mientras el descontento social crecía, se mantuvo una tendencia a la «mano dura» por parte del gobierno federal así como el proceso de militarización del país vinculado a la guerra declarada al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Sin embargo, y a pesar de tener a 45.000 militares desplegados a diario no se logró reducir el nivel de violencia atribuida a las redes delictivas (se calculan, por lo menos, 5400 muertos en el año). En contrapartida, sí aumentó el número de denuncias de violaciones a derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, así como se vio una tendencia creciente a la criminalización de la protesta social. En este sentido, en marzo, la aprobación de una reforma penal fue cuestionada por los flancos que deja abiertos hacia la legalización de dicha criminalización (esto se ve, por ejemplo, en la figura del arraigo).

El proyecto de reforma energética presentado por Felipe Calderón en abril, también originó grandes polémicas y movilizó a amplios sectores.

Esta iniciativa pretendía revitalizar el sector petrolero (principal fuente de ingresos de México), otorgando mayores recursos a la petrolera estatal Pemex. El Congreso Nacional Democrático encabezado por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO)y el Frente Amplio Progresista (FAP que agrupa los principales partidos de izquierda: Partido de la Revolución Democrática, PRD; el Partido del Trabajo, PT; y Convergencia) realizaron acciones de resistencia civil pacífica, para evitar lo que consideran como un intento de privatización de Pemex, tanto en la Ciudad de México como en otros estados de la República.

En este panorama nacional poco alentador y marcado por otras prioridades por parte de varios movimientos sociales, apenas si fue nota periodística el cierre de la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas en abril, por «razones de austeridad y considerar innecesaria su existencia». En febrero, sin embargo, el grupo Paz con Democracia (integrado por varias personalidades e intelectuales mexicanos), hablaba de una «nueva escalada guerrera en Chiapas» y denunciaba «Los episodios de rapiña, quema de casas, muertes, amenazas de muerte, desalojo de predios, se suceden unos a otros. Se trata de despojar a las comunidades rebeldes de sus tierras y territorios».

A partir de la segunda mitad de mayo, y como no ocurría desde finales de los 90, se multiplicaron los operativos policíacos y militares en las regiones indígenas de Chiapas. En especial (pero no exclusivamente), en comunidades zapatistas de la Selva y la zona Norte. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) denunció «una lógica de contrainsurgencia» donde operan «en despliegues tácticos sobre territorios con población civil organizada en torno a justas demandas sociales» y que «les permite también observar la respuesta de la población a tales operaciones».

Jorge Lofredo, del Centro de Documentación de los Movimientos Armados, al presentar «Corte de Caja», libro que consiste en una amplia entrevista al subcomandante Marcos, rescataba una de sus aseveraciones:»Estamos como en 1993, pero al revés. (…) Ahora es el gobierno el que está preparando el ataque». Enfatizó en la misma presentación: «Aunque han habido reiteradas denuncias sobre incursiones militares a la zona zapatista que no se han concretado, podría considerarse la ejecución de una estrategia militar que reside precisamente allí: asedios constantes o su amenaza, que especulan con la reacción del EZLN y de organizaciones no gubernamentales para que caigan en el descrédito o la indiferencia, hasta que al final acaban sucediendo».

De manera más general, la conflictividad social en el estado tuvo que ver con la resistencia a las altas tarifas de la luz, así como con proyectos sociales y en particular, económicos: de transporte (como la anunciada autopista de San Cristóbal de las Casas a Palenque), turísticos («parques temáticos» en Palenque y las cascadas de Agua Azul) y de desarrollo (áreas naturales protegidas como Huitepec o la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, o la minería entre otros). Cabe mencionar que el 28 de junio, culminó la Décima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla que reafirmó los objetivos del Plan Puebla Panamá, redenominado «Proyecto Mesoamérica».

Otro proceso organizativo llamativo por originarse dentro de las cárceles tuvo lugar entre marzo y abril, cuando 48 presos encerrados en tres cárceles de Chiapas realizaron una huelga de hambre para denunciar sus detenciones arbitrarias por desarrollar actividades políticas y/o sociales. Dichas detenciones fueron promovidas en base a acusaciones falsas y en clara violación a sus derechos judiciales. Varios de ellos (en San Cristóbal de Las Casas) se integraron en «La Voz de Los Llanos», mientras que otros se organizaron en «La Voz del Amate» (en la cárcel de Cintalapa), ambos grupos pertenecientes a La Otra Campaña, convocada por el EZLN. Esta protesta concluyó con la liberación de centenares de presos.

Otro proceso no vinculado a grupos u organizaciones de oposición se dio el 3 de octubre: un violento operativo efectuado por policías federales y estatales dejó un saldo de seis muertos (4 de ellos ejecutados, según los testimonios de los pobladores), 17 personas heridas y 36 detenidos, casi todos habitantes del ejido Miguel Hidalgo, ubicado en el municipio de La Trinitaria. Desde septiembre, los ejidatarios mantenían tomadas las ruinas mayas de Chincultik, ubicadas frente a su comunidad, con la intención de que el propio ejido administrara dicho sitio arqueológico. Luego de estos hechos, en los que la Secretaría de Gobierno de Chiapas llegó a reconocer que no existía orden alguna de desalojo, el Congreso de Chiapas aprobó por unanimidad un protocolo de desalojos con el fin de regular el uso de la fuerza pública para estos casos.

La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), consideró a este episodio como un ejemplo de política gubernamental que criminaliza la protesta social, delega la solución política y dialogada a los conflictos, y busca con indemnizaciones tapar su responsabilidad institucional. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas también manifestó por su parte que: «Existe un gran riesgo de que la masacre de Chinkultic, como otras, quede impune y la sanción a los responsables sea únicamente a los servidores públicos de más bajo rango».

En septiembre, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció la realización del primer Festival Mundial por la Digna Rabia, que se celebró la última semana de diciembre y los primeros días de enero de 2009 en el Distrito Federal y Chiapas. El comunicado explicó: «El hastío frente al cinismo y la incompetencia de las clases políticas tradicionales se ha ido convirtiendo en rabia. En veces esa rabia sigue la esperanza de un cambio por los mismos caminos de siempre y se topa o con la desilusión que inmoviliza o con la fuerza arbitraria que avasalla. Pero también hay veces, muchas, tantas que la sonrisa nos arrancan, que las rabias buscan sus propios caminos, nuevos, otros. Y el «no» que levantan ya no sólo resiste, también empieza a proponer, a proponerse».