21 de enero: Los cinco integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), acusados de matar a Alejandro Feliciano el 1º de enero del año pasado, interponen un nuevo amparo.

23 de febrero: Se encuentran los cuerpos de dos defensores de derechos humanos mixtecos, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretaría de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM). Fueron detenidos el 13 de febrero por hombres armados quienes manejaban un carro sin placas. Se encontraron sus cuerpos con huellas de tortura y tiro de gracia.

25 de febrero: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Amnistía Internacional (AI) condenan el asesinato de los lideres mixtecos y exigen una investigación imparcial y exhaustiva.

3 de marzo: El gobernador de Guerrero oficializa una propuesta para la creación de una fiscalía especial para investigar la ejecución extrajudicial de los dos líderes mixtecos el pasado 13 de febrero.

19 de marzo: Dándose lugar a un recurso de amparo, son liberados Manuel Cruz Victoriano, Orlando Manzanares Lorenzo, Natalio Ortega Cruz y Romualdo Santiago Enedina, integrantes de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaá (OPIM) quienes se encontraban presos desde el 17 de abril de 2008. Raúl Hernández Abundio, presunto autor material de homicidio en la misma causa, continúa recluido, quedando vigentes órdenes de aprehensión contra otros diez integrantes de la misma organización.

27 de marzo: El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan cierra sus oficinas en el municipio de Ayutla de los Libres, como consecuencia del clima de intimidación, amenazas de muerte y persecución hacia sus integrantes.

2 de abril: Después de horas de negociaciones con los ejidatarios de la comunidad El Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, la empresa Goldcorp acepta aumentar la renta anual de predios a 2,5 onzas de oro (alrededor de 32.700 pesos) por cada una de las 1.200 hectáreas donde explota ese mineral, plata y zinc.

20 y 21 de abril: En el Foro Internacional sobre Criminalización de los Defensores de Derechos Humanos y de la Protesta Social, dirigentes sociales y organizaciones de Guerrero, así como representantes de organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalan que los gobiernos federal y estatal no respetan el trabajo que los defensores de derechos humanos realizan en Guerrero, e incluso los «criminalizan«. Aquella denuncia se sumó a muchas otras en los meses anteriores, en cuanto a la intensificación de las agresiones a defensores de derechos humanos en el país y la falta de condiciones mínimas de seguridad para realizar su trabajo.

21 de abril: Se hace pública la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitida el 9 de abril, a través de la que exigió al gobierno Federal y al de Guerrero de implementar medidas de protección para 107 defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero.

6 de mayo: La Organización Campesina de la Sierra Sur denuncia detenciones arbitrarias y allanamientos a sus oficinas de Tepetixtla, Coyuca de Benítez, por parte de miembros del Ejército, una situación que se registró a lo largo de todo el mes previo a la denuncia.

7 de mayo: Es elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Inés Fernández Ortega, quien denunció haber sido violada por militares el 22 de marzo de 2002. Su caso fue presentado en junio de 2004 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto con el de Valentina Rosendo Cantú (cuyo trámite continúa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

22 de mayo: Aunque la Procuraduría General de la República (PGR) se había negado a indagar esos casos a fines de abril, el gobernador Zeferino Torreblanca anuncia que le solicitará las investigaciones sobre los homicidios de los indígenas Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), asesinados en febrero, así como el caso del ex dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Petatlán, Álvaro Rosas, levantado el 29 de abril.

10 de junio: Organizaciones no gubernamentales denuncian amenazas contra defensores de los derechos humanos y señalan que Rommel Chacan Pale, abogado que ha documentado abusos de la policía en la Montaña de Guerrero, fue amenazado de muerte vía telefónica luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara medidas cautelares en favor de él y de otros 106 activistas del estado.

Del 9 al 13 de junio: El 9 de junio centenares de soldados del Ejército Mexicano irrumpen en varias comunidades serranas de la colindancia entre los municipios de Petatlán y de Coyuca de Catalán, aparentemente en búsqueda de integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI). Los habitantes de Puerto de las Ollas y Las Palancas denuncian que incursionaron en el poblado abriendo fuego, destrozando viviendas y golpeando a personas, lo que obligó a varias familias y, en especial a los hombres, a huir al monte. El operativo se prolonga hasta el sábado 13 al medio día, cuando la presencia de una misión civil de observación de derechos humanos hizo que los militares se replegaran.

15 de junio: la CODDEHUM recibe 15 quejas por abusos militares durante esos días (entre los que se cuentan allanamientos de morada, robo, tratos crueles, inhumanos y degradantes). Parte sustancial de la edición local de La Jornada donde se informaban esos hechos, es robada.

Por otra parte, el «Comandante Ramiro», del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), comenta por vía telefónica que en la misma zona y en las mismas fechas tuvieron lugar tres enfrentamientos entre el ERPI y el Ejército Mexicano, con un saldo de 3 muertos y un herido por el Ejército, y sin bajas entre los milicianos según él. Es la primera acción oficialmente reconocida por esta organización desde su aparición en junio de 1998.

20 de junio: Después de una inspección «de rutina» en un retén militar instalado sobre la carretera de Tlapa a Puebla, es detenido el pasajero Fausto Saavedra Valera por «usar botas tipo militar». El conductor, Francisco Pizano, y otros pasajeros, enfrentan lo que consideraban una arbitrariedad. A pesar de ello los militares les dan luz verde para irse. Cuando los soldados silban para que volviera a detenerse, el chófer ignora la señal, y los soldados disparan contra al autobús matando al pasajero Bonifacio Rubio Villegas. Según la versión oficial, dada por el Ejército días después, en la inspección del vehículo se encontraron 10 kilos de marihuana.

Del 22 al 26 de junio: El 22 de junio indígenas y afromexicanos de Guerrero, inician un plantón frente a las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en el Distrito Federal, con el fin de protestar por la designación de un delegado de la CDI para Guerrero, quien –según denuncian- no está vinculado a la problemática de las etnias, y cuyo nombramiento se dio sin consultar su opinión. El 24 de junio empiezan una huelga de hambre, y el 26 de junio, la Policía Federal Preventiva, desaloja violentamente a los más de 300 participantes del plantón.

24 de junio: Margarita Martín de las Nieves, viuda del dirigente na’savi Manuel Ponce Rosas, asesinado en febrero, así como su cuñado, Santiago Ponce Lola, son atacados a balazos cuando se dirigen a su comunidad de La Cortina, en Ayutla de Los Libres. El día anterior, junto con Guadalupe Castro Morales, había tenido una reunión en la cual autoridades de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado se comprometieron a dar seguimiento a las medidas cautelares que recomendó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, iniciando el 24 de junio con la primera acción de acompañarlas hasta sus comunidades. Lo que, evidentemente, no se dio.

5 de julio: En las elecciones legislativas, el PRI derrota al PRD, que pierde en ocho de los nueve distritos electorales del estado que gobierna.

7 de julio: En la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), se da inicio a la audiencia por el caso de Rosendo Radilla, quien fuera detenido por el Ejército durante la «guerra sucia», y visto por última vez en el ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez, en 1974. Cuando los familiares demandaron castigo para los responsables de la desaparición forzada, y reparación del daño, el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, afirmó que la CoIDH no tiene competencia para juzgar la desaparición forzada y defendió el fuero de guerra en México.

29 de julio: Se encuentra el cuerpo del locutor radiofónico Juan Daniel Martínez Gil semienterrado y con evidentes huellas de tortura en un lote baldío a las afueras de Acapulco.

4 de agosto: Dos integrantes del 50 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano intentan boicotear la protesta que realizan unos 200 integrantes de la Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM) en las puertas del palacio de gobierno, para exigir la liberación del indígena Raúl Hernández Abundio, recluido en la cárcel de Ayutla de los Libres.

4 de agosto: Periodistas de Chilpancingo, capital de Guerrero, protestan por lo que llaman «sistemáticos ataques a la libertad de expresión«, y citan el caso de la ejecución del periodista de Acapulco Juan Daniel Martínez Gil, la cancelación de un programa radiofónico y la agresión física y secuestro de la reportera Carmen Santiago, en cuyo caso, que no ha sido resuelto, no ha querido intervenir el gobierno estatal.

9 de agosto: Cientos de soldados y marinos bloquean los principales accesos a Tixtla e impiden a los pobladores asistir al desfile militar conmemorativo del 227 aniversario del natalicio de Vicente Guerrero.

22 de agosto: un grupo de al menos 80 militares rodea al comisario de la policía comunitaria de Guerrero, así como a 12 policías durante una diligencia en la que estos apoyaban el deslinde de un terreno llamado El Zapote, para posteriormente detenerlos bajo los cargos de pertenecer al EPR. Son retenidos durante hora y media y posteriormente 9 son liberados, mientras que los otros 4 son trasladados, primero, al batallón militar de Cruz Grande y más tarde a la delegación de la PGR, en donde permanecen cerca de 15 horas sin comer.

27 de agosto: Habitantes de la comunidad de Amojileca, presentan tres quejas ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (CODDEHUM) en contra de elementos del Ejército Mexicano que dos días antes irrumpieron en sus hogares, golpearon a niños y mujeres y se llevaron detenida a una persona.

31 de agosto: Unas 3000 personas participan en la Marcha del silencio por la paz y la justicia, realizada en la capital para exigir al gobernador Zeferino Torreblanca, que se esclarezca el asesinato de Armando Chavarría Barrera, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, cometido el pasado 20 de agosto, y los homicidios de otros 21 militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

16 de septiembre: Felipe Arriaga Sánchez, fundador de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, quien durante 35 años fue defensor de los bosques, muere atropellado por una unidad de transporte público en el municipio de Petatlán.

17 de septiembre: La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplaza la construcción de la presa La Parota, en la Costa de Guerrero. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) considera este anuncio como un triunfo importante, pero advierte: «Éste no es el fin de la lucha».

15 de octubre: Soldados del 48 batallón de infantería detienen a 12 policías comunitarias en un retén instalado en la comunidad Zoyotlán, municipio de Marquelia. Media hora después, los militares aprehenden a cuatro fundadores de esa corporación que habían integrado una comisión para ubicar a sus compañeros. Al final todos son liberados y pueden iniciar los festejos por el 14 aniversario de la creación de esa corporación comunitaria.

28 de octubre: Gloria Arenas Agís, quien permaneció poco más de 10 años presa acusada de pertenecer al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), es liberada. Su esposo, Jacobo Silva Morales acusado por los mismos delitos sale al día siguiente.

31 de octubre: 2 días después de que un convoy militar se apostara durante 3 horas en la entrada de la comunidad, 3 jóvenes (de 15, 16 y 17 años) de la comunidad de Puerto de Las Ollas, en la Sierra de Coyuca de Catalan son asesinados. Su tío señala como responsables a sicarios del cacique Rogaciano Alba Álvarez, quienes en el mes de junio pasado, entre otros, condujeron a los militares hacia la comunidad cuando se realizó una primera incursión que violentó los derechos de los habitantes del Puerto de Las Ollas y Las Palancas, sin que hasta la fecha se les haya hecho justicia. Afirma que el motivo de estos asesinatos radica en la ambición de dicho cacique en despojar a la comunidad de sus tierras y apropiarse de sus recursos naturales, principalmente el bosque y el agua.

5 de noviembre: En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C., representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y de la Fundación para el Debido Proceso Legal, denuncian el desinterés del Estado mexicano para revertir el trato discriminatorio, deshumanizante y de explotación que padecen miles de indígenas de la montaña de Guerrero por parte de empresarios agrícolas.

7 de noviembre: Habitantes de Xochistlahuaca organizados en el «Frente Comunitario de Xochistlahuaca» se manifiestan pacíficamente en contra del gobierno del municipio y de Aceadeth Rocha Ramírez, actual diputada local.

11 de noviembre: Efectivos del Ejército y la Armada de México irrumpen por tierra y aire, encapuchados y portando granadas, en varias viviendas de la comunidad El Escorpión, en la sierra del municipio de Atoyac, donde interrogan a niños y mujeres y detienen al campesino Natalio Vázquez. Según los pobladores, los militares se llevaron dinero en efectivo de algunos hogares así como una cuatrimoto.

13 de noviembre: Se dicta auto de formal prisión a David Valtierra Arango, uno de los fundadores de la Radio Comunitaria Ñomndaa «La palabra del agua», acusado de privación de libertad en agravio de Ariosto Rocha, hermano de Aceadeth Rocha Ramírez, diputada local priísta y ex alcaldesa del municipio de Xochistlahuaca.

13 de noviembre: En Quechualtenango, a 80 km de Chilpancingo, un grupo de militares irrumpe en una cancha de fútbol. Los soldados llegan preguntando quién les había disparado, pues aparentemente fueron balaceados cuando iban pasando por la comunidad. Cómo los pobladores no tienen información, los uniformados intimidan y agreden a los jóvenes y niños que jugaban. A la mayor parte de ellos, los hacen acostarse en fila, para posteriormente correr encima de ellos. Al menos a dos menores los encañonan, simulando que los ejecutarían.

17 de noviembre: El director de Radio Ñomndaá La Palabra del Agua, David Valtierra Arango, denuncia que el domingo por la noche, su sobrino Obed Valtierra Pineda, uno de los dirigentes del Colectivo Libertario Canjan Chom, fue golpeado por Aníbal Castañeda, familiar de la ex presidenta municipal priísta y actual diputada local Aceadeth Rocha Ramírez. El agresor le advirtió que no se metiera con su tía.

23 de noviembre: En su sentencia del 23 de noviembre hecha pública en diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) determina la culpabilidad del Estado Mexicano en la desaparición forzada del luchador social guerrerense Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en 1974, y denuncia la existencia de un contexto de violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos durante la llamada «guerra sucia».

24 de noviembre: Cinco elementos de la Policía Preventiva Estatal catean el domicilio del comisario de Alacatlatzala, en el municipio de Malinaltepec, quien es integrante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias a cuyo proyecto pertenece la Policía Comunitaria. Los policías se llevan un millón de pesos que el pueblo tenía a raíz de que la Secretaría de la Reforma Agraria se lo entregara por la solución de un conflicto agrario; luego se llevan la camioneta de éste y en su retirada dejaron dos lesionados (entre ellos una niña de 11 años).

25 de noviembre: El cuerpo de Omar Guerrero Solís, el comandante Ramiro del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) es sepultado en el cementerio municipal de Chilpancingo. Según el ERPI, «Ramiro» fue ultimado el 4 de noviembre en una emboscada en la comunidad de Palos Grandes, municipio de Ajuchitlán del Progreso donde fue inhumado clandestinamente. Integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) lograron obtener sus restos. El homenaje que estaba previsto en la sede de la organización fue suspendido por razones de seguridad, ya que se habían recibido amenazas anónimas. En el cementerio, se denunció la presencia de gente con corte de pelo tipo militar, vestidos de civil y con gorras que tomaron fotografías a los asistentes.

27 de noviembre: Varias organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y especialistas en derecho publican el informe «Guerrero: sistema de justicia en crisis» en el que se afirma que el estado vive una preocupante crisis de seguridad y de justicia, provocada por deficiencias estructurales de las instituciones, corrupción endémica del Poder Judicial, falta de transparencia y excesiva concentración de los nombramientos en manos del gobernador.

3 de diciembre: Indígenas Me’phaa de Ojo de Agua, municipio de Malinaltepec, cierran simbólicamente el acceso a Empresa Forestal Comunitaria TEMILITZIN, en rechazo a la extracción de madera en un bosque que está ubicado en la categoría de área protegida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

9 de diciembre: A 61 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a 11 de la declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, en Chilpancingo, múltiples organizaciones sociales, campesinas, indígenas y de derechos humanos presentan un pronunciamiento conjunto titulado «Personas y derechos pisoteados«.

10 de diciembre: Comisarios de las comunidades San Marcos Ixtlahuac, Buena Vista de los Aires, Tlacoapa, Quetzalapa, Apozonalco, Chahuixco, Tomactilican y Tlachimaltepec, municipio de José Joaquín de Herrera, informan que debido a la falta de clínicas y hospitales, en los dos meses anteriores murieron alrededor de 22 personas por enfermedades «que tenían curación de haber recibido a tiempo atención médica».

13 de diciembre: Unos 60 integrantes de Amnistía Internacional (AI) y de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos son hostigados por el cacique local Romualdo Remigio Cantú durante la visita que hacen a la comunidad de El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres.

17 de diciembre: En la madrugada, un comando militar entra a la comunidad de Puerto de las Ollas (por sexta vez en seis meses), municipio de Coyuca de Catalán, donde secuestra y tortura a golpes a Javier Tapia para que responda a un interrogatorio. Además los militares se apropian de alimentos y pertenencias, y al retirarse, amenazan con regresar. Según la misma denuncia, «este hecho se enmarca en una intensa movilización militar en la región, con comandos a bordo de vehículos militares y sobrevuelos de aviones y helicópteros.»

28 de diciembre: El Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO) denuncia públicamente las amenazas de muerte que recibieron varios de sus miembros en los días anteriores, más que todo mediante un celular robado a uno de ellos.

28 de diciembre: La CNDH emite una recomendación a varias autoridades guerrerenses para que investigaran la desaparición, tortura y ejecución de los dos dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en febrero de 2009. Una vez hecha pública, a principios de enero, sus viudas, Guadalupe Castro Morales y Margarita Martín de las Nieves, juntas con varias ONGs de Guerrero denuncian no sólo la falta de acción y las negligencias de las autoridades municipales y estatales en las investigación sino también el carácter limitado de la recomendación de la CNDH que no vincula estos asesinatos con las actividades de defensores de derechos humanos que Raúl y Manuel desarrollaban.