9 de enero: Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (CECOP) reinstalan el retén en la comunidad de Parotillas, para impedir el acceso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a los terrenos donde se pretende realizar el proyecto hidroeléctrico.

 

25 de enero: Un juez absuelve al agresor de uno de los integrantes del Comité Radio Ñomndaa. Después de un proceso que se prolongó por más de 10 años, se dicta sentencia absolutoria a favor de José Luis Rocha Ramírez, secretario del gobierno municipal de Xochistlahuaca y hermano de la cacique local Aceadeth Rocha Ramírez, quien en 2001 agredió a un integrante del Comité Radio Ñomndaa, provocando que perdiera un ojo.

 

30 de enero: Se realizan elecciones a gobernador en el estado de Guerrero. El candidato de la coalición “Guerrero nos Une” (PRD, PT y Convergencia), Ángel Aguirre Rivero, gana con una ventaja de 13.18 puntos con respecto a su rival y ex alcalde de Acapulco, Manuel Añorve Baños, de la alianza “Tiempos Mejores para Guerrero” (PRI, PVEM, PANAL). El ambiente preelectoral en Guerrero estuvo empañado de agresiones, desapariciones, filtraciones telefónicas y tensiones. Frente al clima de inseguridad, 7500 policías fueron desplegados durante los comicios y, ciertamente, nada más se presentaron incidentes menores el día de las elecciones.

 

23 de febrero: En la comunidad La Laguna en la Sierra de Coyuca de Catalán, un grupo de hombres armados mata a Rubén Santana Alonso, presuntamente el segundo mando del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

 

15 de marzo: Se instalan las mesas de trabajo para el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

 

17 de marzo: La falta de intervención por parte del gobierno estatal y municipal de Tecoanapa, Costa Chica de Guerrero, deriva en un enfrentamiento entre los habitantes de cinco pueblos pertenecientes a ese municipio y los habitantes de la cabecera municipal. El enfrentamiento se debe a la decisión de los pobladores de los cinco pueblos de terminar una red de agua potable ellos mismos, ya que el gobierno no ha concluido el proyecto.

 

19 de marzo: Amnistía Internacional da a conocer mediante un comunicado, que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y su director Abel Barrera Hernández, recibirán el VI Premio de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional.

 

25 de marzo: Se dicta auto de libertad a los integrantes de la radio comunitaria Ñomndaa, David Valtierra Arango, Silverio Matías Domínguez y Genaro Cruz Apóstol, luego de haber sido acusados por el delito de privación de la libertad en agravio de Narciso García Valtierra, sin que hubiera prueba de que los acusados participaran en los hechos.

 

28 de marzo: Diversas organizaciones, radios comunitarias libres y medios alternativos, dan inicio a la Campaña en Defensa del Territorio denominada “A corazón abierto defendamos nuestra Madre Tierra en contra de la minería”.

 

18 de abril: El defensor de los bosques de la sierra de Petatlán, Javier Torres Cruz, conocido también por haber denunciado ante la Procuraduría del DF al cacique Rogaciano Alba como autor del asesinato de la abogada Digna Ochoa, es asesinado por sicarios, presuntamente al servicio de éste.

 

19 de abril: El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras de la Parota (CECOP) celebra su triunfo frente a la anulación de la asamblea que se llevó a cabo el 28 de abril del 2010 cuando, en ausencia de los opositores al proyecto y en presencia de cientos de militares, fue ‘aprobada’ la expropiación de 1.300 hectáreas en favor de la construcción de la presa.

 

21 de abril: 107 personas tienen que abandonar la comunidad La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, para refugiarse en Puerto las Ollas, debido a la ola de violencia que se vive en esa zona de la Sierra.

 

4 de mayo: El director del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral (CEPRODEHI), Quetzalcoatl Leija Herrera, es brutalmente asesinado a golpes en la cabeza en la plaza central de Chilpancingo.

 

7 de mayo: En la comunidad de Aguacaliente, en la zona rural de Acapulco, en reunión con 1.600 integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras de la Parota (CECOP), el gobernador Ángel Aguirre dice que no impondrá la construcción de la presa La Parota. Sin embargo se niega a firmar el documento denominado los Acuerdos de Cacahuatepec, que rechaza el proyecto hidroeléctrico.

 

16 de junio: Los dirigentes de la Organización de los Pueblos Indígenas Mep’haa (OPIM), Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez, son amenazados de muerte en caso de continuar con la exigencia del cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoiDH) en los casos de Valentina Rosendo e Inés Fernández.

 

17 de junio: Se reabre la Oficina del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Ayutla de los Libres.

 

21 de junio: El Estado mexicano se compromete públicamente mediante un acto solemne a cumplir con la sentencia ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoiDH) en el caso de los Campesinos Ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, defensores de los bosques de la Sierra de Petatlán.

 

28 de junio: Conmemoración de los 16 años de la matanza de los 17 campesinos asesinados de Aguas Blancas. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, se compromete a instalar una Comisión de la Verdad en el estado respecto a este caso y a otros relacionados con desapariciones forzadas.

 

1 y 2 de julio: Celebración del 17º aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en Tlapa de Comonfort en La Montaña de Guerrero, marco en el que opta por convocar a un “Foro en Defensa del Territorio”.

 

3 de julio: La viuda del ex comandante guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, Isabel Ayala Nava, y su hermana Reyna Ayala Nava, son asesinadas a balazos por sujetos desconocidos desde un auto en movimiento, cuando salían de la iglesia del poblado de Xaltianguis, municipio de Acapulco.

 

7 de julio: Es liberado Rafael Rodríguez Dircio, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me`phaa (OPIM), quien había sido detenido por elementos de la Policía Investigadora Ministerial y encarcelado el 29 de junio, acusado de homicidio.

 

7 de julio: Se reporta la presencia de alrededor 50 efectivos militares en la comunidad de Suljaa’, municipio de Xochistlahuaca donde preguntan sobre la ubicación de la radio autónoma Ñomndaa. El día de la incursión militar coincide con el reinicio de las transmisiones de la radio que había estado fuera del aire durante un mes.

 

12 de julio: El Observatorio de Violencia Contra las Mujeres Hannah Arendt revela que de 2010 a 2011, el feminicidio en Guerrero se ha incrementado de un 40 o 50 por ciento.

 

26 de julio: En el marco de la visita oficial del Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presenta información sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los jornaleros y jornaleras agrícolas.

 

27 de julio: Natalia Ruiz Martínez señala como responsables del asesinato de Zenaido Ruiz Martínez a la familia Torres de La Morena (Sierra de Petatlán). dos personas armadas entran en su casa en Zihuatanejo, amenazan de muerte a la joven y la presionan para declarar que quienes mataron a su hermano son los integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP).

 

27 de julio: Los 177 desplazados de La Laguna quienes se encontraban refugiados en Puerto de las Ollas, Sierra de Coyuca de Catalán, deciden regresar a sus tierras, y piden al gobierno del estado medidas de protección para su retorno.

 

28 de julio: Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú informan que acudieron a la PGR y a la Secretaría de la Defensa Nacional para solicitar que sus casos se investiguen en tribunales civiles. Una resolución de la SCJN del 12 de julio determinó que el fuero castrense debía restringirse en los casos de violaciones donde se presuma la participación de militares.

 

28 de julio: La coordinación de la OCESP declara que el problema de la Sierra de Petatlán no es la disputa entre grupos de la delincuencia organizada, sino los asesinatos y amenazas contra la población civil, ante los cuales las autoridades del gobierno no hacen nada.

 

28 de julio: La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-Policía Comunitaria) asegura que ciudadanos del municipio de Marquelia presionan al alcalde Jesús Rico Santana para que retire a los policías comunitarias en varias comunidades de ese municipio.

 

28 de julio: En la comunidad de Aguacaliente, poblado rural de Acapulco, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP) conmemora el octavo aniversario de su lucha en contra de la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota.

 

1 de agosto: Organizaciones de derechos humanos de Guerrero sostienen una reunión en Chilpancingo con Consejeros y Consejeras de las Embajadas de países de la Unión Europea (UE) en México. Destacan que en Guerrero, las y los defensores no sólo enfrentan amenazas y actos de hostigamiento perpetrados por actores no estatales sino que también por los propios agentes estatales.

 

4 de agosto: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicita a las autoridades del Estado mexicano otorgar medidas cautelares a los familiares de Javier Torres Cruz, campesino asesinado el 18 de abril en La Morena, Petatlán. Las medidas se deben a que el pasado 21 de julio hombres armados, vestidos como marinos y otros de civil, irrumpen en La Morena y se enfrentan con policías estatales que resguardan el lugar.

 

8 de agosto: las organizaciones impulsoras de la Marcha de las Putas en Guerrero constituyen un observatorio ciudadano para los derechos humanos de las mujeres con la finalidad de que vigile la aplicación de las leyes estatales, nacionales e internacionales que protegen las garantías individuales de dicha población.

 

12 de agosto: Las averiguaciones relacionadas con la violación sexual y tortura cometidas en contra de Inés Fernández y Valentina Rosendo por miembros del Ejército mexicano en el 2002 son remitidas a la Procuraduría General de la República (PGR).

 

22 de agosto: La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) inicia una campaña informativa a indígenas de las regiones de la Costa Chica y la Montaña sobre las actividades mineras en la zona. 

 

25 de agosto: Docentes de la zona suburbana de Acapulco denuncian que han sido víctimas de secuestro, extorsión y robo de vehículos, por lo cual deciden suspender labores en cientos de escuelas. Realizan marchas y protestas denunciando la inseguridad y las extorsiones.

 

26 de agosto: 37 Aniversario de la desaparición del activista guerrerense Rosendo Radilla –ocurrida a manos del Ejército en 1974.

 

31 de agosto:  La Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan inician una nueva campaña denominada “Cumplir las Sentencias de la [Corte Interamericana de Derechos Humanos] para Romper el Muro de la Impunidad” en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo.

 

3 de septiembre: El campesino Enrique Rodríguez Santana, defensor de los bosques en la zona de la Tierra Caliente, es asesinado en la comunidad El Pescado, municipio de Coyuca de Catalán.

 

5 de septiembre:  El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan emite un boletín de prensa en el que anuncia la llegada de la Caravana al Sur y subraya el contexto violento en el que surge el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

 

7 de septiembre: Integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero parten de Chilpancingo a la ciudad de México para demandar al Congreso de la Unión que defina una tarifa única al servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

 

13 de septiembre: Tlachinollan emite un comunicado de prensa acerca de las altas tarifas de la energía eléctrica en la región de la Montaña de Guerrero.

 

21 de septiembre: La Barra de Abogados y Abogadas de Inglaterra y Gales (BHRC) dos años después de su vista a Guerrero, afirma en su informe presentada en Chilpancingo, que la situación de los derechos humanos en la entidad no ha mejorado.

 

21 de septiembre: el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera es enviado a la justicia civil.

 

3 de octubre: Organizaciones civiles de Guerrero y Chiapas partes del “Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria” denuncian que debido a la violencia del narcotráfico y la militarización del país, muchas comunidades son obligadas a abandonar sus tierras.

 

6 de octubre: El Senado de la República cita a comparecer ante el Pleno de la Comisión de Justicia, al Secretario de Gobernación, Francisco Blake, para presentar un informe detallado sobre las acciones realizadas para cumplir las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, a un año de dichas sentencias.

 

6 de octubre: El gobierno federal y de Guerrero anuncian la puesta en marcha de la Operación Coordinada “Guerrero Seguro”, en un intento por responder a la grave crisis de seguridad que se vive en la entidad.

 

13 de octubre: El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop) pide a los diputados federales rechazar la solicitud de presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad para construir la presa.

 

14 y 15 de octubre:  XVI aniversario de la Policía Comunitaria en Paraje Montero, Malinaltepec. Posponen la trigésima Reunión del Congreso Nacional Indígena (CNI) Centro Pacifico, reunión que se iba a realizar en este marco “por la presencia e intromisión de funcionarios del gobierno estatal de Guerrero”.

 

25 de octubre La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero denuncia incursión de militares y de elementos de la Policía Federal a territorio comunitario y la detención de Agustín Barrera Cosme, consejero de la CRAC.

 

31 de octubre: La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) denuncia que un convoy integrado por 6 camiones del Ejército ha entrado al Territorio Comunitario y que el Ejército ha establecido un retén de revisión en la carretera Tlapa- Marquelia.

 

9 de noviembre: Integrantes del Movimiento de Resistencia contra las Altas Tarifas de Energía eléctrica, interponen una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero por la intimidación que sufrieron por parte de militares.

 

17 de noviembre: Acto público en Atoyác de Álvarez en el que se reconoce la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, en el que no estuvieron presentes sus familiares que durante 37 años han exigido justicia.

 

22 de noviembre: Al menos 79 organizaciones nacionales e internacionales exhortan al presidente Felipe Calderón a hacer efectivo su compromiso de cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para los casos de Valentina Rosendo e Inés Fernández.

 

30 de noviembre: En un foro de análisis, luchadores sociales y catedráticos proponen que se amplíe el periodo que investigará la Comisión de la Verdad, pues los coordinadores de ese órgano sugieren que sólo indague entre 1969 y 1979, lapso que abarca la denominada guerra sucia en Guerrero.

 

Noviembre: Salen noticias de que ante el crecimiento de la demanda de energía en el estado de Guerrero, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene contemplado acelerar la construcción de la  hidroeléctrica La Parota.

 

1 de diciembre: La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordena a la Procuraduría General de la República (PGR) permitir el acceso y entregar copias de la averiguación previa sobre la desaparición forzada de Rosendo Radilla a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y a la hija del extinto luchador social.

 

7 de diciembre: El presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP), Marcial Bautista Valle, y la asesora de dicha organización, Eva Alarcón Ortiz, fueron “levantados” por un comando en la región de la Costa Grande de Guerrero.

 

7 de diciembre: fue presentado públicamente en la Ciudad de México el último informe del Monitor Civil de la Policía en la Montaña de Guerrero bajo el título. Dicho informe documenta 353 casos de abuso policial, las violaciones más recurrentes siendo las detenciones arbitraria, extorsión, amenazas, así como tratos crueles, inhumanos y degradantes.

 

12 de diciembre: durante una manifestación pacífica en la salida de la autopista de Chilpancingo a Acapulco, fueron asesinados tres estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapan. Además hubo un número indeterminado de heridos y 24 personas fueron detenidas. Los estudiantes demandaban que reactivaran las clases en la normal, suspendidas desde hace más de un mes. Los hechos provocaron un rechazo a nivel nacional, tanto de organizaciones de derechos humanos como de la clase política.

 

15 de diciembre: el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, en representación del Estado mexicano, ofreció una disculpa pública a la indígena guerrerense Valentina Rosendo Cantú, en un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional por la violación de sus derechos humanos y la falta de atención adecuada en el sistema judicial del país, en cumplimiento con uno de los puntos de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).