Si bien se habla en forma creciente de «guerra en México» tanto fuera como dentro del país ya no es en referencia al conflicto armado no resuelto en Chiapas, sino por los saldos sangrientos de la violencia prevaleciente luego de la declaración de guerra de Felipe Calderón al narcotráfico desde el inicio de su sexenio. Se habla de aproximadamente 30 mil muertos en este plazo, 10 mil tan sólo en 2010, una cantidad no menor de ellos siendo civiles.

Desde la esfera mediática, si bien en Chiapas no hay tanta omnipresencia del crimen organizado como en el norte de la República, lo que se pudo observar fue una amplia gama de inconformidad social con las políticas gubernamentales, misma que fue obviada con frecuencia en las noticias al grado de llegar a hablar de «cerco mediático». El gobierno del estado a cambio, ha logrado una fuerte presencia en los medios locales y nacionales. Al darle espacio a las voces de inconformidad, el trabajo periodístico pareció resultar incómodo a las autoridades, como lo denunciaron en julio los periodistas Isaín Mandujano y Ángeles Mariscal, corresponsales en Chiapas de la revista Proceso y del diario capitalino La Jornada, respectivamente: denunciaron una campaña de calumnias organizada en su contra, en la cual señalaron, participaron activamente medios dependientes del gobierno estatal . En noviembre, también fue detenido el periodista Héctor Bautista, detención que fue considerada como un atentado contra la libertad de expresión, y como parte de una campaña de intimidación y represión por parte del gobierno de Chiapas.

La poca presencia en medios de conflictos político-sociales en Chiapas pareció seguir respondiendo a una lógica de criminalización y arrinconamiento del EZLN, de la protesta social y de los defensores de derechos humanos en este estado, tergiversando versiones y hechos, introduciendo tintes religiosos o desdibujando otros intereses, entre otros. Un ejemplo de ello ocurrió en marzo, cuando el diario Reforma publicó un artículo en el que un presunto ex integrante del EZLN «reveló» una supuesta relación entre el EZLN y la organización separatista vasca ETA.

A pesar de rumores y expectativas por el simbolismo del año, y a pesar de ataques mediáticos de este tipo, el 2010 fue marcado por el silencio mantenido por parte de la comandancia zapatista y por la ausencia de eventos públicos en territorios zapatistas en fechas claves del movimiento. A cambio, se siguieron difundiendo denuncias de las distintas Juntas de Buen Gobierno zapatistas, en la mayoría de los casos por cuestiones territoriales. Se pudo notar en las mismas una subida de tono (planteamiento en clave de defensa cueste lo que cueste) y a saldos más altos, incluyendo muertos como por ejemplo en Bolon Ajaw (municipio de Tumbalá), en febrero o en El Pozo (municipio de San Juan Cancuc), en junio. El 9 septiembre, unos 170 bases de apoyo zapatistas huyeron de su comunidad San Marcos Avilés en el municipio oficial de Chilón frente a las amenazas y agresiones de miembros de grupos contrarios a la edificación de una escuela autónoma en la localidad. Retornaron a su comunidad el 12 de octubre a pesar de mantenerse la tensión. A lo largo del año, adherentes a la Otra Campaña también siguieron denunciando amenazas, provocaciones y agresiones (Mitzitón, San Sebastián Bachajón por ejemplo).

De manera general, y aunque el gobierno estatal sigue buscando tener la imagen de una administración comprometida con los Objetivos del Milenio, postulados por la Organización de Naciones Unidas, se siguieron presentando conflictos comunitarios, cuyo origen solieron ser por la aplicación de proyectos económicos gubernamentales, o por las divisiones generadas desde las diferencias políticas entre los grupos en resistencia y las partes afines a la estructura oficial, o bien por las elecciones municipales que se llevaron a cabo en julio.

Otro eje de preocupación siguió siendo la criminalización creciente de los defensores de derechos humanos a través, entre otros, de vigilancia, hostigamientos, amenazas y allanamientos. Uno de los ejemplos de esta tendencia ocurrió el 25 de febrero, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, cuando Margarita Martínez fue privada arbitrariamente de su libertad, por personas no identificadas. La golpearon y amenazaron insistiendo en que desistiera de la denuncia penal que meses anteriores había interpuesto en contra de funcionarios chiapanecos. Estos hechos ocurrieron a menos de 35 horas de la reconstrucción de los hechos por el allanamiento de su domicilio en Comitán de Domínguez en 2009. El 24 de noviembre, en una nueva agresión en su contra, Margarita Martínez fue interceptada por dos sujetos desconocidos que la amenazaron de muerte, además de exigirle que trasmitiera amenazas en contra del equipo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC).

En esta tendencia, cabe subrayar que las agresiones han sido cada vez más hacia actores intermedios, mismos que pudieron servir de «colchón» en varios momentos del conflicto: iglesias (como por ejemplo, en el caso del párroco del municipio de Chicomuselo que fue amenazado de muerte por acompañar a comunidades que se oponen a la explotación minera); u ONG (como el director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa en la ciudad de Tonalá, quien enfrenta una averiguación previa por el delito de «ataques a las vías de comunicación» por presenciar como observador de derechos humanos una manifestación del Consejo Regional Autónomo de la Zona Costa en abril de este mismo año).

Ciertamente, a nivel nacional, México empezó a recibir severos cuestionamientos en cuanto a derechos humanos ya no nada más por parte de ONG, sino por parte de países o organismos multilaterales como la OEA (Organización de los Estados Americanos), la ONU (Organización de las Naciones Unidos) o como por parte de EEUU o del Parlamento Europeo. En noviembre, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó públicamente la actualización de su informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México, misma en la que señaló que los estados de Chihuahua, Chiapas, Oaxaca y Guerrero encabezan la lista de agresiones. De manera general, ciertamente se notó un fuerte deterioro cuyo caso más emblemático en 2010, ocurrió en Oaxaca, el 27 de abril, cuando una caravana de observación de Derechos Humanos fue atacada en la comunidad La Sabana. En la agresión murieron Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), y el observador internacional finlandés Jyri Jaakkola.

En contraste, a finales de junio, después de cuatro años, terminó una larga etapa de lucha política y cabildeo de parte de los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, obteniendo la libertad doce presos de esta organización que habían sido encarcelados a raíz de un enfrentamiento con policías municipales, estatales y federales en mayo del 2006.