Se ha hablado mucho de la masacre del 22 de diciembre pasado, tanto a nivel nacional como internacional. Acteal, municipio de Chenalhó, un pueblo desconocido que ni siquiera aparecía en los mapas de Chiapas, ahora es una palabra conocida por millones de personas en el mundo. Aunque la masacre, en que murieron 45 indígenas de la organización Las Abejas, constituyó un caso extremo, con cada vez mayor frecuencia en las últimas semanas, la situación pareció a punto de estallar con recurrentes brotes de violencia en distintas zonas.

En muchos sentidos, la situación en las comunidades indígenas de Chiapas ha empeorado en este último año. El ejemplo más flagrante de la intensificación de la militarización es el municipio de Chenalhó. Después de la massacre llegaron unos 2000 soldados al municipio y ahora se encuentran campamentos militares en unas decenas de comunidades principalmente en la región que abarca el municipio autónomo de Polhó y se calcula que hay un soldado por cada familia.

Muchos analistas han opinado que a consecuencia de la masacre los cambios en el gobierno federal, principalmente del Secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, y del coordinador para el diálogo, Emilio Rabasa Gamboa, así como del gobernador del estado de Chiapas, Roberto Albores Guillen, han significado no un mejoramiento sino un endurecimiento en la política oficial.

Paradójicamente, las iniciativas del gobierno estatal para pacificar el estado parecen haber generado mayores tensiones. Por ejemplo, en la primavera del 1998, al querer restablecer el ‘estado de derecho’ en Chiapas, el gobernador decidió desmantelar cuatro municipios autónomos a través de operativos policiacos-militares en cada uno de los cuales participaron más de mil elementos de las fuerzas armadas. En dichos operativos, se detuvieron a decenas de simpatizantes zapatistas y en el caso de El Bosque se dio un enfrentamiento violento entre simpatizantes zapatistas a un lado y policías y miembros del ejército al otro lado. En dicho enfrentamiento murieron ocho indígenas y dos policías. Luego de los desmantelamientos se reforzó la presencia de las fuerzas armadas en estos lugares y se intensificó el hostigamiento contra las bases de apoyo zapatistas.

La implantación del plan estatal de remunicipalización anunciado en julio también ha generado muchos conflictos en la zona ya que esto va a definir nuevos centros de poder. Por otra parte, las elecciones locales en octubre pasado se caracterizaron por un gran abstencionismo y un triunfo del PRI que ganó en toda la zona de conflicto. Los partidos de oposición denunciaron irregularidades y fraude en todo el estado y impugnaron los resultados en decenas de municipios. Ante la poca consideración que se dio a sus denuncias, declararon que se iban a organizar movilizaciones y tomas de presidencias antes del 1o de enero cuando los nuevos legisladores tomen posesión de su cargo. Últimamente han aumentado significativamente los incidentes, amenazas y asesinatos en las comunidades, por ejemplo en los municipios de Las Margaritas, El Bosque, Nicolás Ruiz y Tumbalá.

En diferentes lugares, se ha reportado mayor actividad de parte de los grupos paramilitares. La Procuraduría General de la República está investigando a 16 ‘grupos civiles armados’. Una semana antes del primer aniversario de la masacre, el gobernador de Chiapas presentó una iniciativa de ley ‘Amnistía para el Desarme de los Grupos Civiles del Estado de Chiapas’. Dicha iniciativa propone amnistía a los grupos armados, extinguiendo toda acción penal, exclusivamente por delitos de posesión, portación y acopio de armas de fuego y substancias explosivas. Además, incluye la posibilidad de ofrecer trabajo a cambio del entrego de armas. Para algunos analistas la iniciativa del gobernador podría en el fondo intentar dejar sin castigo los asesinatos y hostigamientos cometidos por los grupos paramilitares.

Otro aspecto preocupante en el estancado proceso de paz fue la desaparición del mediación entre el EZLN y el gobierno federal La autodisolución de la CONAI (Comisión Nacional de Intermediación entre el gobierno federal y el EZLN) en junio pasado fue presentada por su presidente, el obispo Samuel Ruiz, como una denuncia de la agresión permanente de parte del gobierno en contra de dicho organismo y de la diócesis. El gobierno federal parecía estar interesado en que la COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación) asumiera el papel de la mediación y no de coadyuvancia que tiene. El EZLN por su parte fue muy claro en recordarle a la COCOPA cual era su papel según la ley y les solicitó además la creación de una nueva instancia de mediación.

Al mismo tiempo, otro actor cada vez más importante, la sociedad civil, se comprometió en noviembre a apoyar la consulta nacional propuesta por el EZLN sobre la implementación de los Acuerdos de San Andrés, prevista para el 21 de marzo de 1998. El EZLN apuesta a dicha consulta para movilizar a la sociedad civil y que ella así se convierta en un punto de lanza para cambiar la política gubernamental hacia los pueblos indígenas. Pero, hasta que el gobierno no satisfaga las condiciones del EZLN para reanudar el diálogo – como el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, el cese a la militarización y la liberación de los presos zapatistas – cualquier incidente puede convertirse en un drama con consecuencias sangrientas.

La comunidad internacional sigue atenta frente a esta situación. El 11 de diciembre pasado la presidenta del Grupo de Trabajo de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Erica Irene A. Daes, expresó su preocupación por «las violaciones y la situación de los derechos humanos en las comunidades indígenas de México, particularmente en Chiapas». Opinó que el gobierno debería cumplir y implementar los Acuerdos de San Andrés. La afirmación de Daes en gran parte coincidió con los planteamientos realizados por algunas organizaciones no-gubernamentales (ONG) internacionales y por la Subcomisión para la Prevención de Discriminación y Protección a las Minorías de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en los meses anteriores. En este marco, es preocupante que en el último año se ha dado una intensiva campaña contra la presencia de extranjeros que actúan como observadores de derechos humanos.