Acción Urgente – Caso Ayotzinapa, Iguala, Guerrero, México
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Tres hechos violentos generaron condena hacia México en meses recientes. En julio, murió José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo, de 13 años, quien resultó herido por el impacto de una bala de goma disparada por policías estatales de Puebla al dispersar una manifestación. Dos meses antes, el Congreso local había aprobado una «Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza», mejor conocida como «Ley Bala». El 22 de julio, 22 civiles fueron asesinados por soldados en Tlatlaya, Estado de México: Siete de ellos murieron en un tiroteo, los otros 15 fueron ejecutados después de haberse rendido. Finalmente, los días 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, policías municipales e integrantes de un comando armado no identificado dispararon en contra de normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y civiles. El balance fue de seis muertos (3 de ellos de Ayotzinapa), 25 heridos y la desaparición forzada de 43 normalistas. A la fecha, no se ha logrado hallar con su paradero aunque encontraron 19 fosas clandestinas con decenas de cadáveres, ninguno de ellos de los normalistas. En noviembre, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que según las declaraciones de los detenidos en el caso, los estudiantes fueron ejecutados y quemados. Los familiares de los desaparecidos rechazaron esta versión hasta que se entreguen pruebas forenses que la respalden.
El 12 de octubre, la representación de la Unión Europea (UE) condenó los hechos violentos en Tlatlaya y Ayotzinapa. El 5 de noviembre, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México afirmó que Tlatlaya es sólo un caso de un conjunto más grande de crímenes cometidos por soldados y policías que no han dado pie a una reacción del Estado. El 30 de octubre, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, afirmó que «es lamentable no sólo los hechos de Ayotzinapa, Tlatlaya o Puebla; lo lamentable es que son patrones que venían sucediendo antes». Para finales de octubre, la Casa Blanca en Estados Unidos también se manifestó «preocupada por los reportes» relacionados con la desaparición de los normalistas.
Paralelamente, y por varias semanas, la prensa internacional anteriormente muy elogiosa de la administración encabezada por Enrique Peña Nieto sumó titulares cada día más críticos hacia su gobierno y la situación en el país. «Ayotzinapa» también ha generado movilizaciones multitudinarias en y fuera de México, la mayoría de ellas pacíficas mientras unas se radicalizaron en Guerrero, Michoacán, Chiapas y la Ciudad de México. El 8 de octubre, en al menos 25 estados mexicanos y en diversas ciudades de América y Europa, millones salieron a manifestarse en favor de la aparición con vida de los normalistas. Solamente en el estado de Chiapas se movilizaron más de 60.000 personas, entre ellas, unas 20.000 Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El 22 de octubre, se realizó la jornada «Una luz por Ayotzinapa» en decenas de ciudades en México y en el extranjero. En noviembre, normalistas y familiares de los desaparecidos iniciaron una «Brigada Nacional» de tres rutas, una al norte, una al sur, y una brigada estatal que recorrerá varios municipios de Guerrero. El objetivo de la iniciativa es brindar información directa y «recabar propuestas para elaborar un programa de lucha y de acción que permita transformar las causas que generaron los hechos acontecidos los días 26 y 27 de septiembre».
Ayotzinapa desvela la crisis de los derechos humanos en el país
© SIPAZ
La crisis de derechos humanos en México, que quedó al descubierto con Ayotzinapa había sido señalada por organizaciones civiles desde mucho antes. En septiembre, Amnistía Internacional publicó un informe titulado: «Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México» en el que afirmó que «(e)n 2013, el número de denuncias (1.505) aumentó en un 600 por ciento con respecto a 2003». En agosto, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos publicó el Informe «La defensa de los derechos humanos en México: una lucha contra la impunidad». Registra que en el periodo que lleva Enrique Peña Nieto se contabilizaron 669 detenciones arbitrarias por motivos políticos, 25 ejecuciones extrajudiciales y 29 desapariciones forzadas. Afirma que sin incluir las detenciones arbitrarias del Distrito Federal, los estados más peligrosos para la labor de defensores son Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
Después del caso Ayotzinapa, en octubre, organizaciones civiles mexicanas acudieron a la CIDH en Washington, EEUU, para denunciar casos de impunidad y violaciones a derechos humanos en el presente. La primera audiencia había sido solicitada por el gobierno mexicano para presentar el Programa Nacional de Derechos Humanos. A las puertas de la sede donde se realizaron las audiencias, se concentraron decenas de manifestantes con fotografías de los normalistas desaparecidos. Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación reconoció que México vive un momento que pone a prueba los avances normativos en materia de derechos humanos y afirmó que «el Estado mexicano no descansará hasta encontrar a los normalistas».
Las organizaciones civiles denunciaron por su parte que «la crisis humanitaria que enfrenta el país a partir de los testimonios y denuncias de personas desparecidas, asesinadas, desplazadas, torturadas, lesionadas ha sido ignorada, maquillada, escondida, simulada, reducida a estadísticas manejadas por el propio gobierno». Indicaron que «los esfuerzos del gobierno se concentran en mostrar el «momento mexicano» de supuesto progreso y bienestar». Afirmaron que el Estado «es responsable de la perpetración y perpetuación de violaciones graves, generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos». Se subrayó también la «conexión entre la impunidad por los crímenes de (…) [la] llamada Guerra Sucia y lo que está aconteciendo hoy en día».
Informe presidencial: triunfalismo rebasado por los hechos violentos más recientes
© SIPAZ
Con los hechos antes señalados se resquebrajó la imagen de México que el gobierno de Peña Nieto venía promocionando en el extranjero y que también quiso enfatizar en su segundo informe presidencial en septiembre. En los logros, subrayó la aprobación de once reformas estructurales. Otro de los logros que podía presumir era la detención del narcotraficante «Chapo» Guzmán o el haber retomado cierto control en Michoacán frenando los avances del crimen organizado. Además y justamente el día del informe, concretando finalmente una propuesta de campaña, empezó a funcionar la Gendarmería Nacional. Organizaciones civiles expresaron preocupación ante la creación de un cuerpo policial con formación castrense que no está enfocado en la protección de los derechos de la ciudadanía, preocupación que no se puede tomar a la ligera después de hechos como los de Tlatlaya.
Para el 1° de septiembre, la percepción de la administración peñista era altamente positiva en organismos económicos multilaterales y medios internacionales. Sondeos de esas fechas indicaban no obstante que 6 de cada 10 mexicanos no aprobaban su gestión económica y que su reforma energética tenía un 60% de desaprobación. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de los países evaluados, México fue el único que aumentó su población en situación de pobreza. Se ha cuestionado también que el ciclo reformista no incluyó una política social que permitiera ir más allá de una lógica asistencialista.
En contraste con el informe presidencialista, organizaciones civiles dibujaron un panorama extremadamente preocupante. Servicios y Asesorías para la Paz (Serapaz) advirtió que a dos años de administración se registraron al menos 23.640 asesinatos y 22.322 desapariciones forzadas. Artículo 19 informó que durante el gobierno de EPN siete periodistas fueron asesinados y que en 2013 dieron cuenta de 330 agresiones a la prensa, más 150 periodistas agredidos en el primer semestre de 2014. El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia indicó que en el informe «sólo se presentan como logros una serie de leyes y programas, que no se traducen en acciones o resultados concretos» y «tampoco aborda serios problemas que continúan presentándose en el país», como la impunidad o la tortura.
GUERRERO: en el ojo del huracán
© SIPAZ, Archivo
El caso de Ayotzinapa desató fuertes críticas hacia el gobierno del estado. Algunos de los familiares de los normalistas desaparecidos denunciaron incluso que el gobierno guerrerense había ofrecido 100.000 pesos por desaparecido, para que no hablaran y dejaran de buscarlos. El 23 de octubre, después de mucha presión, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, renunció a su cargo. Su administración había empezado de hecho con el asesinato de dos normalistas de Ayotzinapa en 2011 en el marco de un desalojo de un bloqueo donde participaron policías federales y ministeriales.
Ayotzinapa dejó al desnudo la profunda debilidad institucional en particular a nivel estatal y municipal donde fueron señaladas la corrupción y la connivencia entre policías, políticos locales y el crimen organizado. El 4 de noviembre, fueron arrestados en la Ciudad de México el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, quienes son presuntamente autores intelectuales en el caso. Con estos arrestos, ya sumaban 74 personas detenidas. No obstante, todavía no se habían logrado avances significativos en la ubicación de los desaparecidos.
De manera más amplia, la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el estado sigue siendo de extrema vulnerabilidad. El 9 de octubre, Saira Rodríguez Salgado, hija de Nestora Salgado García, comandante de la policía comunitaria de Olinalá actualmente presa en el penal federal de alta seguridad de Tepic, Nayarit, fue amenazada de muerte. El 27 de octubre, informó que por lo mismo se exiliará a Estados Unidos. Su denuncia no fue atendida, señaló. En agosto, su madre cumplió un año en reclusión. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México ha denunciado «el carácter político de la persecución penal y el uso ilegal de los penales federales con la complicidad del Gobierno Federal, del que no está exento ningún defensor o defensora de derechos humanos en Guerrero».
En octubre, también fue detenida María de la Cruz Dorantes Zamora, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), acusada por el delito de robo calificado, uno de los autos de formal prisión que se le dictó al vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, detenido desde junio pasado y actualmente recluido en el penal federal de Tepic.
En noviembre, el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, aseguró que ha buscado el acercamiento con los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, pero lamentó que grupos «radicales» como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), impidieran este diálogo. El director de Tlachinollan lamentó el «linchamiento mediático» contra Tlachinollan poniendo en riesgo la labor de los defensores de derechos humanos que integran el Centro. Aclaró que han sido respetuosos y que los padres de familia de los desaparecidos «son los que deciden». También se filtró un informe de inteligencia del gobierno mexicano en el que se acusa a José Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, de estar vinculado con un grupo guerrillero, otro hecho refutado por organismos de derechos humanos y que hace más difícil la labor de los defensores en el estado.
OAXACA: mismo patrón de asesinatos, detenciones y hostigamientos para personas defensoras
En Oaxaca también, las personas defensoras de derechos humanos se encuentran sujetas a múltiples peligros. En agosto, Silvia Pérez Yescas, integrante de Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales – CIARENA, fue informada que en San José Río Manzo habían puesto precio a su vida. En los últimos años, ha recibido más de diez amenazas en su contra, razón por la que obtuvo medidas cautelares. En septiembre, organizaciones civiles y legisladores federales exhortaron a la PGR evitar un encarcelamiento de Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), que enfrenta en libertad una acusación por el delito de privación ilegal de la libertad y delitos contra el consumo y la riqueza nacional por participar pacíficamente en una manifestación contra las altas tarifas eléctricas en 2012. También, en septiembre, Jaime López Hernández, integrante de Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO) fue asesinado en San Juan Ozolotepec. Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) señaló que «[r]esulta preocupante el incremento de la violencia política en Oaxaca y la impunidad en las agresiones a dirigentes y defensores de derechos humanos».En octubre, el domicilio de Silvia Hernández Salinas, integrante del Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL), fue allanado para sustraerle su computadora y dos discos duros.
El 2 de octubre se marchó en la Ciudad de Oaxaca para conmemorar la masacre de Tlatelolco (1968, Ciudad de México). 75 personas fueron detenidas, en su mayoría menores de edad así como integrantes de OIDHO y de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Fueron arrestados como presuntos responsables de actos vandálicos que habrían cometido un grupo de ‘anarquistas‘ en establecimientos comerciales y oficinas gubernamentales. Fueron liberados posteriormente.
En septiembre y octubre, se reportaron también agresiones físicas y verbales a integrantes del Albergue para migrantes «Hermanos en el Camino», de Ixtepec. Desde la implementación del Plan Frontera Sur, 57 personas migrantes han sido víctimas de delitos graves, como robo, extorsión, violación y lesiones, de acuerdo con documentación del Albergue que afirma que han aumentado en un 90% las agresiones en contra de este tipo de población.
En noviembre, integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y de la APIIDTT denunciaron hostigamientos y amenazas dentro y fuera de la fase previa de una consulta sobre la instalación de un parque eólico en Juchitán. Se trata de un proyecto que estaría a cargo de Energía Eólica del Sur (antes Mareña Renovables) y que contaría con 132 aerogeneradores. Código DH denunció que estas agresiones «vicia(n) la primera fase de este proceso de consulta, pues debiera garantizar la participación de todas las personas interesadas». Varias organizaciones sociales han cuestionado esta consulta considerándola como una «burla» y un «circo«, ya que el proceso se inició después de contar con casi 13 parques eólicos y más de 800 torres en territorio juchiteco.
CHIAPAS: Impunidad, Tierra y territorio, en el corazón de las luchas sociales
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En octubre, aproximadamente 10.000 católicos realizaron una peregrinación en la cabecera de Simojovel para exigir el cierre de centros de prostitución, venta de alcohol, droga y armas en este municipio, así como para denunciar amenazas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) señaló «la omisión e ineficacia del gobierno estatal en investigar las distintas amenazas de muerte que han recibido integrantes del Consejo Parroquial y el Padre Marcelo Pérez Pérez, (…) al no proponer mecanismos efectivos para atender las demandas de distinto orden que se han planteado». Posteriormente, integrantes del Pueblo Creyente de Simojovel denunciaron nuevas y reitereadas amenazas de secuestro y muerte de parte de autoridades y grupos que trafican en la cabecera.
Otra fuente de movilización y hostigamientos ha sido la oposición a la construcción de la mega-carretera entre San Cristóbal de Las Casas y Palenque (ver Artículo). En agosto, se llevó a cabo una asamblea en el ejido San Jerónimo Bachajón, municipio de Chilón en el que los ejidatarios expresaron su rechazo a dicho proyecto. Dijeron que no han sido consultados para que se construyera y que no van a vender sus tierras. Denunciaron que su comisariado ejidal ha sido acosado para que firme la autorización. En septiembre, ejidatarios de Candelaria, municipio de San Cristóbal de Las Casas, también hicieron pública su oposición a la mega-carretera. Denunciaron acciones de presión y amenazas por parte de funcionarios de gobierno. En octubre y noviembre se llevaron a cabo jornadas de movilización donde participaron cientos de personas.
El tema de la defensa de las tierras y el territorio sigue siendo motor de luchas en y fuera del estado. En septiembre, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el EZLN emitieron un pronunciamiento por la libertad de Mario Luna, vocero de la tribu yaqui del estado de Sonora, quien fue detenido «acusándolo falsamente de crímenes que le fueron sembrados; con ello pretenden encarcelar la lucha misma de la tribu yaqui por defender las aguas que en 1940, (…) les reconoció como suyas Lázaro Cárdenas». Denunciaron que el acueducto Independencia «ni en broma es para que los pobres tengan agua y progreso». Afirmaron que los megaproyectos de desarrollo son un peligro para las vidas de los pueblos originarios, ya que «nos quieren matar con eólicas, con autopistas, con minas, con presas, con aeropuertos, con narcotráfico». En octubre, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denunció actos de hostigamiento en contra de las y los ejidatarios de Tila durante y después de la marcha que unos mil 500 ejidatarios realizaron en la cabecera municipal en conmemoración de la creación de su ejido hace 80 años. En noviembre, en el municipio de Chicomuselo, se llevaron a cabo diversas actividades para protestar contra la explotación minera y para organizarse en defensa de la vida. Al finalizar una marcha, se declaró Chicomuselo como «municipio libre de minería». En este marco, también se realizó el Tercer Foro por la Defensa y el cuidado de la Madre Tierra en el que participaron cerca de 3.500 personas.
Otra fuente de alerta: Chiapas se ha colocado entre los diez primeros estados mexicanos con mayor número de feminicidios. En 2010 se registraron 22; en el 2012, 97; en el 2013 se presentaron 83, y de enero a la fecha, van 41 casos documentados, según el Grupo de Mujeres de San Cristóbal. La «Campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en Chiapas» denunció que «(e)l gobierno de Chiapas no cumple con la ley en las sentencias condenatorias de casos de feminicidio, siendo excesivamente suavizadas las medidas punitivas aplicadas a los feminicidas».
También en materia de impunidad, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó la apelación interpuesta por 10 personas que demandaron al ex presidente mexicano Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) por la masacre de Acteal (1997). En noviembre, fueron liberados tres personas acusadas por la misma masacre. Actualmente, solamente quedan encarceladas dos personas por estos hechos. En octubre, se llevó a cabo un evento en Masojá Shucjá, Tila, para recordar a las víctimas ejecutadas, desaparecidas y desplazadas en esta región entre 1995 y 1999. El CDHFBC subrayó: «en la zona baja de Tila, [el grupo paramilitar] Paz y Justicia cometió al menos 37 desapariciones forzadas, 85 ejecuciones y más de 4,500 personas se vieron obligadas a desplazarse de manera forzada para salvar sus vidas, sufriendo además el hostigamiento, la intimidación, destrucción de sus propiedades, tortura, tortura sexual, detenciones arbitrarias, entre otras violaciones de derechos humanos. (…) Lamentablemente estás graves violaciones a derechos humanos, han permanecido en la impunidad». En noviembre se llevó a cabo una peregrinación para recordar las víctimas de la masacre de Viejo Velasco (4 muertos, 4 desaparecido), municipio de Ocosingo y exigir justicia ante la impunidad. Paralelamente, siete organizaciones de defensa y promoción de derechos humanos de Chiapas iniciaron una campaña nombrada «Rostros del Despojo», que busca «visibilizar las formas en que los pueblos originarios son desalojados de manera violenta de sus territorios».
