E l 2 de junio, Claudia Sheinbaum fue elegida como la primera mujer presidenta de México, obteniendo una ventaja de 30 puntos porcentuales sobre la candidata Xóchitl Gálvez (del PRI, PAN y PRD, partidos históricos en México).

El partido de Sheinbaum, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), junto con sus aliados, obtuvo la mayoría en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Esto le permitirá llevar a cabo las reformas constitucionales del denominado “plan C”, legado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), además de consolidar los megaproyectos faros de la actual administración. Con un padrón electoral de 98,3 millones de personas, Sheinbaum obtuvo 35.923.984 votos, un incremento significativo en comparación con los 30,1 millones de votos que AMLO obtuvo en 2018. MORENA también ganó en la Ciudad de México y retuvo el poder en cinco de las nueve gubernaturas que estaban en juego.

Estos resultados contundentes no pueden disimular que las campañas estuvieron caracterizadas por un alto nivel de violencia político-electoral en gran parte del país. La organización internacional ACLED (Armed Conflict Location and Event Data), registró 540 incidentes de violencia contra actores políticos entre septiembre de 2023 y junio de 2024. Estos datos, contrariamente a lo que sostiene el gobierno federal, demuestran que este proceso electoral ha sido el más violento de la historia. De los 330 incidentes violentos registrados en campaña, 216 afectaron a candidatos, seguidores o sus familiares, y al menos 95 resultaron en una o más muertes. La mayoría de los ataques violentos, más del 80% de los casos, ocurrieron a nivel local. “Aunque la competencia entre grupos del crimen organizado impulsa gran parte de la violencia política, al menos el 30% de los incidentes incluyeron disturbios y destrucción de propiedades, lo que sugiere que las luchas de poder locales y los reclamos comunitarios de irregularidades durante el proceso, o el rechazo de los resultados, también pueden desencadenar violencia contra figuras políticas”, añadió ACLED.

Reforma judicial: ¿una mejora o un riesgo de mayor control político e impunidad?

En junio se llevaron a cabo una serie de foros para debatir la Reforma al Poder Judicial propuesta por AMLO. Esta propuesta recomienda reducir de 11 a nueve el número de ministros y ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El mandato de los ministros sería de 12 años, tres menos que en la fórmula actual. Se eliminarían las dos salas en las que actualmente está dividida la Corte, dejando su funcionamiento únicamente en sesiones plenarias, que serían públicas. En materia de salarios, se establece que las remuneraciones de los ministros y jueces no podrán superar lo que percibe el presidente de la República. Además, se modificaría el mecanismo de elección de los representantes del Poder Judicial, quienes serían elegidos por la ciudadanía cada tres años, tras ser propuestos en partes iguales por la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y el propio Poder Judicial.

Organizaciones civiles argumentan que la propuesta omite aspectos fundamentales, como la necesidad de reformar las fiscalías, dado que el principal problema de impunidad en México está relacionado con los ministerios públicos. También destacan la importancia de poner más énfasis en los poderes judiciales locales, rediseñar el esquema de las policías encargadas de investigar delitos, mejorar las capacidades técnicas y la independencia de los servicios periciales, y aumentar los recursos y el personal de las defensorías. “Elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular no contribuirá a atender ninguna de estas necesidades, pero sí generará, lamentablemente, nuevos y preocupantes problemas”, expresó el Centro PRODH.

Margaret Satterthwait, relatora especial para Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, expresó su preocupación por la iniciativa, especialmente en lo que respecta a la elección por voto popular y la reducción de los salarios del personal judicial. “Me encuentro especialmente preocupada por el contexto en el que se están llevando a cabo estas propuestas de reforma, dada la alegada intimidación de jueces y los reportes de interferencias en la independencia judicial por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo”, señaló.

Mientras tanto, el peso mexicano se depreció tras el anuncio de MORENA de implementar las reformas del presidente López Obrador en julio y agosto. Los inversores temen que el gobierno apruebe “cambios radicales” a la Constitución, que podrían ser vistos como un desmantelamiento de los controles y contrapesos democráticos.

Múltiples asuntos pendientes en materia de derechos humanos para la presidenta electa

En mayo, la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en México durante el sexenio. En cuanto a las personas defensoras de derechos humanos, se documentaron 92 casos de ejecuciones extrajudiciales, lo que representa una disminución del 50% en comparación con la administración anterior, pero sigue siendo “una táctica utilizada para inhibir y desmantelar la lucha social y la defensa” de las garantías fundamentales. La mayoría de las víctimas eran defensores de la tierra y el territorio, el medio ambiente y la autodeterminación de los pueblos indígenas; estos casos se registraron principalmente en Oaxaca y Chiapas. El informe también destacó que, según los datos recopilados, en la administración actual se han asesinado a 44 periodistas, en comparación con 47 en la administración anterior. Además, se han documentado casos de limitación del derecho a la libertad de expresión y la protesta. También, “se han mantenido las campañas de difamación, las cuales han sido denunciadas por diversas organizaciones”, incluido el presidente de la República.

En julio, la organización Artículo 19 presentó el informe “Derechos Pendientes”, que detalla las violaciones a la libertad de expresión durante el sexenio de López Obrador. Se registraron 3.408 agresiones contra la prensa, 561 de ellas ocurridas en 2023, lo que representa una agresión cada 14 horas. Además, 46 periodistas fueron asesinados, y el Estado sigue siendo el principal agresor, responsable del 45,75% del total. El informe destaca que “Durante el sexenio se registraron 179 agresiones en las ‘mañaneras’ e identificó que autoridades municipales y estatales de 20 entidades de la República repitieron 62 veces el mismo discurso estigmatizante”. También señala que la concentración del gasto en publicidad oficial, con 10 medios, acumulando el 47,08% de los recursos durante el sexenio. A pesar de las afirmaciones de que ya no había espionaje, el informe denuncia que la administración continuó adquiriendo equipos de vigilancia.

Otro aspecto preocupante en la agenda de derechos humanos es la militarización. En junio, Claudia Sheinbaum anunció que apoyará la reforma propuesta por AMLO que implica la integración definitiva de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Indicó que su política de seguridad se basará en atender las causas, contar con una Guardia Nacional más efectiva, mejorar la inteligencia e investigación, y asegurar la coordinación entre las instituciones. Sin embargo, organizaciones civiles han expresado su preocupación, señalando que “la participación de los militares en ámbitos de la vida civil podría vulnerar la seguridad de la población y aumentar las violaciones a derechos humanos además de poner en riesgo el principio de separación de poderes y la independencia judicial”.

En julio, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Estado mexicano recibió 318 recomendaciones relacionadas con derechos humanos. Rechazó 14 de ellas en los temas de militarización, uso excesivo de la fuerza, espionaje, prisión preventiva oficiosa, desplazamiento forzado y detención de migrantes. Organizaciones civiles, nacionales e internacionales lamentaron “la postura del Estado al rechazar por primera vez tantas recomendaciones, que contrasta con los mensajes de compromiso con el respeto a los derechos humanos”. Llamaron a la próxima administración a tomar todas las recomendaciones “como una guía para la adopción de políticas y acciones gubernamentales concretas con perspectiva de derechos”.

El papel de Estados Unidos en los temas de seguridad y derechos humanos en México

En junio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció una nueva orden ejecutiva que limitará las solicitudes de asilo en la frontera con México. Esta medida permitirá realizar deportaciones rápidas si se supera un número específico de detenciones de personas que cruzaron la frontera de forma irregular, salvo que demuestren que están siendo perseguidas o corren riesgo de tortura si son expulsadas. AMLO consideró que estas nuevas medidas responden a las elecciones presidenciales de noviembre, cuando la migración es tema prioritario para el electorado estadounidense. Afirmó que “están aplicando una política que no corresponde a la nueva realidad” y usan “el asunto migratorio con propósitos políticos electorales, sacan raja y a veces hasta dinero, los legisladores, por mantener posturas que, en vez de ayudar a resolver problemas, los complican”. Para agosto, Estados Unidos había deportado a más de 92.000 personas a más de 130 países.

Cada año ingresan ilegalmente a México más de 20 mil armas, según la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, como informó el proyecto Stop US Arms to Mexico, iniciativa de Global Exchange en julio. Sin embargo, solo una pequeña porción de las armas traficadas ilegalmente es recuperada. El informe señala que “el río de hierro de armas que transita desde Estados Unidos a México, empodera a la delincuencia organizada y acelera la migración forzada; tiene su origen en cientos de fabricantes y pasa por miles de armerías locales en Estados Unidos”. Como reacción al flujo de armas ilícitas, “una carrera armamentista ha surgido, en que las empresas de armas exportan cada vez más armas, y armas más militarizadas, a fuerzas policiacas y militares en México”. En 2023, los Estados Unidos “exportaron 12.515 rifles militares a México – más que a Ucrania, y solamente después de Israel”, declaró.

En julio, autoridades de Estados Unidos arrestaron a Ismael El Mayo Zambada, uno de líderes históricos del Cartel Sinaloa, en El Paso, Texas. Llamativamente, la Fiscalía mexicana anunció que investigará la detención como un caso de “traición a la patria”, ya que Zambada parece haber sido entregado a EE.UU. por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, quien también fue líder del Cartel de Sinaloa y actualmente está detenido. El Ministerio Público argumentó que “es responsable de ese delito el que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país”. Las declaraciones de Zambada ya han comenzado a implicar a varios políticos vinculados a MORENA.

CHIAPAS: Entre violencia político electoral y violencia criminal

El 2 de junio, además de los cargos federales, se eligieron en Chiapas al nuevo gobernador, 40 diputados, 123 presidentes municipales, 875 regidores y 123 síndicos. Los altos niveles de violencia político-electoral durante las campañas situaron a Chiapas entre los estados más afectados, con al menos 15 asesinatos de políticos, 5 de ellos candidatos. Además, 515 candidatos a diversos puestos de elección, pertenecientes a 11 partidos y dos coaliciones, renunciaron. Asimismo, 108 casillas de las 6.977 previstas no pudieron ser instaladas por esta misma situación. No obstante, el día electoral se desarrolló con relativa tranquilidad. Sin mayor sorpresa, Eduardo Ramírez Aguilar (ERA), candidato de la coalición Sigamos haciendo historia, ganó la contienda por la gubernatura con cerca del 80% de los votos emitidos.

La violencia derivada de la disputa entre grupos vinculados al crimen organizado sigue siendo predominante en gran parte del estado, especialmente en la zona Frontera y Sierra. En julio, el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur instó al gobierno federal a ofrecer una respuesta integral a la situación de miles de familias desplazadas (algunas en Guatemala tras cruzar la frontera) o en riesgo de reclutamiento forzado en municipios incomunicados por bloqueos carreteros realizados por grupos criminales. “La población de estos municipios está en total desprotección y abandono de parte de las autoridades estatales y federales, además está siendo obligada por los grupos criminales a participar en los bloqueos, utilizándoles como barricadas humanas por si viene el grupo rival o para impedir el paso de fuerzas federales. Ante esta situación, resultan de suma preocupación las afirmaciones de las autoridades federales, en cabeza del Presidente de la República, que minimizan la situación humanitaria y descargan la responsabilidad de los hechos en la población señalada de ser la base social de los grupos delincuenciales”, denunciaron.

La diócesis de Tapachula expresó que la situación actual en la sierra y la frontera “es desesperante por la presencia permanente de los cárteles de la droga disputándose el territorio, yendo y viniendo ante la indiferencia y complicidad aparente de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano”. Declaró que “es muy complicado vivir así; por un lado, secuestrados en casa propia, obligados a hacer lo que no deben, con un profundo sentido de impotencia ante lo incomprensible de la situación que viven; la gente de los cárteles que dispone a su antojo de la población, y por el otro, la presencia de los destacamentos de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano que hacen nada por la población a la que ven”.

Otro foco rojo se presentó en la zona Norte. En junio, se implementó un operativo policiaco-militar con más de 500 elementos en la cabecera de Tila. Más de 4 mil personas, que se habían refugiado en sus hogares debido a la violencia provocada por grupos de civiles armados, abandonaron el pueblo. Estos grupos dejaron al menos dos muertos, 17 edificios quemados, negocios saqueados y 21 vehículos destrozados. Los desplazados fueron trasladados a diversos albergues del estado o buscaron refugio en casas de familiares en otros municipios. Según los testimonios, los enfrentamientos surgieron del conflicto entre el grupo “los autónomos” y el grupo denominado “Karma” por el control del ejido. La Red TDT señaló que “este escenario de violencia tiene antecedentes, que fueron denunciados públicamente, sin que las autoridades de los tres niveles de gobierno hayan tomado las medidas necesarias para evitar su escalamiento. A lo largo de los últimos años surgieron varios grupos armados antagónicos, provocando asesinatos, amenazas, extorsión, y diversas formas de violencia, aterrorizando a la población en general”. Recordó asimismo que “se vive una disputa entre grupos de la delincuencia organizada con la participación de organizaciones armadas locales. Diferentes indicios refieren que esta situación podría enmarcarse en este contexto, donde se disputan economías legales e ilegales, así como el control poblacional del territorio y de las vías de comunicación”.

A finales de julio, en la zona Altos, alrededor de 800 personas de la comunidad de La Esperanza, en Chenalhó, fueron forzadas a abandonar sus hogares debido a un ataque armado del grupo conocido como “Los Herrera”. La Esperanza, ubicada en la frontera entre Chenalhó y Pantelhó, ha sido escenario de enfrentamientos desde julio de 2021 entre “Los Herrera” y las autodefensas “El Machete” de Pantelhó. Otras comunidades también se han visto afectadas. Las parroquias de la zona han denunciado el aumento de la violencia: bloqueos, disparos continuos y enfrentamientos han llevado al desplazamiento forzado de comunidades enteras y a la muerte de personas inocentes. Cuestionaron: ante “el dolor del pueblo que sufre, y la indignación, por la ingobernabilidad que vivimos en el estado, la minimización que ha hecho el Presidente Andrés Manuel López Obrador frente a la violencia que se ha viralizado en dichos municipios, estamos sin entender ¿en manos de quién está la lucha contra el crimen organizado?, ya que vemos que los criminales, cada día se hacen más fuertes en presencia de los militares y la Guardia Nacional”.

OAXACA: Vulnerabilidad de defensores de derechos humanos y periodistas

En mayo, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC (CODIGODH) denunció el allanamiento de sus oficinas en la Ciudad de Oaxaca, donde se sustrajeron laptops, cámaras fotográficas y de vídeo, dinero en efectivo, entre otros bienes. La organización alertó que este acto “constituye una grave violación a nuestra labor de defensa de derechos humanos en un contexto de inseguridad y violencia”. Tras un segundo allanamiento en el mismo mes, CODIGODH decidió cerrar temporalmente sus oficinas.

En julio, Lorenzo Santos Torres, defensor comunitario de Santiago Amoltepec, junto con su esposa e hija, fueron emboscados, ejecutados y calcinados en un camino entre San Martín Lachila y San Andrés Zabache, en Ejutla de Crespo. Santos Torres había sobrevivido a un atentado en 2013, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había otorgado medidas cautelares. Con este asesinato, suman 42 los defensores asesinados en Oaxaca durante el sexenio del presidente López Obrador, de los cuales cuatro ocurrieron en el actual gobierno de Salomón Jara Cruz, según Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA).

Durante la administración de Jara Cruz, la defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) también reportó 17 agresiones contra periodistas. En julio, durante la Guelaguetza Oaxaqueña, el fotoperiodista Edwin Hernández de El Universal fue agredido mientras la cineasta Ángeles Cruz protestaba contra la violencia en su comunidad, San Miguel El Grande. Consorcio Oaxaca informó que Hernández sufrió “intimidaciones y empujones de parte de ‘guaruras’ del Gobernador con el fin de evitar que documentara la protesta de la cineasta, finalmente se retiró y en la salida le jalaron y rompieron su acreditación”.

Una de las zonas con más agresiones contra personas defensoras es el Istmo de Tehuantepec. En junio, una Misión Civil de Observación (MCO), compuesta por 22 organizaciones civiles mexicanas e internacionales, documentó que, desde mayo de 2021 hasta mayo de 2024, se registraron 72 ataques, con al menos 226 agresiones contra de personas defensoras. Las agresiones más recurrentes fueron intimidación (30%), hostigamiento (28%), amenazas (10%) y agresiones físicas (7%). Además, se documentaron 3 homicidios de defensores: Jesús Manuel Martínez (2022), Félix Vicente Cruz (2023) y Noel López Gallegos (2023). La MCO indicó que la presencia del Ejército, la Marina y Guardia Nacional “propicia un clima hostil y de intimidación, lo cual ha generado una violación sistemática a los derechos fundamentales contra las comunidades y pueblos (…) en el Istmo de Tehuantepec”. Recomendó a las autoridades “detener de manera urgente y efectiva el proceso de militarización a efecto de garantizar una protección efectiva de los derechos a la autodeterminación, territorio y consulta”, así como investigar y sancionar los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos.

GUERRERO: Violencia e impunidad

En mayo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señaló que “el escenario político-electoral es devastador en Guerrero”. “A las cúpulas partidistas les tiene sin cuidado la violencia que a diario enluta hogares y que pone en jaque a la población que lucha por su sobrevivencia. El poder destructor de los grupos criminales se ha colocado por encima de las autoridades”. Guerrero fue de los estados con el mayor número de víctimas de violencia política, registrando al menos 80 casos. A pesar de ello, la jornada electoral se desarrolló con relativa tranquilidad. Guerrero fue uno de los cuatro estados del país que más votos aportó a la virtual presidenta Claudia Sheinbaum. Morena y sus aliados también ganaron las elecciones en la mayoría de los municipios de Guerrero y la mayoría de las diputaciones.

La violencia e impunidad siguieron marcando la coyuntura. En junio, fue asesinado el alcalde del municipio indígena de Malinaltepec, luego de haber sido retenido por un grupo armado. También, el consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) y ex comisario de Cuanacaxtitlán, Leonel Félix Flores, fue privado de libertad y asesinado en el municipio de San Luis Acatlán, en la Costa Chica de Guerrero. “Queda claro que los grupos armados que pululan en la región y en el estado gozan de total impunidad”, denunció Tlachinollan. En julio, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-Ez) denunció que dos de sus integrantes fueron asesinados en el municipio de Chilapa. Declaró que en seis años han sido asesinados 56 de sus militantes y 23 se encuentran desaparecidos. “Queremos dejar claro que estamos solos, solas, que el ESTADO nos ha abandonado a nuestra suerte, que nos deja en manos de la delincuencia, tal como ocurre (…) en prácticamente todo el país”, afirmó.

Tras la difusión de un reporte sobre el caso Ayotzinapa presentado en julio, AMLO negó la implicación del ejército en la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala en 2014. Sin embargo, los familiares de los estudiantes afirmaron que la participación del ejército “es una verdad irrefutable”, respaldada por “numerosos testimonios y declaraciones ministeriales que avalan que ese día el ejército estaba en las calles y participó de una manera vergonzosa en la desaparición de nuestros hijos”. “Desde su silla presidencial, sin fundamento real, intenta darnos un resumen de especulaciones y conjeturas en justificación de una promesa de campaña que no cumplió al término de su sexenio”, dijo. Aseguraron que seguirán exigiendo la aparición de sus hijos y de los cientos de miles de desaparecidos en el país. AMLO, por su parte, ha sostenido que las acusaciones “sin pruebas” contra el ejército podrían ser fruto de “un afán de venganza” contra la institución, “como quisieron hacerlo en el caso del general Salvador Cienfuegos o como lo están haciendo ahora en mi contra con una campaña de desprestigio, sin pruebas”.

En agosto, a tres años de la desaparición del defensor Vicente Suástegui Muñoz, los familiares del integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades opositoras al proyecto hidroeléctrico La Parota (CECOP) volvieron a exigir su presentación con vida. Criticaron la decisión de un juez de revocar la sentencia contra dos presuntos culpables de la desaparición por supuestas violaciones al debido proceso. Tlachinollan denunció que “es increíble que en Acapulco donde se encuentran todos los cuerpos de seguridad del Estado y donde todas las mañanas tienen reuniones para analizar la situación de violencia que acontece en el puerto, sean incapaces de identificar el modus operandi de los perpetradores y de no ubicar los lugares donde se apertrechan y cometen sus fechorías. (…) Se asigna mayor presupuesto para construir cuarteles de la Guardia Nacional para garantizar seguridad en el puerto, sin embargo, la gente no ve resultados tangibles con la llegada de más elementos de la Guardia Nacional”.