L as elecciones en Estados Unidos reavivan el dicho: “pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos”. El candidato electo, Donald Trump, ha declarado que impondrá una guerra arancelaria del 25% contra México si el gobierno de Claudia Sheinbaum no logra contener el flujo de migrantes y el tráfico de fentanilo a través de los 3.000 kilómetros de frontera que ambos países comparten. Trump llega con mayor fuerza que en su primer mandato: los republicanos han logrado el control del Congreso, y los conservadores dominan la Corte Suprema. Además, cuenta con un elemento adicional de presión: la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), prevista para 2026, siendo Estados Unidos el principal socio comercial de México.

Durante el primer mandato de Trump y con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México, Trump anunció un arancel general del 5% en respuesta a lo que consideraba inacción por parte de las autoridades mexicanas para frenar las caravanas migrantes. Ante esa amenaza, la administración de López Obrador, inicialmente más permisiva, reforzó las fronteras norte y sur con un fuerte despliegue militar, estrategia que se ha mantenido hasta la fecha con desastrosos saldos en materia de derechos humanos. Actualmente, México ya opera como un tercer país seguro, acumulando en sus fronteras norte y sur a miles de migrantes en espera de asilo en Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum ha insistido en que la migración transnacional debe ser atendida mediante soluciones sociales en los países de origen, una iniciativa que claramente no coincide con la agenda trumpista.

Para su segundo mandato, Trump ha prometido realizar la mayor deportación de migrantes en la historia, incluyendo a indocumentados, sus cónyuges, hijos y otros familiares. Las remesas enviadas por mexicanos en Estados Unidos son uno de los pilares de la economía mexicana, ubicándose, según cifras oficiales, entre la segunda y tercera fuente de ingresos después del turismo y las ventas del petróleo. Si tan solo una parte de la “deportación masiva” prometida llegara a concretarse, habría razones suficientes para la preocupación en México. Actualmente, se estima que 5 millones de mexicanos residen en Estados Unidos en situación irregular.

Otro punto de tensión será la política de combate al narcotráfico. Incluso como candidato, Trump afirmó que los cárteles mexicanos tienen tal poder que “podrían quitar al presidente en dos minutos. Son los que administran México”. Dentro de sus planes, contempla catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que le otorgaría facultades para intervenir más allá de su territorio. Trump ha prometido bombardear laboratorios de fentanilo y bloquear los puertos que transporten sus precursores químicos. Aunque Claudia Sheinbaum no ha comentado sobre estas iniciativas, estas podrían interpretarse como una injerencia directa en la soberanía mexicana.

Frente a las amenazas, Sheinbaum ha enviado mensajes de tranquilidad para preservar la estabilidad en las relaciones bilaterales. Sin embargo, el peso mexicano ha caído a su nivel más bajo en más de dos años, reflejándola incertidumbre. A esto se suman factores internos que han acentuado esta tendencia, en consonancia con predicciones pesimistas sobre el desempeño de la economía mexicana.

Claudia Sheinbaum, entre continuidad y cambios

El 1º de octubre, Claudia Sheinbaum tomó protesta como nueva presidenta. Ganó las elecciones con 36 millones de votos, superando por 30 puntos porcentuales a su principal competidora, Xóchitl Gálvez. Sheinbaum inicia su mandato con mayoría calificada en el Congreso, el respaldo de aliados en 24 gubernaturas, una oposición debilitada y una reforma judicial recién aprobada que permitirá al bloque gobernante reconfigurar el Poder Judicial. Los 100 puntos de su plan de gobierno proponen dar continuidad a temas del gobierno saliente, como la austeridad, la lucha contra la corrupción y la ampliación de los programas sociales, además de establecer nuevas prioridades como el impulso a las mujeres, la educación y la ciencia, la protección del medio ambiente y la lucha contra el machismo y el racismo.

El período analizado en este informe ha estado marcado por una oleada de reformas, tendencia que comenzó al cierre de mandato de AMLO, quien buscó cimentar su legado, y se aceleró con la llegada de Sheinbaum al poder gracias a su mayoría en el Congreso.

En las reformas más relevantes, aun bajo la presidencia de López Obrador, destaca la aprobación en septiembre de la iniciativa que incorporó a la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tanto administrativa como operativamente. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) calificó esta medida como  “un paso sin retorno hacia la militarización”.

La preocupación por las implicaciones de esta reforma quedó ilustrada en octubre, cuando seis migrantes murieron y diez más resultaron heridos tras una persecución en el municipio de Villa Comaltitlán, Chiapas, a manos de elementos del Ejército Mexicano. Según la Sedena, los militares detectaron un vehículo que circulaba a alta velocidad y que intentó evadirlos. Ante presuntas detonaciones, dos soldados dispararon. La Sedena informó que los elementos involucrados fueron separados de sus funciones y “al ser un hecho donde se vieron afectados civiles, se hizo del conocimiento de la Fiscalía General de la República para que realice las diligencias legales necesarias”. El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur exigió justicia para las víctimas, señalando que este incidente es una “consecuencia directa de ordenar el despliegue militar para la contención de los flujos migratorios bajo una lógica de persecución y no de protección hacia las personas en movilidad”.

En septiembre, se aprobó la reforma sobre los pueblos indígenas y afroamericanos. Entre los avances más destacados, se les reconoce como sujetos de derecho público y no solo como objetos de interés público, lo que les permitirá recibir y administrar recursos presupuestales directamente. Además, la reforma establece la obligación de brindarles asistencia jurisdiccional adecuada a través de intérpretes, traductores, defensores y peritos especializados. Sin embargo, diputados de la oposición calificaron la reforma como insuficiente. Esta percepción fue compartida por expertos y organizaciones, quienes la consideraron “superficial”  al limitarse únicamente al artículo segundo constitucional, y señalaron que “no va a tener ningún efecto práctico”. Las críticas se centraron especialmente en la falta de avances respecto al tema de tierras y territorio, considerados fundamentales para el ejercicio de la libre determinación.

También en septiembre, fue aprobada la reforma judicial, quizás la más polémica y cuestionada a nivel internacional. En noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por esta reforma, advirtiendo que podría poner en riesgo la independencia judicial. Por su parte, el Gobierno mexicano argumenta que la ciudadanía debe tener derecho a elegir a las magistraturas, y defiende la constitucionalidad de la reforma, aprobada por una amplia mayoría del Congreso. No obstante, integrantes del poder judicial denunciaron la intromisión del Ejecutivo en la Justicia, alegando que atenta contra los derechos laborales de los funcionarios judiciales y la independencia en la impartición de justicia. Ante la CIDH, el Gobierno mexicano ha argumentado que “esta reforma era necesaria para recobrar la confianza ciudadana en los tribunales y en general en el sistema de justicia, toda vez que en México los jueces […] han liberado a delincuentes comunes y peligrosos, a narcotraficantes, han dictado sentencias sin perspectiva de género, han legalizado el despojo de tierras de pueblos indígenas, y está ampliamente documentado el nepotismo de los poderes judiciales”.

En octubre, ya bajo el mandato de Claudia Sheinbaum, más de cien organizaciones civiles pidieron rechazar una reforma que pretendía eliminar los órganos de transparencia. Argumentaron que este cambio abriría la puerta para que “la entrega de la información y la transparencia quede subordinada al Ejecutivo, en un contexto en el que han aumentado las negativas de información y reservas a la misma”. Pidieron “generar un proceso abierto que permita mejorar el actual andamiaje institucional que vela por el derecho a saber de la sociedad”.  Sin embargo, esta reforma fue aprobada en noviembre sin mayor debate.

Derechos humanos: continuidad en las preocupaciones

En octubre, EDUCA presentó un estudio sobre Agresiones Graves a Personas Defensoras en México. Entre diciembre de 2018 y octubre de 2024, se registraron 252 atentados contra la vida de personas defensoras: 225 asesinatos y 27 desapariciones. De estos casos, 42 fueron catalogados como ejecuciones extrajudiciales. Las luchas más peligrosas correspondieron a la defensa del territorio y los derechos civiles (80%). El Sur-Sureste es la región más peligrosa, concentrando el 51% de los casos. El 62 % de las personas defensoras asesinadas pertenecían a un pueblo indígena y el 57 % eran campesinas. Además, el 20% de las víctimas eran mujeres o personas de la diversidad sexual. “Los datos arrojan que existe una estrategia fallida de seguridad a nivel nacional. Constatamos el debilitamiento de las instancias de protección y de los organismos autónomos de derechos humanos. Lo que sí se reforzó en este gobierno fue la cultura de la impunidad; la militarización de la seguridad pública; el acceso a la justicia se convirtió en la excepción y no en la regla”, destacó el estudio.

En noviembre, el Senado aprobó la reelección de Rosario Piedra Ibarra frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a pesar de ser la candidata peor evaluada entre los 15 aspirantes. Ya en septiembre, un centenar de organizaciones civiles habían señalado que la administración de Rosario Piedra Ibarra , iniciada en 2019, “ha enfrentado serias críticas por no abordar de manera plena, objetiva e integral la crisis de graves violaciones a derechos humanos que atraviesa el país”. “Las claudicaciones y omisiones deliberadas reflejan una parcialidad en su actuar en apego con la administración [de Andrés Manuel López Obrador] que dejó de lado las graves violaciones a los derechos humanos” . Existe preocupación de que esta tendencia se mantenga durante un nuevo mandato, ahora bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum.

CHIAPAS: Sigue preocupando el avance de la violencia criminal

En septiembre, miles de personas convocadas por la Provincia Eclesiástica de Chiapas peregrinaron en Tuxtla Gutiérrez para denunciar la falta de paz y seguridad en el estado. Señalaron que “la violencia generada por los grupos del crimen organizado, en guerra por el control del territorio, ha ido avanzando considerablemente por varios municipios”. Añadieron que “la causa de esta violencia se origina por los intereses que impulsa la construcción de una infraestructura de despojo de los bienes naturales (…); esta economía desarrollista requiere tierras y territorios libre de pobladores (…) El aumento exponencial de la inseguridad ha incrementado los asesinatos, desapariciones y desplazamiento forzado”. Demandaron a las autoridades “consolidar el Estado de derecho, el respeto a los Derechos Humanos y colectivos. Así como el establecimiento del orden social sin poner en riesgo a la sociedad civil; la desarticulación y el desarme inmediato de los grupos criminales”, entre otras medidas.

Los principales focos rojos siguen siendo la zona Sierra y Frontera que se ha convertido en “un campo de batalla por la disputa del territorio entre grupos criminales que obligan a los hombres a ir al frente, a cuidar las plumas, a cerrar caminos”, declararon obispos de Chiapas y Guatemala en agosto.

Otro foco rojo es Pantelhó. En septiembre, el Congreso saliente de Chiapas nombró un concejo municipal, en el cual figura el hermano de Daily de los Santos Herrera, quien fue sentenciado a 25 años de cárcel por la autoría intelectual del asesinato del fiscal indígena Gregorio Pérez Gómez en 2021. Los habitantes del municipio afirman que este nuevo concejo está integrado por personas cercanas a los dirigentes del grupo caciquil “Los Herrera”, vinculado a asesinatos y delincuencia organizada. Por su parte, simpatizantes del grupo de autodefensas “El Machete” advirtieron que no reconocerán el concejo nombrado por el Congreso. Desde 2021, tras un levantamiento armado contra los “Los Herrera”, este grupo caciquil y comunidades organizadas en “El Machete” se disputan el poder a balazos en Pantelhó, dejando decenas de muertos y heridos, además de familias desplazadas.

Otra fuente de conflictividad surgió en octubre, cuando el poblado zapatista “6 de Octubre”, en el municipio de Ocosingo, fue atacado por personas armadas provenientes de la comunidad de Palestina. Estas se instalaron en tierras recuperadas amenazando a los residentes con desalojarlos. Desde junio, “las amenazas han ido subiendo de tono hasta incluir la presencia de personas de Palestina con armas largas de alto poder, amenazas de violación a mujeres, quema de casas y robo de pertenencias, cosechas y animales”, señaló el Subcomandante Insurgente Moisés. Por esta razón, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) suspendió inicialmente toda información y comunicación sobre los “Encuentros de Resistencia y Rebeldía 2024-2025”. Sin embargo, posteriormente se concretaron las primeras fechas para finales de diciembre y principios de octubre.

Agresiones a defensores y periodistas: tendencia al alza

Otra tendencia preocupante ha sido el aumento de agresiones a comunicadores y defensores de derechos humanos. En agosto, hombres armados atacaron a balazos al periodista Ariel Grajales Rodas en Villaflores. Este periodista difundía tanto información oficial como hechos de violencia, incluyendo el cobro de derecho de piso para toda la actividad comercial en la región de la Frailesca.

En septiembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció el incremento de la violencia hacia integrantes de su equipo. Informó que desde enero ha “registrado cuatro ataques, agresiones y deslegitimación de nuestro trabajo”, y que, de julio a la fecha, sus miembros han recibido amenazas de muerte y la casa de uno de ellos fue allanada. A esto “se suma la extorsión, intimidación, vigilancia y agresiones verbales, y varios de ellos vienen de actores vinculados a los gobiernos municipal, estatal y federal”, denunció. Todo ello a pesar de que la organización cuenta con Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH. Lamentó que el gobierno “no puede parar la vorágine de la violencia, al contrario, los riesgos van en aumento y con ello a quienes defiende los derechos humanos”.

Igualmente, en septiembre, la periodista Dalia Villatoro denunció amenazas en su contra. Detalló que “presuntos miembros de la delincuencia organizada lanzaron una amenaza en mi contra, colgando una cartulina afuera de mi domicilio en la que me relacionan con publicaciones hechas a través de las páginas de Facebook Notifraylesca y Villaflores”.

En cuanto al caso más sonado, el 20 de octubre, el Padre Marcelo Pérez Pérez fue asesinado en San Cristóbal de Las Casas. Ordenado en 2002, se había convertido en un referente como defensor de los derechos humanos y la defensa de la Madre Tierra, además de ser mediador en varios conflictos sociales. Desde 2015, había recibido medidas de protección de la CIDH debido a las constantes amenazas que enfrentaba por su labor. Varias organizaciones, redes y colectivos se pronunciaron ante el homicidio. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el asesinato y aseguró que ya se está llevando a cabo una investigación para esclarecer el crimen. El 22 de octubre, fue detenido y vinculado a proceso penal Edgar “N” por su probable responsabilidad como autor material del homicidio. La velocidad en la que se dio la detención hace dudar a muchos analistas que sea verdaderamente culpable y, en todo caso, urgen a que la investigación apunte a los autores intelectuales del crimen.

OAXACA: Se mantienen altos riesgos para las personas defensoras de derechos humanos

En el estudio de EDUCA sobre Agresiones Graves a Personas Defensoras en México, Oaxaca encabeza el listado con 58 personas defensoras asesinadas entre diciembre de 2018 a octubre de 2024. Las agresiones siguen siendo frecuentes.

En agosto, se presentó el “Diagnóstico Participativo: Hacia una Política pública para la Protección Integral de las Defensoras y Periodistas en Oaxaca”. El diagnóstico documenta que, entre 2018 y 2022, 14 defensoras fueron asesinadas en Oaxaca y que, de 2016 a 2019, se registraron 1.063 ataques contra este sector. Las defensoras y periodistas se enfrentan al riesgo de ser silenciadas mediante “amenazas de violencia, incluso sexual; también corren el riesgo de ser víctimas de feminicidios, violaciones, ataques con ácido, detenciones arbitrarias, encarcelamientos y desaparición forzada”. Uno de los patrones de mayor preocupación es la criminalización.

En septiembre, el Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C. (BARCADH) denunció un ataque cibernético a sus redes sociales. Expresó que “nuestra organización acompaña casos graves de violaciones a derechos humanos a víctimas y colectivos que acuden en nuestro apoyo; por ello nos alarma y preocupa esta situación”.

También en septiembre, el defensor de derechos humanos Daniel Bautista Vásquez fue encontrado sin vida en Villa de Etla. Era beneficiario de medidas cautelares por la CIDH. En marzo de 2020, su hermano Ángel fue torturado por elementos de la policía municipal de Tlaxiaco. Tras estos hechos, Daniel y su familia denunciaron el abuso policial, lo que provocó múltiples amenazas y hostigamiento hacia ellos.

El 4 de octubre la abogada mixe Sandra Domínguez Martínez y su esposo desaparecieron en la Sierra Mixe de Oaxaca. Sandra se dedicaba a la defensa de los derechos humanos y, desde 2020, había denunciado ciberacoso, violencia de género y la participación de funcionarios en el grupo de WhatsApp “Sierra XXX”, donde se compartían fotografías pornográficas de mujeres indígenas. Desde el 6 de noviembre, familiares de Sandra instalaron un plantón frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca, para exigir su aparición. Han denunciado que tanto los familiares como sus abogados han sido víctimas de vigilancia e intimidación.

El 5 de noviembre, las hermanas Adriana y Virginia Ortiz García, defensoras indígenas triquis, fueron asesinadas en Oaxaca de Juárez. Ambas eran activistas del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y habían trabajado intensamente en la defensa de los derechos humanos y en la búsqueda de sus primas, desaparecidas en 2007.

En aspectos más generales, en octubre, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca presentó un informe sobre el desplazamiento forzado interno en el que reconoció que las víctimas de este fenómeno se encuentran “invisibles y sin reconocimiento de sus derechos”. El informe evidencia que las causas del desplazamiento forzado en el estado son múltiples: la imposición y aplicación de sanciones comunitarias, no compartir la misma creencia religiosa, conflictos de tierras y territorios que obedecen principalmente a indefinición de derechos parcelarios, conflictos en nombramientos en elecciones, entre otras causas. “El reconocimiento de los derechos humanos de las personas desplazadas ha sido lento, por muchos años no ha existido voluntad de algunas instituciones y las políticas públicas del pasado no fueron las idóneas, además, la falta de una legislación que atienda este fenómeno social ha colocado a las víctimas en un estado de vulnerabilidad”, señaló la Defensoría.

En noviembre ya se sumaban 91 mujeres asesinadas en Oaxaca en 2024. Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad condenó la escalada de violencia feminicida registrada en los últimos meses ante la inacción del Gobierno de Oaxaca. ”Exigimos a Salomón Jara que garantice la seguridad de las mujeres y niñas ante la violencia que permea en Oaxaca, que se refleja en 677 desapariciones y 204 feminicidios durante su gobierno”, declaró. Según datos de México Evalúa, en Oaxaca la impunidad en el delito de feminicidio alcanza el 100%, mientras que en casos de desaparición es de 99,6%.

GUERRERO: “la violencia irrefrenable”

En noviembre, el Centro de derechos humanos Tlachinollan alertaba sobre los niveles de violencia a los que se ha llegado en Guerrero: “La expansión del crimen llega hasta que se topan con otro grupo que tiene el control territorial. Son los mismos grupos delincuenciales los que se ponen límites y no las instituciones del estado. El poder de fuego de la delincuencia los lleva a desafiar a los cuerpos de seguridad. Su armamento es sofisticado y están mejor apertrechados. Tienen múltiples contactos para abastecerse de armas desde Estados Unidos. Cuentan con propiedades en lugares estratégicos (…). Han recurrido al reclutamiento de jóvenes para expandir su dominio y contar con reserva humana para sus incursiones armadas. El objetivo es desplazar al grupo que ostenta la plaza. Los jóvenes son carne de cañón que desechan sin que haya consecuencias jurídicas ni acciones contundentes que contengan esta violencia irrefrenable. Las empresas criminales son negocios muy redituables porque han sabido incursionar en varios giros comerciales donde blanquean su dinero con empresas bien consolidadas. Esto solo es factible en estados donde impera la corrupción, donde la ley no se aplica y la justicia es una mercancía que genera grandes dividendos. (…) El debilitamiento de las instituciones públicas ha propiciado el desbordamiento del crimen organizado que se ha colocado en los centros turísticos, en las principales ciudades, en las cabeceras municipales y en las comunidades rurales. Aparece como el monstruo de mil cabezas, como el poder fáctico que se ha instalado dentro de la administración pública”.

En septiembre, al menos 10.000 personas, entre estudiantes, normalistas, universitarios, académicos, organizaciones, colectividades, sindicatos y particulares, marcharon en la Ciudad de México a 10 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, en Iguala. El presidente AMLO se había comprometido a resolver este caso durante su sexenio, pero no lo logró. “Traicionó la confianza que como padres pusimos y dio la espalda al Caso Ayotzinapa por proteger al ejército”, aseguró Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño desaparecido aquella noche. Mario González, padre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, expresó que “el que encubre o entorpece las investigaciones también es cómplice de la desaparición forzada”. Advirtió: “Al gobierno entrante, si piensa hacer esto, nosotros vamos a seguir luchando”.

En este mismo espíritu de lucha, en octubre, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) festejó su 29º aniversario. Afirmó que “la CRAC-PC aquí está, de pie, sorteando las tempestades que provocan las acciones de caciques y gobiernos. Nuestro sistema de justicia ha demostrado ser eficaz y exitoso frente al desastre humanitario que han provocado los grupos delictivos”. Se pronunció sobre la reforma indígena recientemente aprobada, cuestionando que “la representación política y la propiedad de los territorios y bienes naturales de plano quedaron fuera de la reforma recién aprobada. Sin territorio, ¿dónde ejerceremos la libre determinación, autonomía y la justicia? La columna vertebral del derecho indígena: seguridad y justicia, gobierno y propiedad de nuestros territorios y bienes naturales no fueron incorporados a la reforma. La deuda histórica con nuestros pueblos sigue”. “De muy poco sirven los programas sociales si no se reconocen nuestros derechos. Si no se acompañan de un reconocimiento constitucional a la postre, se convertirán en un mecanismo clientelar y asistencialista que nos mantendrá sumidos en el atraso y la marginación”, concluyó. Adelantó que continuará “ejerciendo la seguridad, justicia y reeducación con o sin Ley (…). No nos debemos a una Ley escrita, por el contrario, nos regimos por la palabra, por los sueños, por los signos, por otra forma de ser y estar en el mundo”.