Un contexto de violencia creciente

En los últimos años, debido a su ubicación geográfica que conecta el norte con el sur del continente americano, Chiapas se ha convertido en un territorio en disputa por parte de diferentes grupos criminales, lo que ha implicado un aumento alarmante de la violencia en el estado ante la que toda la población se encuentra vulnerable. Uno de los sectores más afectado han sido las niñeces y juventudes. En conferencia de prensa en junio de 2024, la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) alertaba: “No tenemos registro de situaciones similares en cuanto a la cantidad y la brutalidad de la violencia cometida hacia este sector en Chiapas, todas las esferas de la vida de niñas, niños y adolescentes se han trastocado: la vida cotidiana ha sido asediada por la violencia”.

Para el 1º de noviembre, REDIAS y Melel Xojobal habían documentado el asesinato de 149 niñas, niños y adolescentes en Chiapas entre 2018 y lo que va de 2024. Tan sólo en 2024, se habían registrado 28 asesinatos de niñas, niños y adolescentes, además de 8 feminicidios de niñas y mujeres adolescentes.

Por otro lado, según datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, entre enero y el 31 de octubre de 2024 se sumaron 663 denuncias en Chiapas por desaparición de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 208 de ellas siguen vigentes (sin aparecer) y 11 de ellos ya fueron localizados muertos.

Aunque las cifras de denuncias reflejan una leve reducción en comparación con el año 2023 (durante el mismo periodo se registraron 674 denuncias), el número de los casos no resueltos aumentó un 90%. En cuanto a los municipios con más denuncias, la capital, Tuxtla Gutiérrez, ocupa el primer lugar con 130 casos. Le sigue Tapachula, en la frontera sur, con 74 casos, de los cuales 39 corresponden a mujeres jóvenes desaparecidas, lo que representa el 52%. En tercer lugar, se encuentra San Cristóbal de las Casas, con 51 casos, de los cuales algo más de la mitad también son mujeres jóvenes. Del total de personas desaparecidas, el 52% tiene entre 20 y 29 años, el 30% entre 14 y 19 años, y el 19% entre 0 y 13 años.

Otra situación que vulnera particularmente los derechos humanos de las niñeces y adolescentes es el incremento de los desplazamientos forzados debido a la inseguridad delictiva. En un comunicado difundido en noviembre de 2024, en el marco de la celebración del aniversario de la Convención internacional de los Derechos de la Niñez, REDIAS afirmó que, desde el inicio del año, “se contabilizaron al menos, 5 episodios de desplazamiento masivo como resultado de la violencia criminal en la región Altos, Norte, Frailesca y Sierra Mariscal. Sumando las cifras de los episodios del mes de enero donde fueron desplazadas 3.780 personas de Chicomuselo y Amatenango de la Frontera; de 6,685 personas de Tila en el mes de junio; de 105 personas de Chenalhó y de 600 personas de Amatenango de la Frontera en el mes de julio, se alcanza un estimado de 11.170 personas tan solo en la primera mitad del 2024”. Según estos datos, aproximadamente 4.300 niñas, niños y adolescentes se vieron desplazados por la violencia en ese periodo.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha documentado que el desplazamiento forzado interno de niñas, niños y jóvenes tiene afectaciones específicas y diferenciadas, particularmente en su seguridad, sus oportunidades educativas, recreativas y de acceso a la salud (física y mental), así como en su construcción identitaria y su sentido de pertenencia.

Reclutamiento forzado: otro fenómeno al alza

Desde hace más de una década, a nivel nacional, ha crecido la preocupación por la cultura que normaliza e idealiza al narcotráfico, difundida a través de series, películas, videojuegos, música, ropa y otros elementos consumidos diariamente por niños, niñas y adolescentes (NNA). Esta llamada narcocultura ha ganado terreno, generando imaginarios y expectativas de poder, éxito y dinero fácil al vincularse con narcotráfico.

En el contexto de la expansión de economías criminales en el estado, el reclutamiento de las niñeces y adolescencias por parte del crimen organizado se ha convertido en una problemática creciente. Algunos NNA se acercan de manera voluntaria, influenciados por las expectativas mencionadas o por la participación de familiares en grupos criminales. Otros son enganchados mediante distintos mecanismos de captación. Uno de estos mecanismos es el endeudamiento, ya sea “que se trate de adolescentes que están tratando de conseguir los recursos para pagar el coyote que les cruce a los Estados Unidos, o de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, a los cuales les ofrece un adelanto de pago, pagos semanales y promesas económicas en el futuro” («Niñeces frente a las violencias criminales en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas», Melel Xojobal, febrero de 2024). Otro método común es la invitación a integrarse a un grupo bajo presión, donde se les induce al consumo de alcohol o drogas. “En este contexto, las adicciones se han incrementado significativamente en la población adolescente en Chiapas, siendo el alcohol, la marihuana y la cocaína, las sustancias de mayor consumo, mientras que las metanfetaminas y el cristal están presentes en menor medida”, detalla Melel Xojobal.

Según el mismo estudio, la población con mayor riesgo de ser reclutada está compuesta por adolescentes de entre 12 Y 14 años. No obstante, algunos indicadores señalan que el reclutamiento puede comenzar en niños de entre 7 y 9 años. Este riesgo aumenta para quienes habitan en zonas controladas por grupos criminales, viven violencia familiar, no asisten a la escuela, tienen empleos precarios o están desempleados, y/o presentan consumo problemático de drogas o alcohol.

Una vez dentro de los grupos criminales, las y los adolescentes desempeñan diversas tareas: realizar encargos, vender y transportar drogas, reclutar a otros jóvenes, realizar labores de vigilancia o coyotaje. En el caso de las mujeres, suelen participar en actividades de limpieza, trabajar como meseras en bares o cantinas, o ser víctimas de explotación sexual. Además, se les obliga a participar en enfrentamientos contra grupos rivales, llevar a cabo acciones de pandillerismo o incluso realizar tareas de sicariato. Es común que niñas, niños y adolescentes involucrados en estos grupos sean utilizados para actividades de alto riesgo que comprometen su vida e integridad o los exponen a la detención. “Esto responde a la lógica de que son vistos como piezas prescindibles que pueden ser fácilmente reemplazadas”, explica Melel Xojobal en su estudio.

Con este panorama, no sorprende que los registros de la Fiscalía Especializada para la Atención e Investigación de Delitos cometidos por Adolescentes en Chiapas reporten un incremento en el número de adolescentes en conflicto con la ley. Actualmente, los principales delitos cometidos por personas adolescentes incluyen violación, robo a transeúntes, lesiones dolosas, abuso sexual, robo a casa habitación y narcomenudeo. La judicialización de estos casos plantea otra serie de riesgos de vulneración de los derechos de los NNA.

Finalmente, en la zona más violenta del estado (Sierra Frontera), se habla cada vez con mayor frecuencia del reclutamiento forzado de jóvenes mayores de 18 años, quienes son amenazados con ser desplazados, tableados, asesinados y/o desaparecidos si se niegan a participar. Estas personas son obligadas a realizar bloqueos, participar en marchas,  enfrentarse a grupos criminales e incluso confrontar al ejército o la Guardia Nacional.

Con este escenario, no sorprende que la Red por los derechos de la infancia en México (REDIM) haya concluido que los homicidios son hoy en día una de las principales causas de muerte entre las y los adolescentes de 12 a 17 años en México.

Llueve sobre mojado: violencia cultural y estructural como caldo de cultivo para los nuevos fenómenos de violencia

Tal vez los niveles de violencia contra los NNA en la actualidad no serían los mismos sin el trasfondo de una serie de tendencias históricas que han afectado su acceso a derechos humanos básicos.

Eso empieza desde el nacimiento cuando “en pleno 2024, persiste la falta del registro de nacimiento de niñas, niños y adolescentes de manera oportuna. Lo cual, implica una problemática grave debido a que el derecho a la identidad representa un derecho llave que abre la puerta a otros derechos”, denunció REDIAS en su comunicado de noviembre de 2024, publicado el marco de la celebración del aniversario de la Convención internacional de los Derechos de la Niñez.

El mismo comunicado plantea una serie de retos en cuestiones de acceso a la salud y la educación que aún no se han podido superar. En el ámbito de la salud, recuerda que para 2020, el 40% de la población menor de 18 años se encontraba en situación de carencia por acceso a los servicios de salud. Asimismo, Chiapas seguía ocupando el primer lugar a nivel nacional en muertes de menores de 5 años por enfermedades diarreicas. De acuerdo con CONEVAL, para 2020, 1,6 millones de infancias y adolescencias en Chiapas vivían en pobreza, y solo el municipio de La Libertad tenía menos del 50% de la población menor de 18 años en situación de pobreza. Esta situación está íntimamente relacionada con problemas como la desnutrición y la falta de acceso a una dieta saludable y suficiente.

En cuanto a educación, según fuentes oficiales, el grado promedio de escolaridad es de 7,9 años y el analfabetismo es del 12,9%. De cada 100 personas de 15 años y más, 13 no tienen ningún grado de escolaridad, y sólo 55 han completado la educación básica terminada. Escuelas en mal estado, aulas abarrotadas, falta de mobiliario y carencia de servicios básicos como agua potable y electricidad son una realidad para miles de niños y jóvenes chiapanecos. La presencia del narcotráfico y la violencia asociada generan un clima de inseguridad que dificulta aún más el acceso a la educación y pone en riesgo la integridad de estudiantes y docentes. En la actualidad, incluso existen zonas donde es imposible seguir estudiando, pues los pueblos han sido tomados por grupos delincuenciales que no permiten la circulación libre de los habitantes de estas regiones.

“Se requiere también apuntar que las cifras continúan mostrando una alta incidencia de pobreza y una evidente discriminación estructural en la población indígena, en especial en el acceso a sus derechos fundamentales Niñas, niños y adolescentes que viven en pobreza y pobreza extrema que nacieron en pueblos originarios, es decir son indígenas, hasta un 60% de estos niños están en pobreza y pobreza extrema frente a un 30% que no lo está. La pobreza está muy claramente repartida hacia niñez y adolescencia indígena y necesitamos desactivar esa correlación”, declaró REDIM frente a otra tendencia que refuerza las problemáticas al combinarse con la discriminación.

Migración: ¿alternativa u otra fuente de vulneración de derechos humanos para los NNA?

“El escenario de carencias, falta de oportunidades y violencia extrema, ha desatado que la población infantil y adolescente emigre a otras entidades y a nivel internacional. Por lo que para 2024, Chiapas ocupa el primer lugar en población infantil y adolescente repatriada desde Estados Unidos”, explicó REDIAS en su comunicado de noviembre. Este dato nos ayuda a dimensionar el número de niñas, niños y adolescentes que migran anualmente desde sus comunidades al país vecino, aunque muchos otros lo pueden hacer dentro de México. “En la complejidad de este entramado de violencias y vulneración de derechos humanos, el panorama resulta poco optimista: la migración y el enganche criminal resumen el horizonte de vida para miles de niñeces y adolescencias en el estado de Chiapas”, plantea por su parte Melel Xojobal en su informe «Niñeces frente a las violencias criminales en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas».

Las rutas migratorias irregulares presentan innumerables riesgos físicos, especialmente para la niñez que esté acompañada o no en su tránsito. Además de atravesar terrenos peligrosos como selvas, ríos, vías férreas y carreteras, los menores también enfrentan la posibilidad de sufrir violencia, explotación y abuso durante su travesía como en su destino.

Cabe mencionar además que Chiapas es punto de origen, tránsito y destino de personas migrantes. Del 2018 al 2022, en Chiapas se realizaron 90.259 detenciones de NNA provenientes de otros países. Dicha cifra posicionó al estado en el primer lugar nacional en cuanto a cifras de detención (SEGOB, 2023). Una de cada cuatro personas en movilidad en América Latina y el Caribe es un niño, niña o adolescente, la proporción más alta a nivel mundial.

Esperanzas de cambio y creciente protagonismo de los NNA

Varias organizaciones y redes mencionadas en este artículo han estado trabajando para generar y posicionar diagnósticos, así como propuestas de acciones colectivas para “hilar alternativas por la vida y por la paz, con y para los más de dos millones de niñas, niños y adolescentes que transitan o viven en Chiapas”. “Es fundamental seguir construyendo espacios de encuentro junto con las niñeces y adolescencias para la formación política y ética donde sean posibles procesos de toma de conciencia crítica para entender por qué y cómo pasa la realidad, con información, respetando sus ritmos y formas distintas a las adultas, en diálogo con otras y otros niñas, niños y adolescentes, así como diálogos intergeneracionales que generen movimiento y sentido de futuro”, expresa Melel Xojobal.

Buscando promover la participación de los NNA como sujetos de los cambios necesarios, las organizaciones y redes han coadyuvado en la realización de marchas y mitines, como la marcha contra la violencia y la desigualdad hacia las niñas y mujeres adolescentes en San Cristóbal de las Casas en octubre; o la “La Muerte Impune” realizada en esta misma ciudad en el marco del Día de Muertos, en memoria de las niñas, niños y adolescentes que “no debieron morir”.

En la marcha de octubre, las niñas y adolescentes, denunciaron “violencia escolar, violaciones a nuestros derechos, la desigualdad, el maltrato doméstico, que nos obliguen a casarnos a una temprana edad, no poder cumplir nuestros sueños, la explotación sexual, abuso emocional y físico por parte de nuestros familiares, que no podamos opinar que no tenemos las mismas condiciones laborales, la discriminación y exclusión, la pornografía infantil, no podemos continuar con nuestros estudios porque nos limitan a esas oportunidades. El machismo también es algo que nos preocupa porque no nos dejan ser libres, porque nos acosan, porque no nos dejan tomar decisiones, porque nos consideran inferiores y que nos pueden mandar. Los cambios que necesitamos como niñas y adolescentes son: que el gobierno nos escuche y tome en cuenta nuestra palabra, que tengamos una vida digna y libre de violencia. Exigimos reconocimiento de la gravedad de la situación y que nos brinden atención inmediata. Exigimos más seguridad en las calles, en las escuelas, en nuestros hogares, que nos escuchen sin importar la edad que tengamos, que respeten nuestra lengua y color de piel”.

El cambio de autoridades a nivel municipal, estatal y federal puede ser una oportunidad para responder a las problemáticas que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en Chiapas desde un enfoque de derechos, con perspectiva de género y enfoque intercultural. Ojalá y asumen su papel como garantes de derechos de los NNA y guíen sus políticas públicas por el interés superior de la infancia.

“Existe una preocupación que en los 100 puntos de campaña y 100 puntos de acción y de prioridad niñez y adolescencia están contempladas, pero no de acuerdo al estándar y con la particularidad que en nuestra opinión esto se merecería, pues. No basta únicamente dar becas o apoyos, que pueden ser muy importantes a la hora de librar deficiencias nutricionales o desnutrición, pero que no terminan de resolver estructuralmente esta enorme desigualdad”, expresó REDIM en octubre de 2024.

Esta tarea no es responsabilidad exclusiva de las autoridades sino de la sociedad en su conjunto. Nos toca a todas y todos contribuir a “construir espacios para la vida en colectivo desde la ternura donde niñas, niños y adolescentes puedan crecer de forma segura y digna…es urgente desnaturalizar las situaciones de violencia que se viven en Chiapas, así como evitar caer en discursos que criminalizan a dicha población” (Melel Xojobal ,junio de 2024).