E n marzo, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volker Türk, dijo que el proceso electoral en puerta en México “debe salvaguardarse de la violencia”. El 2 de junio próximo, estos comicios llevarán al nombramiento de más de 20 mil funcionarios públicos, incluido el jefe del Estado, así como los miembros de las dos cámaras del Congreso y un amplio abanico de representantes y autoridades estatales y locales. El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) minimizó el riesgo declarando que “no hay afortunadamente cosas graves”. Declaró que “el alto comisionado es muy (con todo respeto), muy tendencioso; está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren demostrar que México es un país muy violento. Ya ven lo que hacen nuestros adversarios y los medios de manipulación”. López Obrador denunció que “hay ese ambiente” en el que sus “adversarios” promueven la narrativa “de la violencia, el agravio a periodistas y a candidatos, o sea, buscando enrarecer” el ambiente y hablar de “elecciones de Estado”.

Poco antes de las elecciones, ya eran más de 500 candidatos quienes contaban con protección federal, siendo escoltados por más de 3 mil elementos de las Fuerzas Armadas. Las autoridades reconocen que 15 candidatos han sido asesinados desde el inicio del proceso electoral, aunque la organización ciudadana Data Cívica contabiliza 30, mientras que la consultora DataInt documenta 39 y un total de 149 asesinatos políticos al considerar a asesores, funcionarios y familiares. El gobierno también ha anunciado que el día de las elecciones el país estará vigilado por más de 260 mil elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional.

En abril, Data Cívica, México Evalúa y Animal Político presentaron un nuevo estudio titulado “Democracia vulnerada: el crimen organizado en las elecciones y en la administración pública en México”. Concluyen que la violencia político-criminal en México, no solo afecta a partidos y aspirantes, sino que la violencia contra todo tipo de actores políticos hace caer 3 puntos porcentuales la participación ciudadana. Asimismo, por cada ataque a candidatos sube casi 1% la ausencia de funcionarios de casilla. El estudio confirma que la violencia político-criminal es más frecuente a nivel municipal: el 77% de víctimas aspiraban o tenían un cargo de ese orden de gobierno. “El interés de las organizaciones criminales está en el nivel local, ya que así es como construyen sus controles territoriales: localidad por localidad, para consecuentemente controlar municipios y regiones enteras”, señala el estudio.

Violencia en México: desacuerdos sobre el diagnóstico

En marzo, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se reunió con los tres candidatos presidenciales en las elecciones de 2024, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez para firmar el “Compromiso Nacional por la Paz”. Dicho documento incluye 117 propuestas en materia de seguridad, justicia, desarrollo humano y derechos humanos, mismas que fueron desarrolladas a través de foros en los estados en los que participaron más de 18 mil personas en 2023. Busca “construir una ruta para abordar de manera efectiva la acción colectiva que pueda encarar la crisis de violencia y descomposición social que aqueja a nuestra nación”. Con reservas de la candidata morenista Claudia Sheinbaum, los tres aspirantes a la Presidencia de México firmaron el acuerdo para buscar la paz en caso de ganar la elección. Los desacuerdos de Sheinbaum parten del hecho de que no comparte el diagnóstico integrado en el documento.

“Vengo a comprometerme no solo a título personal, Movimiento Ciudadano retoma este documento y nuestras candidatas (…) se van a obligar a respaldar esta visión de cambio de estrategia, de cambio de modelo de seguridad que necesita urgentemente el país. Necesitamos salir de este horror y felicito este esfuerzo por iniciar ese camino”, expresó el candidato del Movimiento Ciudadano, Álvarez Máynez. Reconoció que no va adelante en las preferencias electorales y calificó como preocupante que las dos punteras hayan sido parte de las estrategias fallidas.

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD), Xóchitl Gálvez, declaró que “encuentra una perfecta sintonía y coincidencia con lo que he estado poniendo en los días que llevamos de campaña, y 15 propuestas de seguridad y para mí la más importante es la desmilitarización de la administración pública”.

La candidata presidencial de Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, enumeró varios puntos en los que está en desacuerdo: el diagnóstico “pesimista”, “las referencias a una supuesta militarización o militarismo en el país, y con los puntos en donde se minimiza o relativiza la función del Estado” o el hecho de que “ha aumentado en México la delincuencia común, alimentada por la marginación y la búsqueda de reconocimiento y justicia social”. Al día siguiente, AMLO declaró “desde luego yo respeto mucho a las iglesias, pero políticamente no estoy de acuerdo en que se quiera crear un ambiente que no existe”.

Múltiples pendientes en cuestiones de derechos humanos

En abril, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) publicó su informe 2023 sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, en el que reveló que el año pasado 20 personas con este perfil fueron asesinadas. Suman 102 personas defensoras del medio ambiente asesinadas durante el actual sexenio. En este mismo plazo, se registraron 282 agresiones contra 416 personas y comunidades defensoras de derechos humanos ambientales, en un total de 123 eventos distintos. El principal agente agresor fue el gobierno, teniendo una participación en 61 de los 123 eventos, seguido de la delincuencia organizada, con 37 casos, y empresas privadas, con 19. En cuanto a los 18 casos relativos a megaproyectos y obras relacionadas con vías de comunicación, todas fueron por habilitación de vías férreas. De estas, 12 eventos se relacionan con el megaproyecto “Tren Maya” y 6 con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El 57,7% fueron en contra de personas indígenas.

En abril, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), rechazó “la criminalización realizada por el presidente AMLO en su mañanera para deslegitimar al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas y al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en la Ciudad de México”. “Este discurso agrava la realidad, pues México sigue siendo uno de los países más peligrosos para el periodismo y la defensa de los derechos humanos. De acuerdo a la ONU-DH, entre enero de 2019 y febrero de 2024 se han registrado al menos 103 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, 41 periodistas, 7 de trabajadores de medios en posible relación con su labor; adicionalmente 38 personas defensoras o periodistas fueron desaparecidas, 25 recuperaron su libertad y 13 siguen desaparecidas”, denunció. Poco antes, AMLO dijo de las dos organizaciones “están buscando crear un ambiente de violencia, que no tiene las dimensiones que ustedes están registrando”.

De acuerdo con el Inventario Nacional de Militarización, se han registrado al menos 291 ocasiones en las que los tres niveles de gobierno han transferido funciones y presupuesto civiles a las fuerzas armadas entre los años 2006 y 2023. Ello, a través de dos reformas constitucionales, 12 reformas legislativas federales, 19 decretos y acuerdos presidenciales y 258 convenios particulares firmadas entre las fuerzas armadas y autoridades civiles federales, estatales y municipales. El Inventario concluye que el gobierno de AMLO es el que más ha militarizado a México ya que un 83% de convenios con fuerzas armadas no han tenido que ver con seguridad. El Inventario documenta la firma de 19 acuerdos militares emitidos en el actual sexenio. La mayoría crea empresas de participación estatal bajo control de las fuerzas armadas y les permiten participar en obras prioritarias del gobierno, como el Tren Maya. El Inventario argumenta que la militarización es problemática: “Primero, porque es un proceso que va en contra de la Constitución. Segundo, porque las fuerzas armadas se manejan bajo régimen especial y, por lo tanto, no están sujetas a las mismas obligaciones y controles que las instituciones civiles (…). Tercero, porque la evidencia empírica de México demuestra que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no solo no ha logrado contener la violencia, sino que ha contribuido a exacerbarla”.

CHIAPAS: Entre violencia electoral y violencia criminal

En mayo, los obispos de Chiapas expresaron su preocupación por la situación en algunas regiones del estado afectadas por la violencia generada por grupos del crimen organizado, donde, consideraron, no existen condiciones para llevar a cabo los comicios. Hablaron sobre “la ola de violencia presente en nuestras diócesis, que desestabiliza la sociedad y que en muchas ocasiones es generada por el crimen organizado; la presencia de la corrupción a todos los niveles de gobierno, que tanto daño genera en el bienestar de las comunidades y familias”. Igualmente, identificaron otros desafíos, como son la migración, el pago de extorsiones, la inseguridad, la pobreza generalizada, el rezago educativo y de salud, la falta de oportunidades laborales y la desigualdad de género. Asimismo, señalaron que los candidatos a todos los niveles parecen carecer de propuestas concretas para abordar estos desafíos. Para esa fecha, sumaban 15 agresiones contra aspirantes y candidatos electorales en Chiapas, de los cuales, cuatro murieron.

Si bien los focos rojos se siguen multiplicando en casi todo el estado, las zonas con niveles de violencia máxima se dan en las regiones Frontera y Sierra. En abril, el Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) respondió a los señalamientos del presidente López Obrador que acusó a dicho centro de “magnificar” la violencia en Chiapas. Reafirmó que “con preocupación, hemos constatado y visibilizado que, al menos desde junio de 2021, la situación de violencia se ha profundizado como un cáncer en nuestro estado, en el marco de la disputa criminal por el dominio del territorio. Esta situación se caracteriza no solo por la confrontación armada entre grupos delincuenciales, sino también por el intento de controlar, en un alto grado mediante estrategias de terror, la vida social, económica y política de las comunidades. En consecuencia, la población chiapaneca y en movilidad vive graves impactos, con énfasis en las regiones Frontera y Sierra, con una tendencia de expansión hacia otras regiones del estado”.

El otro hecho, de mayor gravedad, ocurrió en mayo cuando once personas fueron asesinadas en Nuevo Morelia, municipio de Chicomuselo, en el marco de enfrentamientos entre los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa (CS) que se recrudecieron en los días previos. AMLO reconoció que “esa zona tiene problemas de inseguridad”. No obstante, aseguró que sí hay condiciones para que se realicen las elecciones en Chiapas el próximo 2 de junio.

Afectaciones de la creciente violencia

Los niveles de violencia están teniendo crecientes impactos en la población. En febrero, Melel Xojobal alertó sobre el hecho que más de 2 mil 507 niños, niñas y adolescentes, de los Altos de Chiapas se encuentran en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado. Afirmó que la mayoría de las víctimas de reclutamiento forzado tienen un promedio de edad entre 15 y 21 años y son indígenas. Una vez dentro, los jóvenes son obligados a hacer mandados, vender y transportar drogas, reclutar a otras personas y realizar labores de vigilancia o coyotaje. En el caso de las mujeres, son obligadas a hacer la limpieza y ser meseras en cantinas o bares, hasta ser víctimas de explotación sexual. También, se puede obligar a los jóvenes a participar en enfrentamientos contra grupos rivales, así como realizar acciones de pandillerismo o sicariato.

En marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres marcharon en distintas ciudades de Chiapas para exigir justicia por las víctimas de feminicidios y para que cese la violencia hacia las mujeres. Según cifras de la Alerta de Violencia de Género (AVG) del estado, en 2023 se documentaron 2 mil 302 delitos denunciados en carpetas de investigación. La mayoría corresponde a violencia familiar (899), seguido de pederastia (387), violación (288), incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar (282), abuso sexual (154), acoso sexual (92), delitos contra la privacidad sexual o intimidad corporal (52), feminicidio (35), entre otros.

En abril, Frayba presentó su más reciente informe “Tocar el Vacío”, cuyo objetivo es realizar una primera radiografía del problema de las desapariciones, fenómeno que ha ido creciendo de forma exponencial en el estado. “En 2019 se registraron un total de 68 de personas desaparecidas, para 2022 la cifra fue de 244 desaparecidos y año con año ha ido aumentando, en este periodo el fenómeno aumentó un 358 %”, precisó (ver Enfoque). En mayo, en el marco del día de las madres, miles de madres en Chiapas realizaron actos simbólicos exigiendo verdad, justicia y garantías de no repetición, frente a la desaparición forzada, feminicidios y asesinatos de sus hijos e hijas.

Reclamos y respuestas ante un contexto adverso

A pesar de un contexto adverso, se han seguido acciones en pro de la vida, la paz y la seguridad. En marzo, más de mil indígenas tzeltales del Gobierno Comunitario de Chilón marcharon para exigir un alto a la violencia generada por partidos políticos y grupos criminales. Declararon que seguirán “construyendo caminos de vida desde nuestra autonomía”, promoviendo “lo colectivo frente a lo individual” y luchando “por la Madre Tierra ante la amenaza extractivista”.

En marzo, en el marco del Día Mundial del Agua, habitantes y activistas protestaron en San Cristóbal de las Casas en defensa del agua y la vida. Afirmaron que “México enfrenta serios problemas y desafíos ante la falta de disponibilidad y calidad del agua para el consumo humano. La fuerte sequía que nos sacude tiene múltiples causas interconectadas: el cambio climático, la deforestación, el crecimiento de la población, la falta de una cultura del cuidado del agua, la implementación de políticas públicas que responden a las leyes del mercado globalizado, un modelo de gestión hídrica que da lugar a la sobreexplotación, el acaparamiento, contaminación, despojo y privatización del vital líquido”.

En marzo, las Autoridades de Bienes Comunales del municipio de Nicolás Ruiz convocaron a los pueblos a sus alrededores a conformar una “Alianza por la seguridad y el bien de nuestros territorios”. Detallaron que “juntos podemos cuidarnos porque no queremos que se repitan más hechos como el sucedido el pasado 1 de marzo de 2024, cuando un grupo de personas de la delincuencia organizada ingresó a nuestro territorio para realizar sus trabajos ilícitos”. Denunciaron que “el Estado mexicano es bien sabedor de lo que sucede y exigimos que controle a su gente porque desde las instituciones gubernamentales y altos funcionarios, se permite y protege la acción de estos grupos”

En abril, más de 300 personas marcharon por la paz y la seguridad en San Cristóbal de Las Casas. Dicha marcha fue convocada después que, unos días antes, un niño de once años fuera secuestrado. Aunque el menor fue rescatado, sano y salvo por policías estatales la noche previa a la marcha, se decidió mantenerla. Los manifestantes, muchos de ellos niños de colonias y barrios de la zona norte, portaban banderas y globos blancos. El caso del secuestro del menor se suma a los 2 mil 476 casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos entre 2018 y marzo de 2024, de los cuales el 40% no han sido localizados.

En abril, católicos tzotziles del municipio de Chalchihuitán peregrinaron en la cabecera de este municipio para exigir el cierre de cantinas y que las votaciones en puerta “sean en paz, sin armas ni violencia; que el voto sea libre y secreto”. Más de mil participantes se unieron en esta peregrinación “Por la vida y la paz”.

OAXACA: Preocupaciones en y fuera del marco electoral

Si bien los niveles de violencia electoral no son equiparables a la de otros estados, en abril, la Red Nacional de Abogadas Indígenas externó su preocupación ante las recientes designaciones de candidaturas indígenas ya que observaron una tendencia “utilitarista de la identidad a través de la autoadscripción calificada”. Llamó a las autoridades electorales para que implementen mecanismos para erradicar la usurpación y simulación que permite que personas “oportunistas ocupen la acción afirmativa de indígena”. Aseguró que la mayoría de los candidatos no tienen vínculo real con las comunidades indígenas, “solo se situaron en esa situación con el propósito de obtener una candidatura indebida a reclamar”. En Oaxaca, “bajo el amparo” de las acciones afirmativas, detalló que se registraron 233 personas; de las cuales, 16 son personas adultas mayores, 12 personas jóvenes, 162 personas indígenas, 29 personas afromexicanas, 16 personas de la diversidad sexual y 24 personas con discapacidad.

En marzo, se llevó a cabo el Foro Defensa del Territorio y la Propiedad Social en Santa María Atzompa. En una Declaración final las y los participantes denunciaron “los crecientes intentos de querer privatizar la tierra, como lo demostró la fallida propuesta del gobierno estatal morenista (…) con el programa para la certificación de la tierra, que por presión e inconformidad tuvieron que echarla atrás; sin que esto signifique que será el único y último intento, considerando la política de imposición de grandes megaproyectos de las empresas privadas en contubernio con el Estado”. Denunciaron también la “política de saqueo y guerra de exterminio contra nuestros pueblos y comunidades originarias, nuestras formas de vida y organización” indicando que las políticas de saqueo vienen acompañadas de programas sociales asistencialistas, que promueven el individualismo y destruyen la colectividad. Ratificaron que seguirán construyendo “movimientos de resistencia y organización en busca de defender y proteger nuestras tierras, bienes naturales, territorios y preservar nuestra forma de vida tradicional”.

En abril, once comunidades zapotecas de Valles Centrales organizadas en el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos informaron que lograron la suspensión de plano de concesiones mineras en sus territorios, afectados por el proyecto minero de Fortuna Silver Mines (FSM) en San José del Progreso. Recordaron que de por sí “nuestras decisiones se encuentran expresadas en nuestras declaratorias de territorio prohibido para la minería”. Denunciaron que “lejos de reconocer, respetar y garantizar nuestros derechos, ambos niveles de gobierno intentaron promover la minería en nuestros territorios, violentando nuestro derecho a la libre determinación”.

En marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, cientos de mujeres marcharon en Oaxaca para exigir justicia por los casos de mujeres violentadas, desaparecidas o asesinadas en el estado. Según el registro del Grupo de Estudios Sobre la Mujer “Rosario Castellanos”, 126 mujeres murieron víctimas de feminicidio desde el inicio de la administración del gobernador Salomón Jara en 2022. Previo a las manifestaciones, organizaciones y colectivos de mujeres denunciaron la “campaña de estigmatización y criminalización contra las protestas y marchas (…). Condenamos la construcción de una narrativa que señala, acusa y juzga a las mujeres quienes, en su legítimo derecho de protestar, saldrán hoy a las calles a denunciar la violencia feminicida que se ha incrementado al amparo del Estado”. Expresaron su preocupación porque “se focaliza y señala a colectivas y grupos de feministas, —incluso aquellas organizaciones donde participarán niñeces—, con la finalidad de confrontarlas con la ciudadanía”.

GUERRERO: el estado con mayor número de víctimas de violencia política

En lo que iba del proceso electoral 2024, para mediados de mayo, Guerrero se posicionaba como el estado con el mayor número de víctimas de violencia política, registrando al menos 80 casos. Entre las personas asesinadas se encuentran Ricardo Taja, aspirante a la presidencia municipal de Acapulco, y Tomás Morales Patrón, aspirante a la presidencia municipal de Chilapa, ambos de Morena. También han sido asesinados Jaime Dámaso Solís, aspirante a la presidencia municipal de Zitlala por el Partido Acción Nacional; Marcelino Ruiz, aspirante a la presidencia municipal de Atlixtac por el Partido de la Revolución Democrática; y Alfredo González, aspirante a la presidencia municipal de Atoyac por el Partido del Trabajo. Los municipios de Taxco, Chilpancingo y Coyuca eran en los que más ataques se han registrado. Asimismo, 22 municipios reportaron casos de violencia política de género, afectando tanto a hombres como a mujeres.

En el plazo también se ha observado mayor frustración y desesperación por la falta de avances en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes en Ayotzinapa en 2014. En marzo, un grupo de estudiantes de Ayotzinapa derribó a la fuerza una de sus puertas de Palacio Nacional. Los estudiantes se encontraban en el zócalo capitalino de la Ciudad de México junto con familiares de los 43 desaparecidos en protesta por falta de respuestas del gobierno sobre el caso. Los padres y madres de los 43 normalistas recordaron que López Obrador prometió en su campaña presidencial concluir el Caso Ayotzinapa, pero a meses de que termine su administración no lo ha cumplido y, por el contrario, anunció que no se resolverá en este sexenio.

En marzo, Yanqui Kothan Gómez Peralta, estudiante de Ayotzinapa murió y otro más resultó lesionado: la policía abrió fuego cuando no se detuvieron al pasar por un retén. La secretaria de Seguridad Pública de Guerrero describió lo sucedido como “un hecho fortuito”. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan declaró: “ante una violación grave de derechos humanos lo mínimo que debe hacer un gobierno que se dice democrático es garantizar una investigación objetiva, imparcial, procediendo a proteger la escena del crimen y a poner a disposición de la autoridad competente a los policías. Hicieron lo contrario, dejaron que los policías armaran su propia versión de los hechos y que sus superiores avalaran sus acciones delincuenciales. (…) Con su versión falaz alientan el linchamiento mediático contra los normalistas. Incitan a la violencia y a posiciones duras. Focalizan su ataque contra los normalistas, ubicándolos como los causantes del caos y la violencia, cuando los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos son agentes del estado”.

En factores más esperanzadores, en abril, el pueblo me’phaa del municipio de Malinaltepec, inauguró un nuevo sistema de seguridad y justicia indígena basado en la autonomía, libre determinación y el reconocimiento de autoridades de los pueblos. El llamado Sistema de Justicia Seguridad de Resguardo Territorial Indígena (Serti) buscará consolidarse ante la amenaza de que organizaciones criminales se apropien de la vida de los pueblos, contra la instalación de mineras y ante la crisis de gobernabilidad en la región.