ACTIVIDADES DE SIPAZ (De mediados de noviembre de 2014 a mediados de febrero de 2015)
21/02/2015
ENFOQUE: Migración y Género – Mujeres que migran, mujeres que se quedan, mujeres en búsqueda de sus familiares, mujeres que ayudan
02/06/2015
En febrero, luego de protestas multitudinarias en la Ciudad de México, al cumplirse cinco meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, presentó su renuncia. En marzo, Lía Limón García también salió de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos. En ambos casos, medios señalaron como probable motivo de su salida el manejo del caso Ayotzinapa. Estas decisiones no alcanzaron a frenar el deterioro de la imagen exterior del país.
© Patxi Beltzaiz
En marzo, el relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, Juan E. Méndez, presentó un informe sobre México. Mencionó que «la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad». El representante de México ante los organismos internacionales respondió que «no podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la realidad». Agregó que lo planteado por el relator «no refleja los enormes esfuerzos que ha desplegado mi país para consolidar en la ley y en la práctica una cultura de respeto a los derechos humanos». Varios otros funcionarios mexicanos no sólo cuestionaron el informe sino también al propio relator quien, no obstante, ratificó sus conclusiones. No es el único ejemplo en el que se puede observar que la diplomacia mexicana ha sido renuente al escrutinio del exterior en materia de derechos humanos.
En abril, organizaciones internacionales de derechos humanos expresaron su preocupación por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas al encontrarse «acéfalo«, poniendo a sus beneficiarios y solicitantes bajo un aún mayor riesgo. También externaron preocupaciones ante la falta de implementación del Mecanismo debido a recursos reducidos e inadecuados, la falta de claridad en los criterios de admisión y la impunidad en los casos de agresiones a defensores y periodistas, entre otros. En mayo, Sara Irene Herrerías Guerra fue nombrada nueva titular de la Unidad de la que depende dicho Mecanismo, habiendo sido Procuradora Social para la Atención a las Víctimas de Delitos y Fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.
En mayo, documentos desclasificados publicados por el periódico The Intercept permitieron tener acceso a un informe interno del Comando Norte (Northcom) del Ejército de Estados Unidos: el documento revela que, por las ejecuciones extrajudiciales cometidas en junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, Washington paralizó fondos que iban destinados al Ejército mexicano. Aborda también el caso Ayotzinapa afirmando que plantea «alarmantes preguntas sobre el carácter generalizado de la violencia de cárteles en la región y su nivel de complicidad con el Gobierno». Menciona que, desde 2008 el gobierno de Estados Unidos ha gastado casi 3 mil millones de dólares en asistencia en seguridad para México, principalmente vía la Iniciativa Mérida, estrategia antidrogas inspirada en el Plan Colombia. A este apoyo se le suma la venta directa de armas y otros equipos, siendo México el principal cliente latinoamericano.
Elecciones intermedias: desencanto
A un mes de que se realicen las elecciones intermedias, en las que se renovarán el Congreso federal, diputaciones en 17 estados, las 16 jefaturas delegacionales del Distrito Federal, nueve gubernaturas y 993 ayuntamientos, el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó 12 mil 976 «Secciones de Atención Especial» debido a la inseguridad pública. Para mediados de mayo, la apertura de las campañas había dado pie a que al menos 41 personas fueran víctimas de violencia (7 muertos y 34 agredidos o amenazados).
Según fuentes mediáticas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) actualmente en el poder está preocupado ya que las encuestas apuntan a que podría perder la mayoría en la Cámara de Diputados. Uno de sus aliados, el Partido Nueva Alianza (Panal), está en riesgo de perder su registro. Algunas encuestas ubican al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), su principal aliado, disputando el tercer lugar con el Partido de la Revolución Democrática (PRD). No obstante, el PVEM suele iniciar sus campañas con mucha anticipación para llegar bien posicionado en las negociaciones de los convenios de coalición, por lo que las encuestas podrían ser superiores a los resultados finales. Cabe notar que, con excepción del PRI, los demás partidos políticos y decenas de miles de ciudadanos han demandado reiteradamente que se le retire el registro al PVEM por sus constantes violaciones a la ley electoral.
En medio del derroche propagandístico, muchos ciudadanos se preguntan no por quién votar sino si vale la pena hacerlo. La idea de anular o romper la boleta se ha ido extendiendo. De acuerdo con una investigación realizada por el propio Instituto Nacional Electoral (INE), un 80% de los ciudadanos desconfía de los partidos y un 64% de la autoridad electoral. Según el Latinobarómetro 2013, México es el país más insatisfecho con el funcionamiento de su democracia en toda Iberoamérica.
Guerrero: hechos violentos ¿»focalizados»?
© SIPAZ, archivo
El contexto de arranque de las campañas electorales en Guerrero se ha caracterizado por una agudización de la violencia. En mayo, un grupo de sicarios asesinó al candidato del PRI para la alcaldía de Chilapa. La candidata a dicha alcaldía por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), había anunciado poco antes que retiraba su candidatura por razones de seguridad. En abril, el Partido Nueva Alianza (Panal) reportó el asesinato de cuatro de sus miembros cuando regresaban de un mitin de campaña. También en abril, el candidato a gobernador por el Movimiento Ciudadano, Luis Walton Aburto, suspendió su gira en la Montaña, luego de que fuera interceptado con su comitiva por un grupo armado en Chilapa. En marzo, la precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo también había sido localizada muerta cerca del lugar donde fue secuestrada por sujetos armados. Hasta ahora, las autoridades consideran que estos hechos violentos son «focalizados» y que hay condiciones para que se lleven a cabo las elecciones.
A principios de mayo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan alertó que «(e)ste engendro [la delincuencia organizada] ha hundido sus raíces dentro de las mismas estructuras gubernamentales, es parte consustancial al modo como se ejerce el poder y como se hace política. (…) La violencia que nos atrapa y que ha trastocado el proceso electoral es lo que no han querido ver y atender las autoridades. Prefirieron focalizar su atención en las organizaciones sociales que abiertamente han fijado su postura de que no haya elecciones. Se les ha descalificado por atreverse a cuestionar la realización de los comicios».
En el caso de Ayotzinapa y ante otras demandas sociales, la radicalización de las protestas fue de la mano del incremento de la represión. En Acapulco, en febrero, un maestro murió tras el choque entre la Policía Federal y miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), que plantea boicotear las elecciones. Mujeres de la CETEG también confirmaron el abuso sexual de una maestra por parte de policías.
© SIPAZ, archivo
La investigación en el caso Ayotzinapa sigue siendo el centro de muchas demandas. En marzo, familiares de Julio César Mondragón, el normalista que fue asesinado y desollado, repudió las conclusiones de la Procuraduría General de la República (PGR) que señalan a un policía de Iguala como responsable. Expusieron que «pretende dar por resuelto el crimen con una acción sumaria, efectista y de impacto mediático». Denunciaron que el caso es investigado como homicidio calificado y delincuencia organizada, «y no como corresponde, que es ejecución extrajudicial y tortura».
El primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que vino a México para revisar el caso, señaló que la desaparición de los normalistas es un crimen de lesa humanidad. Entre las peticiones del Grupo destacan la solicitud de una copia digital del expediente que se encuentra en la PGR, tratar el caso como desaparición forzada, además de continuar con la búsqueda ampliando las líneas de investigación, entre otros.
En abril y mayo, el padre de un normalista, un estudiante y un integrante de Tlachinollan viajaron hacia Europa. Tlachinollan explicó que «entre los objetivos (…) está respaldar la exigencia de los padres y madres de familia de que se abran líneas de investigación sobre la responsabilidad del ejército mexicano y la policía federal en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, así como resaltar la responsabilidad internacional de los gobiernos europeos en las violaciones graves de derechos humanos cometidas contra los estudiantes normalistas.»
Pocos son los avances que se pueden identificar para otros casos. En marzo, Marco Antonio Suástegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) y encarcelado desde junio de 2014 en el penal federal de Tepic, Nayarit, reingresó a un reclusorio de Guerrero. Su esposa señaló que él se encontraba en mal estado después de nueve meses y medio sin atención médica y luego de haber sido torturado. Tlachinollan denunció que «el gobierno del estado de Guerrero se empecinó injustificadamente en retrasar el traslado de Marco Antonio, (…) una clara prueba de la falta de voluntad política y el uso arbitrario del sistema jurídico por parte del Gobierno del estado de Guerrero, con el único objetivo de continuar la criminalización a las personas defensoras de derechos humanos».
En mayo, la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, presa desde 2013, inició una huelga de hambre ante la falta de avances en su proceso. El gobernador Rogelio Ortega Martínez afirmó que solicitó nuevamente al fiscal del estado que hiciera el estudio para el desistimiento de la acción penal. Planteó que suscribió otra ruta con el Movimiento Popular de Guerrero (MPG) hacia una ley de amnistía. Una semana después, dos presos más de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) iniciaron una huelga de hambre en solidaridad con Nestora.
Chiapas: Avalancha de propagandas electorales… y de denuncias sociales
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En abril, el gobernador Manuel Velasco dio a conocer el relevo del secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez. En su lugar, fue designado el priista Juan Carlos Gómez Aranda quien fue miembro fundador de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), con lo que participó en los diálogos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). No se dieron mayores explicaciones sobre los motivos del relevo aunque los rumores apuntan a diferencias entre el PVEM y el PRI, en un gobierno que ha sido de alianza entre estos dos partidos. Señalan que la renuncia de Ramírez Aguilar se dio después de una reunión entre el mandatario estatal y el secretario de Gobernación, Osorio Chong. Las elecciones en puerta se presentan en medio de un derroche de propagandas y recursos, pero con resultados bastante previsibles de victoria para el PVEM.
Paralelamente, se han multiplicado las denuncias de actores sociales sin que encuentren un eco en campañas electorales que delinean pocas propuestas ante sus demandas. En febrero, un tema de alerta fue la posibilidad de reactivación minera: en una carta dirigida al párroco de Simojovel firmada por un representante del Servicio Geológico Mexicano y de la empresa Geoquímica y Perforación SA de CV (GYMSA), se le solicita que interceda ante las representaciones de las comunidades «para tener acceso a sus territorios comunales y particulares» donde, en un lapso de tres meses, «tiene programado llevar a cabo la cartografía geológica de la región». El proceso abarcaría 20 municipios de los Altos y Norte de Chiapas.
En febrero, se llevó a cabo el entierro de Antonia López Méndez, niña de Banavil, municipio de Tenejapa. La familia pudo realizar el sepelio en la comunidad, acompañada de una caravana de organizaciones, autoridades y policías, para dar garantías de seguridad, ya que la menor era una de las 13 personas (4 familias) que fueron desplazadas forzadamente en diciembre de 2011.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, en marzo, alrededor de 200 mujeres y algunos hombres marcharon en San Cristóbal de Las Casas por la igualdad de sus derechos y por un alto a la violencia contra las mujeres. Se informó acerca de la conformación del Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la Participación y el Reconocimiento de las Mujeres en las Decisiones, «ante un contexto de saqueo y destrucción de bienes naturales, así como de la violencia generalizada ejercida por el Estado a través de políticas neoliberales y de violencia de género».
En marzo, finalizó en Tuxtla Gutiérrez la peregrinación del Pueblo Creyente de Simojovel. Dicha acción nació alrededor de una serie de demandas que incluyen un alto a la violencia y la narcopolítica en esta región hace dos años. Las autoridades hicieron caso omiso mientras se fueron agudizando las amenazas hacia el párroco, Marcelo Pérez Pérez, y el equipo parroquial.
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También en marzo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) denunció nuevas amenazas y agresiones a pobladores del Poblado Primero de Agosto, municipio de las Margaritas. A un mes de su desplazamiento forzado por integrantes de la Organización Central Independiente Obrera Agrícola Campesina Histórica (CIOAC-H), las familias tojolabales todavía «se encuentran en vulnerabilidad, amenaza y riesgo de una nueva agresión». El CDHFBC afirmó que «(e)l gobierno de Manuel Velasco no ha asumido su responsabilidad y compromisos adquiridos frente a las familias desplazadas, al contrario, ha proporcionado protección gubernamental a los miembros de la CIOAC-H, misma que se comprueba con la impunidad en que se encuentran todas las denuncias penales realizadas por las agresiones recibidas». Al cierre de este informe, la situación seguía sin resolverse.
En mayo, después de la aplicación de vacunas a 52 niños en comunidades indígenas del municipio de Simojovel, 29 de ellos tuvieron reacciones adversas y fueron hospitalizados: dos de ellos murieron y 6 seguían graves. Organizaciones civiles llamaron a las autoridades correspondientes a determinar la cadena de omisiones y a sancionar a las personas responsables, así como a brindar el apoyo necesario y el acceso a la justicia para las familias. Expresaron su «preocupación por la situación de la primera infancia en el Estado (…). Datos de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señalan que para el 2012 el 74.7% de la población chiapaneca, se hallaba en situación de pobreza y un 24.9% reportaba carencia por acceso a los servicios de salud».
EZLN: entre agresiones y acciones
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En febrero y mayo, se reportaron amenazas y el hostigamiento contra los pobladores de El Rosario y Nuevo Paraíso, comunidades pertenecientes al Caracol de la Garrucha, municipio oficial de Ocosingo por parte de personas armadas. En marzo, fue denunciado el hostigamiento del Ejército mexicano a la Junta de Buen Gobierno (JBG) zapatista de La Realidad. En abril, la página web de Enlace Zapatista sufrió un ataque cibernético.
El 2 de mayo tuvo lugar en el caracol de Oventik, el homenaje del EZLN al filósofo Luis Villoro Toranzo, fallecido en marzo de 2014, y a José Luis Solís López, el maestro Galeano, quien fue asesinado en mayo de 2014 en La Realidad, municipio de Margaritas. Se hizo énfasis en mantener vivas las luchas de los compañeros homenajeados. Del 3 al 9 de mayo, se llevó a cabo el Seminario titulado «El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista» en San Cristóbal de Las Casas. Participaron más de mil 500 personas de México y de otros países. En el cierre del evento, el Subcomandante Insurgente Moisés concluyó: «compañeras y compañeros vayan con mucho qué pensar, con mucho qué imaginar; vayan y hablen al resto de nuestros compañeros y compañeras allá donde viven porque en otros momentos y formas tendremos que buscar otras formas de cómo vamos a trabajar» (ver artículo).
Oaxaca: entre impunidad y agresiones a personas defensoras
En cuanto al contexto electoral, el primer caso de violencia se dio justamente en Oaxaca, con el asesinato de un precandidato del PRD a una diputación federal mientras realizaba un recorrido por la zona triqui. En mayo, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció el traslado de su plantón a las sedes del consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE) y de las juntas distritales para evitar que se realicen las elecciones. El posicionamiento de la CNTE deriva del conflicto que mantiene con las autoridades desde la promulgación de la Reforma Educativa, en 2013. De manera general, se pronostica una escasa participación en las urnas.
Más allá de lo electoral, la situación en materia de derechos humanos sigue siendo crítica. En abril, se llevó a cabo el Encuentro de Experiencias de Consulta ante Proyectos de Infraestructura y Desarrollo, en la ciudad de Oaxaca. Se señaló que «el Estado Mexicano está impulsando una serie de consultas que no respetan los estándares internacionales en la materia, sino por lo contrario se dan en un clima de hostigamiento a las y los defensores comunitarios que se oponen a dichos proyectos». La Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y organismos civiles que integraron una Misión Civil de Observación del proceso han denunciado que desde el inicio de la consulta organizada en Juchitán se han presentado veinte incidentes de seguridad en contra de sus participantes así como múltiples vicios procesales. Vinculado al mismo proceso de consulta, en abril, indígenas de Juchitán presentaron una demanda de amparo por violaciones a sus derechos humanos. Plantearon que, aunque el comité organizador de dicha consulta la presenta como un proceso «modelo» para la puesta en marcha de proyectos derivados de la reforma energética, la consulta ha sido una «simulación«.
En cuanto a impunidad se refiere, a tres años del asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, vocero de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), se realizó una protesta pacífica en la minera Cuzcatlán en San José del Progreso exigiendo que se esclarezca la autoría intelectual del asesinato. «No hay justicia aún para los agredidos y asesinados, por el contrario, la empresa Fortuna Silver Mines ha anunciado su expansión, situación reprobable, porque las autoridades no han puesto atención en el caso que afectó considerablemente los derechos humanos de la comunidad», compartió una familiar del asesinado.
En abril, se cumplieron 5 años desde el asesinato de los defensores de derechos humanos Bety Cariño y Jyri Jaakkola (finlandés) quienes fueron balaceados mientras participaban en una caravana humanitaria a San Juan Copala, zona triqui de Oaxaca. La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) informó que si bien se emitieron 14 órdenes de aprehensión en contra de los presuntos culpables, uno de los señalados ya murió y sólo tres han sido detenidos. Denunció la «política de simulación con estas detenciones, porque sólo ocurren cuando hay presión o visitas de las eurodiputadas (que han dado seguimiento al caso) o de la familia de Jyri». La ANAD también denunció que dos de las principales testigos del caso están amenazadas, lo que las ha llevado a plantearse solicitar asilo político en Finlandia u otro país de Europa.
También en abril, los integrantes de la Comisión de la Verdad de Oaxaca (conformada en noviembre de 2014 para investigar las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el conflicto político-social de 2006) informaron que han recibido una decena de amenazas, razón por la que se les ha otorgado medidas cautelares. Alejandro Solalinde, integrante de la Comisión, afirmó que «creemos que los ataques van a ser cada vez más sobre la comisión, para que haya más presión». Los integrantes de la comisión de la verdad declararon que los trabajos culminarán en 2016, junto con el actual gobierno estatal.
