Nuevo obispo

El 31 de marzo se dio a conocer el nombramiento del Obispo de Tapachula, Mons. Felipe Arizmendi, como sucesor de Don Samuel Ruiz en la diócesis de San Cristóbal de las Casas. En una de sus primeras reacciones, el Obispo Arizmendi dijo: «no voy a San Cristóbal a competir ni a destruir, sino a complementar».

Representantes de esta diócesis expresaron beneplácito ante la noticia y el mismo obispo Samuel Ruiz solicitó a todos los agentes de pastoral y a los católicos de la diócesis local, la «continuación de su acompañamiento y apoyo al camino diocesano», ahora que, a partir del primero de mayo, el pastor será Mons. Arizmendi.

Movimientos castrenses

Durante este trimestre han sido frecuentes las denuncias de las comunidades sobre la presencia militar, los sobrevuelos, el número de campamentos y retenes y el hostigamiento por parte de los militares alrededor de varias comunidades indígenas en resistencia. Manifestaron además que el Ejército ha establecido una red de indígenas priístas para espiar e internarse a los poblados para fotografiar y hostigar a los simpatizantes zapatistas.

El 17 de marzo, cientos de indígenas de la Selva Lacandona que en 1994 asentaron sus poblados en la reserva de Montes Azules, fueron emplazados por las autoridades a abandonar el lugar antes de ser desalojados, acusándoles de «delitos ecológicos». El 3 de abril, decenas de agentes de la Policía Federal Preventiva arribaron al ejido Candelario (Ocosingo), acusando a los pobladores de «daño ecológico» y amenazándolos con desalojarlos si no abandonan de manera voluntaria los asentamientos que tienen en la reserva de la Selva Lacandona desde la década de los 70. La explicación de los habitantes mismos es que ellos constituyen un obstáculo en la construcción del corredor militar San Quintín-Guadalupe Tepeyac (dos de los cuarteles más importantes en la Selva).

Mientras tanto, se vieron varios ejemplos de resistencia civil de parte de los simpatizantes zapatistas, a través de bloqueos de carretera, marchas (como la del Día Internacional de la Mujer, contando con 15.000 participantes mujeres y hombres) y otras actividades (como la Consulta Nacional por los Derechos de la Mujer en el marco del Día Internacional para la Mujer y realizada en 50 municipios de Chiapas, contando con la participación de más de 85 mil personas). Las principales demandas siguen siendo el desmantelamiento de los campamentos castrenses, la cancelación de los retenes, el retiro del Ejército mexicano de la región y el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

Acuerdos de San Andrés

Al cumplirse cuatro años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, el secretario general de la Comisión del Episcopado Mexicano (CEM), Abelardo Alvarado, observó que la situación en Chiapas es preocupante, dado que todavía no hay una nueva instancia de mediación. Agregó que la Iglesia no puede ser mediadora porque sufriría el mismo hostigamiento que don Samuel Ruiz cuando estuvo en la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI).

Durante su gira por Chiapas, el presidente Zedillo aseguró que él «sí» ha cumplido con los Acuerdos de San Andrés, mientras que Francisco Labastida, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante su visita al inicio de marzo, ya había cancelado cualquier posibilidad de negociar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, cambios a la iniciativa presidencial sobre los Acuerdos de San Andrés. Manifestó que «no se puede sustituir, por un pequeño grupo de gente, a los poderes legislativos del país. Las leyes no se hacen desde la Selva».

Carlos Payán y Gilberto López y Rivas, integrantes perredistas de la Comisión de Concordancia y Pacificación, la COCOPA, manifestaron que el incumplimiento del gobierno federal de los Acuerdos de San Andrés ha provocado que a cuatro años de que fueron firmados, son «virtual letra muerta», que la situación de los indígenas ha empeorado y las posibilidades de reanudar la negociación con el EZLN se complican cada vez más.

Por oposición de los senadores del Partido de Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la Ley Indígena elaborada por Zedillo tampoco será aprobada en este sexenio, porque, según los mismos senadores, esta ley no respondería a los acuerdos de San Andrés.

Parálisis de la COCOPA

El viejo aletargamiento de la COCOPA se ha agudizado en los últimos meses por el veto de sus miembros priístas a nuevas iniciativas, entre ellas una visita a Chiapas para investigar las denuncias sobre el aumento de la militarización. Además votaron en bloque para cancelar el Seminario Internacional sobre Negociadores de Paz en Conflictos Armados, impulsado por el senador del PRD, Carlos Payán. Tras insistir en las críticas a la representación del PRI en la Comisión, Payán observó que si esta instancia legislativa sirviera «aunque sea solamente para preservar el alto al fuego en Chiapas: eso sería un papel muy importante para que se mantuviera en la próxima legislatura».

Declaraciones oficiales

En la tercera semana de febrero, el Coordinador Gubernamental para el Diálogo, Emilio Rabasa, manifestó que el conflicto chiapaneco no se podrá resolver en este sexenio porque el EZLN se empeña en prolongarlo y que la intransigencia de los zapatistas está acabando con la paciencia de la sociedad civil.

A finales de marzo, Rabasa sostuvo además que el levantamiento del EZLN sólo sirvió para hacer «evidente a nivel nacional e internacional la dramática situación de miseria y marginación en que viven muchas comunidades indígenas en Chiapas«, pero no ayudó a resolver el problema; por el contrario, la prolongación del conflicto armado ha agudizado las carencias, especialmente en las zonas en que están instalados los zapatistas. El presidente Zedillo, durante su gira número 31 en la entidad, calificó la situación en Chiapas como «una cultura de violencia que desgraciadamente todavía se sufre en algunas comunidades».

Comentarios internacionales

Durante su visita a México, en la primera semana de febrero la Presidenta del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Erika Daes, pidió al Gobierno Mexicano que respetara los Acuerdos de San Andrés. Opinó que en Guerrero y Chiapas, el Ejército mexicano debe suspender sus patrullajes y regresar a sus cuarteles, que se debe castigar a los responsables de las matanzas en dichos estados y se manifestó para que los grupos guerrilleros dejen las armas y «hagan un esfuerzo pacífico para dialogar con el gobierno». Agregó que la ONU podría participar como mediadora en el conflicto si el gobierno y el EZLN se lo pidieran.

Una semana después, su colega, la Relatora sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Asma Jahangir, presentó en la ONU el informe sobre su viaje a México en julio de 1999. Ahí manifestó que los gobiernos federal y local, el Ejército, los grupos paramilitares y grupos armados de oposición «realizan ejecuciones de personas inocentes en todo el país, principalmente en Chiapas y Guerrero». Agregó que con respecto a las masacres en dichos estados, «no se ha capturado a todos los responsables intelectuales y materiales» y que además «la incapacidad del sistema judicial en México provoca el incremento a las violaciones de los derechos humanos». Recomendó al Gobierno Méxicano de «continuar el proceso de reformas que ya inició«, pero al mismo tiempo «que desmilitarice la sociedad» y «que evite utilizar a las Fuerzas Armadas para mantener el estado de derecho o para erradicar la criminalidad». El Procurador General de la República Jorge Madrazo opinó que el informe fue hecho «sin pruebas y sin objetividad». La Secretaria de Relaciones Exteriores dijo que la relatora rebasó sus funciones al analizar en su informe el papel del Ejército federal y calificó el informe como carente de equilibrio y objetividad.

El 23 de marzo la canciller Rosario Green, durante su gira europea, ya había reconocido en Portugal que México «lamentablemente» no ha sido capaz de acabar con las violaciones a los derechos humanos, ni cimentar «de manera muy sólida» una cultura de respeto a esas garantías y de combate a la impunidad.

En su informe anual, presentado a finales de febrero, el Departamento de Estado Norteamericano observó que el Gobierno Mexicano «generalmente ha respetado muchos de los derechos humanos de sus ciudadanos», sin embargo persisten «serios problemas«, como la corrupción de la policía, el arresto arbitrario, la ineficacia y corrupción judicial, la discriminación contra comunidades indígenas, amenazas contra los promotores de derechos humanos, entre otros.

El 2 de abril, el presidente del Parlamento Europeo para las Relaciones con América Central y México, Antonio Seguro, durante una visita a la entidad, se mostró dispuesto a mediar en el conflicto chiapaneco. Aunque el gobernador Albores le aseguró que no tiene conocimiento de que existan grupos paramilitares en Chiapas, Seguro planteó: «Nos parece que para que el estado de derecho se cumpla en Chiapas, se debe luchar contra los paramilitares, que son un obstáculo para que los desplazados regresen a sus hogares».

Jurisdicción internacional

A finales de febrero, desde Washington, el coordinador de la misión diplomática de México ante la Organización de los Estados Americanos, hizo saber que México no asistirá a la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en marzo. El coordinador indicó que temía ser «sentado en el banquillo de los acusados». El gobierno fue invitado por un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) mexicanas. En la audiencia del 2 de marzo, estas ONG nacionales presentaron un informe sobre la situación de los derechos humanos en México.

Unos días después, ocho organismos internacionales (entre ellos Amnistía Internacional y Human Rights Watch) informaron que mantienen su denuncia ante la CIDH de que el Gobierno Mexicano se niega a cumplir las recomendaciones que la CIDH le ha dirigido.

México y el comercio internacional

A mediados de febrero, los Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea aprobaron por unanimidad el Tratado de Libre Comercio (TLC) con México. Un mes después, el Parlamento Europeo dio su visto bueno al acuerdo comercial. En la tercera semana de marzo, el Senado mexicano aprobó el TLC. El último obstáculo ahora es el Parlamento de Italia que no llegó a un consenso interno para ratificar el convenio. Hasta que el Parlamento no lo ratifique, el tratado no podrá entrar en vigor.

Mientras que el secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco, realizó un viaje a Japón para promover la firma de acuerdo comercial con este país asiático, el proceso de la firma de un acuerdo semejante avanzó más con Israel. Aunque los líderes de los dos países ya firmaron el acuerdo, el Senado mexicano no lo ha ratificado todavía.

Como en el caso de la ratificación del acuerdo comercial con la Unión Europea, la oposición y varias organizaciones sociales manifestaron que ellas habían sido dejadas de lado en las negociaciones previas.

Nueva expulsión

La deportación reciente del observador electoral norteamericano Ted Lewis por parte de las autoridades migratorias ha levantado la preocupación en algunos de que el Gobierno Mexicano esté ampliando su campaña contra observadores internacionales de derechos humanos hacia observadores del proceso electoral también. Lewis, el Director del programa de Global Exchange (EE.UU.) para México, fue deportado a pesar de haber obtenido la aprobacián del Instituto Federal Electoral (IFE) para desarrollar algunas actividades de observación vinculadas a la actual campaña electoral. El consejero del IFE, Jaime Cárdenas, expresó su inquietud de que la Secretaria de Gobernación, a través de las autoridades migratorias, esté poniendo obstáculos a los observadores extranjeros.