A principios de marzo, el gobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén, presentó su propia iniciativa de ley estatal sobre derechos y cultura indígena. Dijo que dicha iniciativa está basada en los Acuerdos de San Andrés y en la propuesta de ley que el presidente Zedillo entregó al Congreso de la Unión el año pasado. Empero, la iniciativa es muy vaga y parece pasar por alto los Acuerdos de San Andrés, en particular respecto al derecho de libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Relativo a los recursos naturales y la tierra, la iniciativa nada más estipula castigos por ejemplo por delitos ambientales y no concede ningún derecho a las comunidades indígenas.

La presentación se dio al mismo tiempo que las preparaciones para la consulta popular nacional ‘por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indios y por el fin de la Guerra de Exterminio’ (para detalles sobre la consulta ver artículo especial después).

Aprobación de la ‘Ley de Amnistía’

El 25 de febrero el Congreso local aprobó la iniciativa de ‘ley de amnistía para el desarme de los grupos civiles en Chiapas’ y la mandó al Congreso de la Unión para su aprobación. El gobierno estatal organizó centenares de reuniones con comunidades y organizaciones para promoverla y obtener el apoyo de los chiapanecos. Un representante de una organización de base en Chilón comentó al respecto a SIPAZ: «Solamente se realizó la consulta gubernamental en ‘ambientes priístas’ y se juntaron firmas de representantes de los ejidos por comprar gente.»

La iniciativa aprobada excluye de la amnistía a integrantes del EZLN y a organizaciones civiles con estructura, adiestramiento o disciplinas similares a las del Ejército. A las personas que voluntariamente entregan sus armas se ofrecen proyectos productivos y asistencia técnica para ‘impulsar su desarrollo económico’. El plazo para entregar las armas será de 120 días después de la entrada en vigor de la ley.

Mientras tanto el gobierno estatal anunció que, en los cinco años desde el levantamiento, 15 mil simpatizantes zapatistas salieron de las filas del EZLN y responsabilizó al subcomandante Marcos de las deserciones. Un ejemplo de esto sería, según el gobernador, a finales de marzo la entrega de armas por 14 milicianos zapatistas en el municipio de Ocosingo. Acto que fue acompañado por una gran campaña de publicidad. El EZLN calificó el asunto de «una farsa y un teatro» y denunció que los 14 supuestos zapatistas eran en realidad integrantes del grupo paramilitar MIRA (Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista) que está presente en esta región. Durante los últimos meses se realizaron más entregas de armas por supuestos zapatistas.

Signos de distensión y nuevas tensiones

En la zona Norte, la zona más conflictiva entre 1995 y 1997 por la actuación del grupo paramilitar Desarrollo Paz y Justicia, se realizó el retorno de 14 familias en la comunidad Cruz Palenque, municipio de Tila. Salieron de la comunidad en 1997 bajo amenazas de priístas y miembros de Desarrollo Paz y Justicia. Para el retorno se firmó un acuerdo entre la comunidad y las familias refugiadas. En una visita de SIPAZ algunos días después del retorno, las familias retornadas informaron que todavía no habían recibido la ayuda prometida por el gobierno para reconstruir sus casas. En la comunidad queda aún un poco de desconfianza entre los dos grupos, pero un representante de una familia que pertenece a Desarrollo Paz y Justicia expresa la buena voluntad: «Lo que nosotros ahora queremos es que vivamos todos tranquillos. Que no haya amenaza, que no haya temor.»

El coordinador estatal interinstitucional para la zona, Rodolfo Anlehu, nos comentó respecto a esto y otros retornos: «Las comunidades no pueden vivir en paz sin que los desplazados regresen. Ahora los proyectos para el retorno de los desplazados se hacen directamente con las autoridades en las comunidades y no más con líderes de organizaciones [como Desarrollo Paz y Justicia].»

El líder de Paz y Justicia en el municipio de Tila, Diego Vázquez, afirmó: «Somos de la misma sangre, una sola familia. Nos peleamos por equivocación…. El EZLN no es un obstáculo, no es un enemigo. Es el defensor de los pobres, de los indios.» Otro líder, Sabelino Torres, nos confirmó que Desarrollo Paz y Justicia entró en un nuevo etapa de reconciliación en la zona: «Que se olvide todo lo que pasó. Hay rencor y odio y muertos, pero queremos empezar de nuevo. Que no haya bloques. …. Está planeada una reunión entre Desarrollo Paz y Justicia y Abu Xu [organización de simpatizantes zapatistas]. Queremos empezar otra vez y vivir según nuestras tradiciones y costumbres.» A pesar de estas palabras conciliadoras, la tensión sigue en el municipio de Sabanilla por ejemplo donde, según testimonios de representantes de la iglesia católica, Desarrollo Paz y Justicia aún mantiene el control total.

Por otra parte, la tensión aumentó también en el municipio de San Andrés, cuando el 7 de abril el presidente municipal desalojó los edificios de la presidencia municipal con la asistencia de 300 policías. Dichos edificios estaban en posesión del consejo autónomo zapatista desde 1995. No hubo detenciones. San Andrés fue la sede de los diálogos entre el gobierno federal y el EZLN en 1995 y 1996. El día después del desalojo, un grupo de entre mil y tres mil simpatizantes zapatistas (según las fuentes) retomó las instalaciones sin enfrentarse con la policía que se retiró del lugar. El gobernador decidió no usar la fuerza para resolver el problema: «No se trata de un asunto judicial, es de orden político» y anunció la búsqueda de una solución por la vía del diálogo.

Dos policías implicados en el caso de la masacre de Acteal en diciembre de 1997 hicieron declaraciones importantes, implicando a policías en la compra de las armas con las que se perpetró dicha masacre. Por otra parte se acusó al ex coordinador de la Seguridad Pública, General Jorge Gamboa Solis, de ser responsable de la impunidad con la que priístas podían portar armas de alto calibre en el municipio de Chenalhó. Por eso, en febrero, se giraron ordenes de aprehensión contra el general y el ex procurador de Justicia, Jorge Enrique Hernández Aguilar.

En marzo, se detuvo a 24 personas integrantes del Comando Patriótico de Concientización del Pueblo (CPCP), un grupo de inconformes en el Ejército federal. Los miembros del CPCP organizaron una marcha en diciembre de 1998 en la capital del país para exigir reformas en la legislación militar. Ahora son acusados por los delitos de deserción, desobediencia, insubordinación y difamación contra el Ejército. Los 24 nuevos detenidos, que incluyen al líder teniente coronel Hildegardo Bacilio Gómez, se sumaron a los diez detenidos en los meses anteriores.

Visita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos

En octubre, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Mary Robinson, visitará México. Durante la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra comentó, a representantes de ONG mexicanas que su visita a México «no dará una salida suave al gobierno mexicano.» Además aseguró que su visita «deberá estar precedida por la visita de la relatora especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias y por una comisión de evaluación técnica.» Un centenar de organizaciones y redes nacionales de derechos humanos pidieron la visita de Mary Robinson y de relatores especiales. En la sesión que se realizó en marzo y abril, el caso de México se encontró en la lista de los 15 países ‘prioritarios‘ para la Comisión.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) sigue haciendo fuertes críticas al gobierno mexicano. En su informe ‘A la sombra de la impunidad’, publicado en marzo, se habló de las violaciones sistemáticas en todo el país y se subrayó que son particularmente agudas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde están presentes grupos armados de oposición. La secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green, dijo que AI no toma en cuenta ni reconoce las avances que logró hacer el gobierno federal. El secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sané declaró: «Mientras los responsables de las masacres en Acteal, Aguas Blancas, El Charco y El Bosque no hayan sido llevados ante la justicia y se entablen procesos penales, sabiendo además que están involucrados oficiales del Ejército e integrantes de grupos paramilitares sostenidos por instancias oficiales, la situación no ha cambiado.»

También el Departamento del Estado de los Estados Unidos criticó en su informe anual la situación de los derechos humanos en México. En el documento mencionó casos como asesinatos extrajudiciales, desapariciones, tortura y corrupción policíaca. Además se documentó la violencia contra las mujeres y la discriminación contra los pueblos indígenas.

En su visita a México en enero, el papa aludió al conflicto chiapaneco diciendo: «No habrá solución hasta que reconozcamos que la población indígena fue la primera propietaria de la tierra, y por lo tanto los primeros con derecho sobre ella.»