ACTUALIDAD: De cambios y continuidad
30/07/20102010
03/01/2011
Después de múltiples llamados de la sociedad civil mexicana, y –en apariencia- sólo frente a las recientes sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano, el 18 de octubre, el presidente Felipe Calderón envió una propuesta de reforma del Código de Justicia Militar al Legislativo federal. La reforma acotaría el fuero castrense al plantear que los delitos de tortura, desaparición forzada y violaciones sexuales serían juzgados en tribunales civiles, siendo hasta ahora la justicia militar la facultada para sancionar a los elementos de las Fuerzas Armadas que cometan violaciones a los derechos humanos. Con esta reforma, el Ejecutivo federal pretende cumplir con las sanciones dictadas por la CoIDH en los casos de desaparición forzada de Rosendo Radilla durante la llamada «guerra sucia» y de las violaciones sexuales de las indígenas meph’aa Inés Fernández y Valentina Rosendo en 2002, violaciones de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército Mexicano en Guerrero.
Organismos internacionales de derechos humanos criticaron a la reforma impulsada por insuficiente. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México, consideró que la iniciativa se queda corta ya que no abarca todos los delitos cometidos por militares en contra de la población civil. En el mismo sentido, la relatora especial de Naciones Unidas para la independencia de Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, después de su visita en el país en octubre, criticó que no estén incluidos delitos igualmente graves como el de la ejecución extrajudicial.
Por su parte, diferentes organizaciones de derechos humanos nacionales manifestaron en un boletín conjunto, que la reforma mantiene condiciones que favorecen la impunidad en cuanto a abusos de las fuerzas armadas en contra de civiles. Explicaron que la propuesta no armoniza la legislación interna con los tratados internacionales en la materia. Además, las organizaciones destacaron que las sentencias de la CoIDH no serían acatadas con esta reforma, ya que en los fallos emitidos «se precisa la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar bajo la consideración de que el fuero militar no es competente para juzgar, bajo ninguna circunstancia, sobre ningún delito cometido por elementos de las fuerzas armadas en el que estén involucrados civiles».
Sigue la violencia
En los últimos meses, la Policía Federal (PF) ha logrado capturar a narcotraficantes considerados de alto nivel dentro de las estructuras de la delincuencia organizada. Una de estas detenciones, la de Edgar Valdez Villarreal -alias La Barbie-, ocurrió el 30 de agosto, a dos días de la presentación del Informe presidencial. Esto ha generado sospechas de que podría haberse tratado de una entrega pactada ante los constantes reclamos de varios sectores de la sociedad civil frente a las violaciones de derechos humanos, y las muertes causadas por la estrategia gubernamental en contra del crimen organizado. El gobierno de Calderón aprovecha estas detenciones para justificar el despliegue del Ejército en el combate a los grupos delictivos, sin embargo, a pesar de la captura o muerte de varios capos en lo que va del sexenio calderonista, la violencia causada por esta estrategia de militarización no ha bajado y no hay señales que podrían indicar una reducción de la violencia a corto o mediano plazo.
En fechas recientes, se han dado ataques atribuidos al crimen organizado que por su magnitud pueden ser calificados como masacres. Tal es el caso de la matanza de 72 migrantes centro y sudamericanos en San Fernando, Tamaulipas, a finales de agosto. Además de mostrar la crueldad de la banda delictiva a la que se responsabiliza por la masacre, el hecho puso en evidencia la falta de protección a los migrantes. Cabe señalar que esta desprotección por parte del Estado prevalece no sólo en el norte del país, sino en las rutas de los migrantes a lo largo de toda la República, pues en los testimonios de quienes trabajan en albergues para migrantes, los secuestros y extorsiones son narrados con frecuencia.
En los hechos violentos que ya han cobrado la vida de alrededor de 30 mil civiles durante el gobierno de Felipe Calderón, los ataques del crimen organizado y el uso de la fuerza por parte del Estado han causado la muerte de personas inocentes provenientes de diferentes capas sociales. Otro fenómeno en aumento desde el inicio de la estrategia militarizada de combate al crimen organizado, es la desaparición forzada. La Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos estima que en lo que va del gobierno de Calderón, han ocurrido aproximadamente 3 mil desapariciones. De éstas, 400 son por motivos políticos, 500 por trata de personas, y 2.100 se atribuyen al crimen organizado. Los últimos, muchas veces en los medios descriptos como «levantados«, ocurren sin obvia razón. Organizaciones que se dedican a la búsqueda de desaparecidos, advierten que en muchos casos estas desapariciones podrían ser cometidas por agentes del Estado, dado que diversos testimonios relatan que los victimarios llevaban uniformes.
Activistas sociales y de derechos humanos en el norte del país, han empezado a hablar de «limpieza social» como motivo oculto de la «guerra contra el narcotráfico». Estas afirmaciones se basan en que el número de muertos y desaparecidos se multiplicó a partir del inicio de los operativos anticrimen del gobierno federal actual, en muchos casos se trata de jóvenes pertenecientes a pandillas o delincuentes menores. No hay pruebas para sostener esta hipótesis, dado que buena parte de los homicidios no son investigados, o los altos niveles de corrupción truncan cualquier posibilidad de esclarecimiento. Al paso de estas sospechas, en septiembre varios integrantes del Senado de la República solicitaron información al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), sobre la posible existencia de llamados «escuadrones de la muerte», grupos armados contratados para matar que actúan fuera de la ley, y serían tolerados por el Estado.
Dado el peligro que significa para los medios de comunicación la tarea de investigar e informar sobre la violencia que sufre el país, y por la falta de protección de parte de las autoridades, la autocensura respecto a esta temática es moneda corriente. Desde hace poco, la situación de los periodistas es aún más difícil, dado que se han convertido en blanco de los diferentes cárteles que han atacado en varias ocasiones a las sedes de medios de comunicación, principalmente en el norte del país, y comenzaron a exigirles la difusión de sus mensajes. En este panorama, causó un fuerte rechazo en el gobierno federal, la decisión del periódico El Diario (de Ciudad Juárez), de publicar como editorial una carta titulada «¿Qué quieren de nosotros?», en septiembre, en la que expresó: «Señores de las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez: […] Ustedes son, en estos momentos, las autoridades de facto en esta ciudad, porque los mandos instituidos legalmente no han podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo, a pesar de que reiteradamente se los hemos exigido. […] Ya no queremos más muertos. Ya no queremos más heridos ni tampoco más intimidaciones. Es imposible ejercer nuestra función en estas condiciones. Indíquennos, por tanto, qué esperan de nosotros como medio. […] E]l Estado como protector de los derechos de los ciudadanos –y, por ende, de los comunicadores– ha estado ausente en estos años de belicosidad, aun cuando haya aparentado hacerlo a través de diversos operativos que en la práctica han sido soberanos fracasos». En esta clave, defensores de derechos humanos denunciaron que el mecanismo de protección lanzado por el gobierno federal en noviembre resulta «insuficiente y débil» para atender las agresiones, homicidios, extorsiones y secuestros que enfrenta el gremio periodístico del país.
Frente al contexto prevaleciente, la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo expresó su preocupación por la seguridad nacional de México, por medio de la presidenta de esta comisión, Heidi Hautala. «Probablemente es hora de adoptar otra estrategia contra las drogas», dijo la diputada del Grupo de los Verdes, opinión compartida por muchos analistas en México.
Por otra parte, por primera vez en la historia de la ayuda militar de Estados Unidos (EE.UU.) a México en el marco de la Iniciativa Mérida, el país vecino decidió congelar la entrega de 26 millones de dólares, que serán condicionados a avances en materia de derechos humanos. El anuncio del gobierno estadounidense causó rechazo en el Senado de la República. En una reunión con el secretario de la Defensa Nacional, los senadores se pronunciaron por el fin de dicha iniciativa, con el argumento de que la ayuda es poca, sin embargo, le da al gobierno de EE.UU. la posibilidad de intromisión en asuntos internos. Cabe recordar que, aunque la retención de los 26 millones de dólares es un hecho sin precedente, sólo significa el 15% del apoyo de EE.UU. a México, es decir el 85% fue entregado.
Un poco de esperanza en Guerrero
© SIPAZ
Frente a un contexto sumamente adverso de abusos y violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades estatales y el Ejército, algunos de los actores de luchas sociales en el estado de Guerrero han podido celebrar victorias. Tal es el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, integrantes de la Organización de los Pueblos Indígenas Meph’aa (OPIM), quienes ganaron el proceso contra el Estado mexicano ante la CoIDH por violaciones sexuales por parte de militares en 2002. Además, después de permanecer por dos años y cuatro meses injustamente encarcelado y siendo declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional (AI), el 27 de agosto fue liberado Raúl Hernández Abundio, también integrante de la OPIM. Hernández Abundio había sido acusado del homicidio de Alejandro Feliciano García, ocurrido en enero de 2008. Amnistía Internacional se pronunció a favor de una indemnización por el tiempo en que estuvo injustamente preso.
Sin embargo, el hostigamiento y las amenazas no han cesado: El 28 de agosto, dos desconocidos amenazaron e intentaron secuestrar a la hija de Inés Fernández en la cabecera de Ayutla de los Libres. En el intento de secuestro, a modo de amenaza, hicieron referencia a Raúl Hernández, razón por la cual, el recién liberado decidió suspender todo tipo de actividades públicas. Asimismo, el 30 de agosto, fue agredido con armas de fuego el coordinador de la dirección política de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), Álvaro Ramírez Concepción, quien tuvo que ser hospitalizado después de la agresión.
© SIPAZ
El 27 de septiembre, fueron sentenciados a tres años y dos meses de prisión Genaro Cruz Apóstol, Silverio Matías Domínguez y David Valtierra Arango, integrantes de la radio comunitaria Radio Ñomndaa («La palabra del agua»), por presunta privación ilegal de la libertad de Narciso García Valtierra, persona cercana a la ex presidenta municipal Aceadeth Rocha Ramírez, cacique de la región de Xochistlahuaca. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, al referirse a la sentencia en un comunicado, señaló: «La sentencia emitida el día de hoy muestra una vez más que el aparato de justicia carece de imparcialidad y se encuentra vinculado de forma corrupta a intereses caciquiles, persiguiendo a los luchadores sociales que alzan la voz en vez de defender la justicia social. Esta justicia que criminaliza la protesta social, sin embargo otorga impunidad a quienes delinquen desde el poder». Apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia.
En octubre de este año, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y la Policía Comunitaria (CRAC-PC) celebraron su 15º aniversario. El modelo autogestionado y autónomo de ejercer la justicia desde los pueblos indígenas y mestizos de la región de La Montaña y Costa Chica de Guerrero, nació para disminuir el -entonces- alto índice de delincuencia. La declaración final del Encuentro denunció «que los aparatos de seguridad y justicia del estado, están permeados por la corrupción siendo totalmente incapaces de brindar seguridad e impartir justicia para el pueblo. Que su utilización ha sido facciosa con el fin de diezmar, desarticular y reprimir a las organizaciones sociales y comunidades que con dignidad han decidido alzar la voz para denunciar los abusos y atropellos del gobierno y del sistema capitalista».
Ola de asesinatos al terminar el sexenio de Ulises Ruiz en Oaxaca
En los meses que fueron entre las elecciones estatales del 4 de julio, y la toma de posesión del nuevo gobernador (a principios de diciembre), la violencia y los homicidios de tinte político han ido en aumento. El 22 de octubre, fue asesinado en Tuxtepec el dirigente Catarino Torres Peresa, del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), quien había sido uno de los primeros presos políticos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006. Al día siguiente, en la capital del estado fue asesinado a tiros el fundador y líder del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz, también fundador del Partido Unidad Popular (PUP), considerado el único partido político indígena del continente americano. La dirección del MULT condenó el homicidio denunciando que el acto fue cometido desde las esferas del poder. En el sepelio, el gobernador electo Gabino Cue Monteagudo advirtió que el crimen no quedará impune. Cue Monteagudo asumirá el cargo a principios de diciembre.
El asesinato del líder del MULT fue otro más de los eslabones en la serie de violencia que ha afectado al pueblo triqui en este último tiempo. El Movimiento de Unificación y Lucha Triqui – Independiente (MULT-I), organización vinculada al Municipio Autónomo de San Juan Copala, ha denunciado la muerte de cuatro personas en los meses de septiembre y octubre. A mediados de septiembre, ante rumores de una posible masacre, más de 100 familias simpatizantes del Municipio Autónomo tuvieron que abandonar San Juan Copala. El 7 de octubre, la CIDH otorgó medidas cautelares a 135 habitantes de este lugar, sin embargo, ni la intervención del organismo interamericano ha podido frenar la violencia, evidenciando otra vez una actitud omisa del gobierno estatal por salir, misma que ha tenido en toda la etapa reciente del conflicto en la zona triqui.
Tanto Oaxaca como Chiapas fueron afectados fuertemente por la tormenta tropical «Matthew«, a finales de septiembre. En ambos estados, las lluvias intensas causaron derrumbes y deslaves, así como la muerte de decenas de personas. Por otra parte, ha sido reportada la pérdida de la cosecha en varias zonas de las dos entidades, hecho que afecta aún más a las poblaciones, que (de acuerdo a las estadísticas) se encuentran entre las más pobres de la República, siendo la mayor parte del cultivo destinado al autoconsumo.
Chiapas: El hostigamiento y las amenazas persisten
© Comité Hermanas González
Después de más de 16 años de haber ocurrido la violación de Ana, Beatriz y Celia González Pérez, indígenas tseltales, en 1994 en el municipio de Altamirano por parte de militares, éstas aceptaron una indemnización propuesta por el gobierno chiapaneco. Sin embargo, en una carta pública, advirtieron: «Aceptaremos esa propuesta como la única prueba que tenemos de que el gobierno mexicano reconoce públicamente su responsabilidad en la violación a nuestros cuerpos, a nuestros derechos y a nuestra dignidad. Sin embargo la condicionamos a que también se reconozcan los daños causados a nuestra madre». Agregaron «No aceptaremos estar presentes en ningún acto público para que el gobierno no use nuestra palabra a su favor. Tampoco aceptaremos los programas que ofrece porque no resuelven los problemas reales del pueblo, nosotras ya estamos organizadas en nuestras comunidades para resolverlos. (…) Exigimos y exigiremos siempre que se castigue a los militares que nos hicieron daño, que se investigue y se determine su responsabilidad por jueces del fuero común y no por militares, como hasta ahora se ha hecho. (…) Exigimos también la salida inmediata de los militares de nuestros pueblos y comunidades en Chiapas, porque siguen violando a las mujeres, traen prostitución, causan terror y daños a las personas». Su caso había sido presentado ante la CIDH en 1996, y fue admitido en 1999, pero la CIDH sólo emitió una recomendación, dado que México aceptó la jurisdicción del sistema interamericano en 1998, dos años después de haberse presentado la queja en la instancia.
En el caso de la masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, en octubre pasado, fueron excarceladas 15 personas que habían purgado condenas por haber participado en los hechos. La Sociedad Civil Las Abejas, a la que pertenecían las 45 víctimas, mostró su indignación por la excarcelación. Por otra parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), informó el 11 de noviembre que la CIDH admitió estudiar el caso Acteal. Cabe recordar que en 2009 fueron excarceladas 34 personas condenadas por haber participado en la masacre, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que no habían contado con un debido proceso. Las excarcelaciones han causado inquietud y preocupación en Las Abejas, pues temen por su seguridad en caso de que los liberados vuelvan a sus lugares de origen.
© Common Frontiers de Canadá
Por otra parte, los recursos naturales y la existencia de dos proyectos de desarrollo distintos, el del Estado y el promovido a través de la autonomía construida por los zapatistas, siguen generando conflictos. En el caso de los recursos naturales, podría señalarse la lucha de varios grupos en el municipio de Chicomuselo contra la mina que pretende explotar la empresa canadiense Blackfire. Esta lucha ya ha causado la muerte de uno de los líderes de la oposición a la minería, Mariano Abarca, en noviembre del año pasado. Por el momento, aunque no necesariamente en forma definitiva se encuentran suspendidas las actividades de explotación minera. En este contexto vale mencionar que el párroco de Chicomuselo, Eleazar Juárez Flores, recibió amenazas por acompañar los procesos de organizaciones locales en contra de la actividad minera, por la defensa de su territorio y del medio ambiente.
Por otro lado, el 9 de septiembre pasado, 170 Bases de Apoyo Zapatistas (BAZ) se vieron forzadas a abandonar su comunidad, San Marcos Avilés, municipio oficial de Chilón, porque una parte del resto de la comunidad se opuso a que construyeran una escuela primaria autónoma, llegando a amenazar a las BAZ. Después de más de un mes de desplazamiento forzado, y a pesar de los riesgos mantenidos, los zapatistas decidieron retornar a sus casas, mismas que según una denuncia de la Junta de Buen Gobierno de Oventik, fueron «saqueadas y algunas semidestruidas por los agresores, pero nuestras bases de apoyo allí van a estar porque nuestros compañeros y compañeras tienen derecho vivir en su pueblo y trabajar en sus tierras».
También las organizaciones civiles han sido blanco de hostigamiento recientemente. El 5 de octubre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) informó que en una manifestación del 1º de ese mes, realizada por el grupo evangélico Ejército de Dios, se repartieron volantes difamatorios contra algunos de sus integrantes. Previo a esta manifestación, Esdras Alonso González, líder del Ejército de Dios había dirigido una carta al Secretario de Gobernación en donde afirmó «Los conflictos que se han venido desarrollando en la región de Los Altos de Chiapas, específicamente en zonas ejidales, obedecen a la presencia de activistas y organizaciones nacionales y también la participación de extranjeros agrupados a la red social que coordina el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas».
Por otro lado, el 14 de octubre, el Centro Indígena de Capacitación Integral «Fray Bartolomé de Las Casas» A.C.-Universidad de la Tierra Chiapas (Cideci-Unitierra Chiapas) denunció hostigamiento por parte de presuntos empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Cabe señalar que el Cideci-Unitierra desde hace cuatro años cuenta con un generador de electricidad, por lo cual no requiere del servicio de la CFE.
Como parte de la agenda del gobierno estatal en materia de derechos humanos, es de mencionar que Ejecutivo estatal presentó una propuesta al Congreso chiapaneco, que destituiría la actual Comisión Estatal de Derechos Humanos para conformar un Consejo Estatal de Derechos Humanos, integrado por cinco consejeros que serían designados por diferentes sectores de la sociedad civil, entre ellos académicos y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Si bien la nueva institución incluye mayor participación la sociedad civil, habrá que esperar a ver si con ello se enfrentará de mejor manera los agravios a los derechos humanos que aún ocurren en Chiapas, y recientemente más que nada en contra del movimiento social.
