La Policía Federal Preventiva (PFP) se convirtió en un actor público cuando en febrero pasado en el Distrito Federal desalojó a los estudiantes que ocupaban la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En abril fue enviada a Chiapas, concretamente a la reserva de Montes Azules, con el cometido declarado de «proteger la selva contra las comunidades indígenas» que se han establecido ahí desde la década de los setentas. Después fue enviada a Chenalhó a buscar armas en las comunidades cercanas a donde hubo emboscadas en el mes de mayo. En Tila, la PFP revisa documentos de los ciudadanos en los retenes del Ejército. En todos los casos actúa en conjunto con el Ejército, sea en patrullajes o en retenes. Su presencia ha aumentado el clima de tensión y miedo en las comunidades, los niños y las mujeres se asustan y los hombres no pueden realizar sus actividades cotidianas.

Consideramos importante conocer más a fondo el origen de este cuerpo policiaco y las atribuciones reales que se le dan mas allá de la prevención.

El Proyecto de Ley de la Policía Federal Preventiva se presentó ante el Congreso de la Unión en noviembre de 1998. Un mes después se aprobó con el Decreto de Ley de la Policía Federal Preventiva. El 31 de diciembre del mismo año, el Presidente Zedillo y el Secretario de Gobernación, Francisco Labastida, aprobaron su publicación y observancia.

El Proyecto fue estudiado y aprobado en un tiempo muy corto. Tiene una extensa fundamentación sobre la necesidad de la prevención del delito como respuesta al problema de la inseguridad pública. Para realizar lo anterior propone la creación de una policía, la Policía Federal Preventiva, que unifique los cuerpos policiacos de Migración, Federal de Caminos y Fiscal Federal, pues así «se establecería una institución policial con una esfera de competencia claramente delimitada a las funciones de prevención de delito.»

Sin embargo en el Decreto se le atribuyen algunas funciones que no parecen caber propiamente en la prevención de delitos: colocan su capacidad de acción por encima de otros cuerpos policiacos, con una cobertura nacional y bajo la dirección del Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación.

Su campo de acción es muy amplio. Pueden practicar detenciones, investigar y perseguir delitos, hacer funciones de vigilancia, verificación e inspección de las vías de comunicación y transportes, de las entradas y salidas de mercancías y de personas en los aeropuertos. También pueden participar en operativos conjuntos con otras instituciones policiales federales, estatales o municipales, levantar infracciones, proteger la integridad física de las personas y la preservación de sus bienes.

Es importante señalar que se ha definido claramente que la PFP no tiene «atribuciones en los procesos electorales» (Art.3), así como tampoco en lo relativo a las inspecciones en los servicios de sanidad (Art. 16 y 17).

Las comunidades indígenas zapatistas manifestaron su inconformidad por el envío de la PFP, considerándolo una agresión del gobierno. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, señaló que «la entrada de la PFP polariza más el conflicto», y la Red Todos los Derechos para Todos, indicó que «la PFP estaba siendo utilizada para imponer un nuevo cerco a los zapatistas». Por las atribuciones que ha recibido en el decreto de ley, denuncian dichas organizaciones que hay un gran riesgo de que la PFP sea utilizada como otro recurso de la guerra de baja intensidad contra las comunidades indígenas.

Su presencia tensiona la zona de conflicto e incide en su dinámica así como en las posibilidades de reactivar el proceso de diálogo.