TRANSNACIONALES
06/02/2012
UBICACIÓN
31/03/2012
En febrero, integrantes del propio gabinete del presidente Felipe Calderón advirtieron serios problemas en el combate al crimen organizado, eje prioritario de la administración calderonista desde el inicio de su sexenio. El 9 de febrero, Guillermo Galván Galván, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, afirmó en un acto público que en «algunas regiones del país la delincuencia organizada se apropió de las instituciones del Estado», poniendo en grave riesgo la seguridad interna de México. Posteriormente, Alejandro Poiré, Secretario de Gobernación, tuvo que reconocer en la inauguración del Foro Internacional «Drogas: balance a un siglo de su prohibición», que el crimen organizado ha logrado infiltrar los tres niveles de gobierno. Aunque es poco probable que el gobierno federal en la recta final cambie de estrategia, el cambio en el discurso podría preparar el camino hacia un cambio en la estrategia, tanto hacia la sociedad como hacia las fuerzas públicas involucradas en la misma, estrategia que una buena parte de la sociedad ha estado cuestionando desde hace años.
© SIPAZ
Poco tiempo le resta a la actual administración para emprender posibles cambios. El 1° de julio próximo tendrán lugar elecciones a la presidencia. El pasado 4 y 5 de febrero, en las elecciones internas del partido en el poder (Partido de Acción Nacional, PAN) fue elegida como candidata a Josefina Vázquez Mota quien fue presentada como la promesa del cambio sin ruptura. Enfrentará en las urnas a Enrique Peña Nieto, destapado desde hace tiempo como candidato de la coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el Verde Ecologista de México (PVEM). Por el momento es quien encabeza las encuestas aunque su prolongada exposición pública ha ido generando un fenómeno de desgaste y una disminución porcentual de los posibles votantes a su favor. El tercer candidato es Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de la coalición Movimiento Progresista, acordada entre los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y el Movimiento Ciudadano (MC). AMLO quedó en segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2006 por menos de un punto porcentual después de comicios que denunció como fraudulentos.
Derechos humanos: la versión del gobierno vs. las experiencias de defensores y activistas
El 7 de febrero, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, afirmó que los derechos humanos «son la más alta prioridad de este gobierno». En réplica, más de 80 organizaciones civiles refutaron esta afirmación en un pronunciamiento conjunto titulado «Los derechos humanos NO son una realidad vigente en este país», dejando en claro que, mientras el gobierno mexicano maneja un discurso oficial de respeto a los derechos humanos, la realidad demuestra que las defensoras y defensores de derechos humanos en el país están en riesgo. Plantearon como ejemplos de «la brecha existente entre el discurso de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la realidad imperante»: el incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la defensa del fuero militar, así como la ausencia de un mecanismo de protección para las y los defensores. Los integrantes de movimientos sociales también corren peligro: a la fecha se han registrado tres muertes de personas vinculadas al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), movimiento convocado por Javier Sicilia en abril de 2011.
Por otro lado, queda plasmado poco margen para la denuncia si observamos la reacción del presidente Felipe Calderón frente al reclamo de los 23 mil ciudadanos que el 25 de noviembre promovieron la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) en el caso de México. Los que respaldan la petición a la CPI piensan que el mismo Calderón y su gabinete son cómplices, por acción u omisión, de las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de la estrategia contra la delincuencia organizada. Calderón anunció que se propone «proceder legalmente» en su contra al considerar que «afectan terriblemente el buen nombre de México». La estrategia contra el narcotráfico cuenta ya con más de 50 mil muertes, decenas de miles de huérfanos, miles de desaparecidos y decenas de miles de desplazados. Calderón ha seguido hablando de «daños colaterales» y de la «cantaleta de los derechos humanos», afirmando que un 90% de los muertos serían narcotraficantes.
Aún en un contexto adverso, la Sociedad Civil siguió buscando formas de hacer frente a esto: Del 30 de diciembre de 2011 al 2 de enero de 2012, se realizó el Segundo Seminario Internacional de Reflexión y Análisis «…Planeta tierra: movimientos antisistémicos» en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Intelectuales y activistas de México y otras partes del mundo compartieron reflexiones y experiencias sobre diferentes luchas sociales. Los días 13 y 14 de enero, también se llevó a cabo la primera Reunión de Referentes Nacionales del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en la Ciudad de México. Aclararon «no aspiramos al poder político ni promovemos la carrera política de nadie» e invitaron a la ciudadanía a participar en diferentes iniciativas en 2012, incluyendo la campaña «Ponte en los Zapatos del Otro»; el emplazamiento a los candidatos a la Presidencia de la República y a todos los puestos de elección popular a dialogar, de cara a la nación, sobre la estrategia de paz; una Caravana a los Estados Unidos y un Encuentro Nacional por la Paz y la Justicia los días 21 y 22 de abril en Cuernavaca, Morelos.
Chiapas: Contexto pre-electoral desplaza atención de múltiples focos rojos
Un factor que suele enrarecer el ambiente socio-político en el estado, es el electoral, situación que se puede agudizar este año ya que por primera vez serán concurrentes las elecciones federales y locales (40 diputados y ayuntamientos) previstas para el 1° de julio. Poco después, el 19 de agosto, se realizarán comicios para elegir el próximo gobernador del estado. Aunque las campañas electorales no empezaron oficialmente, varios candidatos potenciales aprovecharon de sus «informes de gestión» como presidentes municipales o legisladores para promocionarse. Mientras actores directamente vinculados a los partidos políticos están enfrascados en la definición de quienes quedarán como candidat@s a los cargos en disputa, ello en medio de una lucha de poder entre el nivel federal y local de los partidos, varios actores sociales siguen denunciando impunidad o estrategias de control poblacional y territorial.
El 22 de diciembre, a 14 años de la masacre de Acteal, en la que murieron 45 indígenas, la Sociedad Civil Las Abejas convocó a una serie de actividades en las que siguió denunciando no sólo la impunidad en su caso sino también la situación de violencia existente en Chiapas y en todo el país. En este marco, Raúl Vera López, ex obispo auxiliar de Chiapas y actual obispo de Saltillo, Coahuila, planteó que «hoy como ayer los policías son cómplices de quienes cometen robos, asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas». Y que hoy como ayer, «los criminales también tienen aliados dentro de los tres niveles del gobierno, pues de lo contrario no contarían con la protección que mantiene impunes 98% de sus crímenes».
En lo que podría ser un ejemplo de lo mismo, desde el mes de noviembre pasado, el gobierno de México envió una nota diplomática al Departamento de Estado de Estados Unidos, solicitando se reconozca la inmunidad al ex presidente Ernesto Zedillo (1994-2000). Desde septiembre de 2011, este último enfrenta una demanda legal por la masacre de Acteal presentada en Connecticut, EEUU. En enero, el propio Zedillo también presentó una petición en ese sentido y negó tener responsabilidad por estos hechos. Organizaciones de la sociedad civil y legisladores han cuestionado ambas acciones sosteniendo que no se puede confundir inmunidad con impunidad. Las Abejas no han promovido este proceso y a cambio expresaron: «Nosotros no estamos en contra de que se juzgue a Zedillo, al contrario (…). Pero estamos en contra de la confusión y la manipulación. Por ejemplo, no queremos que se pierda en una acusación centrada en una sola persona lo que es un crimen de estado y con una política de contrainsurgencia que no se ha acabado.» Poco después, el 1° de febrero fueron liberados siete indígenas sentenciados por la masacre de Acteal. Hasta la fecha, de los 79 sentenciados por los hechos 52 han recuperado su libertad.
Por otro lado, la temática «Recursos naturales, tierra y territorios» siguió siendo el principal motor de la conflictividad. En diciembre, la declaración final del Foro Regional por la Defensa de los Derechos Humanos realizado en San Cristóbal de Las Casas, enfatizó la vulnerabilidad de las comunidades indígenas y campesinas frente a varias amenazas como el deterioro y despojo de sus territorios y bienes naturales, generando una mayor pobreza y quebrantamiento del tejido social que se traduce en una creciente emigración y conflictividad. El 24 de noviembre, aproximadamente 8.000 católicos de las 54 parroquias de la diócesis de San Cristóbal realizaron una peregrinación en la que también se denunciaron varias situaciones que tienen que ver con estas mismas amenazas y conflictos. El 20 de enero, adherentes a La Otra Campaña en Chiapas denunciaron las estrategias gubernamentales que configuran «una guerra de despojo que genera depredación ecológica, privatización de recursos naturales, sobre-explotación del trabajo, despojo territorial y exterminio de los pueblos indígenas, represión, persecución, encarcelamiento y asesinatos para contener las luchas sociales de resistencia a sus políticas». Detallaron que estas estrategias se evidencian en varias partes del estado y se ven particularmente ilustradas en territorios zapatistas. El ejemplo más reciente se presentó en el ejido Banavil, municipio de Tenejapa donde, en diciembre, un grupo de alrededor de 50 integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) agredió con armas de fuego a cuatro familias simpatizantes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La agresión dejó un saldo de un muerto, un desaparecido, varios heridos, cuatro familias tzeltales desplazadas y un indígena base de apoyo zapatista encarcelado.
El tema pres@s y condiciones carcelarias siguió siendo un motor de movilizaciones tanto dentro como fuera de las cárceles. Entre mediados de diciembre e inicios de enero, integrantes del Frente de Ejidos en Resistencia de Cintalapa y Busiljá, Ocosingo, adherentes a La Otra Campaña, realizaron un plantón en San Cristóbal, para exigir, entre otras demandas, la liberación de dos presos recluidos en Playas de Catazajá. En enero, se hizo pública la liberación de David Potenciano Torres encarcelado por 7 meses, acusado de homicidio. Su familia hizo referencia a la polémica actuación del gobierno del estado en su caso: «la liberación de nuestro David fue realizada por el gobierno del estado en medio de una parafernalia política y mediática, con la que se pretendió invisibilizar y sepultar la injusticia, la tortura, el abuso de poder, el hostigamiento y todo el daño ocasionado a nuestra familia». El 8 de enero en la cárcel de San Cristóbal de Las Casas se celebró el sexto aniversario de la «Voz del Amate» (proceso organizativo de presos adheridos a la Otra Campaña) con participación de individuos y organizaciones nacionales e internacionales.
Oaxaca: reclamos de la sociedad frente a demandas sin cumplir
Si bien se dio un avance formal en enero cuando el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, los reclamos de la sociedad para que se haga justicia en distintas temáticas se mantuvieron como una constante. El 25 de noviembre, en conmemoración del quinto aniversario de la represión contra la Asamblea Popular de los Pueblos (APPO), fue realizada una marcha en la Ciudad de Oaxaca exigiendo justicia y castigo a los responsables de la represión. De acuerdo a un comunicado del Magisterio, «el gobierno actual del estado no ha cumplido con la justicia que exigen el pueblo de Oaxaca y todos los que sufrieron la represión por órdenes de Ulises Ruiz en 2006».
Pocos días antes, se informó que el gobierno de Gabino Cué se había comprometido a destinar alrededor de 11 millones de pesos para la indemnización de 64 «sobrevivientes y expresos políticos» por el «daño moral sufrido» durante el conflicto de 2006-2007. 44 de las 64 víctimas recibieron el monto convenido. En un comunicado posterior, el Espacio Ciudadano por la Verdad y la Justicia en Oaxaca señaló por su parte el «manejo discrecional de información y falta de transparencia en el proceso de generar una medida que supuestamente atiende las demandas de justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos de 2006. Lo anterior ha generado una serie de rumores, descalificaciones, señalamientos y divisiones, que lejos de reparar el daño está contribuyendo a una nueva revictimización».
En otro caso en el que no se logró avanzar, los indígenas triquis desplazados del municipio autónomo de San Juan Copala, desalojados hace 16 meses por integrantes de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) realizaron una caravana el 26 de enero, para intentar regresar a sus comunidades. El 7 de febrero volvieron al plantón que habían mantenido enfrente del Palacio de gobierno de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, al estar en desacuerdo de regresar en pequeños grupos, como se les proponía.
Otra situación que no se logra subsanar tiene que ver con focos rojos en comunidades donde parte de la población se opone a la implementación de algún tipo de megaproyecto. El 18 de enero, al menos dos pobladores de San José del Progreso, Ocotlán, opuestos a la explotación de la mina La Trinidad fueron heridos de bala presuntamente por integrantes del municipio y policías, lo que llevó a la muerte al día siguiente de uno de los heridos. En otro ejemplo, desde finales de enero, los comuneros de San Dionisio del Mar, Istmo de Tehuantepec, revocaron el contrato que tenían con la empresa Preneal. Ocuparon de forma pacífica el palacio municipal para exigir al gobierno estatal de Oaxaca la destitución del presidente municipal, por considerarlo «coludido con la empresa al tratar de imponer el proyecto eólico en nuestro territorio». (Ver enfoque)
Derechos humanos en Guerrero: Un paso adelante, dos pasos atrás
El 15 de diciembre de 2011, el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré ofreció una disculpa pública a Valentina Rosendo Cantú, mujer indígena violada por militares en 2002 (ver también artículo en el presente informe). A pesar de la importancia del acto, sigue a la espera cumplir con el castigo a quienes la violaron. Esta demanda se ve difícil de lograr cuando el gobierno federal ha seguido defendiendo el fuero militar a pesar de los múltiples cuestionamientos desde los más altos niveles. Ejemplo de ello, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) impugnó a principios de este año la sentencia sin precedentes, mediante la cual, familiares de Bonfilio Rubio Villegas, quien fue asesinado en 2009 por militares, obtuvieron el amparo de la justicia federal en un juicio donde habían impugnado la extensión del fuero militar sobre el proceso en su caso. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció al respecto: «la SEDENA da claras muestras de no variar su defensa a ultranza del fuero militar y, (…) muestra que el Ejército no se sujeta ni se sujetará al control civil en tanto no se reforme el Código de Justicia Militar».
El caso más sonado en Guerrero en cuanto a derechos humanos se dio el 12 de diciembre pasado: el uso de la fuerza por parte de la policía en contra de una manifestación estudiantil de la Escuela Normal Rural «Raúl Isidro Burgos» de Ayotzinapa dejó como saldo la muerte de dos estudiantes y de un trabajador de una gasolinera. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó un informe preliminar el 8 de enero, en el cual evidenció las fallas de las autoridades involucradas en los hechos. Señaló que la Policía Federal, la Policía Investigadora Ministerial del estado y la Policía Preventiva Estatal fueron las causantes directas de la muerte de tres personas, de cuatro heridos por arma de fuego y de catorce estudiantes víctimas de tratos crueles. A raíz de ello, el gobernador Ángel Aguirre Rivero, cesó de sus cargos al procurador general de Justicia del estado, al secretario de Seguridad Pública local y al subsecretario de seguridad. La Procuraduría de Justicia de Guerrero también confirmó la destitución de siete funcionarios al parecer relacionados con el caso.
Por otro lado, el 7 de diciembre, el presidente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP), Marcial Bautista Valle, y la asesora de dicha organización, Eva Alarcón Ortiz, fueron secuestrados por un comando en la Costa Grande de Guerrero. Hasta la fecha no ha habido resultados en las investigaciones. El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos expresó temor de «que su desaparición esté estrechamente vinculada con sus actividades de defensa de los derechos humanos, además de tener por objeto disuadir a los demás defensores del Estado de Guerrero de ejercer su labor».
En otro municipio reiteradamente señalado por organismos de derechos humanos, Maximino García Catarino, integrante de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) fue detenido en enero en Ayutla de los Libres, acusado de homicidio de un dirigente priista de la zona. Su detención se dio a pesar de contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por la detención del activista ya que ha documentado otros casos de activistas indígenas en Ayutla de los Libres, que enfrentaron cargos criminales falsos y pasaron varios años en prisión, debido a que les fue negado el derecho a un juicio justo.
