2008
02/01/2009
ANALISIS: México – De influenza y otros males
31/08/2009
El 10 de febrero, México fue evaluado en el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU).
© Frayba
Sus resultados (ver también el enfoque en este informe) no acaban de resolver un eje de tensión de fondo entre la promoción y defensa de los derechos humanos, y la clara opción tomada por el gobierno actual desde el inicio. Prueba de ello, el 12 de diciembre, justamente durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, el presidente Felipe Calderón afirmó que «el principal desafío que hoy por hoy enfrentan los derechos humanos en México proviene de la acción impune de la delincuencia y de la limitación de las instituciones de seguridad y de justicia del país, o de franca incapacidad para terminar con tal impunidad». La perspectiva gubernamental se enfoca básicamente en la seguridad pública, ciertamente amenazada por el creciente poder del narcotráfico y de la delincuencia organizada en el país.
Las organizaciones de derechos humanos a cambio parten de un entendimiento mucho más amplio en el que la militarización creciente de México, que forma parte de la estrategia gubernamental de combate contra los carteles de drogas, representa una amenaza mayor a la vigencia de los derechos humanos de la población civil.
El 20 de marzo, seis organizaciones civiles mexicanas presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un estudio que plantea que las quejas contra el Ejército mexicano por violaciones de derechos humanos se sextuplicaron en los primeros dos años del gobierno de Calderón: el número de quejas (por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, torturas, y en 28 casos, muertes) que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se ha incrementado de 182 en 2006 a 1.230 en 2008.
Juan Carlos Gutiérrez Contreras de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC (CMDPDH) explicó: «Venimos a esta comisión para demostrar el daño colateral de implicar a las fuerzas armadas en lucha contra el narcotráfico. (…) Parte del problema, es que estas quejas casi nunca son investigadas o son llevadas al fuero militar, en donde el Ejército se convierte en juez y parte, lo que desde luego propicia la impunidad». Según el reporte, en los últimos dos años, la Procuraduría Militar ha consignado menos de una de cada diez averiguaciones previas abiertas en contra de soldados por delitos cometidos contra civiles. Además, no se sabe de ninguna sentencia condenatoria en el sexenio actual para violaciones a los derechos humanos.
En febrero, el general de brigada Jaime Antonio López Portillo, director general de Derechos Humanos de la Sedena, había minimizado estas preocupaciones al afirmar que los resultados del Ejército en materia de derechos humanos «son aceptables», ya que a pesar de que se incrementó la presencia militar en el combate al crimen organizado (diariamente se despliegan 45 mil soldados) «no son muchas» las recomendaciones presentadas en contra de soldados en el año anterior. ONGs censuraron su comentario afirmando que no hay niveles «aceptables» cuando se trata de violaciones a derechos humanos.
Un factor que puede aumentar la confusión es el hecho de que desde el año pasado y con mayor regularidad a partir de febrero de este año, se han realizado manifestaciones populares en varios estados del Norte para exigir la salida del Ejército de labores de seguridad pública. No obstante, varios medios de comunicación han vinculado las protestas al crimen organizado, señalando que los manifestantes llegaban en autobuses rentados y que se habían documentado pagos.
La militarización del país no tiene por lo demás exclusivamente que ver con el despliegue de soldados sino también con el nombramiento de militares en cuerpos civiles o el hecho que Sedena haya instado a los estados a incrementar el poder de fuego de sus corporaciones policiacas, crear o fortalecer unidades especializadas contra el secuestro y financiar diversos proyectos de seguridad pública.
Los resultados de la guerra contra el narcotráfico parecen más bien pobres hasta la fecha, eso a pesar de los recursos humanos y financieros invertidos: según el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Rico, México le ha destinado en los dos últimos años más de 6 mil 300 millones de dólares.
Algunos medios han señalado que aunque el Gobierno federal presume con spots la detención de miles de presuntos criminales, a muy pocos logra llevarlos a juicio para que permanezcan en prisión. Por ejemplo, en 2008, sólo un 17% de los detenidos por presuntos delitos contra la salud fue llevado ante un juez. Por otro lado, a finales de febrero, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, aseguró que la Operación Limpieza, implantada en el segundo semestre de 2008 para depurar la infiltración del narco en las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia federales, había concluido con la detención de 25 altos funcionarios. Eso parece más bien limitado cuando en su informe anual en materia de derechos humanos, un documento que podríamos considerar más bien como conservador en su planteamiento, el Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) afirmó que existe «impunidad y corrupción en todos los niveles del gobierno» mexicano, y que se ha registrado una amplia gama de abusos en lo que se refiere a las garantías individuales.
Apoyos internacionales a la estrategia gubernamental
A pesar de las denuncias de violaciones a derechos humanos y de la limitación de los resultados, varios países han apostado a apoyar la estrategia gubernamental en el combate contra la delincuencia organizada. A finales del año pasado, en el marco de la Iniciativa Mérida, EEUU decidió otorgar 99 millones de dólares fundamentalmente para apoyo en equipo y tecnología destinados a los cuerpos de seguridad y al Ejército. La cantidad fue menor a la anunciada por la Secretaría de Relaciones Exteriores el 16 de diciembre que era de 116.5 millones de dólares. A mediados de enero, Barack Obama, presidente electo de Estados Unidos se reunió con Felipe Calderón. Coincidieron en la importancia de reforzar la alianza bilateral en el aspecto económico, pero sobre todo en el de la seguridad. EEUU ha expresado de manera reiterada su preocupación por la creciente violencia desatada por la guerra entre el gobierno mexicano y los grupos de narcotraficantes. A pesar de ello y por la crisis económica imperante, el monto de la Iniciativa Mérida aprobado para el 2009 fue reducido de 405 millones de dólares a 300 millones.
A principios de marzo, Michael G. Mullen, jefe del Estado Mayor Conjunto estadunidense, visitó a México finalizando una gira por América Latina en la que dejó en claro que para él, el Plan Colombia era el modelo de la cooperación con EEUU. Por otro lado, en diciembre, Guatemala planteó una propuesta de militarización regional para el combate al crimen organizado que también fue discutida en una cumbre regional en enero. Se constituyó el Frente Común para la lucha contra el Narcotráfico y el Terrorismo, en el que participarán Colombia, Panamá, México y Guatemala.
ATENCO: Oportunidad fallida para el sistema de justicia mexicano
En febrero, se inició la discusión sobre el proyecto de dictamen elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto al caso Atenco. A pesar de las limitaciones derivando de la reglamentación aprobada desde el principio, este proceso había generado expectativas.
La investigación afirma contundentemente que en San Salvador Atenco, estado de México, en mayo de 2006, cientos de personas sufrieron abusos y que fueron gravemente violadas garantías individuales y derechos constitucionales «a la vida, la integridad de la persona, libertad sexual, no discriminación por género, inviolabilidad del domicilio, libertad personal, debido proceso, trato digno de los detenidos y el derecho a la justicia». Establece además que fueron involucrados 2 mil 726 servidores públicos que tuvieron una actuación «justificada» pero «excesiva, desproporcionada, ineficiente e indolente«.
Sin embargo, la mayoría de los ministros de la SCJN terminaron señalando como responsables únicos a los policías que infringieron tratos crueles o abuso sexual, así como a los mandos operativos federal y estatal que permitieron los abusos. Respecto del gobernador del estado de México, el secretario de Seguridad Pública federal y otros funcionarios de alto nivel, fueron exonerados de cualquier responsabilidad.
La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) lamentó que la resolución de la SCJN «cierra toda posibilidad de impartir justicia y consuma una vez más la impunidad con que el Estado responde a las graves violaciones de derechos humanos fundamentales, violaciones que paradójicamente han sido ampliamente documentadas por la propia Corte en su investigación».
Después de la resolución, se lanzó la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco que busca involucrar a la sociedad civil para demandar a los tres poderes de la Unión la libertad de los 13 presos vinculados al caso Atenco, su exoneración, el castigo a los responsables de los abusos, así como detener la criminalización de la protesta social.
CHIAPAS: principales conflictos y problemáticas actuales
Se sigue denunciando hostigamiento contra comunidades zapatistas principalmente bajo dos formas: por un lado, por el acoso policiaco y militar (en particular en las zonas Centro y Altos en los meses más recientes) y por el otro, por agresiones de otros grupos locales. A finales de febrero, la Junta de Buen Gobierno (JBG) Corazón céntrico de los zapatistas delante del mundo (Oventik) denunció incursiones militares cerca de este Caracol, y sobrevuelos de aviones y helicópteros en la región.
Por el otro, se señalan a grupos indígenas y campesinos vinculados a grupos de poder locales o al gobierno del estado que pretenden desgastar la resistencia a través de agresiones de mayor o menor gravedad que pueden derivar en violencia o no: ocupación de terrenos, robos o destrucción de cosecha, etc. La organización más señalada en la zona Selva Norte venía siendo la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic). Sin embargo, los conflictos más recientes han involucrado más que todo a la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO). Llamativamente, justo en las fechas en las que se llevó a cabo el Festival de la Digna Rabia convocado por el EZLN en Oventik y San Cristóbal, integrantes de esta organización intentaron despojar a un grupo de indígenas zapatistas de un predio de 500 hectáreas ubicado en Bosque Bonito (municipio autónomo zapatista Che Guevara), presentándose un conflicto que derivó en 5 heridos. A principios de marzo, la JBG de La Realidad denunció por su parte que perredistas y cioaquistas (integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos-CIOAC) del municipio Las Margaritas han desatado una serie de agresiones y provocaciones contra bases de apoyo zapatistas de la ranchería Espíritu Santo. Las siglas cambian, la estrategia de confrontar a grupos indígenas entre sí ha sido más bien una constante.
Otra serie de conflictos se relacionan con los denominados «centros ecoturísticos» en particular en el trayecto entre Ocosingo y Palenque, donde los gobiernos federal y estatal tienen planeados proyectos de desarrollo turístico. Varias comunidades indígenas han buscado recuperar sus derechos territoriales en Agua Clara, Misol Há, Agua Azul y otras localidades.
Otros problemas en el estado están vinculados a su situación como frontera. A mediados de enero, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBLC) reprobó el ataque «injustificado» de policías estatales contra migrantes indocumentados que dejó tres muertos y ocho heridos de distintas nacionalidades cerca de San Cristóbal de Las Casas. Denunció que los indocumentados capturados fueron privados de su libertad en condiciones «violatorias» de sus garantías, al ser llevados a un sitio destinado a personas consideradas probables responsables de delito.
En febrero, un grupo de organismos civiles centroamericanos cifraron en 800 las desapariciones de migrantes en tránsito por México y anunciaron una misión para investigar su paradero. En un primer momento, las autoridades migratorias mexicanas les habían negado el permiso de entrada a los observadores.
Breves sobre Oaxaca y Guerrero
En el marco del EPU, a casi dos años del conflicto que tuvo lugar en Oaxaca, organismos civiles locales realizaron un balance de la situación de derechos humanos en el estado, en el que denunciaron a la impunidad, la ausencia de respuesta jurídica y la violación sistemática de los derechos humanos que se ha mantenido a la fecha. Abarcaron avances y pendientes en los rubros siguientes: criminalización de la protesta social, violaciones a la libertad de expresión y vulnerabilidad de los comunicadores, desaparición forzada, violencia contra las mujeres, agravios a defensores de Derechos Humanos y violación a los derechos de los pueblos indígenas.
Uno de los casos más sonados en los meses recientes donde a cambio pareciera querer hacerse «justicia» ha sido el de Juan Manuel Martínez Moreno, inculpado por el homicidio del periodista independiente norteamericano Brad Will, asesinado durante el conflicto social de 2006. No obstante, organizaciones civiles y sociales, así como los mismos familiares de Will descartan la culpabilidad de Martínez Moreno y se han movilizado de distintas maneras a su favor. Señalan que su detención se agilizó sospechosamente en el marco de las negociaciones relacionadas con la Iniciativa Mérida. Aunque varios rumores involucraban al entorno de Brad Will en su asesinato, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) había descartado públicamente esta hipótesis. Aún así Martínez Moreno fue detenido. Se le concedió un amparo el 20 de enero que fue impugnado por la PGR a principios de febrero.
Otros dos casos recientes que parecen ilustrar una tendencia a ataques más selectivos (por cierto similares a los observados en la Guerra de Baja Intensidad que se ha vivido en Chiapas) han sido un ataque contra el domicilio del director de «El Correo de Oaxaca«; así como el intento de homicidio en contra de Rubén Valencia, miembro de VOCAL (Voces Oaxaqueños Construyendo Autonomía y Libertad, parte de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca – APPO).
A pesar de las agresiones y del miedo después de la represión, a finales de febrero, la APPO realizó un segundo Congreso con una convocatoria a barrios, comunidades y colectivos para organizar asambleas, aglutinar la base social y reorganizar a la APPO. Dentro de los acuerdos destaca el desconocimiento de todos los niveles de gobierno con quienes sólo negociará la liberación de presos.
En el caso de Guerrero, se han multiplicado denuncias de desapariciones que a los pocos días se convierten en denuncias de encarcelamientos o peor, de muerte. Un caso paradigmático es el de los dirigentes indígenas mixtecos, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores de los derechos humanos de la Costa Chica. Sus cuerpos fueron encontrados en Ayutla de los Libres el 22 de febrero con señales de tortura. Se había denunciado que fueron llevados por la fuerza por hombres armados que se identificaron como policías durante un evento público el 13 de febrero en la cabecera municipal.
El 18 de marzo, se confirmó el amparo a favor de 4 de los 5 integrantes de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), quienes se encontraban encarcelados desde el 17 de abril del año pasado igualmente en el municipio de Ayutla de los Libres.
Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional declaró: «El patrón de asesinatos, ataques, amenazas y detenciones a defensores de derechos humanos en Ayutla ha convertido a la región en un peligro constante para las personas que defienden los derechos de las comunidades indígenas más marginadas de México».
«Convención Nacional de Comités Municipales del gobierno legítimo de México«: otro esfuerzo organizativo a nivel nacional
El 22 de marzo, en la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ex candidato presidencial encabezó la primera «Convención Nacional de Comités Municipales del gobierno legítimo de México», en la cual participaron más de 12 mil representantes. Les invitó a fortalecer las estructuras locales con miras al proceso electoral de 2012 y a avanzar en la organización para la promoción y defensa del voto. Entre otras conclusiones, está el objetivo de afiliar, desde ahora y hasta marzo de 2012, a por lo menos 15 millones de ciudadanos. También se plantearon la instalación de casas del gobierno legítimo –en principio en todos los municipios con más de 100 mil habitantes–, una red nacional de comunicación y grupos de defensa de la economía popular. A la clausura asistió el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, quien manifestó su total apoyo a las acciones encabezadas por AMLO.
