La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014 evidenció la crisis de derechos humanos en la que se encuentra México, misma que se ha caracterizado por una extrema violencia e inseguridad, con más de 15.000 asesinatos al año y más de 24 mil personas desaparecidas, según la Secretaría de gobernación, así como por la impunidad y la profunda debilidad institucional para enfrentar esta situación. El contexto en el país, en el plazo cubierto por este informe, mantiene estas mismas tendencias con nuevas ilustraciones que apuntan a lo mismo.

Eventos del XXIº Aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan © SIPAZ

A finales de junio, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su balance anual sobre la situación de los derechos humanos en México en 2014. El reporte planteó: «Problemas significativos relacionados con los derechos humanos incluyen a la policía y a los militares por su involucramiento en serios abusos como los asesinatos extrajudiciales, tortura, desaparición forzada de personas y abusos físicos». El informe también recalcó que «[l]a impunidad y corrupción continúan siendo un problema serio, particularmente a los nivel estatal y local, en las fuerzas de seguridad y el sector judicial». Son conclusiones fuertes aunque algunos analistas cuestionaron al documento por hacer parecer que la mayoría de las violaciones de derechos humanos se debían a problemas a nivel local, diluyendo la responsabilidad federal ante las mismas. También ponen en tela de juicio la conclusión que afirma que el gobierno mexicano «respeta generalmente» los derechos a la libertad de expresión y a la protesta. En julio, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) junto con otras siete ONG de derechos humanos, pidieron al gobierno de Estados Unidos retener los fondos condicionados de la Iniciativa Mérida, un tratado internacional de seguridad de este país para México y Centroamérica, debido a que el gobierno mexicano no ha cumplido con los requisitos en materia de derechos humanos.

Lamentablemente, las tendencias planteadas por el informe norteamericano siguen traduciéndose en nuevos ejemplos. En julio, soldados del 86º Batallón de Infantería dispararon sobre civiles que realizaban una protesta por la detención -ese mismo día-, de Cemeí Verdía Zepeda, Comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula, Michoacán. El saldo fue de una docena de heridos y un menor de edad muerto. La versión oficial indica que los militares tuvieron que repeler una agresión de los civiles, sin embargo, vídeos de los hechos la contradicen. Cabe recordar que Santa María Ostula, pueblo indígena nahua, recuperó alrededor de 1.300 hectáreas de su territorio en 2009, para «defenderlas de la explotación minera y del narcotráfico» (sic). Desde esa fecha, 32 comuneros fueron asesinados y 6 desaparecidos. También en julio, integrantes del 97º Batallón de Infantería detuvieron a siete jóvenes de la comunidad de Calera, en Zacatecas, quienes posteriormente fueron ejecutados. La Secretaria Nacional de Defensa (SEDENA) aseguró que inició una averiguación y que encontró indicios de la probable participación del personal castrense.

En los casos de violencia más sonados, en julio, 5 personas fueron asesinadas en un departamento en la colonia Narvarte en la Ciudad de México. Entre ellas se encontraban Nadia Vera Pérez y Rubén Espinosa Becerril. Nadia, nacida en Chiapas, era activista del movimiento estudiantil #Yosoy132 y había huido de Veracruz, donde estudiaba, por su activismo político, adjudicando cualquier daño a su persona al gobernador del estado. Rubén era fotoperiodista especializado en la cobertura de movimientos sociales y activista contra las agresiones a la prensa en Veracruz, de donde decidió mudarse en junio tras notar que personas armadas lo seguían y fotografiaban. Las otras tres personas asesinadas fueron mujeres que, por el momento, no se han vinculado a ningún proceso de lucha social. Veracruz es considerado el estado más peligroso para ejercer el periodismo en México, con 13 periodistas asesinados y tres desaparecidos desde 2011. A pesar de ello, la hipótesis oficial no apunta a la persecución política o de labor en comunicación.

Por otro lado, la segunda fuga de Joaquín «El Chapo Guzmán» volvió a demostrar la debilidad institucional ante el crimen organizado, ya que dicha fuga se llevó a cabo de un penal de alta seguridad, lo que no se podría haber concretado sin un alto nivel de corrupción e infiltración. Finalmente, en las malas noticias y según fuentes oficiales, desde el inicio del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, aumentaron de 2 millones de personas más la cantidad de pobres en el país, sumando ahora 55,3 millones las personas en esa condición.

A pesar de este panorama, el 7 de junio, se llevaron a cabo elecciones para ver quiénes ocuparán 1.996 cargos públicos, entre ellos, nueve gobernadores y 500 diputados federales. La participación ciudadana fue de un 47.72% mientras que los votos nulos alcanzaron el 4.76% de los sufragios. El Partido Revolucionario Institucional (PRI, el partido en el poder) y su aliado, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) lograron obtener el 50% de las diputaciones en juego.

Desde principios de junio, integrantes de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se habían declarado en paro indefinido en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán, en demanda de la cancelación de la Reforma Educativa y la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Anunciaron que boicotearían las elecciones y se registraron múltiples hechos violentos, como quema de edificios públicos y electorales. Para garantizar los comicios, se tuvieron que desplegar fuerzas federales en los 4 estados. En amplias partes del país, se denunciaron situaciones de compra y coacción del voto, además de hechos violentos.

Guerrero: estancamiento en el caso Ayotzinapa

Eventos del XXIº Aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
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El día 26 de cada mes, miles de personas se organizan para manifestarse por la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa. En mayo y junio, sus familiares y amigos recorrieron diferentes partes de Europa y las Américas para llamar la atención sobre lo ocurrido.

En mayo de 2015, el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) integrados por 5 expertas y expertos internacionales nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Ayotzinapa, confirmó que no puede darse por resuelto de ninguna manera con la versión de la Procuraduría General de la República (PGR). En julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) igualmente calificó como «incompleta» dicha investigación (ver enfoque). El organismo sugiere, entre otras cosas, la comparecencia o ampliación de la declaración de nueve militares. En junio, la revista Proceso había informado que uno de los desaparecidos era soldado en activo. Ante esta revelación, los familiares de los estudiantes resaltaron que estos hechos «sólo demuestran la responsabilidad de los militares» en los hechos. A la fecha, la SEDENA no ha permitido que el GIEI entreviste a los integrantes del 27 Batallón de Infantería que podrían estar vinculados en lo ocurrido.

La situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guerrero sigue siendo de alto riesgo. En agosto, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón emitió una Acción Urgente para proteger la vida de los activistas de Iguala Evelia Bahena García, Diana Carolina Brito Bahena y Félix Rodríguez Navarrete, que han sido amenazados de muerte, luego de encabezar una lucha contra la minera Media Luna en el municipio de Cocula. Por otro lado, después de 17 meses de reclusión en el penal federal de Tepic y tras una huelga de hambre que duró 31 días, Nestora Salgado, comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, fue trasladada al Centro Femenil de Readaptación Social Tepepan, en la Ciudad de México. Posteriormente, fue informada de que existen tres acusaciones más en su contra, por los presuntos delitos de secuestro, robo y homicidio. Su abogado valoró que el fiscal estatal las «guardaba«, dando una clara señal de que no desistirá de los procesos pese a las peticiones del gobernador, Rogelio Ortega (del Partido de la Revolución Democrática, PRD).

Finalmente, aunque se dudara de si existían condiciones para realizarlas, también se llevaron a cabo elecciones en Guerrero. El candidato de la alianza PRI-PVEM, Héctor Astudillo Flores, ganó las elecciones para gobernador. En los ayuntamientos, el PRI ganó 36 municipios, el PRD 24, Movimiento Ciudadano 7 y el Partido Acción Nacional (PAN) 4. El mismo día, efectivos de la Policía Federal detuvieron sin órdenes de aprehensión a ocho personas en el municipio de Tlapa de Comonfort. La tensión entre policías federales y vecinos fue controlada, cuando se acordó que las ocho personas detenidas serían liberadas y trasladadas a Tlapa para intercambiarlas por los 30 policías federales. Sin embargo, ese acuerdo fue roto por otros policías federales y militares que entraron a rescatar a los efectivos retenidos y en esa acción resultó muerto de un balazo el maestro y luchador social, Antonio Vivar Díaz.

Chiapas: elecciones dominadas por el Partido Verde, partido del actual gobernador

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Las elecciones del 7 de junio en Chiapas, se dieron en un contexto de tensión debido a las movilizaciones magisteriales en días previos. No obstante, el secretario general de gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, destacó que la jornada transcurrió con normalidad aunque reconoció que se presentaron «incidentes» que, según declaró, no pusieron en riesgo ni el proceso, ni la estabilidad social. En los «incidentes«, no todas las casillas pudieron ser instaladas y se quemaron 35 urnas y papelería electoral en Ocosingo, Chilón, Venustiano Carranza, Comitán, Salto de Agua, Chiapa de Corzo, Huehuetán, y Tuxtla Gutiérrez, hechos de los que se desvinculó el magisterio. Según la Red de Mujeres Observadoras Electorales, en un 90% de las localidades se reportaron delitos electorales, como coacción, amenazas, condicionamiento de programas y servicios públicos, entre otros.

Los resultados – con una participación de 46.4% del padrón – dio una clara victoria a la alianza de los partidos PRI y Verde, cuyos candidatos resultaron triunfadores en los 12 distritos que comprende el estado, obteniendo el 69.4% de la votación. El PVEM se consolidó como la primera fuerza política en el estado y Chiapas aportó al menos 25% de los votos del Verde en todo el país. Morena llegó en tercer lugar (con aproximadamente 6% de los votos).

A pesar de estos resultados, la alianza entre el PRI y el PVEM pareció a punto de resquebrajarse en Chiapas. Rumbo a los comicios locales del 19 de julio, esos partidos no pudieron mantener su alianza sino en dos municipios: Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. Ese día, se trataba de elegir 122 alcaldes y 41 diputados locales. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) recibió más de 200 denuncias por diversos hechos en todo el estado. La mayor parte de los incidentes violentos se dieron entre los dos partidos que resultaron como los ganadores. Ocurrieron antes, durante y después de los comicios e incluyeron bloqueos carreteros de personas armadas y encapuchadas; heridos de bala; el robo de urnas; la quema de boletas y mobiliario de oficina, así como la toma de consejos por militantes inconformes. Las alianzas del PVEM, PRI, Nueva Alianza y el Partido Chiapas Unido dominaron avasalladoramente estas elecciones, tanto a nivel municipal como en el caso del Congreso local.

Derechos humanos: denuncias, más denuncias

Peregrinación por la vida, por la paz, contra la violencia y el despojo
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En cuanto a impunidad, en junio, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hizo público un nuevo ataque por parte de «paramilitares» en tierras recuperadas del poblado El Rosario, del municipio autónomo San Manuel, municipio oficial de Ocosingo. Más adelante, denunció que el 12 de agosto liberaron a los dos acusados del homicidio del maestro Galeano, «a pesar de que ellos y sus cómplices de la CIOAC (Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos)-Histórica saben que son culpables de organizar el crimen». Cabe recordar que Galeano, José Luis Solís López, fue asesinado en mayo de 2014 en la Realidad, municipio de las Margaritas. En el mismo tenor, en agosto, la Sociedad Civil Las Abejas denunció la impunidad a 6 años de la excarcelación de las personas vinculadas a la masacre de Acteal (45 indígenas – mujeres y niños- fueron asesinados el 22 de diciembre de 1997). También señaló que la Fiscalía Especializada de Justicia Indígena no ha investigado el asesinato de Manuel López Pérez (en julio pasado), presuntamente con la complicidad de las autoridades del municipio de Pantelhó.

En cuanto a desplazamiento forzado, en agosto, las 17 familias tojolabales desplazadas del Poblado Primero de Agosto, municipio de Las Margaritas, denunciaron nuevas amenazas, hostigamiento y las omisiones de los tres niveles del gobierno mexicano. Además, entre el 3 y el 17 de agosto, las familias desplazadas de Banavil, municipio de Tenejapa retornaron de manera provisional a sus tierras para trabajarlas, «sin que el Estado mexicano garantizara condiciones mínimas de seguridad», afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

Entre el 14 y el 17 de agosto, las oficinas del Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) en San Cristóbal de Las Casas fueron allanadas en dos ocasiones. Además de robar dinero (pero dejando parte de él, así como otros objetos de valor), se encontró una nota que decía «Cuidado guerita (sic)». Ni las puertas, ni las ventanas fueron forzadas.

Se mantienen encuentros y movilizaciones sociales a pesar de todo

Retorno de las familias desplazadas de Banavil
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En junio, familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa visitaron comunidades del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Chiapas. En julio, se reunieron comunidades pertenecientes al CNI de Chiapas con adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN en la comunidad de Cruztón, municipio de Venustiano Carranza. Los participantes se posicionaron a favor de la autonomía y en defensa de la Madre Tierra. En julio, el EZLN anunció la realización del segundo nivel de la Escuelita zapatista. Las y los alumnos que hayan aprobado el primer nivel recibieron un correo electrónico a principios de agosto que contenía instrucciones para llevar a cabo las actividades del segundo nivel.

El Pueblo Creyente, proceso organizativo perteneciente a la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, se movilizó en varias zonas. En mayo, unas 2000 personas realizaron una peregrinación de Simojovel a la comunidad La Pimienta donde murieron dos niños y fueron hospitalizados 29 más después de que se les aplicará vacunas. El objetivo era protestar contra las instituciones de salud pública, y denunciar la oferta de compensación de 5000 pesos ofrecida por el gobierno estatal a las familias afectadas. En junio, alrededor de 2500 integrantes del Pueblo Creyente del vecino municipio de El Bosque también peregrinaron para exigir atención ante los problemas que sufren en la región como la violencia, la corrupción, el narcotráfico, así como la falta de servicios. En julio, en la zona Fronteriza, la Misión Tojolab’al convocó a una peregrinación donde participaron cerca de 4,000 personas. Se solidarizaron con el pueblo de Simojovel y denunciaron el desplazamiento de Banavil y del poblado Primero de Agosto.

Oaxaca: «en estado de excepción»

La situación político-social en el estado ha sido marcada por la jornada electoral de junio, que finalizó con el saldo de 440 incidentes violentos, 92 detenidos, heridos, desaparecidos y un muerto. En lo que diversas organizaciones civiles han denominado como «Oaxaca en estado de excepción», desde poco antes de la jornada electoral, efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y el Ejército llegaron al estado por la posibilidad de que la Sección 22 del magisterio impidiera las elecciones. Sumaban 7000 elementos hasta mediados de agosto. El 18 de julio, fueron reforzados los cuerpos de seguridad después de que el gobierno estatal asumiera el control del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), entidad administrada anteriormente por la Sección 22 de la CNTE. Considerado como otro «golpe» al magisterio oaxaqueño, el gobierno federal congeló una de sus cuentas, en la que reciben cuotas sindicales y transferencias del gobierno estatal, supuestamente porque se registraron movimientos irregulares.

Organizaciones defensoras de derechos humanos y grupos sociales del estado exigieron al gobernador, Gabino Cué Monteagudo, la salida inmediata de las fuerzas militares y policiacas, tras advertir que su presencia «evidencia la política de criminalización a la protesta social». El gobernador afirma que su presencia no es para reprimir, sino para contener. Por otra parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIIª legislatura local, Jesús López Rodríguez, consideró innecesaria la presencia de las fuerzas federales tras el anuncio de la Sección 22 de que no boicotearan el inicio del ciclo escolar. Aseguró que el gobernador pasó por encima del Congreso local al solicitar su presencia. En los hechos, el envío de tropas y las rondas en las calles han creado una especie de estado de sitio.

Por otro lado, en el Istmo de Tehuantepec, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y organizaciones civiles interpusieron un amparo por violaciones al derecho a la consulta, tras el anuncio de la Secretaría de Energía (SENER), de que se iniciará la construcción del parque eólico de la empresa Eólica del Sur en las comunidades de Juchitán y de El Espinal. Las organizaciones que formaron parte de la Misión de Observación de la consulta detectaron múltiples irregularidades como: el otorgamiento de permisos y firma de contratos previos a la obtención del consentimiento; más de 30 incidentes de seguridad; 75 solicitudes de información sin atender; falta de traductores certificados; desarrollo de las sesiones sin considerar las tradiciones de la comunidad; y, en general, un contexto de inseguridad, presión, violencia y falta de transparencia. Además, señalaron: «Ésta es la primera ocasión que la autoridad desarrolla una consulta de carácter indígena con fundamento en la legislación nacional (…), modificada a partir de la Reforma Energética. La consulta de Juchitán, de acuerdo con las propias autoridades, será el referente a seguir para los proyectos derivados de ésta reforma, es por ello que las graves violaciones a los derechos humanos que se han documentado durante todo su desarrollo adquieren una relevancia nacional».

En cuanto a movilizaciones ciudadanas, se conformó el Frente en Defensa del Cerro del Fortín, movimiento que está en contra de la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca que «el gobierno de Gabino Cué quiere imponer, a pesar que su propio secretario de Turismo, José Zorrilla Diego, reconoció que hay un conflicto de intereses porque saldrá beneficiado». El Frente aglutina 55 colectivos, organizaciones civiles, ambientalistas, colegios de ingenieros, arquitectos y radialistas. «Basta de edificaciones monstruosas, mal planeadas y costosas. Basta de acabar con las áreas naturales de la ciudad, basta del abuso del poder», advirtió el Frente, en junio, antes de que grupos de choque hicieran estallar cohetones contra vecinos e integrantes del Frente. La secretaria técnica de Foro Oaxaqueño del Agua, Rocío Olivera Toro Maya, resultó lesionada en la pierna izquierda y varias personas participantes reportaron daños auditivos como consecuencia del ataque. Rocío Olivera había sufrido varios actos de vigilancia, por lo que le fueron emitidas medidas cautelares que todavía no habían sido implementadas en el momento de la agresión.

Fuera de la Ciudad de Oaxaca, Omar Esparza Zárate, activista social y viudo de Bety Cariño, defensora de derechos humanos que murió asesinada junto a Jyri Jaakkola al participar en una caravana humanitaria en San Juan Copala en 2010, denunció la existencia de un grupo armado que pretende asesinarlo. Finalmente, en los Chimalapas, en mayo se dio un enfrentamiento entre pobladores de San Antonio Chimalapa y habitantes del estado de Chiapas que dejó un saldo de dos personas heridas y cuatro retenidas. Tras una resolución presidencial de 1967, los comuneros de Santa María Chimalapas fueron favorecidos por miles de hectáreas en los límites de Chiapas y Oaxaca, lo que causó conflicto por resoluciones anteriores y posesiones de predios que existían previamente. En julio, los zoques de Santa María Chimalapa lanzaron otro ultimátum a los gobiernos federal y estatal para atender de manera inmediata las invasiones de Chiapas a territorio de Los Chimalapas. En agosto, se reportaron dos nuevas reinvasiones masivas.