D esde su toma de posesión en enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha firmado un sinfín de órdenes ejecutivas, varias de ellas con fuertes impactos inmediatos o potenciales a nivel mundial y, en particular, en México.

Entre las más significativas se encuentran las medidas contra la inmigración, que incluyeron poner fin a la ciudadanía estadounidense por nacimiento, así como la suspensión de la entrada de inmigrantes no autorizados al país a través de la frontera sur con México y la desaparición de la plataforma CBP One, una de las últimas vías de entrada legal que permanecían abiertas para quienes solicitaban asilo. El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció que México está preparado. Cabe recordar que es el país con el mayor número de ciudadanos no autorizados que viven en Estados Unidos (se calcula que cuatro millones de personas). El plan del gobierno se centra en los mexicanos deportados, aunque la presidenta Sheinbaum ha indicado que el país también podría recibir temporalmente a deportados extranjeros. A un mes de la toma de posesión de Trump, se habían deportado 13.000 personas a México, cifras preocupantes, pero que resultan similares a las de administraciones anteriores.

Otra de las medidas que impactan directamente a México fue la decisión de Estados Unidos de designar a cárteles mexicanos como grupos terroristas al considerarlos como un riesgo para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses económicos de Estados Unidos. Esto podría ampliar las estrategias de intervención estadounidense en detrimento de la independencia de México como país. Es de notar, además, que Trump ha realizado declaraciones particularmente fuertes, diciendo, por ejemplo, que “México está gobernado en buena medida por los cárteles”.

Básicamente, culpa a sus vecinos de la crisis migratoria y la epidemia de consumo de fentanilo y, para obligar a México y Canadá a reforzar sus fronteras, el mandatario estadounidense amagó con imponer aranceles de 25 % sobre todas sus exportaciones hacia Estados Unidos. El gobierno mexicano logró frenar esta posibilidad, por lo menos por un mes, al enviar 10.000 soldados a su frontera norte con la promesa de que actuarán como muro de contención contra la migración irregular, el tráfico de fentanilo y los cárteles. Posteriormente, Estados Unidos terminó imponiendo aranceles de 25 % sobre el acero y el aluminio en todas las importaciones de todos los países, incluyendo a México. A la fecha, no está tan claro si estas sanciones comerciales y amenazas de aranceles son herramientas de negociación dura o formas de aumentar los ingresos en EE. UU.

Cabe recordar que México y Estados Unidos mantienen una relación comercial profundamente integrada, aunque asimétrica: en 2024 el 83 % de las exportaciones mexicanas tuvieron como destino EE. UU., mientras que solo un tercio de las importaciones estadounidenses provinieron de México (15,5 %) y Canadá (14,8 %). El panorama es complicado y preocupante, ya que la imposición de aranceles por parte de EE. UU. y una posible respuesta retaliadora de México y Canadá podrían generar contracción en las economías de los tres países de Norteamérica, inflación y despidos masivos.

Otra decisión con repercusión significativa ha sido la suspensión de casi todos los programas de cooperación exterior, en particular de USAID, la mayor agencia de cooperación al desarrollo del mundo. Muchas organizaciones mexicanas se están viendo afectadas directa o indirectamente, lo que llevó a algunas a un proceso de reestructuración e incluso despidos.

NACIONAL: Entre avances y pendientes, una cuestión de perspectivas

En enero, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un informe por los primeros 100 días de su gobierno. Incluyó como parte de los avances “el reconocimiento y derechos plenos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, el derecho del Estado mexicano a usar las vías para ferrocarriles de pasajeros, la recuperación de Pemex y CFE como empresas del pueblo de México después de su larga privatización, los programas sociales para el bienestar, se reconoció el derecho a la vivienda, se aprobó que el salario mínimo debe aumentar siempre más que la inflación, la desaparición de algunos organismos autónomos y para que no engañen, sus funciones permanecen y se mejoran, el fortalecimiento de la guardia nacional, el aumento de las capacidades de inteligencia e investigación (…) y una muy importante y trascendente: las mujeres ya estamos en la Constitución con reconocimiento a la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencias y a trabajo igual, salario igual.” 

Los partidos de oposición criticaron esta percepción. El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, declaró que “México sigue la misma lógica de destrucción de instituciones y contrapesos, de polarización de la sociedad, que desdeña el diálogo con quien no piensa igual que ellos, que no logra alcanzar la paz y seguridad, y que el único beneficio económico que ha generado se deriva de regalar dinero para generar clientelas electorales, sin aumentar realmente la economía del país.” De parte del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas afirmó: “En los primeros 100 días del gobierno de Morena, 7.016 familias mexicanas han perdido a un ser querido por homicidio doloso.” “Este es el reflejo del #FracasoPresidencial de un gobierno sin rumbo, incapaz de garantizar la seguridad del pueblo de México.”

En noviembre, Amnistía Internacional (AI) publicó un informe titulado “Cambiando el paradigma. De la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos”, en el que documenta que la cifra de elementos castrenses desplegados ascendió de 48.500 en 2006 a 73.347 en 2022. Además, la Guardia Nacional militarizada cuenta con 128.000 integrantes. AI informa que, en este mismo periodo, “al menos 101.933 personas han desaparecido y 452.254 han sido asesinadas, entre ellas 49.100 mujeres, 140 periodistas y 221 personas defensoras del territorio, la tierra y el medio ambiente”. Asimismo, alerta que la estrategia de militarización de la seguridad pública “incumple las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos”. El informe concluye que a casi dos décadas de recurrir a las Fuerzas Armadas al frente de la seguridad pública, la persistencia de la violencia demuestra que “esta estrategia ha sido fallida, ya que no solo no ha ayudado a reducir el crimen y la violencia que afecta al país, sino que ha generado un ambiente propicio para que integrantes de las Fuerzas Armadas violen los derechos humanos cuando llevan a cabo sus actividades”.

En materia de derechos humanos, en enero, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) presentó la Revisión Ciudadana sobre el Desempeño Institucional en Materia de Desaparición. “Al 27 de enero de 2025, la cifra de personas desaparecidas llegó a 121.651, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO). El número de personas desaparecidas en México no deja de crecer”, informó. A siete años del inicio de la vigencia de la Ley General Sobre Desapariciones y a pesar de avances principalmente legislativos, se mantienen problemas, declaró, en particular: la deficiente información sobre el número total de personas desaparecidas; la insuficiente información sobre el número de restos humanos que deben ser identificados; la inexistente capacidad para identificar restos humanos; el abandono de los casos llamados de “larga data”; la carencia de planes estratégicos que orienten y articulen las acciones; la inexistencia de una política de prevención de la desaparición de personas; las debilidades y los vacíos en la capacitación y preparación técnica de las personas encargadas de implementar los procesos de búsqueda, investigación, administración de justicia, identificación humana, asesoría técnica, asistencia, atención y reparación; los pocos y débiles espacios de participación de las víctimas en políticas públicas; y los ínfimos niveles de sentencias, entre otros.

CHIAPAS: Plan del nuevo gobierno estatal “cero corrupción, cero complicidad y cero impunidad”

En los últimos años, Chiapas se ha visto inmerso en una espiral de violencia que parecía imparable: los homicidios, las desapariciones, el tráfico de personas, de drogas y armas, el reclutamiento forzado, así como el desplazamiento forzado interno, alcanzaron cifras sin precedentes. Estos altos niveles de violencia tuvieron su origen en la disputa por el control territorial entre varios grupos criminales vinculados principalmente al Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en particular en la zona fronteriza. Ante este contexto, analistas y organismos de la sociedad civil señalaron la incapacidad, complicidad o colusión de las autoridades para frenar la creciente inseguridad.

El 8 de diciembre de 2024, el nuevo gobernador Eduardo Ramírez Aguilar (ERA) tomó posesión proponiendo un cambio de estrategia al poner en marcha la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), una unidad de élite destinada a combatir el crimen organizado en el estado. El nuevo gobernador prometió que “la paz va a volver a reinar en nuestros caminos” y se puso como meta pacificar al estado en 100 días. La FRIP está conformado por 500 elementos de fuerzas especiales de las diferentes Fuerzas Armadas del país, capacitados y con entrenamiento especial en el extranjero y en México. Además, el “grupo Pakal” contará con 4 helicópteros, 10 camiones blindados, 200 patrullas y 2 drones. Sus primeras acciones desde el día siguiente han sido ampliamente difundidas en medios de comunicación y redes sociales con megaoperativos en distintas zonas del estado, cuyo objetivo es combatir principalmente tres delitos: homicidio, robo de vehículo y extorsión o derecho de piso.

Hasta ahora las acciones en Chiapas han dado resultados entre otros: la disminución o desaparición de balaceras; el levantamiento de bloqueos en carreteras; el rescate de personas secuestradas; los hallazgos de fosas; cateos y decomiso de autos robados, drogas y armas; detenciones de narcomenudistas, policías y de los alcaldes de Frontera Comalapa y de Bellavista. Según fuentes oficiales, se han logrado reducir los índices delictivos y se ha llevado a cabo la detención de más de 600 personas en un mes de operaciones.

No obstante, las dudas y cuestionamientos han empezado a surgir. Desde varias zonas se señala que no se están deteniendo a los líderes de los grupos delictivos. Otros cuestionan que no se hayan tomado acciones legales contra el exgobernador Rutilio Escandón y los funcionarios que durante su sexenio tuvieron a su cargo la seguridad pública y la procuración de justicia. Asimismo, se han empezado a documentar violaciones de derechos humanos durante los operativos, cateos o detenciones.

Otro de los cuestionamientos es que estas estrategias de seguridad han sido coordinadas principalmente por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE), mismas que están coordinadas por personas polémicas.

Óscar Alberto Aparicio Avendaño frente a la SSP, tiene formación como francotirador por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Estados Unidos; formación policial en la Procuraduría General de la República (PGR); y de cartografía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 1999 inició su trayectoria en la PGR durante una campaña contra el narcotráfico. En 2007 estuvo en la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua. En 2009 ingresó a la Policía Federal y fue director de Seguridad Pública en Apatzingán, Michoacán. Contribuyó a crear la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) cuando fungía como subsecretario Operación Policial en este estado. La FRIZ ha sido relacionada públicamente con hechos delictivos que van desde la desaparición de personas hasta homicidios.

Desde diciembre, setenta organizaciones de la sociedad civil (OSC) expresaron su profunda preocupación ante el nombramiento de Jorge Luis Llaven Abarca como Fiscal General del Estado de Chiapas. “El nombramiento de Llaven Abarca coloca a un Fiscal comprometido con los grupos de poder político y fáctico en Chiapas, enviando una clara señal de que su gobierno no solo apuesta por la corrupción y la impunidad, sino también por prácticas de represión y violaciones a derechos humanos”, denunciaron las OSC. Llaven Abarca fue Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana durante el gobierno de Manuel Velasco Coello. Las OSC alertaron que, en este marco, “su gestión se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas, hechos que permanecen en la impunidad”.

Algunos van más allá y cuestionan que al fin y al cabo se trata de una paz “simulada” o narco-paz. Señalan el bajo perfil de muchos de los detenidos, la poca incautación de droga y de armas de alto poder y la nula oposición armada que los grupos delictivos han presentado al grupo Pakal (aún y cuando cuentan con gran capacidad de fuego y cientos de integrantes). Eso les hace pensar que existía un pacto de no agresión entre las fuerzas estatales y los grupos criminales previo a la toma de posesión de ERA.

Movimientos sociales siguen reclamando cambios

Del 28 de diciembre de 2024 al 2 de enero de 2025, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) celebró el 31º aniversario del levantamiento armado. Los primeros días del “Encuentro de Resistencias y Rebeldías” tuvieron lugar en San Cristóbal de Las Casas. El 30 de diciembre empezó la celebración en Oventik, municipio de San Andrés Larráinzar, con programa cultural donde se reunieron alrededor de 3.000 personas. Se abordaron las crisis causadas por el capitalismo, su impacto en los pueblos indígenas y el uso del crimen organizado para despojar a las comunidades de sus tierras. El EZLN también compartió su evolución interna, pasando de una estructura jerárquica a un modelo más democrático y participativo. Este proceso, que los zapatistas llaman “el común”, implica una forma de trabajo comunitario y el uso colectivo de los recursos. El EZLN reafirmó su compromiso con la construcción de una nueva sociedad libre del capitalismo. Advirtió que, aunque buscan la paz, están preparados para defenderse ante cualquier ataque.

En enero, cientos de católicos de la parroquia de San Pedro Chenalhó peregrinaron en este municipio para plantear una serie de demandas. Sostuvieron que “las promesas de seguridad en campaña del nuevo gobierno (encabezado por el morenista Eduardo Ramírez Aguilar), tienen mucha fuerza en las noticias y en las redes sociales, pero no en nuestra realidad. Entendemos que hay operativos, cateos y detenciones contra el crimen organizado, pero sin desarticularlos, estas acciones no garantizan el camino de la justicia ni de la paz”.

El 25 de enero, en el marco del cierre del Año Jubilar jTatic Samuel Ruiz, miles de católicos de las siete zonas pastorales de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas realizaron una peregrinación en esta ciudad para exigir, entre otras cosas, el desarme y desarticulación de los grupos criminales en Chiapas y justicia por el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez (ocurrido en octubre del año pasado). Asimismo, pidieron que no haya una “simulación mediática” de la paz. Entre las consignas en el evento estuvieron, entre otras “Gobierno, define tu postura: estás con el pueblo o con el crimen”, “Queremos solución, no simulación”, “Fuera cárteles de Chiapas”, “Alto a la narcopolítica”, “Alto a los desplazamientos forzados”, “Alto a los proyectos de muerte”. La peregrinación fue encabezada por el nuncio apostólico en México, Joseph Spiteri y los obispos de la diócesis, Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López Alfaro.

OAXACA: Siguen agresiones y represión contra defensores de la tierra y el territorio

En enero, Arnoldo Nicolás Romero, desaparecido poco antes, fue hallado sin vida. Era comisariado ejidal de Buenavista, agencia municipal de San Juan Guichicovi, en el Istmo de Tehuantepec. Educa A.C. exigió un alto a la represión contra los defensores de la tierra y el territorio, destacando que el comisariado siempre mantuvo una postura firme en defensa de la vida, así como una participación activa en la lucha contra el proyecto del Tren Interoceánico y la edificación de los denominados Polos de Desarrollo, cuyos opositores consideran que fueron impuestos en asambleas amañadas.

Por su parte, organizaciones sociales y civiles manifestaron su “total repudio y rechazo a la represión violenta” que el pasado 14 de enero perpetraron grupos de choque contra los pobladores que protestaban para denunciar la imposición de un basurero “sin haberlos consultado, poniendo en riesgo la salud pública y el medio ambiente” en Oaxaca. Durante su movilización pacífica, “haciendo gala de su impunidad” llegaron grupos de choque que violentaron y desalojaron a los manifestantes, “siendo esta la segunda ocasión que el gobierno de Salomón Jara utiliza estos grupos delictivos para amedrentar a quienes se oponen a su gobierno”, denunciaron. Manifestaron asimismo su “total repudio y rechazo a la represión violenta, utilizando a grupos de choque como medio para resolver las problemáticas que afectan a los pueblos de Oaxaca”.

En febrero, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) denunció que Wilfrido Atanasio, Victoriano Quirino y Abraham Chirino, habitantes de “El Platanillo” en San Juan Mazatlán y miembros de dicha organización, fueron emboscados y asesinados en los límites de los municipios de Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán. Señaló que el ataque pudo haber sido por parte de comuneros de Santo Domingo Petapa y responsabilizó al gobierno del estado, pues le habían advertido sobre el conflicto y la polarización entre los municipios. El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se pronunciaron para exigir justicia, así como un alto a la guerra contra los pueblos indígenas. “No es un hecho aislado, sino parte de la guerra de exterminio que los malos gobiernos, los caciques y los intereses capitalistas imponen contra nuestros pueblos”, denunciaron

Comunidades zapotecas y mixtecas de los Valles Centrales de Oaxaca continúan su lucha contra el proyecto del “Corredor Vial Zapoteco”, un plan que, según el gobierno estatal de Salomón Jara, tiene como objetivo mejorar la infraestructura vial de la región. Sin embargo, muchas comunidades denuncian el riesgo de la deforestación, de desaparición de mantos freáticos, de desplazamiento de la biodiversidad, así como de afectación a campos cosecheros y pozos de agua, entre otros. Representantes del Frente de Comisariados por la Defensa de la Tierra y el Territorio denunciaron la falta de acercamiento por parte de los funcionarios gubernamentales, violando sus derechos a la libre determinación y a la consulta previa. A pesar de ser conocido como “Corredor Vial Zapoteco”, muchos consideran que en realidad es una continuación del antiguo “Libramiento Sur”, un proyecto que fue detenido años atrás debido a las protestas.

En otros aspectos, el 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la red de Mujeres Oaxaqueñas Tejiendo Comunidad denunció el repunte de la violencia feminicida, así como la multiplicidad de formas de violencias que experimentan las mujeres a diario: física, psicológica, económica, sexual, política y digital. Asimismo, se indignó ante “la omisión e impunidad del Estado, mismas que el gobierno de Salomón Jara Cruz continúa perpetuando. Nada ha cambiado, aquella alerta de género que se decretó en el 2018 ante la gravedad de la situación, continúa siendo una mera simulación, que en lugar de traducirse en acciones estratégicas para atender y sancionar a quienes nos violentan, atestigua cómo se sostienen cifras dolorosas de feminicidios en toda la entidad. Más de 209 desde el 1 de diciembre del 2022”. La Red también ha documentado 708 mujeres desaparecidas en lo que va del actual sexenio morenista, “de las que no hay avances en las investigaciones ni un mecanismo eficiente de búsqueda que deje de encubrir criminales”.

GUERRERO: “Guerrero, en el abismo de la muerte”, Tlachinollan

En noviembre, Germán Reyes Reyes, ex encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Chilpancingo, fue vinculado a proceso, luego de ser acusado de ser el responsable del asesinato del alcalde Alejandro Arcos Catalán en octubre pasado. El alcalde, de la coalición PRI-PAN-PRD, había aparecido decapitado, con la cabeza sobre el techo de su camioneta, después de una reunión a la que acudió, sin escoltas, en territorio que domina el grupo criminal Los Ardillos. “Germán Reyes Reyes, militar retirado acusado de ordenar el asesinato del presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos, se desempeñó como fiscal de delitos graves de 2022 a 2024. En la nueva administración municipal logró colocarse como encargado de despacho en la Secretaría de Seguridad Pública. Su carrera en la capital del estado se truncó el 12 de noviembre, al ser detenido por la Guardia Nacional y el Ejército. En la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público acusó al funcionario de formar parte del grupo delictivo Los Ardillos”, explicó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Asimismo, cuestionó: “¿Qué podría esperar la sociedad guerrerense de un fiscal encargado de investigar los delitos graves cuando lo acusan de ser parte de un grupo delictivo y lo procesan por el execrable homicidio del presidente municipal? (…) las fuerzas federales no han podido remontar el poder destructor de los grupos delincuenciales. En lugar de replegarlos y someterlos, se fortalecen y expanden. (…) En este escenario copado por las organizaciones criminales, la estrategia de seguridad operada por el Ejército es fallida y poco confiable, porque las fuerzas federales y las corporaciones policiacas están en el bando contrario de las víctimas”.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en noviembre, Tlachinollan denunció que el estado “está manchado de sangre de mujeres, donde al menos 8 municipios cuentan con Alerta de Violencia de Género por los altos índices de feminicidios. En la Montaña se han recrudecido los casos de violencia sexual; la violencia intrafamiliar, económica y psicológica ha dejado a las mujeres en la indefensión porque las autoridades no las protegen; lo más cruento son las desapariciones porque nadie las busca (…). Los matrimonios forzados de niñas se siguen practicando sin que las autoridades estatales y federales implementen acciones para erradicarlo”. De enero a octubre de 2024, fueron reportados en Guerrero “20 feminicidios de 180 asesinatos de mujeres, cuatro menores, 14 de 18 años en adelante y dos sin especificar edad. Se interpusieron 1.368 denuncias, contra la libertad personal son 169, contra la vida y la integridad corporal fueron 14 y tráfico de personas dos”. Tlachinollan afirmó que estos niveles de violencia se deben en buena medida a la impunidad que prevalece en la gran mayoría de los casos.

En aspectos más esperanzadores, en enero, autoridades de los Bienes Comunales de San Miguel del Progreso, municipio de Malinaltepec, integrados al Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), informaron que, después de más de cuatro años, el Registro Agrario Nacional (RAN) finalmente entregó en idioma Me´phaa (tlapaneco) su Estatuto Comunal; lo cual consideraron “un hecho inédito e histórico” para los pueblos originarios de México y un gran avance en la defensa de los territorios amenazados por intereses ajenos. Resaltaron que “ya podemos actuar conforme a derecho, y sin que se nos criminalice cuando actuamos en contra de aquellos que pretenden los bienes naturales que tenemos en nuestro territorio, como sucede con la latente amenaza de las empresas mineras; de las empresas que buscan agua o de aquellas que quieren nuestra biodiversidad”. “El reconocimiento de nuestro estatuto significa la fusión entre el derecho agrario y el derecho colectivo de los pueblos originarios. Con ello, el gobierno federal tuvo que enfrentar una forma distinta de interpretar el derecho y repensar las herramientas necesarias para hacer efectivos nuestros derechos”, señalaron finalmente.