ANALISIS: México – De influenza y otros males
31/08/20092009
04/01/2010
En julio, la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) cuestionó que México, siendo la economía número 13 a nivel mundial, ocupe el lugar 108 en el Índice Global de la Paz, incluso debajo de naciones africanas como Ruanda o el Congo. Este índice mide la percepción de la violencia en 144 países. Toma en cuenta que la paz no es sólo la ausencia de violencia directa (guerra) sino de violencia cultural y estructural, por lo que incluye también factores como la educación, el bienestar material o la defensa y promoción de los derechos humanos.
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En el marco del Segundo Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos realizado en la ciudad de México (agosto de 2009), se identificaron una serie de rasgos en cuanto a la situación de los derechos humanos en el país, entre otros:
- «El doble discurso por parte del Estado, a nivel internacional con una faceta aparentemente comprometida con los derechos humanos, cuando a nivel interno no sólo no hay interés de proteger y apoyar la defensa de derechos humanos, sino que existe la obstaculización a este derecho, y la no implementación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos».
- «La militarización de nuestro país, con el pretexto de la lucha contra el crimen organizado, agravada con el juzgamiento de elementos del ejército mexicano presuntos violadores de derechos humanos en el fuero militar, generando la indefensión de las víctimas».
- «Deficiencias en la procuración y administración de justicia, que se traducen en impunidad».
- «La criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos, a través del empleo de tipos penales para imponer sanciones a solicitantes de derechos, agresión sistemática por parte de la policía a manifestantes, acoso y hostigamiento».
- «Agresiones directas en contra de la vida e integridad de familiares de presas y presos políticos y de conciencia, y de defensoras y defensores de derechos humanos, tales como detención arbitraria, detención ilegal, tortura, desaparición forzada y asesinato, con especial gravedad en las comunidades indígenas».
- «Campañas de desprestigio hacia la persona y labor de las defensoras y defensores de derechos humanos y activistas sociales».
En el caso de Chiapas, además de poder ubicar estas mismas tendencias, en los últimos meses se ha notado un serio deterioro de la situación de los derechos humanos en el Estado con varios indicadores acercándose al rojo vivo.
Impunidad
En octubre, el Observatorio de Conflictividad Social de Serapaz (Servicios y Asesoría para la Paz) reveló que entre enero y agosto de este año, el 24% de las movilizaciones sociales en el país tuvieron como propósito terminar con la impunidad.
En Chiapas, el caso más sonado -y en todo caso paradigmático-, tuvo que ver con el hecho que entre agosto y noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) liberó a 35 indígenas sentenciados por la matanza de 45 indígenas en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó (Altos) en 1997. 22 presos por los mismos hechos obtuvieron que se les repusiera el procedimiento jurídico que los condenó.
La SCJN tomó su decisión argumentando que las sentencias se basaron en pruebas obtenidas de manera ilegal y en testimonios fabricados por la PGR. Recalcó que no se había respetado el derecho de estos presos a un debido proceso y a una defensa adecuada y que por ello su decisión representaba un avance contundente en contra de la impunidad y a favor del fortalecimiento del Estado de derecho.
A cambio, la Organización Civil Las Abejas (a las que pertenecían las víctimas en Acteal), denunció frente a esta decisión: «Lo poco que se había logrado en la justicia de Acteal, la SCJN hace pocos días lo ha convertido en impunidad». El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) responsable de la defensa de las Abejas alertó: «en vez de abonar a una justicia verdadera que fortalezca el ‘Estado de derecho’, se optó por la liberación de paramilitares, quienes fueron y son identificados plenamente como autores materiales por las personas sobrevivientes y testigos directos del crimen de lesa humanidad».
Cabe subrayar que la SCJN no determinó que los excarcelados fueran inocentes. Por ello, varias voces han denunciado el desfase que se puede dar entre una respuesta jurídica inobjetable y la demanda de justicia para el caso. También se ha cuestionado la resolución por no tomar en cuenta el contexto en el que ocurrió la masacre de Acteal y la guerra que sigue en curso en Chiapas.
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Respaldando lo que han venido denunciando los organismos de derechos humanos por más de una década, salieron a la luz pública en agosto documentos oficiales estadounidenses recién desclasificados por el Archivo Nacional de Seguridad (National Security Archive), indicando el apoyo directo del Ejército Mexicano a paramilitares en el contexto de la guerra de contrainsurgencia contra las bases zapatistas en los ’90s. Además, a finales de octubre, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que contaba con elementos que implicarían a varios altos funcionarios federales y estatales en conductas de omisión y de negligencia en el caso Acteal.
Otra dimensión de la decisión de la SCJN no menos preocupante es el impacto que ha tenido en Chenalhó y varias otras regiones de Chiapas donde se leyó como mensaje de impunidad, abriendo la posibilidad de que se reanudaran acciones de corte paramilitar. Demostrando cierto realismo político, el gobierno de Chiapas ha buscado prevenir el regreso de los excarcelados a Chenalhó para evitar confrontaciones, ofreciéndoles tierras, vivienda y trabajo. Las Abejas denunciaron el carácter por lo menos limitado de esta medida de contención. Desde agosto, también han hecho público que el gobierno estatal ha intentado dividirlas, así como involucrarlas con grupos armados.
Defensores de Derechos Humanos y criminalización de la protesta
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Al presentar su Informe sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en México, a mediados de octubre, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) en México, cuestionó a las autoridades mexicanas por carecer de una política integral que reduzca y elimine riesgos a activistas de derechos humanos. Indicó que de las 128 denuncias de agresiones a defensores en los tres últimos años, un 98.5% se mantiene en la impunidad. La OACNUDH la creciente «estigmatización» de los defensores en particular por parte de autoridades, llegando a identificarles «defensores de criminales, o bien, dicen que buscan desestabilizar al país; en otros casos aseguran que sólo lucran con los casos y que magnifican la problemática para tomar partido».
En el caso de Chiapas, se ha podido observar una creciente criminalización de la lucha social no afín al gobierno estatal, que incluye a organizaciones independientes, defensores de derechos humanos y la Iglesia católica local, en un paralelismo que recuerda mucho al Estado de los años ’90.
El 18 de septiembre, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) denunció un ataque armado de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) en contra de uno de sus integrantes, en el Ejido Jotolá, municipio de Chilón. Esta última agresión, ya poniendo en peligro directamente la seguridad de uno de sus miembros, se da en un contexto de vigilancia, agresiones y desprestigio por parte de diversos actores y medios de comunicación a la labor de defensa de derechos humanos. Dos meses después de los hechos, los agresores señalados fueron detenidos y a la brevedad liberados, según la población de Jotolá amenazando con vengarse.
El 19 de noviembre, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), otro actor particularmente golpeado, publicó un boletín titulado «Criminalización y persecución del gobierno del estado de Chiapas hacia el movimiento social» en el que vuelve a enumerar los hostigamientos que ha padecido.
Unos días antes, el periódico La Jornada había hecho público fragmentos del informe «Situación prevaleciente en el municipio Venustiano Carranza», elaborado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que pretende documentar la existencia de una «red subversiva», la cual estaría planificando actos de desestabilización para el 2010, y cuyo eje sería el párroco católico de Venustiano Carranza, Jesús Landín. Dicho informe parece «justificar» tanto los hostigamientos denunciados por el CDHFBC, la diócesis y otros actores sociales, como las acciones policíacas y militares en Venustiano Carranza y municipios cercanos.
El FNLS negó rotundamente las acusaciones planteadas en su contra en este informe y denunció la actual «estrategia de contrainsurgencia» dirigida «fundamentalmente hacia espacios y actores organizados y que se han mantenido independientes del gobierno y de partidos políticos y que sobretodo han denunciado la injusticia y las sistemáticas violaciones de derechos humanos que se cometen en Chiapas en el actual sexenio del gobierno de Juan Sabines Guerrero».
Otra organización mencionada en el documento y sujeta a represión en los últimos meses, ha sido la OCEZ-RC (Organización Campesina Emiliano Zapata-Región Carranza). Llamativamente la represión reciente se dio aunque esta organización, cuyas principales demandas son de carácter agrario, había firmado un «pacto de gobernabilidad» con el gobierno del Estado, pacto que incluye la entrega de recursos económicos y el compromiso de no efectuar acciones de protesta ni entablar demandas agrarias.
A partir del 26 de octubre, alrededor de 150 de sus integrantes mantuvieron un plantón en el centro de San Cristóbal de Las Casas para denunciar intimidación policíaco-militar en su región y demandar la liberación de sus dirigentes detenidos en septiembre y octubre. Amnistía Internacional pidió al gobierno mexicano que investigara las denuncias contra policías de Chiapas por presunta tortura a los líderes de la OCEZ y que garantizara juicio justo a José Manuel Hernández Martínez, quien padecía un régimen de incomunicación al haber sido trasladado a un penal de alta seguridad lejos de Chiapas. El 30 de octubre, integrantes del plantón tomaron las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en San Cristóbal.
El 23 de noviembre los tres dirigentes de la OCEZ fueron liberados bajo fianza pagada por el gobierno estatal quien pidió reanudar las negociaciones ofreciendo suspender las demás órdenes de aprehensión. A la hora del cierre de este informe, se seguía viendo la posibilidad de abrir una mesa de distensión para atender las demandas restantes de la OCEZ.
En cuanto a la diócesis, a finales de noviembre, una declaración pública de sacerdotes y religiosas de la zona Sur reclamó: «En lugar de calumnias, hostigamiento y persecución esperábamos que el gobernador se sumara a los esfuerzos del pueblo por defender la santa tierra chiapaneca, pulmón de la nación, y diera ejemplo de respeto a los derechos que marca claramente la constitución y que defienden los tratados firmados por México ante la comunidad internacional».
Territorios en disputa
El Informe 2009 de Amnistía Internacional menciona en el caso de México: «Varios proyectos de inversión y desarrollo económico suscitaron las protestas de algunas comunidades locales por la falta de un proceso de consultas adecuado y por el posible impacto negativo de dichos proyectos sobre los derechos sociales, medioambientales y de otro tipo. Las comunidades indígenas fueron víctima de un número especialmente alto de represalias».
En el caso de Chiapas, una amplia mayoría de los conflictos sociales recientes -aunque puedan parecer aislados-, derivan del tema territorial: la resistencia a la explotación minera en ocho municipios o a la construcción de la autopista entre San Cristóbal de Las Casas y Palenque (Mitzitón, por ejemplo), la lucha por la gestión autónoma de las cascadas de Agua Azul (caso de Bachajón), en contra de las altas tarifas de la luz eléctrica (ver enfoque), entre otros.
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En una situación ejemplar de la criminalización de la protesta mencionada anteriormente, en agosto Mariano Abarca, opositor a la explotación minera en Chicomuselo (Sierra de Chiapas) fue detenido debido al plantón que se mantenía desde junio impidiendo las actividades de Blackfire (corporación transnacional de capital canadiense). Fue liberado una semana después, aunque se ha mantenido el hostigamiento en contra del movimiento anti-minería, como se vio en el Encuentro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) a finales de agosto, justamente en Chicomuselo, cuando policías se hicieron pasar por periodistas.
A finales de julio, adherentes de La Otra Campaña del ejido Mitzitón realizaron un bloqueo de carretera para plantear varias demandas, como el rechazo a la autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque (que supuestamente atravesaría el ejido Mitzitón), la libre auto-determinación de los pueblos y justicia inmediata para Aurelio Díaz Hernández, quien fue atropellado el 21 de julio.
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En el caso de Bachajón, desde abril fueron encarcelados ocho ejidatarios, de los cuales dos aún continúan en el penal de El Amate. La población de Bachajón sigue pidiendo su liberación y ha denunciado que «policías estatales y federales siguen ocupando ilegalmente» su territorio.
La conflictividad alrededor de tierras recuperadas sigue vigente. En agosto, más de 15 personas resultaron heridas durante un enfrentamiento entre bases de apoyo zapatistas y militantes de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), que se disputan el predio Bosque Bonito y una fracción de El Prado, en la zona de Cuxuljá, municipio de Ocosingo. En septiembre, indígenas de la Asociación Rural de Interés Colectivo-Unión de Uniones (ARIC-UU) y bases de apoyo se enfrentaron a golpes por la disputa de 200 hectáreas en Santo Tomas, municipio de Ocosingo, con resultado de un muerto, por lo menos 15 lesionados y cuatro retenidos.
Gobierno del estado: Respuestas contradictorias
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El gobierno del estado se ha acercado y ha firmado varios convenios con organismos internacionales. A finales de julio, Chiapas se convirtió en el primer estado en el mundo que incluye en su Constitución la obligación de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio trazados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En septiembre, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el gobernador Juan Sabines expresaron la posibilidad de abrir una agenda de trabajo para reforzar y revisar la atención a las comunidades indígenas del estado.
A nivel interno, a cambio, el gobierno de Chiapas parece «negar o minimizar los conflictos» prevalecientes (Germán Bellinghausen, La Jornada). Frente a las denuncias por explotación minera, afirma que no existen proyectos, y que en todo caso deberían de darse en beneficios del pueblo. Niega que la autopista San Cristóbal-Palenque pasará por lugares donde se haya generado oposición a la misma. En el caso del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, repudió las agresiones en su contra. Según el boletín emitido por el gobierno estatal después de reunirse con el obispo Felipe Arizmendi, «coincidieron, entre otros, en el tema de la minería en Chiapas y la necesidad de un análisis profundo que lleve a cambios a favor de los pueblos donde se extrae la riqueza. (…) Juan Sabines ofreció al Obispo Arizmendi la mejor disposición para recibir al párroco de Carranza y despejar cualquier malentendido que pueda existir».
El gobierno del estado parece tener una respuesta frente a todos los conflictos aunque sin reconocer el papel que pudo jugar en su generación y sin acabar de atender las causas de fondo detrás de los mismos. Por otro lado, algunas declaraciones ambiguas no acaban de fomentar el espacio de trabajo para la defensa y promoción de los derechos humanos cuando en noviembre, por ejemplo, el secretario de Gobierno, Noé Castañón llamó a la población a «no dejarse engañar por quienes como víboras con piel de cordero proclaman por un lado la paz y subterráneamente convocan a la violencia. (…) Nadie debe caer en provocación ante quienes quieren utilizar al pueblo como carne de cañón para promover derramamiento de sangre en el año 2010, o antes, ante extraños intereses personales».
Militarización y DDHH
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En el caso de Chiapas, tocaría en todo caso hablar de «re-militarización». A raíz del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Chiapas es el estado más militarizado (en cuanto a cuarteles se refiere) del país. Ciertamente, en las últimas semanas, se han vuelto a denunciar múltiples cateos e incursiones militares en el Centro (alrededor de Venustiano Carranza), la Selva Fronteriza, así como en los Altos el día del aniversario de la fundación del EZLN.
Regresando al contexto nacional, las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos se han multiplicado debido a la participación del Ejército en la lucha contra el narcotráfico, que de manera permanente tiene desplegados a 45 mil elementos sin lograr reducir el nivel de violencia atribuida a las redes delictivas.
No obstante, tanto el director de derechos humanos de la Sedena general López Portillo como el mismo Felipe Calderón han tenido tendencia a minimizar o descalificar las críticas. En julio, López Portillo afirmó que «la mayoría de delitos en que incurren son de carácter imprudencial (sic), colateral a sus operaciones y por desconocimiento de las consecuencias de una violación a derechos humanos». En agosto, durante la Clausura de la Cumbre México-EU-Canadá, Felipe Calderón afirmó que su gobierno cumple «escrupulosamente» con sus compromisos en materia de derechos humanos y que «quienes señalen lo contrario, están obligados a probar un caso, un solo caso». En respuesta, 5 organismos civiles de derechos humanos le hicieron llegar una carta en la que describen 7 casos de violaciones a los derechos humanos por parte de militares en contra de civiles a título de ejemplo, todos ocurridos en este sexenio.
En agosto, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) verificará los resultados que se tienen en materia de derechos humanos. El ombudsman nacional, José Luis Soberanes, consideró que este anuncio era tan sólo «un bonito espectáculo». Lo planteado con el gobierno federal enfatizando más los esfuerzos que los pendientes pareció suficiente para que en agosto, Estados Unidos optara por liberar 214 millones de dólares en el marco del Plan Mérida1 que busca ayudar a México en su lucha contra la delincuencia organizada.
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- La Iniciativa Mérida prevé canalizar 1.400 millones de dólares a México en tres años para cooperación antidrogas. La entrega de un 15% de los fondos está condicionada a que el Departamento de Estado estadounidense constate dicha situación en un informe (Volver…)
