ACTUALIDAD: Chiapas – ¿de la zanahoria al garrote?
26/02/2010
ACTUALIDAD: De cambios y continuidad
30/07/2010
Desde hace décadas, México ha venido gozando de una buena imagen internacional en cuestión de derechos humanos. Más que al contexto interno prevaleciente en la materia, eso se debe en parte a su papel de mediación en los conflictos armados en Centroamérica en los años ’80s, así como a su fuerte trabajo diplomático en distintas plataformas internacionales y multilaterales. Por otro lado, varios países consideraron que la caída del PRI del poder en el año 2000 (Partido Revolucionario Institucional, que se sostuvo en la presidencia por más de 70 años), marcaba el inicio de una «transición democrática» en la que se le concedió cierto margen a los nuevos gobiernos para implementar cambios. De un mismo modo, y frente a la guerra declarada por el gobierno de Felipe Calderón al narcotráfico y a la delincuencia organizada desde 2006, varios países comparten una lectura en clave de «seguridad«.
En México, las violaciones a derechos humanos parecen ser consideradas cada vez más como «daños colaterales» en la búsqueda de un «bien mayor». En esta clave, son particularmente ilustrativas las declaraciones del Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), a mediados de abril, al explicar al Congreso la necesidad de la permanencia del Ejército en las calles para combatir al narcotráfico por lo menos por 10 años más. Expresó: «A pesar de las muertes de civiles -niños, jóvenes, estudiantes y adultos- en los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y el crimen organizado, la estrategia se mantendrá, son daños colaterales que son lamentables».
Según cifras oficiales, la violencia vinculada al crimen organizado ha dejado más de 22.700 muertos desde diciembre de 2006. Cabe subrayar por lo demás que los asesinatos son sólo uno de los tipos de las violaciones de derechos humanos que se han venido multiplicando a raíz de la militarización del país. Según fuentes periodísticas, en lo que va del actual sexenio, las quejas por presuntos abusos de militares contra civiles aumentaron más de 400 por ciento, alcanzando 1.644 quejas en 2009. Sólo en el primer trimestre de este año, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya acumuló 389 quejas, más que todas las reportadas cada año de 2000 a 2007. En contraste sólo 40 militares enfrentan actualmente un proceso penal dentro de la cárcel por abusos, y otros 55 efectivos están involucrados en 37 averiguaciones previas relacionadas con violaciones a los derechos humanos.
Cuestionamientos internacionales desde varios frentes
En los últimos meses, el Estado mexicano ha empezado a recibir severos cuestionamientos en cuanto a derechos humanos ya no nada más por parte de ONG (organizaciones no gubernamentales), sino por parte de países o organismos multilaterales como la OEA (Organización de los Estados Americanos), la ONU (Organización de las Naciones Unidos), como por parte de EEUU o del Parlamento Europeo.
El 8 y 9 de marzo en Nueva York, EEUU, se llevó a cabo una sesión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la que se cuestionó al Estado mexicano sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por México en 1981, incluyendo distintos aspectos como son: militarización, fuero militar, arraigo, delitos del pasado y desaparición de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales del Pasado (FEMOSSP), tortura, condiciones carcelarias, falta de claridad respecto a la jerarquía de los tratados internacionales por encima de las leyes mexicanas, violencia contra la mujeres, situación de los derechos de los pueblos indígenas y la aplicación del artículo 33 constitucional (que tiene que ver con la posibilidad de expulsar a extranjeros si se considera que se entrometen en asuntos políticos mexicanos).
Por otro lado, el 11 de marzo, el Departamento de Estado de los EEUU, aliado de México en la guerra declarada al narcotráfico, publicó el documento «Informes por país sobre prácticas de derechos humanos 2009». La sección sobre México aunque afirma que de manera general el gobierno respetó las garantías, detalla un sinfín de casos entre otros de ejecuciones arbitrarias por las fuerzas de seguridad, abuso físico, malas condiciones carcelarias, detenciones arbitrarias, impunidad en el sistema penal, confesiones arrancadas bajo tortura, ataques a periodistas, así como desapariciones forzadas por parte del ejército.
El mismo 11 de marzo, el plenario de la Eurocámara en Estrasburgo adoptó una resolución titulada «Escalada de la violencia en México» en la que el Parlamento Europeo expresó su preocupación por los niveles de violencia existentes en México, por el clima de impunidad que existe en el país, así como por las agresiones contra los defensores de derechos humanos, los periodistas y las mujeres. El 12 de mayo, el Gobierno de México y la Unión Europea (UE) sostuvieron un encuentro en el marco del mecanismo de profundización del diálogo y cooperación en derechos humanos. Las principales preocupaciones expresadas por la UE fueron por la aplicación del fuero militar en los casos de delitos cometidos por elementos del Ejército, por la impunidad en los crímenes y el uso excesivo de la fuerza, aunque reconoce los esfuerzos del gobierno mexicano para garantizar el respeto a los derechos humanos en el país.
Finalmente, y desde hace varios meses, la OEA (a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) ha llegado a cuestionar la situación de derechos humanos en México alrededor de casos como el del luchador social guerrerense Rosendo Radilla Pacheco (desaparición forzada en 1974 en el marco de la llamada «Guerra Sucia»; ver informe anterior).
Creciente vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos
El 17 de abril, el comunicado final del Tercer Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos llevado a cabo en la Ciudad de México ratificó tendencias que hemos ido señalando respecto a la creciente vulnerabilidad en la que se encuentran.
Los participantes denunciaron que «por el trabajo de promoción y defensa de derechos humanos» que realizan, se encuentran «constantemente en situación de riesgo», mismo que se concreta en «amenazas, tortura, intimidaciones, privación ilegal de la libertad, allanamientos e incluso el asesinato.» Afirmaron que no existen «mecanismos adecuados de protección para nuestra labor,» que muchos defensoras y defensores de derechos humanos han tenido que huir de sus lugares de origen debido a amenazas recibidas, y que la militarización «ha agravado la situación de vulnerabilidad en que ya nos encontramos.» También señalaron que este contexto violento afecta particularmente mujeres, indígenas y periodistas.
En este contexto, el 8 de abril, el Senado aprobó una reforma constitucional en materia de derechos humanos que fue turnada a la Cámara de Diputados. Según varios organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, dicha reforma incorporaría medidas positivas, en particular, la importancia del derecho internacional, una clara definición de cómo y en qué circunstancias se puede declarar el estado de emergencia, la facultad otorgada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para realizar investigaciones, y garantías contra la expulsión arbitraria de extranjeros. A la fecha sigue sin aprobarse dejando en buena medida desprotegidos a los defensores de derechos humanos.
Ataque a misión de observación en Oaxaca, ejemplo extremo de esta vulnerabilidad
El 27 de abril, una caravana de observación de Derechos Humanos fue atacada en la comunidad La Sabana, presuntamente por miembros de la organización «Unión de Bienestar Social de la Región Triqui» (Ubisort), cuando se dirigía al Municipio Autónomo San Juan Cópala. Dicha misión buscaba brindar ayuda humanitaria a los habitantes de San Juan Cópala y documentar su situación, ya que desde hace varios meses, según se ha denunciado, se encuentran cercados por el grupo Ubisort. Este ataque constituyó el ejemplo más extremo de «la situación de vulnerabilidad de las y los que trabajan a favor de la defensa y promoción de los derechos humanos frente a la cada vez más recurrente violencia política, a la criminalización de su labor y a la indiferencia estatal para la protección de su vida e integridad física» en el plazo de este informe (Comunicado de la Red por la Paz, 28 de abril).
En la agresión murieron Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), y el observador internacional finlandés Jyri Jaakkola. También hubo varios heridos, y 4 personas fueron reportadas como desaparecidas al haber tenido que esconderse por dos días en el monte. Por el impacto que ha tenido la agresión y la condena nacional e internacional que ha suscitado, la Procuraduría General de la República (PGR) ha decidido atraer las investigaciones sobre los hechos.
Ciertamente desde hace años la región de los indígenas Triqui sufre un alto nivel de violencia, en el contexto de la disputa por el control político, social y económico de la región, una situación que según organizaciones de Oaxaca, no ha sido atendida debidamente por las autoridades estatales. Cabe subrayar además, que el ataque ocurrió a poco tiempo del inicio de campañas electorales a nivel estatal, lo cual, en ocasiones anteriores, ha implicado una agudización de la conflictividad sociopolítica.
El gobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz (PRI), deslindó al gobierno estatal de cualquier responsabilidad en el ataque. Incluso, cuestionó la participación de extranjeros en esta caravana, advirtiendo que debería investigarse su calidad migratoria. Al respecto, en su comunicado, la Red por la Paz censuró que «el gobierno de Oaxaca esté cuestionando la observación internacional, mecanismo de intervención civil de paz que ha resultado clave para detener la violencia en varios lugares y contextos».
Vulnerabilidad exacerbada por el papel de los medios: más polémica alrededor del EZLN en medios nacionales
Otra de las tendencias que hemos venido señalando en los últimos meses ha sido el papel de los medios masivos de comunicación en la criminalización de la protesta social y de la labor de los defensores de derechos humanos, tergiversando versiones y hechos, introduciendo tintes religiosos desdibujando otros intereses, entre otros. El ejemplo más significativo de ello en el plazo cubierto por este informe fue, el 27 de marzo cuando el diario Reforma publicó un artículo en el que un presunto ex integrante del EZLN «reveló» que existe una supuesta relación entre el EZLN y la organización separatista vasca ETA. En una nota no firmada, el periódico dijo que recibió «un amplio documento» de 83 cuartillas en el que supuestamente se detalla la estructura de ese movimiento, sus finanzas, armamento y apoyos internacionales que recibiría. Más de 100 medios de comunicación, dando como ciertas las fuentes de la nota, encabezaron sus publicaciones con títulos como: «Exigen indagar vínculo de EZLN y ETA».
El 1° de abril, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas compartió la aclaración y réplica de Leuccio Rizzo, cuyo rostro fue exhibido en portada de Reforma como si fuera el del Subcomandante Marcos. Señaló: «nos preocupa que el diario Reforma (…) se preste a publicar información carente de sustento, violatoria a lo que marca la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 11 y 14, y como herramienta de contrainsurgencia del Estado mexicano para señalar y criminalizar a defensores de derechos humanos.»
Mucho se podría comentar alrededor de esta polémica mediática llevando a dudar tanto sobre su contenido como sobre la intencionalidad. El diputado federal perredista José Narro Céspedes, actual coordinador de la COCOPA (Comisión de Concordancia y Pacificación) subrayó: «De entrada, otorgarle las ocho columnas de la primera plana y una página completa una información de dudosa procedencia, con mentiras y falsedades habla de una intencionalidad política, o de tener pretexto para alguna acción represiva».
Magda Gómez (académica y especialista en derecho indígena) en un artículo de La Jornada del 31 de marzo recalcó «¿Qué podemos suponer que hay detrás al vincular al zapatismo con una organización como ETA? Por qué se omite el deslinde público que el Sup Marcos hizo respecto de toda forma de terrorismo, venga de donde venga, en un conflictivo intercambio de misivas con la propia ETA?.(…) El asunto no es menor, ya que de inmediato se evoca aquel 9 de febrero de 1995, sólo que esta vez no sabemos si el golpe será sólo mediático o si es un anuncio previo de acciones mayores del Estado, lo cual no podemos descartar».
El 22 de abril, en un foro realizado en el Congreso que podría parecer a destiempo si no fuera por pensar en impedir un regreso a una «solución armada», legisladores, obispos, intelectuales, representantes de organizaciones no gubernamentales e indígenas demandaron el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés (Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena firmados entre el EZLN y el gobierno federal en 1996). Los participantes en el Foro sostuvieron que a pesar de la reforma indígena de 2001, los indígenas en el país siguen sin poder gozar de todas las garantías, son discriminados, excluidos, explotados, despojados de sus recursos y territorios, no se les hace justicia y carecen de educación y salud.
Previo al Foro, el presidente en turno de la COCOPA, José Narro, había ya alertado «El gobierno federal debe mandar verdaderas señales de que está dispuesto a firmar los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, porque de lo contrario será demasiado tarde, pues se perciben riesgos de que el EZLN u otros grupos en el país se vuelvan a levantar en armas».
En fechas previas, el 8 de marzo, en el marco del Día Mundial de las Mujeres, alrededor de 500 mujeres y hombres, adherentes a La Otra Campaña realizaron una marcha-mitin de protesta en la plaza Catedral de San Cristóbal de las Casas. Denunciaron «la guerra que los malos gobiernos instrumentan por medio de grupos de choque, paramilitares y sus fuerzas armadas, en la que a las mujeres rebeldes nos convierte en blanco de ataque, explotación y botín de desalmados. (…) Los malos gobiernos usan su poder para controlar los medios masivos de comunicación, fabricar realidades y así enmascarar su estrategia de terror y muerte. Pero las mujeres y los hombres que estamos en lucha, tenemos claro que su intención es crear condiciones para una intervención militar en contra de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, comunidades y organizaciones de La Otra Campaña, así como a todas y todos los que estorban a los intereses capitalistas que sólo buscan beneficiar a los más ricos por encima de los pueblos y de la vida misma».
Chiapas: Atención a los síntomas más no a las raíces de los conflictos
Son muchos los ejemplos de conflictos en Chiapas que se han ido reciclando en la última década sin nunca acabar de distenderse o atender de fondo sus raíces o las legitimas demandas que pueden estar detrás de ellos. Daremos nada más unos ejemplos a nivel estatal que ilustran tanto la impunidad como la criminalización de defensores (incluyendo observadores internacionales), así como el papel que juegan los medios de comunicación en este contexto
Ranchería Amaytic
Cinco campesinos tzeltales, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se encontraban detenidos en la cárcel municipal de Ocosingo desde el 11 de mayo, fueron liberados al día siguiente, sin cargos, por las autoridades. Inicialmente habían sido aprehendidos por pobladores del ejido Peña Limonar, y luego trasladados por la Policía Estatal Preventiva para ser puestos a disposición del Ministerio Público.
La Junta de Buen Gobierno (JBG) de La Garrucha, ubicada en el municipio de Ocosingo, había denunciado su detención el 10 de mayo así como la desaparición de 9 zapatistas más de la comunidad de la Ranchería Amaytic, en el municipio autónomo de Ricardo Flores Magón. En el comunicado, la JBG responsabilizó «a los tres niveles de GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL y MUNICIPAL por no haber hecho caso de solucionar esta problema».
El conflicto se remonta a por lo menos agosto de 2002, momento en el que fueron asesinadas dos autoridades zapatistas después de lo que los victimarios señalados por estos hechos fueron obligados a ir a vivir a Peña Limonar. Según denunciado por La Garrucha, en marzo de 2010 buscaron imponer su regreso a Amaytic, ocupando a la fuerza terrenos y generando nuevos conflictos.
Reserva de la biósfera de Montes Azules
© SIPAZ
Desde por lo menos el 2002, se han realizado desalojos (algunos negociados, otros violentos) en la reserva de la biósfera de Montes Azules. En enero de este año fueron desalojadas por la fuerza las comunidades Laguna El Suspiro (también conocida como El Semental) y Laguna San Pedro (conocida como San Pedro Guanil). El Estado ha anunciado nuevos desalojos de siete asentamientos que suman un poco menos de 3 mil hectáreas.
En este marco, el 5 y 6 de marzo, se realizó en el Ejido Candelaria, municipio de Ocosingo el «Foro Social de los Montes Azules» con presencia de alrededor de 200 personas, tanto indígenas de comunidades que podrían ser expulsadas próximamente como de organizaciones sociales y civiles del resto del país. La declaración final enfatizó: «Ninguna persona, comunidad o pueblo, por el hecho de vivir en un área natural protegida, puede ser privada de sus derechos, sobre todo, de los derechos a la vida, a la seguridad humana y a su libre determinación». Reconociendo que «uno de nuestros grandes retos es la difusión de nuestros trabajos y de nuestras propuestas en los medios de comunicación, para poder cambiar la imagen que promueven los gobiernos que nos presentan como ‘depredadores’ y ‘destructores’ de la naturaleza», la declaración apuntala que: «Nuestras estrategias buscarán articular la lucha política con la defensa jurídica, el manejo sustentable de los bienes naturales y la construcción de proyectos de buen vivir».
Por su parte, el 30 de abril, la Junta de Buen Gobierno «Hacia La Esperanza», zona selva fronteriza, ubicada en La Realidad denunció en un comunicado: «que Calderón organiza nuevos desalojos en comunidades zapatistas haciendo una brecha que encierra la biosfera de Montes Azules, son planes de las tres instancias del mal Gobierno Municipal, Estatal, Federal». La JBG planteó … «para nosotr@s La Tierra es de quien la trabaja, por eso, la Junta de Buen Gobierno denuncia públicamente los hechos que están ocurriendo y ante esta situación les ponemos a sus conocimiento que como EZLN no permitiremos un desalojo más, no vamos a tolerar estas acciones y mucho menos que no vamos a dejar; vamos a defender nuestras tierras pase lo que pase, porque para nosotros la tierra, No se renta, No se alquila y mucho menos lo ponemos como un objeto de venta».
Chenalhó
El 9 de marzo, la Sociedad Civil Las Abejas emitió un comunicado en el que tomó posición frente al llamado al diálogo del gobierno estatal reiterado a través de una inserción pagada que salió en medios el 27 de febrero pasado.
Frente a la preocupación del boletín oficial por la presencia en la región de Acteal de extranjeros provenientes de Pakistán, India, Perú, España y Estados Unidos, quienes les piden no aceptar beneficios del gobierno, Las Abejas afirman «Le decimos al gobernador que sus orejas le han dado información incompleta. También han venido observadores de derechos humanos de Alemania, Argentina, Chile, Suecia, Suiza, Francia, Bélgica, Noruega, Japón, Australia, Guatemala y muchos más. Por si no lo sabe, la masacre de Acteal y la responsabilidad del gobierno se conoce en los cinco continentes. Pero el gobierno demuestra su mentalidad racista, como ha hecho desde el levantamiento del EZLN: ‘si los indígenas deciden algo es que los extranjeros los están dirigiendo, porque no saben pensar por sí mismos’. Y después de insultarnos así ¿espera que nos sentemos a dialogar con ellos? Le decimos al gobernador que nosotros hacemos lo que nos dice nuestro corazón y nuestra conciencia de no aceptar apoyos y proyectos productivos y de no creer sus falsas promesas cuando estamos viendo lo que dicen sus hechos, no sus palabras. No necesitamos a los extranjeros para decir lo que ven nuestros ojos».
