Incertidumbre es la palabra más adecuada para caracterizar la actual coyuntura de Chiapas. El período pre electoral que vive el país reviste características muy especiales en este estado, debido a la alianza opositora que allí se está consolidando para disputar el gobierno de la entidad. Simultáneamente, la inminente salida de la diócesis de San Cristóbal de las Casas de sus dos obispos genera una tensa expectativa respecto al futuro, no sólo de la diócesis sino también del proceso de paz que la misma ha impulsado desde el alzamiento zapatista.

Si bien el principal tema de atención a nivel nacional ha sido en estos meses el conflicto de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, en el Distrito Federal, varios analistas consideraron que la forma violenta en que el gobierno federal puso fin a la ocupación y al proceso de negociación con los huelguistas augura un desenlace similar para el conflicto de Chiapas. Incluso algunos encontraron preocupantes correspondencias entre este proceso y el que en febrero de 1995 interrumpió el diálogo incipiente con el EZLN para desencadenar la persecución de sus dirigentes y la militarización de la zona de conflicto.

Ya que en las elecciones presidenciales (2 de julio) y las elecciones para gobernador de Chiapas (20 de agosto) se acercan, el mundo político se gira cada vez más alrededor de la dinámica electoral. Las recientes elecciones internas que el PRI realizó tanto a nivel nacional como estatal demostraron, por un lado, la eficacia del partido de Estado para controlar el aparato electoral, y por otro, la apatía de la ciudadanía ante un proceso que se ve con poca credibilidad y donde el resultado se conoce de antemano.

Según algunos analistas independientes, la alianza opositora encabezada por el senador escindido del PRI Pablo Salazar Mendiguchía (chiapaneco, evangélico y ex miembro destacado de la COCOPA) tiene probabilidades de crecer de aquí a las elecciones de agosto. En los últimos meses está recibiendo el apoyo creciente de las organizaciones sociales del estado, y cuenta ya con el de todos los partidos de oposición. Esta propuesta de oposición tiene posibilidades reales de disputar al PRI el gobierno del estado.

Sin embargo, las opiniones son también pesimistas al señalar que no existen en Chiapas ni a nivel nacional condiciones favorables para que el triunfo en las urnas de Salazar sea respetado: la tradición de fraude que ha caracterizado al sistema electoral mexicano poco cambió en Chiapas después de las reformas electorales de 1996. Por otra parte, si accediera al poder, Salazar tendría que gobernar por lo menos hasta 2001 con un Congreso estatal y la mayoría de los ayuntamientos controlados por el PRI, además del factor adicional de inestabilidad que representaría la presencia del Ejército, de los grupos paramilitares y otros grupos de poder económico.

En cualquier caso, habrá que seguir muy de cerca el desarrollo de la campaña electoral en Chiapas hacia la instancia electoral de agosto. Sería deseable que en la misma existiera una importante presencia de observadores tanto nacionales como internacionales, para garantizar respeto a la voluntad popular y el menor grado posible de irregularidades.

A esta incierta coyuntura electoral, se suma el vacío de poder en la diócesis de San Cristóbal. Es difícil aceptar el argumento vaticano de que la remoción del obispo auxiliar Raúl Vera -sucesor natural y por derecho de Samuel Ruiz- «fue por razones puramente eclesiales». Si al Vaticano, representado en la figura del conservador Secretario de Estado Angelo Sodano, le interesa respaldar la continuidad del trabajo de Ruiz, le hubiera bastado con confirmar a Vera como sucesor, dada la profunda identifiación de éste con la línea actual de la diocesís. De hecho, desde hace años, la línea pastoral que ha llevado adelante la diócesis, con un fuerte acento en la promoción social, la organización y el protagonismo de los indígenas, ha sido causa de preocupación para el Vaticano. Pero es dificil entender esta preocupación separada de la importancia que tiene para el Vaticano desarrollar sus relaciones diplomáticas con un gobierno mexicano que ha visto a la diócesis como fuente de muchos problemas políticos.

Los analistas consideran que es probable que el nuevo obispo –cuyo nombramiento se esperaba al cierre de este Informe- apunte a bajar el perfil social y político de la diócesis, su labor de denuncia de la situación de los derechos humanos y la militarización, y su compromiso con el proceso de paz y los derechos de los pueblos indígenas. De ser así, el nuevo titular deberá enfrentarse a una Iglesia sólidamente enraizada en las comunidades indígenas, con un tejido social articulado en una red de más de 400 diáconos y 8000 catequistas indígenas, y organizada programáticamente alrededor de las definiciones del III Sínodo diocesano, que le dan a esas realidades un lugar destacado en su misión.

No obstante, teniendo en cuenta que la diócesis es un referente importante para el pueblo creyente católico y aun para sectores evangélicos, así como para las ONGs y las organizaciones populares que luchan por un cambio en Chiapas, su debilitamiento puede significar un golpe para esos actores, que ya vienen sufriendo un desgaste continuado desde el inicio del conflicto, como resultado de la estrategia contrainsurgente del gobierno federal y su operador, el Ejecutivo estatal.

El alejamiento de Samuel Ruiz de Chiapas es otro motivo de preocupación para el futuro del proceso de paz, dado que su liderazgo ha sido fundamental para detener la violencia, buscar caminos de diálogo y negociación y evitar una salida militar al conflicto. En un escenario cada vez más polarizado y tenso, donde el espacio de negociación prácticamente ha desaparecido, el riesgo es que la lógica militar se imponga finalmente sobre la política, ya sea porque el gobierno decida aprovechar el interregno de estos meses para dar un golpe certero, o porque el propio EZLN, ante el estancamiento prolongado del proceso, elija retomar el camino de las armas. Si bien ninguna de las dos opciones parece razonable ni probable, no dejan de ser un escenario posible.

Como siempre, la actitud vigilante de la comunidad internacional será fundamental en el transcurso de este delicado período. En ese sentido, habrá que dar seguimiento al cumplimiento por parte del gobierno mexicano de las importantes recomendaciones emitidas por la Alta Comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Mary Robinson, y de otras expertas de ese organismo que también visitaron México en el último año, pronunciándose de manera muy crítica sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas y en otros estados.