Sumario

A finales de noviembre, en medio de continuas tensiones y violencia, 3 mil representantes de la sociedad civil mexicana se reunieron en Chiapas para discutir formas de reactivar el estancado proceso de paz. Se trató del primer encuentro entre el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) y la sociedad civil mexicana desde hacía más de dos años. El principal resultado de esta reunión fue el acuerdo para la organización de la consulta nacional a la que el EZLN había convocado, quedando programada para el 21 de marzo de 1999. El objetivo de dicha consulta es preguntar a los mexicanos sobre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios y más específicamente sobre su apoyo o no a la propuesta de ley de la COCOPA (Comisión de Concordancia y Pacificación integrada por representantes del Congreso) elaborada para implementar los Acuerdos de San Andrés. Dichos acuerdos fueron firmados por el gobierno mexicano y el EZLN en febrero de 1996. Posteriormente, el EZLN había aceptado la propuesta de la COCOPA, pero el gobierno la rechazó. El EZLN desde entonces ha estado insistiendo en que el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés es una condición necesaria para reiniciar los diálogos con el gobierno.

Durante el encuentro con la sociedad civil, algunos líderes del EZLN se reunieron dos veces con la COCOPA, comisión que está encargada de coadyuvar en el diálogo entre el EZLN y la administración Zedillo. Las reuniones fueron útiles para restablecer el contacto directo entre el EZLN y la COCOPA después de casi dos años, pero no lograron avanzar hacia la reanudación de las negociaciones.

Cuatro semanas después, el 22 de diciembre, siete mil personas se reunieron en Acteal para celebrar el primer aniversario de la masacre de 21 mujeres, 15 niños y 9 hombres por un grupo paramilitar. Al mismo tiempo, la Procuraduría General de la República (PGR) publicó su ‘Libro Blanco sobre Acteal’. En éste, se culpa a las autoridades locales por no haber enfrentado adecuadamente lo que se sugiere fue una disputa local. También se menciona al EZLN como una causa indirecta de la masacre, pero no se le da mucha atención a otra causa claramente mucho más directa: la existencia de grupos paramilitares como él que ocasionó la masacre en Acteal. El informe sugiere que otro factor fue «la falta de presencia de las instituciones de procuración de justicia» menoscabando el hecho de que la policía estuvo presente en Acteal mientras tenía lugar la masacre. El informe también documenta el proceso en curso en contra de unas 100 personas vinculadas al caso. No obstante, en una aparente contradicción con el significado que parecerían tener tales procesamientos, varios grupos paramilitares siguen actuando con toda impunidad en varias partes de Chiapas.

Relacionado con esto, el gobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén, entregó al Congreso del Estado una propuesta de ley de Amnistía. La intención declarada es de desarmar los ‘grupos civiles’ y se aclara que la amnistía se limitará a los cargos por posesión, portación y acopio de armas de fuego. Sin embargo, dicha propuesta ha sido criticada por algunos líderes empresariales y por Paz y Justicia una organización identificada como grupo paramilitar: según ellos, la propuesta debería incluir al EZLN (que se encuentra protegido por la Ley del Diálogo). Paralelamente, los partidos de oposición y los grupos de derechos humanos sugieren que esta propuesta podría más bien reforzar la impunidad y el anonimato de los grupos paramilitares.

Mientras estos grupos siguen operando en muchas zonas de Chiapas, la Seguridad Pública y el Ejército federal siguen penetrando en las comunidades que son bases de apoyo zapatistas; a consecuencias de eso, muchas comunidades se encuentran divididas y entre 15 y 20 mil personas permanecen desplazadas. A cinco años del levantamiento zapatista, los niveles de pobreza todavía son muy altos, los índices de violencia y de conflictividad social son altísimos y no se ven muchas perspectivas de avances a corto plazo en cuanto al estancado proceso de paz. Al mismo tiempo, el gobierno mexicano ha desatado una nueva campaña de hostigamiento a los extranjeros que viajan a Chiapas. En enero, el Instituto Nacional de Migración impuso la sanción de no regresar al país por dos años a dos personas que visitaban Chiapas con la organización norteamericana Global Exchange, quien ante eso declaró: «Nuestras actividades educativas no habían recibido reacciones tan fuertes y agresivas en ningún otro país del mundo.»

A nivel nacional, el gobierno mexicano está enfrentando una serie de problemas difíciles: una economía deteriorada, sus ingresos reducidos por la caída en los precios del petróleo, importantes disminuciones en el presupuesto otorgado a los programas sociales, la controversia alrededor de los escándalos del sistema bancario mexicano, el narcotráfico, y los grupos armados, tanto paramilitares como insurgentes. Con las elecciones presidenciales perfilándose en el horizonte del 2000, otro elemento de presión aparece, lo cual obstaculiza más bien que facilita los esfuerzos para que se resuelva los problemas sociales. En este contexto, Chiapas sólo es un punto en una lista de apremiantes desafíos.

En diciembre, en una acción sin precedentes, 50 oficiales militares disidentes marcharon en la Ciudad de México para protestar en contra del sistema de justicia militar. También criticaron, por ser inconstitucional, la expansión del papel del Ejército, por ejemplo en actividades como las que corresponden al trabajo de la policía. No es muy claro cuál es el grado de respaldo que podrían tener dentro de las Fuerzas Armadas. No obstante, el hecho de hacer públicas disensiones internas rompe con la tradición militar mexicana e inevitablemente plantea preguntas sobre el futuro papel de los militares en México.
Varios grupos internacionales de derechos humanos, incluyendo a Amnesty International, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), han publicado informes que integran fuertes críticas a la política del gobierno mexicano en cuanto a derechos humanos. Sin embargo es importante mencionar la resolución del Senado Mexicano que reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en casos de violaciones a los derechos individuales.

La consulta nacional programada para marzo es un intento para movilizar a la sociedad civil y presionar al gobierno para romper la actual situación de ‘impasse‘. Mientras tanto la posibilidad de constituir un órgano de mediación nacional para el proceso en Chiapas se está explorando en algunos círculos de la sociedad civil mexicana.

Acciones recomendadas

• Urgir a la administración de Zedillo a: desarmar a los grupos civiles armados / paramilitares;
• respetar el derecho de ciudadanos mexicanos a realizar la Consulta Nacional sobre la Ley de Derechos y Cultura Indígena, el 21 de marzo y tomar en serio los resultados;
• reconocer y respetar la labor humanitaria y la contribución al proceso de paz que realizan los observadores internacionales y los defensores de los derechos humanos;
• ordenar una reducción substancial de las tropas federales en las zonas de conflicto como una señal verdadera y concreta de su voluntad de dialogar.
• Para los ciudadanos de la Unión Europea: pedir a sus respectivos gobiernos y parlamentos tomar en serio la ‘cláusula democrática’ del convenio comercial entre México y la Unión Europea.
• Exhortar a la COCOPA a realizar los mayores esfuerzos para mantener su unidad de propuesta y de acción y seguir su labor de coadyuvancia, haciendo prevalecer el interés superior de la paz sobre las posiciones partidarias.
• Difundir información – como este reporte – sobre la situación que prevalece en Chiapas.

Favor de escribir a:

Correo electrónico: webadmon@op.presidencia.gob.mx

Francisco Labastida Ochoa
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1o. piso
06699 México, DF – México
Fax: (int-52 5) 546 5350 / 5 546 7380

Comisión de Concordia y Pacificación
Paseo de la Reforma # 10, piso 17
México, DF – México
Fax: (int-52 5) 535 27 26

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Actualidad

Chiapas: Pasos adelante… pasos atrás

En el primer encuentro entre el EZLN y la sociedad civil desde hace más de dos años, 29 líderes del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) se encontraron con 3 mil representantes de la sociedad civil mexicana en San Cristóbal de Las Casas del 20 al 22 de noviembre del año pasado. Este encuentro fue visto por mucha gente como un paso importante para destrabar el estancado diálogo entre el EZLN y el gobierno federal. En dicho encuentro, el EZLN y representantes de la sociedad civil discutieron la viabilidad y forma de una consulta nacional sobre la ‘propuesta de la COCOPA’ en materia de derechos y cultura indígena. Esta propuesta de ley implica cambios constitucionales para reflejar lo acordado en los Acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno mexicano y el EZLN en febrero de 1996. En diciembre de ese mismo año, el EZLN aceptó dicha propuesta pero el gobierno la rechazó agudizando así el estancamiento del diálogo. Para el EZLN, el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés es una de las cinco condiciones para reiniciar el diálogo.

Durante el encuentro, la delegación de los zapatistas, entre quienes estaban los comandantes Tacho, David, Zebedeo y el mayor Moisés, se reunió dos veces con la COCOPA (Comisión de Concordia y Pacificación) para discutir una posible reanudación del diálogo entre el EZLN y el gobierno. En estas reuniones, el EZLN reiteró las cinco condiciones para reiniciar dicho diálogo y pidió a la COCOPA su apoyo a la consulta nacional. En enero la COCOPA decidió no apoyar la consulta zapatista declarando que «no puede ser aliado de una de las partes.»

El primero de enero, para el quinto aniversario del levantamiento zapatista, el EZLN emitió un comunicado en que llamó a la sociedad civil «a la movilización pacífica, a la lucha por los derechos de todos, …, a la exigencia de espacios de participación democrática…» Además consideró que «el año de 1998 fue el año de guerra gubernamental en contra de las comunidades indígenas de México.» A su vez, el coordinador para el diálogo, Emilio Rabasa Gamboa, evaluó los cinco años de zapatismo como «un fracaso, porque no se han mejorado las condiciones de vida de las comunidades indígenas.»

Un año después de la masacre en Acteal

Dos mil bases de apoyo zapatistas estaban presentes entre las más de siete mil personas en el primer aniversario de la masacre en Acteal el 22 de diciembre de 1997, en que fueron asesinados 21 mujeres, 15 niños y 9 hombres por presuntos paramilitares.

Días antes de la conmemoración, la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer su ‘Libro blanco de Acteal’. Una conclusión de este libro es que «el crimen de Acteal fue posible ante la sorprendente ausencia de cauces e instituciones para la solución pacífica de los conflictos, el desentendimiento de las autoridades locales responsables de la justicia y la falta de conciliación de los diferentes intereses políticos de las comunidades y de la Entidad.» Además concluye que «la matanza de Acteal es una consecuencia indirecta de la existencia de un grupo armado (el EZLN)» y que uno de los detonantes fue «la falta de presencia de las instituciones de procuración de justicia.» Las últimas conclusiones fueron fuertemente criticadas por las organizaciones de derechos humanos y la diócesis de San Cristóbal. El vicario de Justicia y Paz de la diócesis, Gonzalo Ituarte, señaló que las fuerzas de seguridad estaban presente a centenares de metros de la masacre y añadió que además, «es raro que la PGR aborde su investigación con las causas indirectas [la existencia del EZLN] y no con las directas [la existencia de grupos paramilitares].» El senador priísta Pablo Salazar Mendiguchía, integrante de la COCOPA, opinó que el documento es insatisfactorio para todos, toda vez que no se investigó profundamente la organización y entrenamiento de los paramilitares. Otro senador Carlos Payán consideró que «es un informe flojo, que no toma en cuenta la guerra de baja intensidad que existe en Chiapas.»

Según el informe de la PGR han sido procesados 84 civiles (autores materiales), once ex policías (por portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército), el ex alcalde de Chenalhó y un ex militar. Además han sido consignados 7 ex servidores públicos por abuso de autoridad y/o delitos cometidos contra la administración de justicia. Hay aún 32 ordenes de aprehensión por cumplir. En enero un ex oficial de la Seguridad Pública y un ex agente del Ministerio Público fueron aprehendidos acusados de haber permitido armarse a los grupos civiles en la zona.

Propuesta de amnistía para grupos civiles armados

En la comunidad Unión Progreso, municipio de El Bosque, creció la tensión a mediados de diciembre. Los pobladores fueron acusados de haber perpetrado una emboscada con armas de alto calibre en donde murió un niño. Ante el rumor de una acción policiaca con presunta participación de paramilitares, las bases de apoyo zapatista huyeron a las montañas donde se quedaron una semana. Días antes de Navidad regresaron y se instaló en la comunidad un ‘campamento civil por la paz’ con observadores nacionales e internacionales. En Unión Progreso murieron en junio del año pasado cinco indígenas en una acción policiaco-militar.

Mientras que comunidades indígenas, como Unión Progreso, Acteal y Polhó, seguían denunciando la presencia y el hostigamiento por presuntos grupos paramilitares, el gobernador de Chiapas, Roberto Albores Guillén, entregó al Congreso del Estado una iniciativa de ley de ‘Amnistía para el Desarme de los Grupos Civiles en el Estado de Chiapas’. Dicha iniciativa promueva una amnistía para los grupos armados, extinguiendo toda acción penal, cuando se trata exclusivamente por delitos de posesión, portación y acopio de armas de fuego y substancias explosivas. Además, incluye la posibilidad de ofrecer trabajo a cambio de la entrega de armas. La iniciativa excluye explícitamente a los militantes del EZLN, por ser amparados por la Ley del Diálogo. Empero, representantes de varias organizaciones como el grupo paramilitar ‘Paz y Justicia’ y la Cámara Nacional de Comercio pidieron que la ley de desarme incluyera al ejército zapatista. Al otro lado, según algunos comentarios de partidos de oposición y organizaciones de derechos humanos, la iniciativa del gobernador podría en el fondo intentar dejar sin investigación y castigo los asesinatos y hostigamientos cometidos por los grupos paramilitares.

El gobernador negó explícitamente la existencia de grupos paramilitares, porque esta denominación significaría que el Ejército estuviera organizando y entrenando a los grupos armados, lo cual, según él, no ha sido comprobado. Dijo además, que las autoridades judiciales citarían ante la Procuraduría General de la República (PGR), a todos los grupos que afirmaran que existen paramilitares para que comprobaran la existencia de dicho vínculo.

Inconformidad en el Ejército federal

En diciembre unos 50 oficiales militares sujetos a proceso penal marcharon en la Ciudad de México. Eran integrantes del llamado Comando Patriótico de Concientización del Pueblo (CPCP) quienes mostraron su inconformidad con el régimen dentro del ejército. Pidieron, entre otras cosas, la desaparición del fuero de guerra, que llevaría a que los militares fueran juzgados como cualquier ciudadano mexicano y no por un órgano especial. Los inconformes protestaron además por el hecho de que el ejército haya entrado «en actividades que no le corresponden como son las policiales, judiciales y retenes de vigilancia a la población civil los cuales son anticonstitucionales.» En la marcha encabezada por el teniente coronel Hildegardo Bacilio Gómez una de las consignas gritadas fue: «Las autoridades deben mandar obedeciendo» (un concepto que usan los zapatistas).

Por su parte, la Procuraduría General de Justicia Militar dijo que Bacilio Gómez estaba sometido a un proceso por los delitos de insubordinación y desobediencia desde 1997 encontrándose en libertad bajo fianza. Anunció el inicio de un expediente penal en su contra por deserción, por no cumplir con los tramites que debe seguir en su proceso de libertad condicional. En enero, 5 integrantes del CPCP fueron arrestados; Bacilio Gómez salió del país para evitar su aprehensión.

Elecciones extraordinarias sin novedades

Como consecuencia de las elecciones del 4 de octubre aumentó la tensión en la zona de conflicto y se realizaron sin incidentes graves tomas de presidencias en varios municipios, como en Altamirano. En otros lugares, por ejemplo en Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza, se reportaron algunos asesinatos relacionados con las elecciones. En Las Margaritas y Oxchuc la oposición logró negociar con el alcalde priísta electo para integrar un consejo municipal plural y así evitar problemas. El PRD aceptó a finales de diciembre en negociaciones con el gobierno estatal la creación de ‘Consejos de Vigilancia’ en 15 municipios. Su papel sería velar por el buen manejo de los recursos y el ejercicio del poder. Dichos consejos plurales participarían en las reuniones de cabildo sin voz ni voto y tendrían acceso a la información en cuanto a la administración y al presupuesto.

Al cierre de este informe, la situación política en el municipio de Ocosingo, el más grande de Chiapas, aún queda insegura. Las elecciones de octubre resultaron en el triunfo del PRI, entre un gran abstencionismo y fraudes. Este resultado generó fuertes críticas de los partidos de oposición por la poca representatividad del nuevo municipio electo. Por eso, a mediados de diciembre, estos partidos y algunas organizaciones sociales eligieron en asamblea su propio ‘consejo municipal soberano’. Otra vez piden la conformación de un consejo municipal plural con representación equitativa del PRI y partidos de oposición, como se logró negociar después de las elecciones de 1995.

Las elecciones extraordinarias del 6 de diciembre pasaron sin problemas y novedades en los nueve municipios y cuatro distritos donde no se habían realizado por las inundaciones en septiembre y el conflicto político en San Juan Chamula. Entre un abstencionismo de un 70 % el PRI ganó seis alcaldías, el PRD ganó dos y el PAN en una. Las cuatro diputaciones las ganó el PRI.

Las críticas a nivel internacional continúan

A nivel internacional, continuaron las críticas al gobierno mexicano por las violaciones a los derechos humanos. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos fueron contundentes en sus informes sobre México. Pierre Sané, director de Amnistía Internacional, dijo que la violación de los derechos humanos en México es cada vez más grave y que no existe un compromiso real del gobierno para proteger los derechos humanos en este país. En su visita a Chiapas y después de reunirse con varias ONG incluyendo SIPAZ, el vicecanciller inglés de relaciones exteriores Tony Lloyd comentó que el gobierno mexicano sabe que, en el marco del tratado comercial entre México y la Unión Europea, debe existir el respeto a los derechos humanos en las naciones participantes.

Human Rights Watch constató en su informe sobre 1998: «A la defensiva, después de la masacre [en Acteal], el gobierno federal no reaccionó para frenar a los simpatizantes del PRI, dispuestos a emplear la violencia, sino que actuó agresivamente contra los simpatizantes del EZLN y los observadores internacionales en Chiapas.»

Sin embargo, un cambio significativo en la postura de México fue, a finales del año pasado, que el Senado de la República aprobó el reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en todos los casos de violaciones a las garantías individuales. Empero, este reconocimiento excluye los casos de expulsión de extranjeros con base en el artículo 33 de la Constitución.

Mientras tanto, las autoridades mexicanas siguen hostigando a extranjeros que viajan en Chiapas. Siete extranjeros recibieron citatorios cuando viajaron a la conmemoración de la masacre en Acteal el 22 de diciembre. El primero de enero las autoridades migratorias dieron un citatorio a tres integrantes de una delegación de la organización estadounidense Global Exchange que había visitado la comunidad zapatista Oventic. Global Exhange comentó: «Nuestras actividades educativas no han recibido una reacción tan fuerte y agresiva por parte de las autoridades en ningún otro país del mundo.»

Respecto a la crítica que organismos internacionales dirigen contra el gobierno, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Mireille Roccati, opinó que el gobierno «no puede pensar en que cada denuncia es algo ficticio y algo para llamar la atención, sino poner atención a cada caso.» Añadió que el gobierno debe poner empeño en cada caso para corregir todo el mecanismo que produce esa violación a los derechos humanos.

Consulta Nacional

«por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indios y por el fin de la Guerra de Exterminio»

La consulta se realizará el 21 de marzo de 1999 en los 32 estados del país y en los lugares del extranjero donde haya mexicanos. Podrán participar todos los mexicanos y mexicanas mayores de 12 años.

La consulta se hará a través de urnas, o por usos y costumbres en las comunidades indígenas que así lo decidan. Consiste en cuatro preguntas que se debe responder con ‘si’, ‘no’ o ‘no sé’:

1. ¿Estás de acuerdo en que los pueblos indígenas deben ser incluidos con toda su fuerza y riqueza en el proyecto nacional y tomar parte en la construcción de un México nuevo?
2. ¿Estás de acuerdo en que los derechos indígenas deben ser reconocidos en la Constitución mexicana conforme a los Acuerdos de San Andrés y la propuesta correspondiente de la COCOPA?
3. ¿Estás de acuerdo en que debemos alcanzar la paz verdadera por la vía del dialogo, desmilitarizando el país con el regreso de los soldados a sus cuarteles como lo establecen la Constitución y las leyes?
4. ¿Estás de acuerdo en que el pueblo debe organizarse y exigir al gobierno que mande obedeciendo en todos los aspectos de la vida nacional?

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Análisis

Chiapas: Luz y sombra en la escena nacional

A lo largo de todo el país se analiza y se vaticina que 1999 será un año de escenarios mucho más difíciles y adversos para el desarrollo económico y el ambiente político, incluyendo los posibles avances hacia la paz en Chiapas, de lo que fue 1988. Muchas son las señales que avalarían los colores grises y hasta negros de dichos escenarios en el futuro, a corto y mediano plazo, en el territorio nacional.

Es cierto que, al principio del año, el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, expresó que: «en 1999 no habrá problemas irresolubles.» Empero, es poco probable que el gobierno federal pueda dar este año soluciones reales a los graves problemas pendientes como son, por ejemplo, la cada vez más deteriorada economía domestica, la situación de 40 millones de mexicanos viviendo en la pobreza, el problema del conflicto en Chiapas, la reducción al gasto social, los problemas de la banca, el narcotráfico, la inseguridad social y los grupos armados.

Este caudal creciente de asuntos por resolver augura una conflictividad que ni el gobierno, ni los partidos políticos están preparados a resolver, particularmente cuando las elecciones presidenciales del 2000 constituyen un apremiante dique. La incapacidad del gobierno actual para atender estos asuntos en los últimos años ha generado cada vez mayor descontento entre los ciudadanos.

Hasta en el Ejército se pueden oír voces disidentes, como la del Comando Patriótico, rompiendo la tradición de que los asuntos militares sólo se ventilaban en su interior. Las demandas de este grupo van más allá de una democratización y una reestructuración de fondo en la legislación de las fuerzas armadas. Todavía no se sabe el verdadero respaldo de dicho grupo dentro del Ejército. Resulta de sumo interés el rumbo que este hecho pueda tener en relación al papel de las fuerzas armadas en la toma de decisiones políticas en el país.

Cabe recordar que, en los últimos 5 años, el gobierno mexicano ha invertido importantes sumas de dinero en la compra de moderno equipo militar, así como en equipo especial para contrarrestar disturbios multitudinarios. Asimismo ha incrementado considerablemente la capacitación en guerra de contrainsurgencia y psicológica a centenares de oficiales militares, por ejemplo, en la fuertemente criticada ‘Escuela de las Américas’ en los Estados Unidos. La constante movilización militar, no solamente en las comunidades con influencia zapatista sino también en otros estados como Guerrero y Oaxaca, constituyen otros signos adversos a cielos más despejados para la distensión y la paz en México.

La respuesta del gobierno ante las críticas sobre su capacidad y voluntad de resolver varios problemas antes señalados, parece mantenerse al nivel del discurso y seguir sistemáticamente el mismo patrón: minimizar y criminalizar. Esto es verdad tanto para el movimiento zapatista («el problema de Chiapas es de solo cuatro municipios») como para los militares disidentes a quienes acusa de ser delincuentes y de estar aislados.

En Chiapas, otro punto de preocupación tiene que ver con la proliferación de ‘grupos civiles armados’, principalmente de afiliación priísta. La discusión entablada últimamente para saber si dichos grupos son o no ‘paramilitares’ -como los califican los zapatistas y las organizaciones de derechos humanos – distrae la atención de lo que debería ser el meollo del asunto: es decir, la falta de una respuesta adecuada de parte de las autoridades para poner fin a la existencia de dichos grupos, cualquiera sea su nombre. En este sentido, no se ve claramente cómo la iniciativa de ley de amnistía y desarme de los grupos armados, propuesta por el gobierno de Chiapas, podría contribuir a esclarecer el funcionamiento de dichos grupos y su responsabilidad en las situaciones de violencia que se han dado en el estado en los últimos años. Por el contrario, la amnistía podría garantizar su impunidad y anonimato.

En este oscuro panorama, la consulta nacional convocada por los zapatistas para marzo podría ser una herramienta que ayude a destrabar el complejo estado de las negociaciones de paz. Dicha consulta no sólo pretende ser una invitación a la sociedad mexicana para que se pronuncie sobre el asunto de la incorporación de la ley indígena a la Constitución, sino que apunta a generar una gran movilización de la sociedad civil. Los zapatistas apuestan a que dicha movilización pueda llegar a incidir en la reanudación de los diálogos de paz, pasando por el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, la conformación de una instancia mediadora reconocida por las partes y el cumplimiento de las otras condiciones que el EZLN ha puesto para reanudar la negociación.

Mientras tanto, los discursos de las partes en el conflicto se han ido polarizando cada vez más, y cada una usa simultáneamente la misma información para responsabilizar a su adversario. Por ejemplo, se acusan mutuamente del estancamiento del diálogo, de no tener voluntad verdadera para la negociación política, y de la masacre de Acteal.

A propósito de esos hechos, y a un año de ocurridos, pocos avances se observan sobre el caso, tanto a nivel jurídico como en cuanto a las condiciones para el retorno de los miles de desplazados, así como también en la desarticulación de los grupos civiles armados. En el ‘Libro Blanco sobre Acteal’ de la PGR poco se avanzó, ya que sus conclusiones son muy parecidas a las que esa dependencia tenía un año atrás. La credibilidad del informe de la PGR está socavada por su falta de reconocimiento de la implicación de elementos de las fuerzas de seguridad en apoyar a los grupos paramilitares, como fue el caso en Acteal, y por el hecho de que dichos grupos siguen operando con cierta impunidad.

En los últimos meses el gobierno federal ha presionado para un diálogo directo, a lo que el EZLN se ha negado rotundamente mientras no se cumplan las condiciones planteadas desde hace más de dos años. Al mismo tiempo, se ha mostrado abierto a la posibilidad de una mediación únicamente si es nacional. Mientras tanto, varios sectores de la sociedad mexicana, respondiendo al llamado de los zapatistas, y también por iniciativa propia están empujando un fortalecimiento de la sociedad civil para que de ahí se conforme un grupo de mexicanos/as que responda a esa urgente tarea.

Afortunadamente, también existe una fuerte preocupación de parte de la comunidad internacional para que se de una solución justa y duradera en Chiapas, lo cual seguirá siendo fundamental para hacer llegar un mensaje constructivo a un gobierno altamente preocupado por su imagen internacional. Eso se vio claramente, a principios de enero, durante la reunión anual entre los embajadores mexicanos y el gobierno federal, en la que se pidió a los embajadores explicar en los paises los esfuerzos que las autoridades están realizando para lograr la paz en Chiapas.