2003
02/01/2004COYUNTURA I: Chiapas, multiplicación de focos rojos en un contexto de alta tensión
30/06/2004
A 10 años del levantamiento armado
A diez años del levantamiento armado zapatista del 1 de enero de 1994 en Chiapas, el momento se presta a primeros balances. En México, sin importar las afiliaciones políticas, partidistas o no, el año de 1994 constituye un parteaguas.
La revista «Proceso» dedicó en enero un número especial: «1994-2004: La gran ilusión… La gran frustración«. En esta publicación, el sociólogo, Bernard Duterme, sintetiza buena parte del espectro de las lecturas existentes sobre los zapatistas: «Ni eufórico ni definitivo, el cuadro es matizado. Por un lado, (…) catalizadores de la democratización de Chiapas y México, artesanos de la caída del partido que monopolizaba el poder desde los años veinte [Partido Revolucionario Institucional, PRI], motores de la constitución de un movimiento indígena nacional –y posiblemente latinoamericano-, afirmativo, masivo y democrático, pioneros de una nueva internacional plural, llamada hoy «altermundialista». (…) Por otro lado, (…) los resultados de una década de conflictos más o menos abiertos y de negociaciones entre rebeldes y gobierno sólo alegran a los detractores del EZLN. Más allá de su anclaje social en Chiapas, socavado o carcomido, aparece, por lo menos amenazado. Su aterrizaje en el escenario político mexicano, regularmente aplazado, acabó volcado. En cuanto a su articulación intergaláctica con las convergencias altermundialistas, ambivalente ayer, evanescente hoy, no cumplió su promesa».
Por su parte, al presentar su carta pastoral llamada «Una nueva hora de gracia», Samuel Ruiz García, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, subrayaba: «a pesar de no haberse resuelto el conflicto en sus causas, el esfuerzo por construir la Paz con Justicia y Dignidad –en el que los actores han sido múltiples y diversos- es un patrimonio común de toda la nación y ha aportado avances, logros y nueva conciencia. Sin ser el factor único, el levantamiento del EZLN y su posterior evolución política favoreció la conciencia y la organización de muchos de los pueblos indígenas de México; facilitó el surgimiento de una nueva conciencia en el País respecto a los derechos y significado de los indígenas; animó el crecimiento y la participación de la sociedad civil; retó a la sociedad política a buscar caminos nuevos; incidió en algunos de los pocos avances en la reforma del Estado; hizo más visible la necesidad de transformación de las instituciones y de las relaciones sociales y económicas; evidenció las graves deficiencias del sistema político mexicano y el largo camino que falta por recorrer para tener una democracia digna; exigió una respuesta responsable (todavía pospuesta), a las causas del conflicto por parte de los poderes del Estado; cuestionó a las iglesias sobre su disponibilidad histórica en la búsqueda de la justicia; puso en la palestra internacional el tema de los pueblos indios en el mundo y la denuncia del sistema neoliberal y sus consecuencias».
Nuevo reto zapatista: las Juntas de Buen Gobierno (JBG)
Como lo subraya Miguel Alvarez de Serapaz (Servicio y Asesoría para la Paz): «Después de la contra reforma indígena, no se cerró un capitulo sino un libro en el proceso. La propuesta de las JBG muestra que la estrategia zapatista ya está en este segundo tomo». Desde hace más de 6 meses, las bases de apoyo del EZLN han volcado su energía en el fortalecimiento de los 35 municipios autónomos existentes a través de las Juntas de Buen Gobierno, un nuevo escalón de carácter regional (ver informe SIPAZ, vol. 8 nº3).
El funcionamiento de las JBG enfrenta múltiples retos. Un primero tiene que ver con la pluralidad existente en los territorios que pretenden cubrir. En muchas zonas, una parte de la población (mayoría o minoría según el caso) se opone al proyecto de autonomía zapatista. Por ejemplo, la tensión subió en diciembre, cuando en Altamirano, varias organizaciones sociales acordaron realizar movilizaciones frente a la JBG de la zona. A la fecha, se ha logrado disminuir el conflicto gracias a la intervención del gobierno estatal.
Otro eje de tensión es el tema de los servicios públicos (agua, luz eléctrica y obras en particular). Los zapatistas estando en resistencia frente a las instancias gubernamentales, se generan fricciones con el resto de la población que paga por estos servicios. Dos situaciones particularmente tensas en estos meses se dieron en Zinacantán (militantes del Partido de la Revolución Democrática, PRD, cortaron el suministro del agua a bases de apoyo zapatista) y en San Juan Cancúc (miembros del PRI, amenazaron de expulsar a indígenas simpatizantes del EZLN que se negaban a cooperar para los servicios). Para algunos, este factor de división es un elemento clave de la nueva estrategia contrainsurgente.
Autonomías en la geografía nacional
Después de la aprobación de la reforma constitucional en materia indígena en el 2001, tanto el EZLN como el Congreso Nacional Indígena (que aglutina a la mayoría de los pueblos indígenas de México) optaron por la construcción de la autonomía por la vía de los hechos.
Recientemente, un ejemplo crítico en cuanto al futuro de la autonomía se dio en Morelos cuando, en enero, ciudadanos de Tlanepantla se declararon municipio autónomo. El 14 de enero, el gobierno estatal envió policías al municipio para posibilitar que el alcalde constitucional asumiera su cargo. Se desalojó al consejo municipal autónomo y se dio un enfrentamiento que dejó una persona muerta y cientos de desplazados que regresaron tan sólo hasta marzo. El gobernador de Morelos justificó la intervención al afirmar que se había encontrado un «campo de adiestramiento tipo guerrillero», y que se «tiene conocimiento de que el grupo opositor al gobierno municipal estaba fuertemente armado».
El secretario de Gobernación, Santiago Creel afirmó en referencia a estos hechos que es necesario que se deslinden responsabilidades «con claridad y precisión», pero también que «no se va a permitir que nadie venga a establecer nuevas formas de gobierno a voluntad propia, a contentillo de algún grupo que no esté de acuerdo con la autoridad constitucional». La Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas advirtió que estas declaraciones: «suenan a amenaza, y ponen en riesgo experiencias como las Juntas de Buen Gobierno de los zapatistas».
El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Anders Kompass, haciendo referencia al caso señaló que si los problemas poselectorales no se resuelven por la vía pacífica «se corren grandes riesgos de que se conviertan en violencia», algo que aparece en el diagnóstico de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en México.
Derechos indígenas en México: persistentes rezagos
Este diagnóstico se presentó formalmente el 8 de diciembre pasado. El presidente Fox aceptó las 32 recomendaciones derivadas del mismo y admitió que falta mucho por hacer para que la vigencia de las garantías personales sea una realidad plena en el país.
En cuanto a derechos indígenas, el diagnostico subraya: «Si bien ha habido algunos avances en la materia, también hay serios rezagos que no han sido atendidos con suficiente voluntad política. (…) En la actualidad las violaciones a los derechos humanos de los indígenas se producen por lo general en el marco de un alto grado de conflictividad, particularmente en el medio rural, que tiene que ver fundamentalmente con la cuestión agraria y con pugnas en torno al poder político local y regional. Se ha informado reiteradamente de la existencia de conflictos en comunidades indígenas donde ocurren actos de violencia e intervenciones de las autoridades públicas, que con frecuencia configuran violaciones a los derechos humanos. Según los informes recabados, muchas de estas violaciones permanecen impunes y provocan el agravamiento de los conflictos y el recrudecimiento de la violencia».
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Algunos elementos del diagnóstico sobre derechos indígenas
CONFLICTO EN CHIAPAS
A raíz del levantamiento del EZLN en 1994, fueron violados los derechos humanos de indígenas de numerosas comunidades, en lo colectivo y en lo individual. La no solución de las demandas indígenas da lugar también a relaciones conflictivas entre distintas organizaciones sociales y políticas de la región, que han generado situaciones de extrema violencia y de violaciones graves a los derechos humanos, a las que no han sido ajenas distintas autoridades gubernamentales.
DESPLAZADOS
A raíz de negociaciones entre las autoridades federales y la Comisión de Desplazados, se inició el retorno. Este esfuerzo llegó tarde y es, hasta la fecha, insuficiente. Entre los desplazados la inseguridad y el temor persisten, y a mediados de 2003 el problema sigue vigente.
MILITARIZACION Y PARAMILITARIZACION
Parte de la situación de violencia que viven las comunidades indígenas en Chiapas se debe a las secuelas de la actuación durante los años 90 de grupos paramilitares vinculados a las estructuras del poder local y estatal, y que intervinieron violentamente en los conflictos políticos y sociales de la región, con saldo de personas asesinadas, heridas, desaparecidas y desplazadas. Aunque durante la administración actual el perfil de esos grupos ha disminuido, se denuncia que no han sido desmantelados ni desarmados.
LEY INDIGENA
La reforma constitucional resultante recogió algunos aspectos de la llamada Ley Cocopa pero se apartó significativamente de ella en algunos otros, que son de importancia fundamental para los pueblos indígenas. En consecuencia, el movimiento indígena organizado del país la rechazó, y los estados de la República con mayor población indígena no la ratificaron. (…) Los pueblos indígenas se sintieron traicionados y descartados.
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Militarización persistente
A pesar de las protestas para que se retire el Ejército de las comunidades indígenas, como en Emiliano Zapata (zona Norte) en enero, la presencia militar en Chiapas sigue siendo la más alta del país, después del Distrito Federal, sede del mando militar nacional. Algunas de las consecuencias de la militarización son cada vez son más notables y cuestionadas: alcoholismo, drogadicción, prostitución y ruptura del tejido social en particular.
El Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), en su más reciente publicación «La ocupación militar en Chiapas: el dilema del prisionero» ubicó 91 instalaciones militares permanentes en la zona de conflicto. Afirma que: «la presencia el Ejército significa la suspensión de garantías con un costo social que endosado a las comunidades indígenas, ha sido y continua siendo, muy alto.» Denuncia que «las operaciones militares han sido irregulares, es decir, actividades bélicas que no tienen por objeto llegar a una decisión, pero sí el de hostilizar y desgastar al adversario, y pueden realizarse como hechos aislados e individuales o como parte de un plan defensivo previamente establecido, en combinación o no con operaciones regulares. A través del fuerte impacto paramilitar y el desplazamiento forzado de miles de pobladores, estas operaciones se han basado en la creación de grupos paramilitares».
En cuanto a actividades con corte paramilitar, en marzo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBLC) señaló que desde finales del año pasado se han producido ataques, amenazas y homicidios no esclarecidos en los municipios San Andrés y San Juan de la Libertad (El Bosque). En esta región se ha denunciado y documentado la actuación de un grupo paramilitar conocido como Máscara Roja, grupo también acusado de ser responsable de la masacre de Acteal.
Montes Azules: constante foco rojo
El CDHFBLC informó que el jueves 22 de enero fueron quemadas 23 casas en la comunidad Nuevo San Rafael en la reserva de la biosfera de Montes Azules. El hecho ocurrió después de que decenas de integrantes de la Marina, policías y funcionarios de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llegaron a la comunidad en una acción que el CDHFBLC calificó de «desproporcionada«. Denunció que la Profepa mantenía la comunidad «incomunicada» y condenó la «violación del libre tránsito en la región de Montes Azules». Por su lado, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) informó que las familias de Nuevo San Rafael decidieron abandonar el lugar «voluntariamente«. Sin embargo, existen versiones en el sentido de que la SRA había dividido a la población. Unos determinaron regresar a su lugar de origen, en el municipio de Sabanilla, otros decidieron permanecer en Montes Azules.
Después de estos hechos, el cercano poblado zapatista de Nuevo San Isidro que se formó desde hace casi dos años anunció: «De estas tierras sólo nos van a sacar muertos, porque no vamos a aceptar las limosnas del gobierno». Al respecto, el presidente de la organización ‘Maderas del Pueblo del Sureste’ advirtió: «si la presión continúa y si se quiere hacer un desalojo ahí, lo que va a haber es un enfrentamiento, una masacre, porque ya es contra el Ejército Zapatista».
A principios de febrero, cinco organizaciones no gubernamentales (ONG) exigieron a los gobiernos federal y estatal que «paren los operativos aislados» en Montes Azules, «hasta que todos los actores involucrados sean consultados profundamente en este proceso». Aseguraron que lo ocurrido en la comunidad San Rafael, el gobierno «orilló a los pobladores a retornar a la comunidad El Calvario, de donde habían sido desplazados con anterioridad por el grupo paramilitar Paz y Justicia».
También se pronunciaron respecto a la reciente firma del convenio entre la Unión Europea (que otorgará 15 millones de Euros) y el gobierno de Chiapas (que aportará otros 16 millones de Euros), con el que se pretende beneficiar a 155 mil habitantes de 16 micro-regiones de la Selva Lacandona y en la que se encuentra la biosfera de Montes Azules: «el círculo de intereses internacionales (…) se cierra, y reparte» la zona entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos. Pese a la intención declarada de la UE de fomentar la participación directa de las comunidades y de ayudar al diálogo entre los indígenas y el gobierno, este proyecto pretende ser desarrollado en una de las zonas más problemáticas de Chiapas.
Reapertura del caso de la masacre de Acteal
El 22 diciembre pasado, en el marco del sexto aniversario de la masacre de Acteal en la que murieron 45 indígenas del grupo la sociedad civil Las Abejas, líderes de las principales iglesias evangélicas del país exigieron al ejecutivo federal reabrir el caso. Argumentan que de los 74 indígenas actualmente presos, varios de ellos evangélicos, la mayoría son inocentes y que se han presentado los elementos necesarios para probarlo.
En febrero, por considerar que el gobierno federal «está preparando el camino para liberar a los culpables de la masacre», Las Abejas lanzaron una «Campaña contra la impunidad». Manifestaron su desacuerdo con la reapertura del caso y denunciaron: «es una estrategia diseñada para encubrir a los autores intelectuales del genocidio realizado en Acteal». Subrayaron que el conflicto en Chenalhó no es religioso y mencionaron que vieron con preocupación y como un antecedente la liberación en enero de siete presuntos paramilitares del grupo Paz y Justicia (zona Norte del estado).
En marzo, se iniciaron mesas de trabajo del grupo que estudiará el caso en el cual participan representantes de la Secretaría de Gobernación, de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la comunidad evangélica. Abner López Pérez, pastor evangélico y director de la Sociedad Bíblica de México hizo un «fraternal llamado» a Las Abejas para que participen en esta mesa y para «buscar el total esclarecimiento de los hechos». Adoniram Gaxiola, también pastor evangélico exigió «que reciban el castigo justo los verdaderos responsables intelectuales y materiales de los hechos, (…) a los muertos de Acteal sólo se les hará justicia cuando los verdaderos culpables sean identificados».
El obispo de San Cristóbal, Felipe Arizmendi, afirmó que «si los que están dentro fueran inocentes, cosa que habría que demostrar, pues habría que encontrar entonces a los verdaderamente culpables, por eso ojalá que este caso se maneje con mucha delicadeza porque puede generar demasiada desconfianza también en el Poder Judicial, si salieran libres los que están actualmente encarcelados».
Electricidad, nuevo eje de tensión
En diciembre, el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar anunció que más de 500 chiapanecos que enfrentan distintos tipos de procesos penales por conflictos contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), producto de la resistencia al pago de luz en demanda de tarifas justas, alcanzarán su libertad o serán perdonados a través del retiro de las acusaciones por parte de las autoridades federales.
Por otro lado, desde el principio del año, la CFE impulsa el programa Tarifa «Vida Mejor», cuyo objetivo es poner fin a la resistencia al pago de luz y regularizar la situación. Sin embargo, los conflictos entre la CFE y centenares de comunidades en el estado lejos de disminuir se han multiplicado.
En febrero, el Frente de Resistencia Jurídica y Civil Chiapaneca (Frejuch) anunció que ya suman más de tres mil juicios de amparo, 2 mil 500 demandas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y por lo menos siete mil quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El 12 de marzo, el superintendente de CFE afirmó que se han «logrado ya 98 mil de los 300 mil convenios» que pretende firmar y que «la población que se mantenía en resistencia para no pagar sus deudas a la CFE, en la actualidad están contribuyendo con entusiasmo para resolver este problema». Los grupos de resistencia a las políticas de la CFE aseguran a cambio que al menos en 78 municipios rechazan las tarifas que imponen la paraestatal y las autoridades locales. En varios municipios de la zona Altos y Norte se condicionan procesos administrativos (inscripción escolar, cartillas del servicio militar por ejemplo) a la regularización de los pagos. En Cancúc, el programa ha servido para amenazar de expulsión a las bases de apoyo zapatistas. El diputado federal Emilio Zebadúa, ex secretario de Gobierno de Pablo Salazar, reconoció que «Tarifa ‘Vida mejor’ no ha resuelto los problemas que pretendía cuando fue presentado».
