CHIAPAS: Señales alentadoras a 7 años del inicio del conflicto

El conflicto en Chiapas recién cumplió 7 años. El tercer Presidente desde su inicio, Vicente Fox, hereda una situación de particular complejidad. Sin embargo, por primera vez en años, se han dado señales apuntando hacia la reanudación del diálogo entre el gobierno mexicano y el EZLN. Estas muestras de buena voluntad fueron dadas tanto por los nuevos gobiernos federal y estatal como por el mismo EZLN.

Tiempos agitados antes de tomar posesión los nuevos gobiernos

Entre su elección (julio) y su toma de posesión (diciembre) Fox logró ocupar las primeras planas de la prensa nacional, reiterando sus promesas de campaña, en particular frente al tema de Chiapas. Fue un tiempo de latencia y transición, entre expectativas, debates y definiciones.

En Chiapas, la tensión subió en más de una ocasión, por ejemplo en octubre, en la zona Norte, a raíz de la detención de 11 personas de la Unión Campesina Indígena Agropecuaria y Forestal (UCIAF), una escisión de «Desarrollo, Paz y Justicia», y el operativo fracasado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chenalhó en noviembre (zona Altos esta vez). El poder que mantuvieron organizaciones acusadas de ser paramilitares en los últimos años hizo temer una reacción y movilización mayor de sus partidarios.

En ambas acciones, algunos analistas rescataron la intención, ya que muy poco se ha hecho en contra de los grupos supuestamente paramilitares hasta la fecha. Otros lo vieron como un «regalo de despedida del gobierno saliente» para preparar la entrada del siguiente. Al mismo tiempo, se dio también otra lectura: se trataba de crear desestabilización antes de la toma de posesión de Pablo Salazar. Seguramente, existen también otros intereses en juego (en particular, el de la PGR que tal vez quiso probar su trabajo antes de una posible reforma). Algunos analistas hablaron de un posible acuerdo entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) local y dichos grupos, por el cual se entregarían voluntariamente para evitar una crisis política en la región, y se les proporcionaría defensa legal a cambio de sus votos. Cualquiera que sea la verdadera explicación, el resultado sigue siendo el mismo: a principios de diciembre, en más de una región, varios grupos se encontraban a la defensiva, hostiles al nuevo gobierno local.

El EZLN muestra sus cartas

Después de 4 años de estancamiento del proceso de paz, los pasos hacia su posible reanudación se han dado con una sorprendente celeridad. El EZLN había calculado bien su «entrada»: después de 5 meses de silencio, habló el 30 de noviembre para citar a los periodistas a una conferencia de prensa como para darle a Fox la oportunidad de ajustar su discurso de toma de posesión.

En su conferencia de prensa del día 2 de diciembre, el EZLN pareció tener en cuenta un panorama más favorable a su causa. Desde 1996, había planteado cinco condiciones a la reanudación del diálogo. Las redujo ahora a 3. De hecho, dos de las 5 ya se encuentran cumplidas: el nombramiento de Luis H. Alvarez como Comisionado para la Paz (el cual ha sido calificado por el EZLN de «interlocutor válido»), y la conformación de la Comisión de Seguimiento y Verificación (COSEVER, 1997) aunque nunca ha funcionado por la no implementación de los Acuerdos de San Andrés. El EZLN no retomó el tema de los paramilitares, tal vez por darse cuenta que este problema tardará mucho más en resolverse, o porque el gobierno local ya ha declarado que es un asunto prioritario para él.

Al fin y al cabo, el EZLN ofrece un paquete más fácilmente negociable para poder tener un diálogo directo con el nuevo gobierno.

Respuestas gubernamentales

El Ejecutivo federal demostró su buena voluntad al cumplir en parte con las demandas zapatistas, presentando la propuesta de la Comisión de Concordancia y Pacificación (COCOPA) al Congreso el 5 de diciembre, cerrando varias posiciones militares y levantando las restricciones a observadores de derechos humanos internacionales. Este esfuerzo fue correspondido en el ámbito estatal cuando el gobernador Pablo Salazar liberó varios presos zapatistas y derogó la Comisión de remunicipalización (otra fuente de tensión en la zona en los últimos años).

El primer repliegue militar del 1o de diciembre generó mucha confusión tanto dentro como fuera de México, ya que entre el discurso de Fox en este sentido y la práctica, sigue existiendo una brecha. A pesar del retiro de decenas de retenes y de cuatro campamentos militares ubicados cerca o dentro de las comunidades indígenas, y del impacto positivo que esto generó para los habitantes locales, la presencia militar en general no ha disminuido significativamente todavía. No hay evidencias de que los soldados de estos retenes y campamentos hayan salido de Chiapas.

También si los poderes ejecutivos federal y estatal han dado muestra de su buena voluntad, la solución definitiva de varios de los problemas pendientes compete a otros poderes: judicial (para los presos) y legislativo (para los Acuerdos de San Andrés).

Ciertamente, Fox hizo llegar la propuesta de la COCOPA al Congreso: pero al proyecto le espera una larga batalla legislativa con final incierto.

Paradójicamente, el Partido de Acción Nacional (PAN), el principal partido que llevó a Fox al poder, podría ser una de las principales fuentes de resistencia. En efecto, desde la pasada administración dicha bancada ya presentó su propia propuesta sobre Derechos y Cultura Indígena, y el hecho de que Fox haya presentado un texto distinto generó fricciones (sumándose a las que de por sí ya existían).

Por primera vez, el Presidente se encuentra frente a un Congreso pluripartidista (en que ninguno de los partidos cuenta con la mayoría simple) y cualquier iniciativa tendrá que apoyarse en alianzas todavía por definirse. En este sentido el PRI también tiene su propia propuesta. Seguramente, el riesgo de la «balcanización» de este partido está latente y podría generar un mapeo político más variado frente a la propuesta de ley de la COCOPA. El PRD (Partido de la Revolución Democrática) por su parte también está amenazado de divisiones, pero ha estado a favor del texto de la COCOPA desde su elaboración.

Si finalmente no se acepta el texto (y dicho proceso podría llevar hasta dos años), Fox estará a salvo de muchas de las críticas, ya que la decisión está en manos del Congreso. Al mismo tiempo, su proyecto económico se apoya en una mayor globalización de la economía, y le conviene deshacerse de la herencia de críticas internacionales sobre el tema Chiapas.

Hay que considerar también que Chiapas tiene particular importancia para dicho proyecto, por sus recursos y por la bandera política y de credibilidad que significaría la reanudación de las negociaciones de paz. Son muchas las promesas que ha hecho Fox en su campaña. Le tocarán medidas mucho menos populares (por ejemplo en el ámbito fiscal) o de aún mayor complejidad (como la reforma del Estado) y en este sentido, Chiapas puede ser una reserva de crédito político.

Después de las crisis electorales en los estados de Tabasco y Yucatán, se abre la pregunta sobre el grado de involucramiento que el gobierno federal está dispuesto a tener en los estados del sureste donde el PRI, desafiando el orden, se niega a perder parte del poder que le queda.

¿Gobernabilidad en Chiapas?

La situación de Pablo Salazar, el nuevo gobernador es más crítica. A escasos días de que asumió la gobernatura de Chiapas, y a partir de las acciones del ejecutivo estatal, se suscitó una pugna de poderes. Tanto el poder legislativo como el judicial (los dos con una mayoría priísta) han venido criticando y obstaculizando varias de sus propuestas y hasta negándose a tratar algunas de ellas.

En un documento entregado al legislativo estatal, el ejecutivo chiapaneco acusó a los diputados priístas de elaborar una estrategia política y económica para fines electorales y, antes de las elecciones legislativas y municipales de octubre del 2001, de querer aumentar su control sobre las alcaldías. Por otra parte, los poderes legislativo y judicial acusan de anticonstitucionales las acciones del Gobernador, calificándolas de venganzas políticas. Incluso hablan de amenazas de muerte en contra del poder judicial.

Cabe destacar que cualquier iniciativa de negociación deberá ser un trabajo de filigrana, para cohesionar de nuevo la vida política y social del estado y para poder resolver problemas comunitarios y regionales, antiguos y recientes.

En resumen

En los últimos meses, tanto en Chiapas como en México se han iniciado procesos decisivos y necesarios que no han tenido su desenlace todavía. Los problemas que ambos gobiernos enfrentan no son de fácil solución. Resulta importante garantizar una mayor gobernabilidad, y, más que todo, avanzar en los hechos para reconstruir una confianza mínima de las comunidades indígenas.