Actividades de SIPAZ (De Octubre de 2005 – al 15 de Enero de 2006)
31/01/2006COYUNTURA: México – incertidumbres postelectorales
31/07/2006Elecciones presidenciales: en el apogeo de la batalla
El 2 de julio tendrán lugar las elecciones presidenciales en México. Desde hace varios meses los principales partidos políticos se encuentran en campaña, defendiendo a sus respectivos candidatos:
- Roberto Madrazo, representando a la Alianza por México que integra al Partido Revolucionario Institucional (PRI, que se mantuvo en el poder durante 70 años hasta las elecciones del 2000) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
- Andrés Manuel López Obrador, representando a la Alianza por el Bien de Todos, que agrupa a varios partidos del centro y de la izquierda: Partido de la Revolución Democrática (PRD), Convergencia y Partido del Trabajo (PT).
- Felipe Calderón, por el Partido de Acción Nacional (PAN, partido actualmente en el poder).
- Roberto Campa, por Nueva Alianza (un partido reciente, escisión del PRI, sustentado por el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación).
- Patricia Mercado, por el partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina (otro partido de conformación reciente conformado por varias corrientes políticas).
Desde el inicio de las campañas, ha resultado claro que la contienda real se dará entre los tres primeros candidatos listados. Andrés Manuel López Obrador es el mejor situado, pese a que su ventaja respecto a los demás candidatos se ha venido reduciendo conforme avanzaban las campañas. Después de él se sitúan, en este orden, Felipe Calderón y Roberto Madrazo.
El 12 de marzo se llevaron a cabo elecciones locales en el Estado de México para renovar 125 Ayuntamientos y el Congreso local. Se suele considerar este proceso como una especie de termómetro para las elecciones presidenciales. Sin embargo, tal vez lo que más haya ilustrado dicho proceso es la volatilidad del electorado mexicano: 76 de los 125 ayuntamientos cambiaron de partido en estas contiendas. El PRD fue el principal vencedor de la jornada, obteniendo un 37% de los votos (frente a un 33% del PRI). Ocho meses después de ganar con amplio margen la elección de gobernador del Estado de México, el PRI vio bajar su porcentaje de votación en 14.5 puntos. Una posible explicación fueron los recientes escándalos en los que se vieron involucrados el gobernador de Puebla, Mario Marín, por un lado y Arturo Montiel, precandidato a la presidencia del PRI, por otro, que por ello retiró su candidatura (ver informe de SIPAZ anterior). El PAN mantuvo su porcentaje de votos prácticamente estable.
En las contiendas federales, se ha cuestionado que las campañas presidenciales estén más centradas en los ataques verbales y la descalificación mutua que en un debate de propuestas claramente definidas. Aunque algunos analistas consideren desde ahora que lo más probable es que Andrés Manuel López Obrador resulte elegido presidente, de acuerdo con las encuestas, aún queda un alto porcentaje de indecisos. El factor «abstencionismo» podría ser otro elemento de peso en la definición de los resultados finales. En un escenario de poca participación, el voto duro del PRI podría darle la ventaja. En cambio, en más de la mitad de los estados de la República, el PRD no supera el 10 por ciento de la votación total en ningún tipo de elecciones. Ciertamente, como se vio en las elecciones del Estado de México el «voto duro» del PRI se ha venido erosionando por las divisiones internas y las deserciones, siendo la principal la de Elba Esther Gordillo, ex secretaria del partido.
Elecciones estatales: indefiniciones y juegos de poder
Además de las elecciones federales (para presidente, senadores y diputados) del 2 de julio, en Chiapas, el 20 de agosto próximo, también se realizarán elecciones para gobernador del estado. Hasta hace poco, se asumía que el PRI iba a triunfar sin mayores dificultades, al no poder generarse una coalición de partidos que pudiera presentarle oposición.
Sin embargo, el contexto se ha vuelto más complejo con cambios y rupturas no previstos inicialmente. Más todavía que a nivel nacional, el PRI se encuentra dividido después de una decisión cupular a nivel nacional, ratificada posteriormente, que definió como candidato a gobernador al actual senador José Antonio Aguilar Bodegas.
Roberto Albores Guillén (gobernador interino de Chiapas entre 1998 y 2000), aprovechando el apoyo de gran parte del electorado priísta, que pretendía postularse para este puesto, inició un movimiento de resistencia y de consulta ciudadana respecto de la forma de elección del candidato al gobierno del estado. Albores afirmó en los medios que José Antonio Aguilar Bodegas fue electo «candidato de unidad» en un proceso «antidemocrático que representa el regreso del viejo PRI, un partido temeroso, autoritario y encadenado a sus prejuicios y miedos políticos». De consumarse, esta ruptura podría afectar no sólo el contexto electoral, sino traer consecuencias más amplias a mediano plazo.
A finales de abril, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Juan Sabines Guerrero, anunció su renuncia al PRI. Unos días después fue nombrado candidato del PRD a la gobernación con 159 votos a su favor (221 consejeros estatales de los 278 existentes asistieron a la reunión). Este movimiento podría dividir aún más al electorado priísta. Al anunciar su renuncia Juan Sabines afirmó: «Me deslindo de las cúpulas y del partido, pero nunca lo haré de los priístas de Chiapas, que son su fuerza, su base, su apoyo. A ellos los invito a que me acompañen a construir un nuevo proyecto donde todos tengamos cabida y no se nos cierren las puertas como lo hicieron sus líderes ayer lunes en ese consejo político estatal» [en referencia a la reunión donde se eligió a Aguilar Bodegas como candidato].
El diputado federal Emilio Zebadúa (secretario de gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, el actual gobernador, en los dos primeros años de su administración y quien ha expresado públicamente su inconformidad por el proceso interno de selección del PRD estatal y hacia el mismo Pablo Salazar) ha anunciado que impugnará el proceso.
El conflicto de Chiapas, tema relegado en la agenda política
El conflicto armado no resuelto no es tema de alta prioridad en la agenda electoral. Sin embargo, varios candidatos han hecho referencia a los Acuerdos de San Andrés, firmados en 1996 por el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en particular al visitar Chiapas en el marco de su campaña.
Algunas declaraciones recientes por parte del Ejecutivo resultan también llamativas en este sentido: en febrero, el comisionado para la paz en Chiapas, Luís H. Álvarez, aseguró que el EZLN ya no existe como grupo; y que el subcomandante Marcos busca, con la otra campa?a «oxigenar al movimiento que tuvo su tiempo y su momento».
En marzo, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, se reunió con los legisladores que integran la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA, comisión creada para coadyuvar en los diálogos entre el gobierno y los zapatistas). Afirmó que «superadas las circunstancias de excepción que tuvieron lugar en Chiapas, ha dejado de existir en esa entidad la denominada «zona gris». Informó que actualmente el Ejército mexicano atiende en Chiapas únicamente las necesidades de esta entidad derivadas del hecho de tratarse de un estado fronterizo.
Desde Aguascalientes, el subcomandante Marcos desmintió tales declaraciones afirmando: «El Ejército federal mantiene invadidas comunidades indígenas, no sólo zapatistas, sino en todo Chiapas. (…) El Ejército federal no ha salido del estado de Chiapas ni de la zona de conflicto, simplemente ha retirado algunas posiciones para hacerse más fuerte en otras, precisamente en las Cañadas y en los Altos de Chiapas».
Varias organizaciones civiles con amplia trayectoria en Chiapas también se pronunciaron respecto a estas declaraciones. Por ejemplo, el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas para la Acción Comunitaria (CIEPAC) planteó: «En lo que va de la administración de Vicente Fox, en total han sido replegadas 53 posiciones militares y 17 de la Policía Sectorial (…), pero esos espacios han sido cubiertos con la presencia de otros cuerpos policíacos y se han establecido nuevas formas de vigilancia contratando a personas de las comunidades indígenas que hoy son informantes del Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional (CISEN). Además que después de los repliegues militares, miembros de inteligencia militar regresan a las comunidades vestidos de civil y se internan a casas de priistas para observar, vigilar y reportar la actuación de los zapatistas».
El Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas A.C. (CAPISE) afirmó por su lado: «El Secretario Carlos Abascal falta a la verdad. (…) Hasta el mes de febrero pasado, este Centro identificó in situ, 97 posiciones (campamentos) militares permanentes en el estado de Chiapas (sólo se contabilizan los campamentos verificados en el terreno). De las 97 posiciones identificadas, 73 se encuentran destacamentadas en el territorio indígena, esto es, el 75% de la ocupación militar en el estado de Chiapas se encuentra en el territorio de influencia zapatista».
CAPISE también se refirió a otra parte de lo planteado por el Secretario de Gobernación cuando dijo «…el recorrido que actualmente realiza el EZLN en entidades del país, se da en un contexto en el que el gobierno de la República tiene respeto pleno por la libertad de expresión de las organizaciones y fuerzas que integran el mosaico político nacional». A finales de marzo, CAPISE había documentado 82 casos de agresiones contra adherentes a La Otra Campaña en 15 estados de la República.
En el caso de Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha denunciado 14 casos de hostigamiento e intimidación a defensores de derechos humanos entre noviembre de 2005 y marzo de 2006 (ver resumen).
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© SIPAZ
Paralelamente al contexto de disputa electoral, el EZLN continúa promoviendo la iniciativa de la «Otra Campaña», un proceso en sus palabras «de largo plazo y al margen del proceso electoral» que busca «la construcción de otra forma de hacer política, de un programa de lucha nacional y de izquierda, por una nueva Constitución» (Sexta Declaración de la Selva Lacandona). Desde enero (y hasta junio), el Subcomandante Marcos, ahora renombrado Subdelegado Cero, ha estado recorriendo los distintos estados de la República. Finalizando abril, ya había estado en Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Campeche, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán, Morelos, Guerrero y el Estado de México (para más información, ver Enlace Zapatista).
El 19 de febrero, en el marco del Encuentro de la otra comunicación, otra información, otra cultura y otra arte realizado en la comunidad indígena de Zacatelco, Tlaxcala, el delegado Cero volvía a explicar parte del objetivo de esta primera gira: «en lugar de escuchar a los de arriba, los de abajo han elegido escucharse a sí mismos. Arriba, una escenografía ambulante. Abajo, un corazón ya incompleto y una indignación creciendo, buscando el paso, el camino, el rumbo y el destino».
Frente al vacío informativo de la mayoría de los medios masivos de comunicación, el Delegado Cero en más de una ocasión ha tenido que aclarar lo que es y lo que no es la Otra Campaña. Se le acusa más que todo de llamar a la abstención electoral cuando explícitamente ha dicho que no es abstencionista. Por ejemplo, en febrero, en Puebla, el subcomandante Marcos explicó: «Nunca hemos llamado a la gente a no votar y no lo estamos haciendo. Estamos invitando a que mires hacia otro lado, no hacia arriba; que hagas ejercicio de tu inteligencia y tu dignidad, y pienses qué es lo que se ofrece arriba y qué está ocurriendo acá abajo, y con eso en la mente y en el corazón vayas o no a votar el 2 de julio».
También se acusa a la Otra Campaña de hacerle el juego a la derecha al dividir a los movimientos de izquierda y por cuestionar duramente a Andrés López Obrador cuando éste tiene posibilidades reales de ganar la Presidencia. Algunas voces podrán cuestionar la misma idea de «unión de la izquierda»: «La división de la izquierda y, especialmente la división entre partido y movimientos es una tendencia que se enmarca en la crisis sistémica de los aparatos de representación y de la gradual y progresiva descomposición de las clases políticas todas en prácticamente todo el planeta» (CIEPAC – Boletín «Chiapas al Día» No. 504).
Se compartan o no sus posicionamientos, cabe señalar también que ningún miembro de la clase política -de izquierda o de derecha- se ha salvado de las severas críticas del Delegado Cero.
Un último cuestionamiento a la Otra Campaña es la ausencia de propuestas concretas a los problemas que aquejan el país. Parece que se está esperando de ella propuestas programáticas en la línea de las que puedan plantear los candidatos. Sin embargo como explicó el subcomandante Marcos en Campeche en enero, se trata más bien de una construcción conjunta de «nuevas estructuras de poder que funcionen para el bien de los marginados del país y que promoverá acuerdos regionales que después se convertirán en un Programa Nacional de Lucha».
SOCIEDAD CIVIL: Encuentros
En marzo, se llevó a cabo el cuarto Foro Mundial del Agua en la ciudad de México, al que asistieron representantes de 148 países. Paralelamente, se reunieron activistas de movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y redes internacionales que luchan por la defensa del agua, del territorio y de los bienes comunes. Al finalizar su encuentro, enfatizaron los tres puntos siguientes:
«1. El agua no es mercancía. Por eso rechazamos todas las formas de privatización, inclusive la asociación pública-privada que han mostrado su total fracaso en todo el planeta.
2. La gestión y el control deben permanecer en el ámbito público, social, comunitario, participativo, con equidad y sin fin de lucro.
3. Se debe garantizar la solidaridad entre las generaciones presentes y futuras, por eso rechazamos este modelo desarrollista, neoliberal y consumista que promueve la sobre-explotación de la madre naturaleza».
Los días 10, 11 y 12 de Marzo, se realizó un encuentro estatal contra el PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Parcelarios y Titulación de Solares Urbanos) y el PROCEDECOM (Programa de Certificación de Derechos Comunales) en Petalcingo, municipio de Tila. Participaron más de 600 personas de diferentes organizaciones sociales de Chiapas. El objetivo del espacio era compartir la situación de los terrenos ejidales y comunales afectados por estos programas, así como alternativas para hacerles frente. Manuel Cruz de la organización Yomblej en el municipio de Chilón explicaba en una entrevista: «es muy importante la concientización en este problema que enfrentamos en nuestros ejidos y comunidades porque si no, vamos a perder la tierra. Aceptar el PROCEDE es traicionar la tierra, la vida y a nosotros mismos».
En marzo, miembros de varias organizaciones civiles y sociales, adherentes de la Otra Campaña convocada por el EZLN realizaron una marcha y un acto público en San Cristóbal de Las Casas en contra de la persecución policial y los abusos de autoridad de los gobiernos estatal y municipal. Los días 9 y 10 de abril también se realizó un Encuentro Estatal Contra la Represión en el que participaron 144 personas provenientes de 21 municipios del estado. Denunciaron «las agresiones y represión por resistirnos al pago excesivo de la luz, por no querer entrar al PROCEDE que nos despoja de la tierra, por negarnos a la privatización del agua, por seguir siendo pescadores, por exigir mejores condiciones para los presos en las cárceles que viven en condiciones inhumanas, por la libertad de pensamiento y expresión, por la libertad de nuestros hermanos presos políticos, en contra del uso del sistema de justicia para perseguir a luchadores sociales, el uso excesivo de la fuerza pública ante la demanda de tierra, casa o trabajo, las violaciones contra las mujeres para inhibir su participación, la negación del derechos que tienen las mujeres a la tierra, entre otras muchas formas que los gobiernos federal y estatal y los grupos de poder en nuestras regiones».