Actividades de SIPAZ (De mediados de mayo a mediados de agosto de 2011)
31/08/20112011
03/01/2012
A principios de noviembre, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) presentó un reporte sobre la Iniciativa Mérida, parte de la cooperación de Estados Unidos en la estrategia del gobierno mexicano para combatir al crimen organizado en el país. El documento titulado «Un relato aleccionador: Las lecciones del Plan Colombia para la política exterior estadounidense hacia México y otros países», señala que «los grupos del crimen organizado […] se han enfrentado al Estado y entre ellos, en una guerra de todos contra todos. La eliminación de los capos de los cárteles ha provocado la fragmentación de los grupos, desencadenando nuevas luchas por el poder que han multiplicado la violencia». Indica que a pesar de las intenciones del gobierno estadounidense de enfatizar la parte dedicada en soporte al sistema de justicia, sigue predominando un apoyo a la estructura y estrategia militar. WOLA advierte que «la cooperación militar de Estados Unidos puede llevar a un aumento de los abusos de derechos humanos», afirmación que varias ONG mexicanas de derechos humanos han señalado desde hace años.
Días antes de la publicación del reporte de WOLA, el director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, entregó al Ejecutivo federal su informe «Ni Seguridad, ni Derechos. Ejecuciones, desapariciones y tortura en la guerra contra el narcotráfico de México». De acuerdo al informe, integrantes de las fuerzas de seguridad pública estarían aplicando sistemáticamente formas de tortura para obtener confesiones e información sobre los grupos del crimen organizado. Además, «la evidencia sugiere que habría participación de soldados y policías en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas». Prosigue el informe que por las más de 35 mil muertes en el marco de la estrategia federal a principios de 2011, la Procuraduría General de la República (PGR) «sólo había iniciado 997» investigaciones sobre casos de homicidio.
México: la violencia se mantiene a la orden del día
Entre los hechos recientes resaltó el fallecimiento del secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, cuando se desplomó el helicóptero en el que viajaba, el pasado 11 de noviembre. Hasta el cierre de esta edición, las investigaciones sobre el incidente no habían concluido, sin embargo, primeras declaraciones gubernamentales apoyaron la versión de que se trataría de un accidente. Cabe recordar que hace tres años, el entonces titular de la misma secretaría, Juan Camilo Mouriño, murió en circunstancias similares. En ese caso, hasta la fecha no se han dado a conocer los resultados de la investigación sobre su fallecimiento. Es de mencionar que Blake Mora fue el cuarto titular de la Secretaría de Gobernación en los cinco años que lleva la administración de Calderón.
© La Otra División del Norte
Otro hecho violento que provocó un fuerte eco mediático y un cambio en el discurso presidencial fue el incendio del Casino Royale en Monterrey, el 25 de agosto del año en curso, con un saldo de más de 50 muertos y varios heridos. Felipe Calderón condenó este «acto de terror», siendo ésta la primera vez que el gobierno federal utilizó el término en referencia a delitos cometidos por el crimen organizado. En el pasado, representantes del gobierno de Estados Unidos habían calificado la violencia de la delincuencia organizada en el país como «narcoterrorismo«, provocando creciente preocupación en México sobre la posibilidad de una intervención militar del vecino país.
La segunda reunión del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad con el gobierno federal se realizó el 14 de octubre en el Castillo de Chapultepec. El poeta Javier Sicilia, líder del Movimiento de víctimas de la violencia por la lucha contra el narcotráfico, alertó que la «atmósfera de violencia y de horror, que día con día crece, está contaminando las palabras y los discursos. En ellos hay una amenaza mayor, que detectamos con reprobación los ciudadanos: la del autoritarismo y su rostro más brutal, el militarismo y el fascismo». Aunque el presidente respondió a cada una las intervenciones del Movimiento, este último después de la reunión no ocultó su decepción sobre los escasos resultados del diálogo, entre los cuales figura una Procuraduría Social para la Atención a Víctimas del Delito sin presupuesto ni condiciones operativas. No se acordó una siguiente reunión, por lo que queda incierto si se dará continuidad o no al diálogo.
Previo al encuentro, el Movimiento había realizado la llamada «Caravana al Sur» por los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Puebla. Al terminar la caravana en la ciudad de México el 19 de septiembre, el Movimiento concluyó que en «estos 11 días hemos visto que la herida abierta en Ciudad Juárez –a causa de la fallida estrategia de guerra del presidente Calderón– se ha ido extendiendo como una gangrena hacia el sur del país para juntarse con los dolores ancestrales que viven los pueblos indios y las comunidades del sur». Exigió que se tomen en serio las demandas del Movimiento, ya que –como lo expresó Javier Sicilia durante el recorrido – «si [los políticos] no se ponen a servir a los ciudadanos y construir país y seguridad para los ciudadanos, reconstruir el tejido social, éste, por desgracia, va a ser el último movimiento pacífico, lo que va a venir por la indignación va ser terrible».
Otro tema de constante preocupación sigue siendo la situación de los migrantes que pasan por territorio mexicano, en donde muchos sufren algún tipo de agravio, desde el asalto y la extorsión hasta violaciones, secuestro u homicidio. Para llamar la atención sobre esta problemática, el 31 de octubre, 33 mujeres centroamericanas iniciaron en Honduras la Caravana de Madres en Busca de sus Desaparecidos. Los defensores de migrantes también se encuentran expuestos a riesgo por su trabajo. Tal es el caso de Fray Tomás González, defensor de los derechos de las personas migrantes en Tabasco, quien recibió una amenaza telefónica en septiembre.
Finalmente, el trabajo periodístico en México sigue siendo de alto riesgo y, tratándose de agresiones a reporteras, el delito en cuestión adquiere una dimensión de género, que las autoridades del Estado mexicano en el pasado han querido ocultar. El 1 de septiembre fueron encontrados en la Ciudad de México los cuerpos de las periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, con claros signos de violencia. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó que la investigación sería por feminicidio y que fue turnada a la agencia especializada correspondiente de la Fiscalía de Homicidios de la PGJDF.
Guerrero: Siguen las resistencias y demandas por justicia
El 31 de agosto, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en coordinación con Inés Fernández y Valentina Rosendo iniciaron una nueva campaña denominada «Cumplir las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para Romper el Muro de la Impunidad». El objetivo es exigir al gobierno que las mesas de trabajo se efectúen de conformidad con el acuerdo presentado por Inés y Valentina hasta que se alcance el cumplimiento de todos los resolutivos de las sentencias. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sentenció al Estado mexicano, al determinar que ambas mujeres indígenas me’phaa habían sido violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército mexicano en 2002. En un boletín informativo del 8 de noviembre, Tlachinollan enfatizó la obligación de tratar sus casos en el fuero común, elemento parte de la sentencia de la CoIDH: «A la fecha, en México la Procuraduría Militar continúa investigando violaciones de derechos humanos cometidas por militares en contra de civiles, a pesar de la decisión de Suprema Corte de Justicia de la Nación, de lo que ordenan las cuatro sentencias emitidas por la CoIDH, y de las obligaciones contraídas en el marco de la Iniciativa Mérida».
Por otro lado, el 22 de agosto, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) inició una campaña informativa a indígenas de las regiones de la Costa Chica y la Montaña sobre las actividades mineras en la zona. Informó que empresas canadienses e inglesas pretenden abrir explotaciones mineras a cielo abierto, sin el consentimiento de los pobladores. El 14 y 15 de octubre se llevó a cabo el XVI aniversario de la Policía Comunitaria en el municipio de Malinaltepec. Posteriormente la CRAC-PC denunció movimientos militares en territorios comunitarios y señaló que podría ser una provocación frente a la decisión que han tomado las comunidades de hacer valer sus derechos y de rechazar la explotación minera.
Por último, el 13 de septiembre, Tlachinollan emitió un comunicado de prensa acerca de las altas tarifas de la energía eléctrica en la región de la Montaña de Guerrero. El comunicado menciona que de 2007 a la fecha el centro de derechos humanos ha registrado cerca de 400 quejas, individuales y comunitarias, relacionadas con cobros excesivos por el servicio de energía eléctrica. El 8 de noviembre, unas horas después de que integrantes del movimiento de resistencia contra las altas tarifas de luz cerraran las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Chilpancingo como forma de protesta, fueron desalojados por varios militares.
Oaxaca: Un año del gobierno de Gabino Cué; conflictividad creciente en el Istmo
El pasado 15 de noviembre, el gobernador Gabino Cué Monteagudo entregó su primer Informe de Gobierno. Reconoció haber tenido errores e insuficiencias, pero responsabilizó a las administraciones anteriores de varios problemas, como los conflictos agrarios, que persisten en el estado. Partes de la sociedad civil criticaron que durante su primer año de gobierno, las palabras de buena voluntad no se han convertido en avances significativos en términos de justicia por las violaciones a derechos humanos en años anteriores.
El 3 de noviembre, la organización civil «Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.» denunció el allanamiento de sus oficinas y el robo de documentación sobre la situación de derechos humanos en el estado, teléfonos celulares y equipo de cómputo. Señaló: «Si este gobierno pretende un cambio real hacia la transición democrática, uno de los aspectos centrales es la garantía para realizar el trabajo que las organizaciones civiles y sus defensoras y defensores aportan al conjunto de la sociedad».
El 4 de noviembre, el histórico conflicto entre las entidades de Oaxaca y Chiapas por la posesión de 4.975 hectáreas en la región de Los Chimalapas derivó en dos enfrentamientos, mismos que dejaron por lo menos 10 heridos. Luego de los enfrentamientos, más de un centenar de policías de Oaxaca y Chiapas así como unos cien militares se instalaron en una Base de Operaciones Mixtas (BOM) en la zona para evitar nuevos enfrentamientos. Sin embargo, el 4 de noviembre fue retenido por habitantes de San Miguel Chimalapas el dirigente de los ganaderos del lado chiapaneco, Jorge Humberto Luna, quien en un operativo de las fuerzas de seguridad oaxaqueñas fue rescatado el 9 de noviembre, de manera violenta según las denuncias de los oaxaqueños. Los días 11 y 12 de noviembre, una Misión Civil de Observación integrada por representantes de organizaciones de derechos humanos y ecologistas se trasladó a los Chimalapas para documentar la situación.
Otra fuente de tensión que en fechas recientes desembocó en un enfrenamiento violento es la construcción de parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec. El 28 de octubre los miembros de la Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio e integrantes del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, organizaron una protesta pacífica contra el proyecto eólico «Piedra Larga». Los manifestantes reportaron que un grupo de hombres armados arribó al lugar y golpearon a algunos de los inconformes, entre ellos Bettina Cruz Velázquez y Juan Regalado Martínez, a quienes también amenazaron de muerte. La tarde del mismo día, Reynaldo Ordaz Velásquez, vinculado al grupo armado, murió por disparos en circunstancias poco claras. Los agresores culparon al grupo opositor que rechazó la acusación y exigió una investigación imparcial de los sucesos. En días previos, se habían denunciado amenazas de muerte a Cruz Velázquez y Maribel González, defensoras de derechos humanos que acompañan a los opositores, de parte de aproximadamente 50 trabajadores de la empresa hidroeléctrica Desarrollos Eólicos de México (DEMEX).
Chiapas: Tierra y territorio, eje principal de la conflictividad
El gobierno del estado intervino en el caso y el 23 de octubre, el propio gobernador fue a San Patricio donde declaró: «Estamos aquí (…) para darles nuevamente la certeza jurídica sobre la posesión de este predio y de sus casas, ya el grupo invasor no solo fue alejado de estas tierras, llevados a otro municipio, lejos de aquí, para que no moleste, para que no vuelva a entrometerse en la paz de esta comunidad». A cambio, poco antes, organizaciones civiles denunciaron que «las autoridades han recompensado su acción violenta y claramente contrainsurgente [de los agresores], otorgándoles tierras en el rancho La Josefina, en el municipio de Palenque». Por otro lado, la carta pública mencionada previamente afirmó: «El discurso oficial del gobierno de Chiapas ha convertido el respeto a los derechos humanos en eslogan publicitario favoreciendo la simulación que atenúa graves faltas en perjuicio de la población en general».
La Sociedad Civil Las Abejas denunció en octubre que los hostigamientos contra comunidades indígenas que defienden su autonomía responden a una misma lógica y afirmaron: «La situación de hostigamiento en estas comunidades, especialmente en San Patricio nos recuerda la que vivíamos en Chenalhó las semanas previas a la masacre de Acteal: Gente secuestrada en sus propias comunidades que muchas veces ni siquiera puede comer, robo y quema de cosechas y de animales domésticos, disparos constantes para intimidar. Y todo eso lo hacen los paramilitares, igual que en Chenalhó, bajo la mirada cómplice de la policía y de las autoridades».
En la mayoría de los casos, lo que se encuentra en juego es una disputa por el control sobre tierras y territorios en zonas indígenas. Por ello, en septiembre, La Otra Campaña dio inicio a una Campaña bajo el lema «Alto a la Guerra contra la Madre Tierra y sus Pueblos». En el marco de la marcha-mitin que el mismo grupo llevó a cabo el 12 de octubre señaló: «se cumplen 519 años de la invasión española en nuestras tierras y territorios, contra el olvido marchamos y protestamos (…) Las guerras de Independencia y Revolución no restituyeron los derechos de los pueblos originarios, que ahora enfrentan una guerra de despojo y exterminio». Una vertiente de esta disputa se encuentra reflejada en el último informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) titulado «Late la Tierra en las veredas de la resistencia» donde da cuenta del impacto negativo de los llamados proyectos de desarrollo «verde» como planes eco-turísticos entre otros, los cuales ocasionan que los pueblos se vean sometidos en muchos casos a la expulsión de sus lugares de origen o a divisiones internas que los confrontan (ver también: Enfoque).
Por otro lado, y recordando la vigencia de la problemática relacionada a las y los defensor@s de derechos humanos, el 8 y 9 de octubre, diferentes centros de Derechos Humanos se reunieron en el marco del «Foro por la defensa de los defensores y defensoras de derechos humanos», que se llevó a cabo en Tonalá, Chiapas. Un ejemplo paradigmático de lo señalado durante el mismo se dio entre el 19 al 20 de octubre cuando fue dejada una amenaza de muerte en la casa de los defensores Margarita Martínez y Adolfo Guzmán. Cabe recordar que ambos han recibido amenazas y sufrido agresiones en varias ocasiones desde noviembre de 2009 y que cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
