La transición democrática propiciada por la victoria de la oposición en las elecciones federales de julio y en las de agosto en Chiapas abre nuevas perspectivas. Los resultados electorales no garantizan de inmediato la resolución de múltiples problemas pendientes: pobreza creciente, impunidad y violencia política, y un conflicto estancado en Chiapas, por mencionar algunos de los más apremiantes. Pero podría sentar las bases para que esos problemas sean procesados en una nueva relación entre el Estado y la sociedad mexicana. Tanto a nivel federal como estatal, el reto es similar: atender las necesidades de la población en su conjunto por encima de los intereses partidarios, y aprender a funcionar como democracia madura mediante una negociación permanente entre fuerzas políticas.

Correlaciones de fuerzas

Las elecciones federales de julio han dado lugar a un mapa político nuevo y más complejo. Poco después del triunfo, Fox aclaró que no pretende gobernar para el Partido de Acción Nacional (PAN), la principal fuerza que lo llevó a la presidencia. Por su parte, este partido afirmó que no recibirá líneas presidenciales. Además, el presidente ya no podrá respaldarse en una mayoría absoluta e incondicional en las Cámaras. Ningún partido podrá imponerse sobre los demás sin negociar, lo cual constituye un avance democrático, aunque también dificultará los acuerdos para impulsar las reformas necesarias. El gobierno de Vicente Fox no podrá fortalecerse sino en base a su capacidad para convencer a los demás grupos políticos de la legitimidad y pertinencia de sus propuestas de cambios.

En este nuevo marco, todos los partidos entraron en una fase de reposicionamiento y el juego de alianzas queda por definirse. Los resultados de julio y los de agosto en Chiapas representan un significativo debilitamiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que perdió la presidencia después de más de 70 años en el poder. La gran interrogante es qué papel optará por jugar el PRI, por primera vez fuera del Ejecutivo, pero manteniendo importantes cuotas de poder en los gobiernos estatales y municipales, así como sólidos vínculos con las estructuras caciquiles de base y con los grupos de poder económico. El reto para la bancada priísta es ahora recomponer la unidad del partido después de que la derrota generó fisuras y pugnas internas en la búsqueda de un nuevo liderazgo. No dejan de preocupar las posibles consecuencias imprevisibles en estos tiempos de reacomodos: los violentos enfrentamientos entre fracciones priístas en Chimalhuacán, estado de México, han sido señalados como una ilustración de este riesgo.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), por su lado, a pesar de haber ganado otra vez la gobernatura de la capital en las elecciones de julio, ha sido sacudido por su derrota federal. El principal partido de izquierda también está atravesando un difícil periodo de redefinición estructural e ideológica.

Tiempos de cambio

La onda de choque incluso parece haber llegado a sacudir a las Fuerzas Armadas, institución que parecía monolítica. En estos tiempos de transición, se viven luchas internas entre las diferentes fracciones: algunos pregonan la necesidad de una depuración mientras otros apoyan el mantenimiento del «viejo orden».

La detención de Acosta Chaparro y Quiros Hermosillo, dos generales de la línea dura acusados de vinculos con el narcotráfico, parece indicar una nueva correlación de fuerzas, ya que ambos pertenecían a una cúpula militar hasta ese momento intocable.

Otros elementos anuncian un cambio y el afán de llegar a una democracia más consolidada y transparente: es el caso del fallo de la Suprema Corte exigiendo al presidente Zedillo dar cuentas del financiamiento de su campaña en las elecciones que lo llevaron a la presidencia en 1994, y del manejo de varios escándalos implicando a personas de alto nivel dentro de su gobierno.

También cabe señalar la apertura mostrada por Fox hacia las organizaciones no-gubernamentales (ONGs). Su intención anunciada de incluirlas en el proceso de formular e implementar políticas públicas y sus reuniones con esos grupos parecen indicar una nueva actitud del poder político hacia la sociedad civil. Fox señaló que las reuniones son un primer paso, pero queda por ver hasta qué punto representan un interés en una relación realmente sustantiva.

EZLN: la opción de la no-intervención

Antes de las elecciones presidenciales, el EZLN se limitó a decir que respetaría el proceso electoral y sus resultados. Después de la victoria de la oposición en julio, se podía esperar un cambio de actitud. Sin embargo, el EZLN mantuvo absoluto silencio respecto al proceso electoral de Chiapas, a pesar de que por primera vez la oposición tenía posibilidad cierta de triunfar. En los hechos, se notó un aumento de su participación, pero en el conjunto, pocos zapatistas votaron, favoreciendo con eso que el PRI ganara en zonas bajo influencia del EZLN.

Desafíos para el nuevo gobierno estatal

El amplio y diverso espectro político de los grupos que promovieron a Pablo Salazar constituye un primer desafío para el nuevo gobierno. Además, sus propuestas de cambios podrían verse obstaculizadas por el control que el PRI mantendrá sobre el Congreso estatal y la mayoría de los ayuntamientos por lo menos hasta las próximas elecciones de noviembre del 2001. Queda por verse cómo se reposicionarán actores hasta la fecha vinculados al gobierno del PRI: organizaciones campesinas, sindicatos obrero y magisterial, medios de comunicación y los grandes grupos de poder económico del estado.

Algunas tareas pueden parecer titánicas para el nuevo gobernador: revertir la pobreza y la exclusión social, impulsar el desarrollo, reconstruir el tejido social, resolver las explosivas disputas agrarias, controlar a los grupos armados, etc. Pero a la vez, su triunfo ha creado un nuevo espacio político en el cual han sido invitados a participar actores sociales -incluso indígenas y campesinos- que históricamente han sido marginados. Sin duda, de la habilidad de los distintos sectores de la sociedad civil chiapaneca para articular creativamente sus demandas en la construcción de un nuevo proyecto político para Chiapas, dependerá en buena medida la suerte de la transición democrática en ese estado y en el país. La interrogante es si Salazar podrá mantener ese movimiento ciudadano que logró nuclear en torno a sí. ¿Cómo podrá responder a las demandas y expectativas de sectores sociales y políticos tan diversos, y hasta enfrentados históricamente?

El conflicto en Chiapas después de las elecciones

En los asuntos pendientes de ambos gobiernos seguramente estará la resolución del conflicto en Chiapas. Ciertamente, la victoria de la oposición a nivel federal y local abre nuevas perspectivas en este sentido. La cada vez menor presencia del tema en los medios de comunicación no debe ocultar que las causas que lo originaron siguen en pie y la situación sigue siendo explosiva. En muchos casos, las condiciones de vida de los indígenas incluso han empeorado. Además, el acelerado deterioro del tejido social hace que hoy en día sean muchos los conflictos en Chiapas, aunados al del EZLN. La situación es cada vez más compleja y las respuestas tendrán que definirse desde los dos niveles de poder, federal y estatal.

Si bien Salazar no puede ordenar la retirada del Ejército -que responde al gobierno federal-, ni está en sus manos la solución del conflicto con el EZLN, el gobernador podría convertirse en un facilitador que ayude a crear las condiciones para reanudar el diálogo.

Controvertido silencio del EZLN

El silencio del EZLN hacia las propuestas del presidente electo (incluyendo la posibilidad de un diálogo directo) ha sido cuestionado como una falta de voluntad de negociación. Existen otras explicaciones. Puede ser que el EZLN espere hasta que el presidente electo tome posesión. Otra posibilidad es que considere que no existen condiciones para dialogar mientras la presencia masiva del Ejército mexicano persiste.

Asimismo, la derrota del PRI en las urnas y no por la vía de las armas ha sido vista por algunos como un cuestionamiento al camino que eligió el EZLN, mientras otros recalcan que la derrota no hubiera sido posible sin el trabajo de concientización democrática del EZLN. El movimiento zapatista tiene todavía que tomar cartas en el nuevo escenario democrático.

Diálogo pendiente

De hecho, el EZLN ya «habló«. Desde septiembre del 96, planteó condiciones para reanudar el diálogo y seguramente que para ellos éstas deben ser atendidas primero. Así las cosas, el panorama ya no es tan alentador: ambos actores parecen esperar una prueba de la voluntad del otro como condición previa para dar nuevos pasos.

Esta dificultad aparece ya al considerar la primera condición de los zapatistas: la desmilitarización y desparamilitarización de la zona. El presidente electo condiciona el retiro de las tropas a un pacto con los zapatistas para reanudar el diálogo. De hecho, difícilmente se puede pensar en una «retirada total» del Ejército. En muchas comunidades divididas, una parte de la población pide su protección, y puede aparecer como el único instrumento para controlar a los paramilitares, cuando la estructura política y jurídica local sigue siendo dominada por el PRI. Sin embargo, una manera de ir reconstruyendo la confianza con un mínimo costo estratégico para el gobierno sería retirar de inmediato algunos de los campamentos militares que generan más tensión (Amador Hernández por ejemplo).

Otro punto clave son los Acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno federal y el EZLN desde 1996. La Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) redactó una propuesta de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena condicionando la elaboración del documento a que fuera definitivo. En los años posteriores, varios partidos presentaron sus propios textos (el del PRI fue retomado por el presidente Zedillo). Si bien Fox dijo que presentará la iniciativa de la COCOPA al Congreso, parece claro que sin obtener acuerdos previos, la propuesta tiene muy pocas probabilidades de ser aprobada. Además, el PAN ya aclaró que no retirará su propuesta. Por lo tanto, además de la voluntad ya expresada, se requiere del nuevo gobierno un compromiso claro y un fuerte trabajo de cabildeo.

Al fin y al cabo, queda mucho por inventar en las nuevas relaciones políticas que México requiere para enfrentar constructivamente los desafíos de la transición. La comunidad internacional puede ser un actor importante de presión para que el nuevo gobierno federal enfrente su responsabilidad hacia el conflicto chiapaneco y otros asuntos nacionales pendientes que garanticen un avance real en este proceso de democratización.