ENFOQUE: Minería en Chiapas – Nueva amenaza para la supervivencia de los pueblos indígenas
29/12/20082008
01/01/2009
Teniendo como trasfondo la crisis económica mundial, se prevé que México entrará en una desaceleración generalizada en todas sus variables, principalmente las de crecimiento, consumo, y empleo.
La estrecha dependencia hacia Estados Unidos representa un factor no menor en cuanto a lo que se puede esperar. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Ernesto Cordero Arroyo, reconoció que la desaceleración económica en Estados Unidos ha provocado mayor desempleo y la caída en las remesas que los mexicanos envían desde este país (700 millones de pesos menos con respecto a 2007), lo cual «va a afectar a las familias mexicanas que viven en pobreza alimentaria». En este marco, la Secretaría de Hacienda llamó a las familias a «ser prudentes» y a «ahorrar para cualquier contingencia que se vaya a presentar en el futuro».
Después de minimizar el impacto negativo que podría tener la crisis financiera en EEUU para México, a principios de octubre, el presidente Felipe Calderón presentó un programa que busca mitigar esos efectos. También tuvo que ajustar el presupuesto 2009 a la baja.
Desde el 1º de septiembre, al entregar su segundo Informe de Gobierno, Felipe Calderón afirmó que un «entorno económico externo adverso» afectó el alcance de las metas en materia de inflación, crecimiento y generación de empleo. La oposición en la Cámara de Diputados afirmó que en los dos primeros años de esta administración, 1.300.000 mexicanos han abandonado el país por falta de trabajo. Este mismo día, organizaciones obreras, campesinas y sociales salieron a las calles en varias partes del país «para demostrar el creciente descontento e irritación de los trabajadores» hacia la política económica, laboral y energética del gobierno.
La prioridad gubernamental sigue siendo la «guerra contra el narcotráfico»
De acuerdo con datos del Segundo Informe de Gobierno: «Desde el inicio de la presente administración se han materializado un total de 46 operaciones de alto impacto (…) participando un efectivo mensual promedio de 45.000 elementos, no teniendo comparativo con la administración anterior siendo esta una nueva estrategia de la Sedena (Secretaría de Defensa Nacional) en la lucha contra el narcotráfico».
Aún así, las ejecuciones a manos del crimen organizado han seguido aumentado a tal grado, que en el primer semestre de 2008 ya se había alcanzado la cifra de 2.673 muertos, el total del año anterior. A principios de diciembre, la Procuraduría General de la República (PGR) ya hablaba de 5.400 muertos y asumía que esta cantidad iba a seguir aumentando.
A finales de agosto, el gobierno federal reconoció la existencia de un «deterioro institucional y estructural» para combatir la delincuencia, y para revertir el «alto grado de impunidad» y «control territorial» que ejercen grupos criminales. Presentó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Legalidad y la Justicia, que mediante 75 puntos pretende depurar y fortalecer las instituciones policiales y de procuración de justicia.
Uno de los primeros cuestionamientos que se hizo al mismo fue la ausencia de obligatoriedad o de sanciones para quienes incumplan lo acordado. Especialistas afirmaron también que el gobierno de Felipe Calderón inició la llamada «guerra contra el narcotráfico» sin un trabajo de inteligencia militar y civil suficiente, además de que no previó «la dimensión tan violenta de la respuesta por parte de los traficantes de drogas» y que tampoco evaluó el grado de infiltración y corrupción de los cuerpos de policía por el crimen organizado (La Jornada, 29 de septiembre).
En octubre, la Operación Limpieza evidenció esta infiltración del narcotráfico hasta los niveles más altos del gobierno. La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que el crimen organizado cooptó desde 2004 a altos mandos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), quienes vendían información clasificada al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
A finales de noviembre, a 100 días de haber firmado el Acuerdo, el gobierno federal aseguró que había dado cumplimiento «cabal» a los compromisos adquiridos, con la reasignación de recursos en el presupuesto, el fortalecimiento de la sociedad civil, la adecuación del modelo de coordinación institucional y la presentación de un paquete de reformas al Congreso. Felicitó al Congreso de la Unión por haber aprobado un presupuesto en cuestión de seguridad superior en un 35% respecto del año anterior, casi duplicando lo que se destinará para desarrollo social el próximo año.
Diputados y senadores de PRI (Partido de la Revolución Institucional) y PRD (Partido Revolucionario Democrático), así como representantes de diversas iglesias, consideraron que los resultados presentados al agotarse el plazo de 100 días establecido en el Acuerdo Nacional eran «pobres e insuficientes«.
Tengan o no que ver con la delincuencia organizada, dos hechos reforzaron la percepción generalizada de inseguridad. Por un lado, el 15 de septiembre, en el marco de las festividades por la conmemoración del día de la Independencia se dieron dos explosiones en Morelia, Michoacán, dejando un saldo de siete muertos y 132 lesionados.
Por otro lado, el 4 de noviembre, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y el ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, murieron al caer la aeronave en la que viajaban a la ciudad de México. La caída del avión dejó 15 muertos y 40 heridos. Con ello, fallecieron dos de los principales estrategas del gobierno federal en la lucha contra el narcotráfico. Mouriño, muy cercano a Calderón, y Vasconcelos quien era, según varios medios, el hombre de mayor confianza para el Ejército y para los EEUU. Aunque la versión oficial afirma que no hay pruebas que sugieran un atentado, se ha mantenido una polémica en torno a si estas muertes pudieron haber sido producto de accidente o sabotaje, sospechas que se mantienen a la fecha en la opinión pública.
Cooperación internacional contra el crimen organizado
En 2008, México pasó del 4º al 2º lugar en asistencia militar y policíaca de EEUU en América Latina, sólo por debajo de Colombia. La Iniciativa Mérida, que contempla cerca de 400 millones de dólares en asistencia en una primera etapa, pretende buscar una mayor integración en materia de seguridad entre México y EEUU. El gobierno mexicano esperaba la liberación de los recursos en septiembre, pero apenas el 3 de diciembre, en un acto de bajo perfil, se firmó una carta de intención que formaliza la entrega a México de 197 millones de dólares (de los 400 ya aprobados por el Congreso de los EEUU).
México también concretó varios otras alianzas: en octubre, con el gobierno de Brasil (para fortalecer el intercambio de información, programas y experiencia para reducir la criminalidad) y la Unión Europea (a través de una Asociación Estratégica que permitiera trabajar conjuntamente en temas como el cambio climático, la delincuencia organizada, la lucha contra la pobreza, los derechos humanos y la migración); así como, en noviembre, con Argentina (para enfrentar de manera coordinada la delincuencia organizada transnacional, las drogas y el lavado de dinero).
Aprobación de la reforma energética
Después de 8 meses de análisis y negociación, que incluyeron la celebración de foros en los que participaron más de un centenar de especialistas, la reforma energética fue finalmente aprobada por el Congreso mexicano el 23 de octubre. Entre otros cambios, otorga a Petróleos Mexicanos (PEMEX, nacionalizados desde 1938 y símbolo de la soberanía nacional) una mayor autonomía presupuestal y de gestión; moderniza su diseño institucional y flexibiliza su sistema de contratación de adquisiciones y de obra pública.
Un frente de oposición a su posible privatización se venía organizando a través del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y de la Economía Popular encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ex candidato a la presidencia. Los legisladores izquierdistas habían señalado que aunque estaban a favor de la reforma en términos generales, consideraban que algunos aspectos debían clarificarse. El día de la aprobación, tomaron la tribuna después de que AMLO se reuniera con los legisladores de todos los partidos. Les pidió que se incluyera una cláusula para prohibir expresamente la posibilidad de concesionar a empresas extranjeras bloques específicos para explorar y producir crudo, un candado adicional que finalmente no fue aprobado.
Aunque la iniciativa se aleja significativamente de la propuesta de Calderón (con la que, por ejemplo, empresas privadas hubieran podido construir y operar refinerías), él calificó la aprobación de la reforma de logro «histórico» y afirmó que «con la reforma gana la economía nacional y ganamos todos los mexicanos«. Los únicos en no expresar beneplácito por la misma fueron los empresarios mexicanos e inversionistas extranjeros, por lo que consideran el carácter limitado de la reforma.
Dicha reforma integra por otro lado varias de las propuestas impulsadas por el Frente Amplio Progresista (FAP agrupa los principales partidos de izquierda: Partido de la Revolución Democrática, PRD; el Partido del Trabajo, PT; y Convergencia). Sin embargo, su aprobación dejó todavía más divididas a las facciones del PRD y FAP. A mediados de noviembre, tras ocho meses de un conflictivo proceso interno para definir la elección de su dirigente nacional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la nulidad de la elección interna del PRD efectuada en marzo y reconoció a Jesús Ortega Martínez como nuevo presidente nacional del PRD, éste último representando a una tendencia más distante a AMLO.
Después de la aprobación de la reforma energética, AMLO anunció el inicio de una nueva etapa del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo y de la Economía Popular. Advirtió que las brigadas conformadas no se desmovilizarán, sino que continuará la lucha contra la carestía y en defensa del salario.
Derechos humanos: «buenos propósitos» frente a preocupaciones que se mantienen idénticas
A finales de agosto, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012. Dicho documento plantea un retiro gradual de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública y propone «impulsar reformas en materia de procuración e impartición de justicia militar acordes con los compromisos internacionales adoptados en materia de derechos humanos por el Estado Mexicano». También habla de la creación de directrices para el uso de la fuerza con respeto a los derechos humanos. Organizaciones civiles cuestionaron este programa por considerarlo «un catálogo de buenos propósitos».
Una de las tendencias preocupantes más señalada sigue siendo la criminalización de la protesta social ante la militarización del país. En octubre, Organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron que durante la administración de Felipe Calderón se han recibido 983 quejas por violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas: «la militarización de la seguridad pública ha provocado torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales por parte de elementos militares; sin embargo, el despliegue de más 45 mil efectivos en tareas de seguridad pública no ha logrado frenar los índices de violencia».
Una nueva plataforma para los derechos humanos comenzará a funcionar en febrero de 2009, cuando México será sometido a examen por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), como parte del Examen Periódico Universal (EPU) que se aplica a todas las naciones miembros de la ONU.
En septiembre, más de un centenar de ONG entregaron en Ginebra, Suiza, un informe especial en el cual denuncian que «México no cumple con sus compromisos internacionales» y que persisten la tortura, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las limitaciones a la libertad de expresión y la impunidad. El informe incluyó 60 casos de criminalización de la protesta social en 17 estados mexicanos.
A finales de noviembre, el Estado mexicano presentó su informe para el mismo EPU. Indicó que el uso del Ejército para el combate al crimen organizado es una medida provisional para restablecer condiciones mínimas de seguridad pública «con pleno respeto a los derechos humanos». Como ejemplo de ello pone la creación de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Defensa Nacional (que no cuenta aún con presupuesto oficial). Los organismos mexicanos de derechos humanos exigieron poner fecha al regreso del Ejército a los cuarteles que ofrece el Estado mexicano en dicho documento.
En noviembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que México fue elegido como Miembro de la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para 2009-2011. El nombramiento ilustra el intenso activismo internacional de México en materia de Derechos Humanos, que, según las ONGs especializadas en el tema, contrasta con la situación interna.
Chiapas: impunidad y nuevos conflictos
En noviembre, dos años después de la matanza de indígenas en la comunidad Viejo Velasco (norte de Montes Azules), la situación vinculada a la muerte de 4 personas y la desaparición de 4 más sigue impune.
El pasado 3 de octubre, un violento operativo efectuado por policías federales y estatales dejó un saldo de seis muertos (4 de ellas ejecutadas según los testimonios de los pobladores), 17 personas heridas y 36 detenidos, casi todos habitantes del ejido Miguel Hidalgo, ubicado en el municipio de La Trinitaria, Chiapas. El pasado 7 de septiembre, los ejidatarios habían tomado las ruinas de Chincultik que se encuentran enfrente de su comunidad, con la intención de que el propio ejido administrara el sitio arqueológico.
Las autoridades estatales y federales han optado por la entrega de 35.000 pesos por gastos funerarios y 75.000 pesos por apoyo económico a las familias que perdieron a sus familiares. El gobierno de Chiapas también señaló a 5 policías como responsables de la masacre y se comprometió a castigar a los que resulten culpables de excesos en el cumplimiento de sus funciones. Luego de estos hechos en los que la Secretaría de Gobierno de Chiapas en la que se reconoce que no existía orden de desalojo, el Congreso de Chiapas aprobó por unanimidad un protocolo de desalojos para las corporaciones de seguridad del estado y los municipios de Chiapas, que pretende regular el uso de la fuerza pública.
La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) afirmó que es un ejemplo de la política gubernamental que criminaliza la protesta social, delega la solución política y dialogada a los conflictos y busca con indemnizaciones tapar su responsabilidad institucional. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas también manifestó por su parte que: «Existe un gran riesgo de que la masacre de Chinkultic, como otras, quede impune y la sanción a los responsables sea únicamente a los servidores públicos de más bajo rango».
De manera más general, el principal eje de la conflictividad tiene que ver con proyectos sociales y más que todo, económicos: de transporte (como la anunciada autopista de San Cristóbal de las Casas a Palenque), turísticos («parques temáticos» en Palenque y las cascadas de Agua Azul) y de desarrollo (áreas naturales protegidas como Huitepec o la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, o la minería entre otros; ver enfoque en este informe).
EZLN: Festival de la Digna Rabia
La primera semana de agosto, una caravana nacional e internacional de solidaridad documentó diversas violaciones a los derechos humanos en territorios zapatistas. También, asistió a la conmemoración del quinto aniversario de las Juntas de Buen Gobierno (JBG) zapatistas.
En septiembre, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN, que cumplió 25 años el 17 de noviembre) convocó a dar nuevo inicio a las movilizaciones por la liberación de las 13 personas aún presas por los hechos de San Salvador Atenco en mayo de 2006, todas con sentencias de más de 30 años y 112 años en el caso de los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. También anunció la realización del primer Festival Mundial por la Digna Rabia, que se celebrará la última semana de diciembre y los primeros días de enero de 2009 en el Distrito Federal y Chiapas. El comunicado explica: «El hastío frente al cinismo y la incompetencia de las clases políticas tradicionales se ha ido convirtiendo en rabia. En veces esa rabia sigue la esperanza de un cambio por los mismos caminos de siempre y se topa o con la desilusión que inmoviliza o con la fuerza arbitraria que avasalla. Pero también hay veces, muchas, tantas que la sonrisa nos arrancan, que las rabias buscan sus propios caminos, nuevos, otros. Y el «no» que levantan ya no sólo resiste, también empieza a proponer, a proponerse.