COYUNTURA: México 2008, ¿turbulencias en el horizonte?
29/02/2008
COYUNTURA: México – Carestía y pobreza, las principales preocupaciones
29/08/2008
Detonador: la reforma energética
El 9 de abril se presentó, finalmente, el anunciado proyecto del presidente Felipe Calderón para la reforma energética. Dicha iniciativa pretende revitalizar el sector petrolero, principal fuente de ingresos de México, al otorgar mayores recursos a la petrolera estatal Pemex, que actualmente sufre una caída de producción y carece de recursos para explorar nuevos yacimientos. Comprende modificaciones a una decena de leyes e introduce la figura de «servicios ampliados«, que permitirá la participación privada en casi todo el proceso productivo (exploración, explotación, refinación de petróleo y de petroquímicos básicos).
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Desde meses antes, el Congreso Nacional Democrático encabezado por el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el Frente Amplio Progresista (FAP que agrupa los principales partidos de izquierda: Partido de la Revolución Democrática, PRD; el Partido del Trabajo, PT; y Convergencia) habían anunciado acciones de resistencia civil pacífica para evitar lo que consideran como un intento de de privatización de la petrolera nacional.
Dicha resistencia civil se inició el 10 de abril en el Senado, cuando la mayoría de los legisladores del FAP tomaron por sorpresa la tribuna en exigencia de que se acuerde un debate real en torno al futuro del petróleo. En las calles, miles de mujeres integradas en «brigadas de resistencia pacífica» y partes del Movimiento en Defensa del Petróleo iniciaron el cerco a la Cámara de Senadores. Desde esta fecha, los legisladores han realizado sus sesiones en lugares alternos a las sedes legislativas, alrededor de las cuales partidarios del FAP se manifiestan. También se dieron las primeras movilizaciones en otros estados de la República.
La actual polarización, también presente después de las elecciones presidenciales de 2006, no se refleja solo en el Congreso, o entre derecha e izquierda, sino también en el seno del propio PRD. El 16 de marzo se realizaron comicios internos para la presidencia nacional de dicho partido. Se enfrentaron dos candidatos, y a través de ellos dos grandes tendencias dentro del mismo: Alejandro Encinas, más cercano al AMLO y Jesús Ortega, que representa la llamada Nueva Izquierda. Se denunciaron múltiples irregularidades en el marco de estas elecciones internas. A la fecha, los resultados comiciales se mantienen en el aire. Las dos corrientes parecen irreconciliables, lo cual quedó nuevamente reflejado en la oposición a la reforma energética.
Otro factor de descontento social: el capítulo agropecuario del TLCAN
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El 31 de enero, se realizó una gran movilización para exigir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Cabe recordar que el primero de enero de 2008, entró en vigor el capítulo agropecuario del Tratado, liberando de impuestos a las importaciones de granos básicos, como fríjol y maíz, así como a lácteos y oleaginosas. Durante el evento, que fue considerado la protesta más grande que se haya efectuado en el país en repudio al TLCAN, los manifestantes denunciaron la apertura del capítulo agropecuario como «el tiro de gracia» al campo mexicano, y advirtieron que en caso de que no se renegocie, existe un riesgo latente de «estallidos sociales».
En febrero, poco más de 40 organizaciones campesinas, sindicales y civiles firmaron el Pacto por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, en el que refrendaron su unidad para actuar como un solo interlocutor frente a las autoridades. El intento de diálogo entre el gobierno federal y las organizaciones se rompió en marzo. En un comunicado conjunto, las organizaciones del Movimiento Nacional integradas en el Pacto antes mencionado, consideraron que el gobierno de Felipe Calderón busca sólo dialogar con «organizaciones afines, amigas, para manejar las políticas públicas, los programas y los presupuestos rurales con intenciones electorales, con miras a los comicios intermedios de 2009». Consideran que el gobierno mantiene congelado el diálogo como «una estrategia para debilitar al movimiento».
En marzo, la campaña Sin Maíz No Hay País entregó al Senado una carta con 438.000 firmas de ciudadanos que apoyan la exclusión del maíz y el fríjol del TLCAN, el establecimiento de un mecanismo permanente de administración de importaciones y exportaciones de los granos, y la prohibición del cultivo de transgénicos.
Otra fuente de protesta: la reforma penal
En febrero, Amnistía Internacional denunció que varias de las propuestas aprobadas por el Senado en materia de justicia penal «contienen elementos que minan los derechos humanos y las garantías básicas, por lo que es necesario revisarlas y modificarlas antes de ser aprobadas». Este mes, las organizaciones del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) iniciaron un plan de movilizaciones para tratar que se suspenda el proceso legislativo de la reforma.
Esta reforma también ha sido cuestionada por múltiples organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y los «ombudsman» de los 32 estados del país que coincidieron en que «constituyen un paso atrás en el respeto a las garantías básicas».
A finales de febrero, la Comisión de Diputados suprimió del texto los allanamientos de domicilios sin orden judicial, una de las propuestas más cuestionadas. Sin embargo, se ha denunciado que mantiene algunas figuras problemáticas como el arraigo. Ciertamente, también incluye algunas mejorías como los juicios orales o el cambio de un sistema inquisitorio a uno acusatorio (presunción de inocencia). En marzo, el Senado aprobó la reforma constitucional con la modificación que le hicieron los diputados.
Militarización sostenida y nuevas denuncias
Las denuncias por la militarización en el país siguen multiplicándose, las más recientes provenientes de Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y Chihuahua. En el caso de Michoacán, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que en lo que va de 2008, recibió 56 quejas que acusan al Ejército Mexicano y a las corporaciones policiacas de cometer «sistemáticamente» violencia sobre las personas, actos de pillaje y devastación. En Sinaloa, a finales de marzo, la Procuraduría de Justicia Militar investigaba a 16 militares involucrados en el homicidio de cuatro jóvenes en el municipio de Badiraguato.
La «Operación Conjunta Chihuahua» iniciada el pasado 28 de marzo tiene en la zona a 2.500 militares y a unos 500 agentes federales y del Ministerio Público para enfrentar la ola violenta, que, sólo en lo que va del año, acumula 231 ejecuciones. El gabinete de seguridad afirma que a menos de una semana del arranque de este operativo habían sido decomisadas casi 100 armas y dos toneladas de droga. La Procuraduría General de la República (PGR) anunció por su parte que inició una averiguación por los hechos ocurridos en el operativo, donde se registraron detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, además de incomunicar a los detenidos, y de impedir a los visitadores de la CNDH ingresar a las instalaciones militares.
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) advirtió por otro lado que integrantes del Cártel de Juárez, cuya presencia está focalizada en el Estado de Chihuahua, planean realizar violaciones tumultuarias durante supuestos cateos, vestidos como militares, acción con la que buscarían desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Según la SEDENA, «Como parte de esta estrategia, la citada organización (de los Carrillo Fuentes) ha venido patrocinando, con el mismo, fin marchas, plantones y pronunciamientos sin fundamento alguno».
Ejército en las calles al menos hasta 2012
En enero, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, se reunió con el nuevo secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, para pedirle que el Ejército deje las tareas policiacas. Insistió posteriormente en que el orden jurídico nacional delimita claramente las funciones que compete asumir a las fuerzas armadas y las que deben ejecutar las corporaciones de seguridad pública.
En febrero, organizaciones de derechos humanos advirtieron que la actuación del Ejército en tareas de seguridad muestra serias deficiencias en materia de respeto a las garantías individuales, por ejemplo en los retenes de revisión instalados en varias partes del país. Adrián Ramírez, director de la Liga Mexicana para los Derechos Humanos, considera que el primer paso del Ejército para cumplir en la materia, debe ser la suspensión de sus actividades en Seguridad Pública.: «Ellos están entrenados para atacar al enemigo y éste no es el caso. Otro paso es transparentar sus procesos de justicia para los familiares de quienes fueron víctimas».
Para varias organizaciones de derechos humanos, no basta con la creación de la Dirección General de Derechos Humanos, pues no cuenta con funciones interiores para proteger las garantías, debido a la discrecionalidad con la que se maneja el fuero de guerra.
En abril, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denunciaron que, con la presencia del Ejército en labores de seguridad pública, no sólo han aumentado las violaciones a los derechos humanos de la población civil, sino que «tampoco se ha logrado la efectividad esperada en el combate a los problemas derivados del narcotráfico». Desde enero sin embargo, Felipe Calderón ordenó mantener al ejército en las calles al menos hasta 2012 para seguir con sus tareas el combate al crimen organizado y al narcotráfico.
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Breves sobre la situación de derechos humanos
Visita OACNUDH
A principios de febrero, la titular de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos (OACNUDH), Louise Arbour, visitó México. Organizaciones civiles que se reunieron con ella le entregaron un reporte sobre la situación de los derechos humanos en México: «El documento plantea que los gobiernos de alternancia en México, aunque han significado un avance en la democracia formal, no han constituido cambios sustantivos en la realidad de los derechos humanos en el país. Los pasos dados en materia de derechos humanos han sido más de forma que de fondo».
Por su parte, en distintos momentos, la Alta Comisionada expresó su preocupación ante los nulos avances en las investigaciones de los feminicidios en Ciudad Juárez, de los casos de más de 500 desaparecidos de la guerra sucia y la criminalización de la protesta social. Advirtió que la participación del Ejército en tareas policiales no es apropiada en el largo plazo, que incluso podría ser peligrosa y que «si el Ejército Mexicano lleva a cabo funciones civiles o policiacas, debe estar bajo vigilancia de una autoridad civil».
CNDH: Cuestionamiento y reformas
En febrero, Human Rights Watch (HRW) afirmó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recurre a un peculiar «principio de legalidad, el cual desvirtúa completamente y lo emplea para proteger a funcionarios del gobierno que abusan de su autoridad, en lugar de proteger a las víctimas; además, ha mostrado una profunda indiferencia hacia las normas internacionales que se supone debe promover y ha actuado con timidez en los casos de la ley Televisa y el fuero militar». El presidente de la CNDH rebatió el informe y denunció que contiene datos falsos que no corresponden con la realidad.
Paralelamente, en el Congreso de la Unión se estaba discutiendo una reforma constitucional en el rubro de garantías sociales que impactaban la estructura tanto de la CNDH como de las comisiones locales de derechos humanos. En abril, se aprobó una propuesta que excluye parte de las propuestas iniciales. De las 93 propuestas, quedaron seis reformas: garantizar la autonomía de las comisiones locales de derechos humanos, derecho constitucional a una vida sin violencia, fuero y juicio político al presidente de la CNDH, respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y derecho a la educación para la mujer.
Atenco
En enero, quince de los 21 policías sometidos a proceso penal por abusos perpetrados durante la incursión policiaca a San Salvador Atenco en 2006 fueron exculpados del supuesto delito de abuso de autoridad, luego de que obtuvieron un amparo federal, por la mala integración del expediente que la procuraduría mexiquense inició en su contra.
En marzo, sin embargo, la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó la primera fase de su indagatoria sobre los hechos ocurridos en Atenco en 2006, y acreditó la «posible violación grave» de garantías individuales y la coordinación de mandos policiacos «del más alto nivel» en la planificación del operativo que derivó en la muerte de 2 personas y la detención de 207, de las cuales «solamente nueve resultaron ilesas». Las autoridades que son mencionadas como involucradas serán notificadas para que presenten sus alegatos. Cumplido ese trámite, se presentará al pleno de la Corte un proyecto de dictamen (sin efectos jurídicos).
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Chiapas: alarma sostenida
En abril, la Secretaría de Gobernación determinó poner fin a la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas creada en 1994 tras la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), por razones de austeridad y considerar innecesaria su existencia. Si bien el regreso a las mesas de diálogo (suspendido desde 1995) es poco probable, en febrero, el grupo Paz con Democracia (integrado por varias personalidades e intelectuales mexicanos), hablaba de una «nueva escalada guerrera en Chiapas«. Unos días antes, ante el recrudecimiento de las agresiones «a pueblos, naciones y tribus», el Congreso Nacional Indígena (CNI) también se había pronunciado contra las hostilidades hacia los pueblos zapatistas de Chiapas, «que en los meses recientes han intensificado por medio de organizaciones paramilitares como la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos» (OPDDIC).
Las agresiones y amenazas de desalojos se dan en diversos ejidos, comunidades y municipios como Ch’oles de Tumbalá, Huitepec, Bolom Ajaw, Chilón y Agua Azul entre otros. Paz con Democracia denunciaba «Los episodios de rapiña, quema de casas, muertes, amenazas de muerte, desalojo de predios, se suceden unos a otros. Se trata de despojar a las comunidades rebeldes de sus tierras y territorios».
Por lo demás, se están percibiendo señales contradictorias entre los distintos niveles de poder: Mientras algunos alcaldes han anunciado desalojos en comunidades y territorios zapatistas, el gobierno estatal llamó a los presidentes municipales a respetar «todas las expresiones» y atender mediante el diálogo y la tolerancia «cualquier situación que se presente en sus municipios». También informó de su intención de desmantelar a la OPDDIC. Llamativamente, en abril, más de 1.000 campesinos del ejido Nazareth, municipio de Ocosingo, reiteraron su renuncia y deslinde total de dicha organización.
De manera más general, en febrero, la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIODH) señaló que durante el actual gobierno estatal «los cuerpos policiales todavía proceden a la detención de personas inocentes a partir de denuncias falsas, con la colaboración de grupos paramilitares; imputan hechos no realizados; arrancan autoinculpaciones bajo tortura, y procesan a las personas con base en ello. Todo, en procesos penales repletos de irregularidades».
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MIGRACION: Asignatura pendiente en la frontera Norte y Sur de México
Organizaciones sociales y legisladores federales acusaron que la persecución, el hostigamiento y la violación de los derechos humanos de los migrantes mexicanos se han incrementado en la frontera con Estados Unidos. Además, el endurecimiento de las políticas migratorias estadunidenses dificulta aún más la situación de los migrantes mexicanos, pues la recesión económica en ese país, la xenofobia y el endurecimiento de leyes ocasionan que familias enteras regresen a México. En 2007 fueron repatriados 513.014 mexicanos, es decir, más de 1.400 por día.
A finales de febrero, se puso en marcha en El Paso, Texas, el operativo Tolerancia Cero denominado «No pase«, mediante el cual se iniciarán procesos legales contra aquellos migrantes que reincidan en su intento de entrar de manera ilegal a Estados Unidos. Los reincidentes serán enviados a prisión hasta por cinco años y multados con hasta 500 dólares. Además de las protestas de grupos civiles, en marzo el representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) en México, Oscar Maúrtua de Romaña, reprobó dicho programa.
En marzo, el Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Migrantes, Jorge Bustamante, realizó una visita de trabajo en México. Al finalizar su visita, aseguró que los derechos humanos de los migrantes se violentan en México en una proporción mayor a la que sufren los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
