A casi seis años del levantamiento armado zapatista y a pocos días de terminar el milenio, la paz en Chiapas no se asoma aún en el horizonte. La nueva propuesta federal para reanudar el diálogo entre el gobierno y el EZLN fue una sorpresa para muchos, especialmente por la dura estrategia que el gobierno ha implementado en el tratamiento del conflicto chiapaneco en los últimos 3 años. Esta propuesta representa un avance significativo, aunque no suficiente, de parte del gobierno. Contribuye mínimamente a reducir la tensión en algunas comunidades y a controlar un poco al gobierno del estado en la forma en que está enfrentando el conflicto. Faltará ver si la propuesta pretende realmente romper con el impasse del diálogo o si es una maniobra para ganar tiempo en la coyuntura electoral que se avecina. Incluso podría ser presentada como una apertura del gobierno a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Mary Robinson, cuando visite México del 23 al 27 de noviembre de este año.

Esta iniciativa, ampliamente difundida en los medios de comunicación, es una pequeña rendija al proceso de diálogo cerrado desde hace tres años. Entre las novedades que contiene, está la invitación a la COCOPA a presentar su propuesta sobre Derechos y Cultura Indígena ante el Senado. Esto, si bien tiene su valor, no garantiza que se van a honrar los Acuerdos de San Andrés firmados por las partes: está también en puerta, la propuesta del Presidente Zedillo que en varios puntos, se aleja de lo acordado en la mesa del diálogo.

Algunos senadores de oposición han expresado sus dudas de votar por la propuesta de la COCOPA ya que, de hacerlo, la mayoría priísta impediría que pasara.

Al proponer retomar el tema de los cambios constitucionales sobre derechos y cultura indígenas, pareciera que la Secretaría de Gobierno no está tomando en cuenta la dinámica que permitió llegar a los Acuerdos de San Andrés, donde se recogieron la palabra y experiencia de académicos, investigadores y, en especial, de organizaciones indígenas de todo el país.

En ese sentido, mientras el gobierno federal no acepta la propuesta de la COCOPA, como lo hizo el EZLN en octubre del 1996, es difícil prever una resolución de este asunto en lo que resta del sexenio. Tendría que cambiar la voluntad del Presidente Zedillo, retirando su propia propuesta y aceptando la de la COCOPA; o se tendría que esperar hasta que hubiera un nuevo presidente y/o una nueva conformación en la Cámara de Senadores en donde el PRI no tuviera la mayoría. Ante la inminencia de las elecciones, pasar el problema a la siguiente administración con una propuesta de diálogo no contestada, podría ser otra apuesta del gobierno federal que tal vez le daría puntos para que el PRI se mantuviera en el poder.

También la iniciativa federal propone, ante la autodisolución de la CONAI en junio de 1998, un nuevo cuerpo de mediación civil. Ciertamente este cuerpo deberá ser aceptado por las partes y deberá también tener el respeto de ambos. Es importante mencionar esto porque en su momento la CONAI fue fuertemente criticada por el gobierno, desacreditando a sus miembros y su trabajo.

Otro aspecto positivo de la nueva propuesta es que el mismo Secretario de Gobernación ha expresado estar dispuesto a ser quien encabece la delegación gubernamental para el diálogo.

Dicha propuesta, aunque es significativa y expresa una cierta voluntad de reactivar las negociaciones de paz, no cumple totalmente con las condiciones zapatistas presentadas en septiembre del ’96 al abandonar la mesa de negociación. Presumimos difícil que los zapatistas respondan afirmativamente a dicha propuesta ya que deja de lado o toca sólo parcialmente algunos de los asuntos neurálgicos de este entrampado y ya largo proceso de negociación.

Un asunto que no toca la propuesta y que es polémico para la reanudación del proceso de diálogo es el reposicionamiento del Ejército Mexicano en Chiapas. Decenas de miles de soldados se encuentran en las comunidades afectando negativamente la vida social y psicológica de los habitantes, en especial de mujeres y niños. Las sólidas construcciones de cuarteles que han sido levantados en lugares estratégicos de todo el estado indican que los militares no saldrán pronto y que, como ellos mismos lo han expresado: «llegaron para quedarse».

Las posturas son diametralmente opuestas, ya que por un lado el Secretario de Gobernación ha dicho que la presencia del Ejército es un tema delicado que se discutirá una vez que se restablezca el diálogo, mientras que para el EZLN, una de las condiciones para la reanudación del diálogo es la salida del Ejército de las comunidades indígenas.

Por otro lado, la liberación de algunos presos simpatizantes zapatistas fue leída por muchos como un acto amañado del gobierno del estado ya que ni soltaron a todos los que dijeron, ni todos los que soltaron se reconocen como bases de apoyo del EZLN (La Voz de Cerro Hueco sigue aglutinando a alrededor de 100 presos, ver Enfoque en el Informe año 4 nr. 2 de SIPAZ). Además, muchos de estos presos están acusados justamente de «delitos de sangre», los cuales no entran en la propuesta gubernamental.

Para algunos sectores la propuesta federal parece un simulacro de voluntad, ya que el gobierno del estado sigue implementando una política de fuerza y un discurso beligerante contra el EZLN. Justifica las incursiones tanto de la policía estatal como del mismo Ejército con la afirmación de que «la mayoría» de la gente en las comunidades están solicitando, «por seguridad», la presencia de las fuerzas armadas, y diciendo que «no van a escuchar la voz de unos cuantos e impedir que la gente coma y progrese», como lo mencionó el Procurador Estatal.

En el ámbito mundial sigue en tela de juicio el discurso gubernamental respecto a los avances en la situación de derechos humanos en el país. Si bien los ha habido, estos no han sido suficientes para decir que hoy México está en una situación diferente. Distintos Comités de las Naciones Unidas, así como la Relatora Asma Jahangir, expresaron «inquietud» y «profunda preocupación» en varios asuntos, entre ellos Chiapas y la administración de justicia. Aunque es posible que estas opiniones no cambien la voluntad de los gobiernos de hacer de México un socio comercial, sí puede ser significativo para que en esos acuerdos se establezcan cláusulas que inviten al gobierno Mexicano a ir más lejos en su compromiso con la paz, la justicia y los derechos humanos.