29 de septiembre de 2011: Once de l@s pres@s indígenas recluidos en la cárcel de San Cristóbal de Las Casas, no vieron otra salida que someterse a una huelga de hambre frente a encarcelamientos que consideran injustos y maltrato por parte de las autoridades penitenciarias. Pusieron en riesgo su salud y sus vidas con la esperanza de ser escuchad@s. El 6 de noviembre levantaron la medida sin lograr que todos los casos sean atendidos. Dos presos fueron liberados el 14 de octubre y otros dos el pasado 15 de noviembre.

Darles rostro y voz a l@s pres@s en huelga de hambre: actividad en el plantón de familiares, San Cristóbal de Las Casas, octubre de 2011 © SIPAZ

Esta situación no representa casos aislados en México, donde existe un patrón sistemático de hostigamiento, tortura y represión en el proceso que va desde el momento de la detención de «presuntos culpables» hasta la reclusión carcelaria. La tortura a detenidas y detenidos como mecanismo constante, ha sido documentada por varios organizaciones de derechos humanos del ámbito nacional e internacional. En Julio de 2011, en el marco de una visita a México, la «Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura» (ACAT Francia), señaló que en el país existe una «persistencia sistemática de la tortura» y denunció que «los casos que se llegan a denunciar no pueden considerarse simplemente como hechos aislados». Por otro lado, los procesos judiciales violan frecuentemente los derechos fundamentales de las personas encarceladas por la falta de acceso a una justicia imparcial e independiente. Las 11 personas detenidas que participaron en la antedicha huelga de hambre y ayuno, denunciaron que no tuvieron derecho a su defensa, a una traducción a sus lenguas maternas, ni a un proceso donde pudiesen tener acceso a una defensa justa.

Como dijimos, esta realidad afecta a hombres y mujeres desde el momento de su detención: Un ejemplo es el caso de Rosa López Díaz, mujer que apoyó la huelga realizando ayuno de 12 horas diarias.; según su testimonio, fue detenida el 10 de mayo de 2007 en San Cristóbal de las Casas por personas vestidas de civil. Rosa denunció que la golpearon en el vientre en repetidas ocasiones: «[…] lo triste para mi como mujer yo me encontraba embarazada de cuatro meses donde les supliqué a las personas que no me golpearan por mi gestación […] Al pasos de los meses di a la luz en el Cereso N°5 a un niño que tiene por nombre Nataniel, por desgracia y por los golpes que sufrí mi hijo nació con parálisis cerebral, sin tener movimiento en todo su cuerpo y otras enfermedades […]». Ese niño falleció hacia finales de octubre de este año.

La tortura física y psicológica, sigue también en la cárcel. Según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el gobierno no cumple con su responsabilidad de garantizar los derechos básicos, ni protege la vida y la integridad de las personas en los diferentes reclusorios del estado. Hay testimonios de personas inculpadas en los denominados Centros Estatales para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) que reclaman contra condiciones injustas e inhumanas: violencia sexual, hacinamiento, insuficientes condiciones higiénicas, falta de asistencia médica, así como carencia y/o mala calidad de la alimentación. Dichos centros marcan a las personas y no facilitan en absoluto su posterior reinserción en la comunidad. También representan un castigo para las familias y para la economía de las mismas ya que alteran la convivencia familiar y representan gastos enormes que enfrentar.

Uno de los huelguistas es el Profesor Alberto Patishtán Gómez, indígena tsotsil de la comunidad de El Bosque. Está preso desde el 2000, acusado -junto con otros- del homicidio de seis policías, luego de someterse a un juicio plagado de violaciones al debido proceso, con pruebas inconsistentes en su contra a pesar de que a que Patishtán «ofreció pruebas razonables de no haber participado en la emboscada» (La Jornada, 27 de octubre).

En 2008, Patishtán junto con un grupo de presos de «La Voz del Amate» iniciaron una huelga de hambre de la cual, luego de 41 días, 40 presos obtuvieron su libertad. En la última huelga iniciada el 29 de Septiembre, Alberto Patishtán fungió como vocero hasta ser trasladado de manera forzosa a la cárcel federal de Guasave, Sinaloa, a 2000 km de distancia de sus familiares, amigas y amigos asi como su defensa legal. Varios movimientos y organizaciones nacionales e internacionales, entre ellos Amnistía Internacional, expresaron su preocupación por el traslado.

Por su encarcelamiento inhumano e injusto, a pesar de su delicado estado de salud, y por no haberse dado nunca por vencido, denunciando desde su prisión las violaciones a los derechos humanos que se dan dentro y fuera de las cárceles, recibió en 2010, de manos de Monseñor Samuel Ruíz García, el Reconocimiento Jcanam Lum.

Alberto Patishtán, en su lucha, se constituye como un ejemplo de esperanza para muchas personas detenidas en el país, como lo describe una integrante del movimiento en solidaridad con l@s pres@s: «Su vida ha sido entregarse a la lucha al interior de las cárceles para dignificar estos espacios… para que también sean frentes de lucha, centros de estudio y reflexión. […] Ha enseñado a leer y escribir para que la gente se pueda defender por si misma. Esa es la dignidad, la espiritualidad, la convicción política que tiene Alberto».