ENFOQUE: Tortura en México, problemática “endémica” y “generalizada”
30/05/2019Actividades de SIPAZ (De mediados de febrero a mediados de mayo de 2019)
30/05/2019ISólo me pregunto ¿cuánto ha crecido la violencia contra las mujeres y qué tan grande es la incompetencia del Poder Judicial que estas plataformas son, para muchas mujeres, el único vehículo para denunciar?
El 22 de marzo de 2019 no sólo marca el comienzo de una nueva discusión sobre la violencia de género en México, sino también una manera nueva de encarar dicha discusión. Con la denuncia pública de la comunicadora política Ana G. González, en su cuenta de Twitter contra el escritor Herson Barona, resurgió el movimiento #MeToo mexicano.
Dicho movimiento tiene su origen en los Estados Unidos. En 2017, The New York Times publicó un artículo que detallaba el acoso sexual del productor cinematográfico Harvey Weinstein, a modelos, actrices y productoras durante 30 años. Poco después, públicamente más de 40 mujeres sumaron sus experiencias a la lista de acusaciones. En el calor de la discusión, la actriz Alyssa Milano tuiteó “si todas las mujeres que han sido acosadas o agredidas sexualmente hicieran un tuit con las palabras “Me too” podríamos mostrar a la gente la magnitud del problema”, culminando con 14 millones de tweets integrando el hashtag. De esta manera fueron acusadas varias personalidades de Hollywood, hasta que las acusaciones se extendieron a otros sectores como la política, el arte, las finanzas, los medios de comunicación, el deporte y la tecnología.
En paralelo con las acusaciones contra Weinstein y en el transcurso de los siguientes meses, se presentaron denuncias similares en México, muchas surgieron de entrevistas. Unas de las denuncias más impactantes y polémicas se presentaron en una serie de reportajes de Carmen Aristegui en CNN en febrero de 2018 con las actrices Karla Souza, Paola Núñez, Stephanie Sigman, la dramaturga Sabina Berman, la comediante Sofía Niño de Rivera, la clavadista Azul Almazán y la editora de moda Lucy Lara.
Denunciando a Herson Barona el 22 de marzo de este año por haber golpeado, manipulado, embarazado y amenazado a más de diez mujeres, Ana G. González suscitó una ola de denuncias, así como la creación de #metooescritoresmexicanos y la apertura de la cuenta @metooescritores. Al cabo de un día fueron mencionados 134 escritores, ocho de ellos por más de cinco personas; luego se crearon 28 cuentas y hashtags más para otras profesiones y sectores, como el periodismo, la música, la medicina y la política.
#MeTooMX no es el primer intento de visibilizar la violencia contra mujeres por vía de un hashtag o una campaña en Twitter (#Niunamenos, #ropasucia, #SiMeMatan, #MiPrimerAcoso), pero sin duda el más exitoso, con más de 424.000 denuncias por 230.578 usuarios en dos semanas y un debate público acalorado. Las críticas más fuertes se enfocaron principalmente en la falta de verificación de las acusaciones y en la ausencia de acciones legales.
En instancias posteriores a la serie de entrevistas de Carmen Aristegui, surgieron reproches dado que una de las mujeres vinculadas decidió no hacer público el nombre del abusador, así como no denunciarlo legalmente. En 2019, en cambio, las críticas se centran en la denuncia anónima de las mujeres. Las cuentas en Twitter les dan la posibilidad de enviar un mensaje privado, que luego publican sin compartir el nombre de la presunta víctima. Si bien existe una preocupación legítima, que por vía de esta modalidad de denuncia se pueda abrir una puerta a eventuales denuncias falsas, cabe tener presente el contexto en el que se realizan. Las mujeres que participaron en las entrevistas de Aristegui enfrentaron ofensas, difamaciones y acoso público en las redes sociales. Indicar su nombre o hacer una denuncia penal, no sólo implica una vulnerabilidad en las redes sociales sino también una vulnerabilidad por el nivel de exposición y el riesgo de caer en una estigmatización de la víctima, así como una revictimización continua. Estas repercusiones también se manifiestan en la vida privada de las mujeres, y se reflejan en el sistema de justicia, concretamente en la atención a las mujeres víctimas y la persecución y el castigo de los perpetradores. Los datos más recientes del INEGI sobre las sentencias en casos de violencia sexual son de 2012. La falta de estadísticas y conocimiento complica imposibilita tener una estimación certera de la magnitud del problema y esto afecta directamente a la atención de los casos. Sin embargo, estos datos muestran que las sentencias se quedaron muy debajo de las denuncias, con un 95% de los delitos que quedaron impunes.
Además de estos factores concretos, existe el miedo omnipresente que se desprende de la violencia generalizada contra las mujeres y les impide hacer efectiva su denuncia. “Sabemos que la raíz de esta problemática es estructural, y que dentro de las causas principales se encuentra la desigualdad de oportunidades que enfrentan las mujeres, lo que las coloca en desventaja social, pero los gobiernos no están emprendiendo acciones para contrarrestarlo”, señala Angélica Ayala, la presidenta del Grupo de Estudios Sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer). Esta violencia sistémica y sistemática se refleja en los 9 asesinatos de mujeres cada día en México, y en el hecho de que 6 de cada 10 mujeres han sufrido un incidente violento -el doble del promedio mundial-.
No obstante, los críticos plantean que una denuncia en línea no equivale a una denuncia ante las autoridades, y a pesar de la legitimidad de denunciar y del miedo justificado, intervienen dos elementos a tomar en cuenta: la presunción de inocencia y el hecho que una denuncia no legitima el hostigamiento a un presunto acosador.
El discurso polémico en Twitter, criticado por algunos por haberse convertido en una “cacería de brujas”, fue agravado por la ausencia de una reacción y aclaraciones del gobierno. En lugar de presentar una estrategia de atención, se dieron condena y asignaciones de responsabilidad públicas entre las autoridades (entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República, el Instituto de las Mujeres y diputadas) hasta el foro #MeToo el 11 de abril. En dicho foro, Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, anunció que su comisión posibilitará denuncias penales, administrativas o civiles, abriendo un espacio legal para “Me too”.
#MeTooMX es el inicio de un debate necesario, toma cuerpo como herramienta política de visibilización aunque no termina de ser un mecanismo de denuncia legal o penal, y nunca pretendió serlo. Esta conversación debe seguir para combatir la violencia de género, para focalizar una mayor atención hacia mujeres que hayan sufrido cualquier tipo de violencia, para transformar el sistema de justicia, para crear vías de denuncia eficaces fuera de las autoridades, para erradicar la revictimización y para que se vea implicado el 48,5% de mujeres que no tienen acceso a Internet y no viven en regiones urbanas. #MeTooMX puso a la violencia contra las mujeres en la agenda pública. Ahora deben adoptarse medidas concretas, principalmente por parte de las autoridades, pero también por parte de la sociedad misma, porque el camino que abre la problemática no se agota en el ámbito judicial ni legal, sino que implica cambios profundos en lo cultural.