«Lo que queremos es nuestro retorno. Porque allá están nuestras tierras, nuestras casas y ahí se quedaron nuestras cosas.»
Petrona López Girón, desplazada de Banavil

«Yo veo que del gobierno no hay voluntad de resolver nuestro problema, por eso vamos a exigir la justicia. No nos vamos a cansar, vamos a seguir en la lucha.»
Miguel López Girón, desplazado de Banavil

El 13 de noviembre de 2014, más de 600 personas recordaron el octavo aniversario de la masacre de Viejo Velasco en una peregrinación en Palenque, Chiapas. El mismo día en 2006, 40 civiles de la comunidad lacandona y sub-comuneros de Nueva Palestina, así como un grupo de aproximadamente 300 elementos armados de la extinta Policía Sectorial del Estado y otros funcionarios entraron a la comunidad de Viejo Velasco, municipio de Ocosingo. Los habitantes se vieron obligados a abandonar sus casas y terrenos. El saldo fue de cuatro indígenas asesinados, cuatro desaparecidos y 36 desplazados. De los desaparecidos dos fueron posteriormente hallados sin vida, mientras que Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López siguen con paradero desconocido. En la marcha, además de la presentación con vida de los desaparecidos, se exigió el fin de la impunidad, ya que según el Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) «la línea de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas ha resultado ineficaz».

Lanzamiento de la Campaña “Rostros del despojo”, Palenque, noviembre de 2014
© SIPAZ

Dicha peregrinación fue también el inicio de la campaña «Rostros del Despojo», convocada por 12 organizaciones nacionales, así como colectivos y redes internacionales de España, Alemania, Estados Unidos y Rusia. A través del caso de Viejo Velasco y otros dos, la campaña busca generar un movimiento de solidaridad nacional e internacional para visibilizar violaciones de derechos humanos en Chiapas, ejercer presión y exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano. En el sitio web www.rostrosdeldespojo.org se facilitan informaciones de fondo, así como actualizaciones, videos documentales y una petición con las exigencias mencionadas para enviar a las autoridades responsables. Además, se convoca a eventos locales que dan voz a los «Rostros del despojo», así como a jornadas de solidaridad internacional. La segunda se realizará a partir del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para llamar la atención sobre la situación especialmente vulnerable de mujeres, niñas y niños desplazados.

Los otros casos ejemplares de la campaña son los desplazamientos de Banavil y San Marcos Avilés. El 4 de diciembre de 2011 en la comunidad de Banavil, municipio de Tenejapa, integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) agredieron con arma de fuego a familias simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El ataque causó el asesinato de Pedro Méndez López y la desaparición forzada de Alonso López Luna, del cual poco después fue encontrado un brazo. Seis personas más fueron lesionadas y dos detenidas arbitrariamente. 13 personas siguen desplazadas en San Cristóbal de Las Casas privadas de sus tierras, base de su supervivencia económica y de su vida cultural.

San Marcos Avilés, municipio de Chilón, fue fundada después del levantamiento Zapatista en 1994. En 2010, las Bases de Apoyo del EZLN (o BAEZLN) acordaron construir una Escuela Autónoma para sus niñas y niños, pero se enfrentaron al desacuerdo de una parte de los habitantes de esta misma comunidad identificados como «partidistas». En septiembre de 2010, sus amenazas se volvieron tan fuertes que llevaron al desplazamiento del grupo zapatista durante más de un mes. En octubre, pudieron regresar a sus casas, no obstante, desde entonces, no han podido trabajar sus tierras por los persistentes hostigamientos de parte de los agresores.

Estos tres casos comparten varios rasgos: el despojo territorial y la impunidad sistemática. Según datos presentados en el libro «Desplazamiento Interno Inducido por la Violencia», en 2014, había más de 25.000 desplazados en Chiapas de los cuales cerca del 70% eran resultado directo o indirecto del conflicto armado no resuelto en el estado. La raíz del conflicto en Viejo Velasco se da en 1972 cuando una decisión presidencial adjudicó 614.000 hectáreas de la selva a 66 familias Lacandonas, sin tener en cuenta a las miles de personas indígenas de otras etnias que también habitaban ese territorio y que, desde esta fecha, viven bajo la amenaza de ser desalojadas. En el caso de los desplazados de Banavil, hay que subrayar que su comunidad se encuentra en el trayecto previsto por la mega-carretera San Cristóbal-Palenque, proyecto de inversión estatal y federal para mejorar la infraestructura turística de Chiapas. «Eso significa que va destruir nuestras tierras, y no tenemos como defenderlas», denunciaron mujeres expulsadas del poblado.

La riqueza en biodiversidad y recursos naturales de Chiapas atrae muchos proyectos e inversiones que, en general, no corresponden con los intereses y tradiciones de sus habitantes originarios. En su informe «Los derechos humanos a debate – Entre el cinismo oficial y la Dignidad de los Pueblos», el CDHFBC denuncia: «Los gobiernos federal y estatal han demostrado de sexenio en sexenio su desprecio hacia los Pueblos originarios en México. Actualmente profundizan su política de despojo con la finalidad de limpiar el territorio, para la implementación de proyectos estratégicos que conllevan a que desaparezcan las formas de organización social, política y cultural de comunidades y pueblos, que son el hálito de la diversidad humana.» En este sentido, el desplazamiento no sólo significa despojo territorial y miseria económica para los afectados y las afectadas sino también despojo de su cultura, tradición e ideología.