TRANSNACIONALES
06/02/2012
UBICACIÓN
31/03/2012
«He recorrido largos caminos con la frente en alto y con mucha dignidad de ser quien soy y orgullosa de ser mujer«.
El 1° de octubre del 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) publicó dos sentencias en contra del Estado Mexicano en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. En ellos, la CoIDH determinó que ambas mujeres habían sido violadas y torturadas por elementos del ejército mexicano en el estado de Guerrero, en un contexto de pobreza, discriminación y «violencia institucional castrense» (Tlachinollan 2011).
Valentina Rosendo Cantú denunció que el 16 de febrero de 2002 se encontraba lavando ropa en un arroyo a unos 200 metros de su domicilio en la comunidad Barranca Bejuco, municipio de Acatepec, Guerrero, cuando aparecieron ocho soldados. Dos de ellos le preguntaron dónde estaban los encapuchados, ella respondió que no conocía a ninguno. Le mostraron fotografías y una lista con nombres, mientras uno de ellos le apuntaba con su arma. La golpearon, la acosaron, la torturaron y finalmente dos de ellos la violaron mientras los otros seis observaban. En aquel momento Valentina, joven indígena del pueblo me’phaa, tenía 17 años y no hablaba español.
El caso de Valentina no es un caso aislado en México. Muchas mujeres sufren violaciones parecidas a sus derechos fundamentales. Por ejemplo, en el mismo año Inés Fernández Ortega, entonces de 27 años de edad, también del pueblo me’phaa, fue amenazada, golpeada y violada por tres soldados que entraron en su casa en la comunidad Barranca Tecuani, municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero. Valentina e Inés no se quedaron calladas frente a estos hechos, sino que iniciaron una lucha para no permitir más abusos y ultrajes contra mujeres y para lograr que se castigue a los responsables y se reparen los daños.
Por la agresión, Valentina acudió al Centro de Salud de Caxitepec, donde, según su denuncia, el doctor no quiso atenderla porque «no quería tener problemas con los militares». Sufrió luego las mismas discriminaciones e irregularidades cuando denunció los hechos: «[…] no me pusieron ni un traductor, sabían que no hablaba bien el español». Valentina afirma: «No quedarme callada me ha traído consecuencias graves». Después de la denuncia comenzaron a subir militares a su comunidad y el presidente municipal de Acatepec le dijo que dejara de señalar al ejército porque si no lo hacía ya no les iban a dar apoyos para obras y servicios. Su comunidad y también su esposo la rechazaron, razón por la que llegó a la ciudad de Chilpancingo, «sin tener nada, sin casa, y sin hablar bien español».
Durante ocho años buscaron justicia en México, y en ese tiempo las dos mujeres y sus familiares recibieron amenazas, hostigamientos y vigilancia. Valentina y su hija Yenis tuvieron que cambiar varias veces de casa.
El reconocimiento oficial por parte del estado mexicano
Una parte de la sentencia, que dictó la Corte Interamericana en 2010 al Estado mexicano, llevó a una disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad por parte del gobierno mexicano, que después de nueve años tuvo lugar en diciembre de 2011. El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, reconoció públicamente la responsabilidad del Estado mexicano en el caso de Valentina y le pidió las «más sinceras disculpas» por lo que sucedió, «sin referirse a qué tipo de servidores públicos violaron los derechos de Valentina».
Ese reconocimiento público por parte del Estado mexicano significa un paso importante hacia la justicia. Pero aún hay mucho por recorrer y analizar críticamente. Por ejemplo, Valentina lamenta que el Estado mexicano, a través de Poiré, sigue justificando las arbitrariedades y violaciones de derechos humanos que cometen los servidores públicos como «desvíos» y sigue asegurando que estas violaciones y la impunidad en el caso, no es una práctica generalizada en el México de Calderón: «Es evidente que esos casos aislados no representan de modo alguno la política del Estado mexicano, orientada en todo momento por la promoción respeto, protección y garantía de los derechos humanos».
Ese día, Valentina se acercó al sueño de obtener justicia, pero también sabe que su lucha aún no ha terminado: «No, todavía no. Todavía sigue porque todavía están los responsables afuera, todavía no están donde deben de estar». Lo sabe muy bien porque en su lengua me´phaa la justicia es una palabra que está conformada por tres ideas: el perdón, el castigo y la reconciliación. Lo que ocurrió ese día fue apenas un acercamiento a parte de esta justicia. La impunidad tanto en los casos de Valentina e Inés, como en los de miles de otras mujeres en México, sigue y significa no sólo la falta de castigo a sus agresores, sino la ausencia de un debido proceso e investigación.
Sin embargo, Valentina tiene mucha esperanza de que algún día los culpables sean castigados. Este mismo sueño tiene para todas las mujeres que han sufrido lo mismo que ella y que hasta ahora no han tenido el coraje de enfrentarse a sus violadores. Ella afirma: «Casos como el mío son la esperanza para tener justicia de muchas mujeres, aquellas mujeres que no pudieron, que no se atrevieron contra el gobierno […] Les comparto su dolor, la rabia y el coraje que sienten, poner una denuncia no es fácil». Y por eso es importante animar y ayudar a otras mujeres para que tengan el valor de seguir luchando como ella lo hizo y como lo hará hasta encontrar justicia y lograr sus sueños: «Nunca me encerré en un cuarto, nunca me tiré en un puente. No se queden calladas, eso es más doloroso que seguir luchando».
