COYUNTURA: México – A un año de las elecciones del 2006
31/08/20072007
01/01/2008
A principios de octubre, la Red por la Paz (conformada por 17 organizaciones con presencia en Chiapas) denunció el contexto de violencia que ha estado caracterizando la situación en el estado durante los últimos meses. Mientras muchos actores políticos y las primeras planas de los periódicos locales se centraban en el tema de las elecciones, un creciente número de situaciones de hostigamiento, violencia y desalojo pasaron casi desapercibidos y como hechos aparentemente aislados.
Elecciones: la punta del iceberg
El 7 de octubre se llevaron a cabo elecciones en Chiapas. Estaban en juego 118 presidencias municipales y 40 diputaciones locales. Antes de las elecciones, la Fiscalía Electoral de Chiapas había recibido 43 denuncias por presuntos delitos electorales, la mayoría por campañas políticas anticipadas, destrucción de propaganda, compra y coacción de voto, desvío de recursos públicos a las campañas y participación de funcionarios en favor de algunos candidatos.
El día del comicio se dieron una serie de hechos violentos en Pueblo Nuevo Solistahuacán, Venustiano Carranza, Simojovel, Comitán, -entre otros. La mayoría de los medios de comunicación, autoridades electorales y el gobierno mismo optaron por minimizarlos. Frente a los resultados, se anunciaron movilizaciones de protesta en una docena de municipios.
Según cifras oficiales, los comicios registraron la participación más alta en la historia de las elecciones en el estado al votar 57.17% del padrón. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganó 52 de las 118 alcaldías en Chiapas, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se quedó con 31, mientras el Partido Acción Nacional (PAN) administrará 23, según datos del Instituto Estatal Electoral (IEE). Además, de las 40 diputaciones disputadas, el PRI llevaba 14; el PRD, 10; el PAN, 7; el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 3; el Partido Nueva Alianza, 2; el Partido del Trabajo (PT), 2 y Convergencia, 2.
Frente a las imposiciones, descomposiciones y recomposiciones de los partidos políticos y de las organizaciones sociales que participaron en el proceso electoral, puede resultar difícil interpretar estos resultados. Uno de los factores de preocupación responde al historial político de varios de los candidatos ganadores independientemente de los partidos que representen hoy. Paradójicamente, los triunfos del PRD son considerados por algunos analistas como el retorno del viejo PRI. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en la voz del subcomandante Marcos, denunció: «Con Sabines y el PRD regresaron los finqueros (…). Aquellos que decían que la vida de un indio valía lo mismo que un pollo».
Multiplicación de conflictos, principalmente agrarios
Antes de enumerar una serie de agresiones e intimidaciones, el comunicado de la Red por la Paz ya mencionado alertaba: «Más allá de la coyuntura electoral, durante los primeros nueve meses del gobierno de Felipe Calderón, en lo federal y de Juan Sabines Guerrero, en lo estatal, los territorios indígenas de Chiapas, y en particular las zonas de influencia zapatista, han sufrido una nueva ofensiva. Esta estrategia represora implica acciones concertadas entre los aproximadamente 80 campamentos militares permanentes, las autoridades locales, instituciones agrarias y grupos señalados como paramilitares que se cobijan bajo siglas de organizaciones campesinas».
Según el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), miles de familias corren peligro de ser despojadas de sus tierras, lo cual significaría «la mayor embestida que se ha visto en los últimos nueve años» y que tendrá como consecuencia un despojo de tierras «masivo, sistemático y legalizado a priori». Según su análisis, el objetivo principal es quitar a las comunidades zapatistas todas las tierras «recuperadas» después del levantamiento armado de 1994.
En octubre, el EZLN denunció que con el arribo de Juan Sabines al gobierno de Chiapas se incrementó el hostigamiento militar y paramilitar. En septiembre, el grupo «Las Abejas» del municipio de Chenalhó (escenario de la masacre de Acteal en 1997) se sumó a las denuncias de la creciente ofensiva paramilitar y gubernamental: «La muy conocida guerra de baja intensidad contra los pueblos que luchan contra el sistema neoliberal parece que no se ha ido con los ex gobernantes priístas».
Por otro lado, desde el principio del año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acompañada de la Policía Sectorial del estado ha estado realizando cortes masivos de energía provocando confrontaciones en distintas comunidades. Cabe recordar que son más de 350 mil usuarios en Chiapas que se niegan a pagar las tarifas al considerarlas demasiado altas.
Otro conflicto volvió a levantar preocupaciones alrededor del tema pendiente desde hace varios años de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules: el día sábado 18 de agosto de 2007, se realizó un operativo policíaco y militar simultáneo para desalojar a las comunidades Buen Samaritano y San Manuel en el municipio de Ocosingo. En total fueron desalojadas 6 familias (39 personas). Seis hombres fueron detenidos por delito de despojo y ecocidio, antes de ser liberados unas 5 semanas después tras desistimiento judicial. Cinco asentamientos irregulares más se encuentran en riesgo de ser desalojados. La organización ambientalista Maderas del Pueblo del Sureste denuncia que los operativos de desalojo violento en las comunidades de Montes Azules no han concluido ya que «son parte de la estrategia global de despeje del territorio de mayor biodiversidad, cubierta forestal y caudales de agua dulce no contaminada, del país y de Mesoamérica».
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Contexto Nacional
La Red por la Paz en su comunicado de octubre subrayaba también: «Tampoco podemos entender estos hechos sin ver lo que está sucediendo en el contexto nacional, en el que se ha desplegado una amplia militarización y una tendencia a la represión frente a los procesos organizativos de la sociedad civil».
Una fractura que se mantiene
El 1º de septiembre, el presidente Felipe Calderón rindió su primer informe de gobierno en medio de un fuerte operativo policíaco. En una ceremonia de menos de cinco minutos, entregó su informe ante más de un centenar de bancas vacías ya que legisladores de izquierda optaron por retirarse del Congreso. Tomaron esta decisión porque no lo reconocen como presidente al considerar que llegó al puesto por medio de un fraude electoral. En buena medida, México sigue dividido por la apretada victoria que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le otorgó a Calderón, cuyo gobierno enfrenta la oposición de un movimiento nacional de resistencia, lidereado por el excandidato de izquierda a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador.
En cuanto al mismo informe, el presidente prometió seguir combatiendo a la pobreza y crear empleos, así como luchar contra al narcotráfico y la delincuencia organizada. En los cuestionamientos que se le han hecho, se señala la desaceleración económica con fuertes repercusiones hacia la población como el aumento del precio de la tortilla y otros productos de la canasta básica, así como también el alza en el costo de la gasolina. Tampoco se ha logrado aumentar significativamente el nivel de empleos, lo que eleva aún más el flujo de migración hacia Estados Unidos, a pesar de la construcción del muro en la frontera y de la muerte de cientos de mexicanos al intentar cruzarla. Cabe subrayar que según datos del Banco Mundial, un poco más de la mitad de los 104 millones de mexicanas y mexicanos están en situación de pobreza (y un 24% en situación de extrema pobreza).
Por otra parte, se ha cuestionado el hecho de que Felipe Calderón haya asentado la estabilidad institucional de su gobierno en el poder del ejército. A pesar de que su informe enfatiza que «este gobierno, como nunca antes aplica toda la fuerza del Estado para recuperar los espacios que han sido secuestrados por bandas de narcotraficantes y otras organizaciones delictivas», los grandes operativos «antinarco» no han tenido hasta la fecha los resultados esperados. Finalmente, se ha denunciado la represión selectiva en contra de los movimientos sociales.
Otro momento en el que se pudo constatar la persistencia de una fractura política y social fruto de las contiendas presidenciales de 2006 se dio en septiembre, en el marco de la conmemoración de la Independencia de México. En vísperas de la celebración, el Zócalo de la ciudad de México, resguardado por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) fue disputado por simpatizantes del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quienes habían convocado al llamado «Grito de los libres», y por los organizadores de la ceremonia oficial. Andrés Manuel López Obrador por su parte encabezó la ceremonia del Grito de Independencia en San José Tenango, municipio de Oaxaca.
Reformas: ¿oportunidad para la superación de la polarización?
En septiembre, el Senado aprobó una reforma electoral que disminuye el costo de las campañas y de las elecciones, prohíbe a partidos y terceros la contratación de propaganda en medios electrónicos, impide la guerra sucia en las contiendas, la promoción de funcionarios y da mayores facultades de sanción a las autoridades comiciales. Muchos aspectos de esta reforma se vinculan directamente a denuncias que se hicieron en el escenario de las elecciones presidenciales de 2006.
Por otro lado, la reforma electoral acota el creciente poder político de los consorcios televisivos, pues más allá del dinero que dejarán de recibir, se reducirá significativamente su capacidad de «influencia» durante los procesos electorales. Cabe recordar que en los pasados comicios, los partidos destinaron casi 70% de los millonarios recursos que recibieron por parte del Estado para sus campañas, a la contratación de espacios en radio y televisión.
El 11 de septiembre, frente a cámaras de televisión y micrófonos, un conductor televisivo advirtió en un encuentro sin precedente entre legisladores y representantes de medios de comunicación que los políticos profesionales estaban más desacreditados que sus empresas. La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión manifestó su rechazo a dicha reforma, con el argumento de que algunas de sus disposiciones restringen la libertad de expresión.
En todo caso, la remoción del presidente del Instituto Federal Electoral y la reforma electoral pueden contribuir a superar o reducir la polarización generada en el contexto de las últimas elecciones presidenciales. Por otro lado, en la discusión alrededor de esta reforma y en varios otros aspectos de la vida política (incluyendo elecciones internas en este partido), parece fortalecerse el ala moderada e institucional del PRD , en detrimento de su lado señalado como «confrontacionista«, articulado alrededor de la figura de López Obrador.
En el plazo cubierto por este informe, también se aprobó una reforma fiscal que a pesar de haber sido mucho más limitada que lo que el Ejecutivo se proponía fortaleció la imagen de que Felipe Calderón, dado que, a diferencia del ex presidente Vicente Fox, éste puede lograr reformas avaladas por el Congreso. Sin embargo, en septiembre, la Cámara de Senadores rechazó la reforma judicial planteada por el Ejecutivo, y en la que se daban facultades a las policías para intervenir teléfonos, realizar cateos o arraigar a presuntos responsables sin contar con la orden de un juez. Los legisladores argumentaron que México carece de personal calificado y confiable en los distintos cuerpos de seguridad pública para garantizar la prevalencia de los derechos humanos sobre la aplicación de leyes específicas.
México: «Política esquizofrénica» en materia de derechos humanos
En el marco de una visita al país realizada en agosto, Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional (AI), señaló que el gobierno mexicano tiene una «política esquizofrénica» en materia de defensa y promoción de los derechos humanos: «México es uno de los máximos promotores de los derechos fundamentales al exterior, pero al interior del país existen graves violaciones de estas garantías». Afirmó que existen fallas sistémicas en la justicia mexicana, que propicia la impunidad, un «cáncer con raíces largas». Indicó: «El Presidente reconoce que el sistema tiene un problema, pero lo reconoce desde la perspectiva del crimen y no desde las fallas en derechos humanos». Alertó finalmente: «Esta administración está interesada en promover reformas, pero no ha sido muy clara sobre la posición que tomarán respecto a los derechos humanos». Al igual que Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, el Secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, cuestionó a AI acerca de las fuentes de información del reporte que emitió el organismo sobre México.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) persiste en su demanda de que el ejército salga de la lucha contra el narcotráfico por los riesgos de violaciones a derechos humanos que esta opción puede implicar. En agosto, el diario The Washington Post confirmó que los gobiernos de México y Estados Unidos están cerca de concertar un amplio acuerdo de cooperación antidrogas que representaría «la mayor alianza en su tipo desde la puesta en marcha del Plan Colombia». Incluiría equipo para la intercepción de llamadas, radares para rastrear embarques de drogas, aviones para transportar agentes mexicanos, así como varios programas de capacitación. Aunque aún no se hayan divulgado los detalles de un acuerdo bilateral de esta naturaleza, en virtud de los cuestionamientos al Plan Colombia, se teme que esta opción pueda implicar restricciones a los derechos humanos.
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De La Otra Campaña y Otros Procesos
Otra Campaña
El 24 de septiembre, el EZLN decidió suspender la gira de los comandantes zapatistas inicialmente prevista de septiembre a diciembre, hacia el sur y el centro del país. La decisión surge de lo que señalaron como una ofensiva contra las comunidades zapatistas, emprendida por el gobierno desde los frentes militar, paramilitar, judicial, agrario y ambiental. Otro factor tuvo que ver con la campaña del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en diversas entidades «con la justa y legítima demanda de presentación de sus desaparecidos»: «no podemos pedir al EPR que, para permitir que nuestra delegación pueda recorrer los territorios donde tiene presencia o influencia, declare una tregua».
Posteriormente, el EPR deslindó al EZLN de cualquier acción que pudiera ocurrir en los próximos días como parte de la campaña que llevan a cabo para demandar la presentación con vida de dos de sus militantes, desaparecidos en Oaxaca desde mayo de 2006. PEMEX (Petróleos Mexicanos) cifró en más de 3 mil millones de pesos los daños que dejaron los atentados de septiembre a gasoductos en Veracruz y Tlaxcala, reivindicados por el EPR. El Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora aseguró posteriormente que el EPR es un grupo reducido y calificó a sus acciones como de terrorismo y sabotaje, más que de lucha social. El EPR respondió afirmando que los verdaderos «terroristas» están en el Gobierno, en las policías y en la oligarquía que gobierna el país: «Hay quienes condenan y descalifican nuestro accionar de autodefensa colgándonos el epíteto de delincuentes y terroristas, pero callan y guardan silencio ante el terrorismo de Estado y el proceder de la ultraderecha».
Entre el 11 y 14 de octubre en la comunidad Yaqui de Vícam (Sonora) se realizó el Encuentro de Pueblos Indígenas de América, convocado por autoridades tradicionales de la misma tribu, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y la Comisión Sexta del EZLN. En un primer momento se dudó de la posibilidad de realizarlo dadas las denuncias de la comisión organizadora de intentos de boicot emprendidos por algunas autoridades yaquis cercanas al gobierno estatal por un lado, y las denuncias de hostigamiento policíaco y militar por el otro. Una semana antes, la delegación zapatista fue detenida en Mazatlán, Sinaloa, en un puesto de revisión militar y de agentes judiciales. Después de este hecho, los comandantes zapatistas regresaron a Chiapas, dejando al subcomandante Marcos como el único representante del EZLN durante el Encuentro. Algunas delegaciones participantes del evento también denunciaron que las policías y/o los soldados que los interceptaron en el camino los despojaron de los alimentos y granos que traían, y los trataron con hostilidad manifiesta. En las afueras de Vícam se mantuvo una vigilancia de la Policía Federal Preventiva y de la policía estatal de Sonora.
Finalmente, asistieron al encuentro 570 delegados indígenas procedentes de 12 países americanos, representando a 66 pueblos. Juan Chávez, representante purépecha y miembro del Congreso Nacional Indígena (CNI) dijo al inicio del evento: «La realización de este encuentro, en estas tierras, es en sí mismo un mensaje de rebeldía de nuestros pueblos en defensa de la madre tierra y contra el capitalismo ecocida, etnocida y genocida, que en estos tiempos pretende despojarnos de nuestros territorios, habitados por los primeros pobladores de las naciones, pueblos y tribus de América y el mundo».
En octubre, más de 100 grupos conformaron el Frente Nacional Contra la Represión ante lo que señalan como la nueva fase de una guerra sucia contra los luchadores sociales y para evitar «otro baño de sangre desde los aparatos represivos del Estado». Los integrantes consideran que se está repitiendo el patrón de torturas clandestinas, persecución y desapariciones que predominó en la década de los años 70 en contra de quienes demandaban cambios políticos y económicos.
