2007
02/01/2008
ANALISIS: México, resurgimiento de la polarización
30/05/2008
TLCAN y malestar social
Es un sombrío panorama el que caracteriza el inicio de este año según la mayoría de las organizaciones sociales y civiles del país. Resaltan el alza generalizada en los productos básicos, gasolina y electricidad, así como posibles consecuencias de la apertura total del capítulo agropecuario que forma parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por México, Estados Unidos y Canadá en 1994.
(© Noé Pineda Arredondo)
El primero de enero de 2008, entró en vigor dicho capítulo liberando de impuestos las importaciones de granos básicos como frijol y maíz, así como de lácteos y oleaginosas. A pesar de las manifestaciones de productores a finales de 2007, el gobierno se negó a renegociarlo. Los sectores campesinos mexicanos, la oposición y varios académicos han advertido que el campo mexicano no está listo para enfrentar un proceso de competencia en precios y volúmenes con los grandes productores de Estados Unidos, más aún si se toman en cuenta la diferencia de subsidios de un lado y del otro de la frontera. Según el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Cruz López Aguilar, al menos un millón 400 mil productores de maíz, frijol y leche están en riesgo debido a la apertura total a las importaciones.
Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a diferencia de lo que han manifestado organizaciones campesinas, el TLCAN ha sido positivo: «si bien el TLCAN trajo mayor competencia para los productores mexicanos, también abrió múltiples oportunidades al darles acceso a un mercado regional de más de 430 millones de personas».
Aseguró que están dadas las condiciones para la apertura comercial, ya que «el proceso de desagravación fue paulatino» y en 2007 ya se había cumplido en 90 por ciento la eliminación de aranceles, por lo que en 2008 «no deberá traer cambios significativos en su situación de mercado, sobre todo ante un escenario de precios altos en los próximos meses». Agregó que en la apertura total del TLCAN «los productores de autoconsumo no tendrán efectos negativos, ya que no participan con su producción en el mercado, y por el contrario se benefician del acceso a bienes y servicios a precios más accesibles».
Bajo el lema de una campaña iniciada en el 2007, «Sin maíz no hay país, sin frijol tampoco», campesinos y productores se han venido organizando. En enero, una veintena de organizaciones del país anunciaron su integración en un Frente Nacional en Defensa del Campo Mexicano, para exigir medidas gubernamentales ante la situación de crisis por la apertura comercial y convocaron a una megamanifestación para el próximo 31 de enero, a la que se sumarán agrupaciones sociales y sindicales.
Gobierno federal: «mano dura» y creciente militarización
Mientras la presión social sube, se ha seguido denunciando la tendencia a la «mano dura» adoptada por el gobierno de Felipe Calderón, así como el proceso de militarización creciente en el país. Dicha tendencia se ha venido agudizando más aún con el reciente anuncio de nuevas formas de colaboración entre Estados Unidos y México, bajo el pretexto de la lucha contra el «narcotráfico y el terrorismo».
Por un lado, en 2007, México, Estados Unidos y Canadá han seguido avanzando en el proyecto de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN, lanzado en el 2005). La ASPAN se presenta como un tratado de libre comercio profundizado, ya que añade aspectos de seguridad a los existentes sobre desarrollo y comercio.
Paralelamente, los gobiernos de Estados Unidos y México están a punto de culminar otro acuerdo apuntando a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en México. La idea se concretó en marzo de 2007, durante la visita del presidente estadounidense George W. Bush a la ciudad mexicana de Mérida. Por su semejanza con el llamado Plan Colombia (una política implementada desde hace cerca de una década que ha implicado el envío de 4.3 mil millones de dólares al gobierno colombiano, 76% de los cuales se destinaron al ejército), esta nueva iniciativa se conoce como «Plan México» (o, en menor medida, «Iniciativa Mérida», su nombre oficial).
© SIPAZ
La Administración de Bush se plantea solicitar al Congreso la aprobación de un paquete conjunto de 1.4 mil millones de dólares a ejercerse en un periodo de tres años (comprometiendo así a la Administración resultante de las elecciones de 2008 en EEUU). Este paquete ha sido presentado ante el Congreso como «financiamiento de emergencia para otras necesidades críticas de seguridad nacional», de las que destaca la «asistencia vital a nuestros socios en México y Centroamérica, quienes están trabajando para vencer a los cárteles de la droga, combatir el crimen organizado y detener el tráfico humano. Todas esas son prioridades urgentes de Estados Unidos, y el Congreso debe financiarlas sin demora». Cabe recordar que en 2007 se registraron más de 2.000 muertes vinculadas al crimen organizado en México y que EE UU comparte 3.000 kilómetros de frontera con este país.
Las primeras partidas de dinero serán destinadas al suministro de equipo militar, tecnología de comunicación y vigilancia, así como diversos tipos de entrenamiento a soldados y funcionarios mexicanos. En lo inmediato, no se prevé la presencia de tropas norteamericanas en territorio mexicano.
Entre los elementos de preocupación señalados por distintas organizaciones de derechos humanos de ambos lados de la frontera, se ha señalado que más del 40% de los 500 millones de dólares por otorgarse en el primer año estarán destinadas al sector militar, a pesar de las graves acusaciones de violaciones a los derechos humanos por parte del ejército mexicano en labores de seguridad nacional. En octubre, Human Rights Watch (HRW) declaró que el Congreso de Estados Unidos debería oponerse a la asistencia antidrogas a México, a menos que incluya condiciones firmes para detener abusos cometidos por las fuerzas de seguridad mexicanas. José Miguel Vivanco, director de la sección de las Américas del organismo afirmó: «Ayudar a México a confrontar a sus cárteles de la droga brutales es buena idea. Pero dando un cheque en blanco a las fuerzas de seguridad abusivas de ese país no lo es».
© La Revista Peninsular
Otros analistas subrayan el hecho que no hay ninguna garantía de obtener mejores resultados en el combate al narcotráfico cuando los grandes operativos lanzados por Felipe Calderón al principio de su sexenio no han tenido hasta la fecha los resultados esperados. Del lado mexicano, también se señala que el hecho de que Washington coloque el combate a las drogas y a la delincuencia en territorio mexicano como una de las «necesidades críticas» de su seguridad nacional implica una injerencia. Adicionalmente, la referencia al tema del «tráfico humano» deja abierta la duda de qué tanto se podría llegar a perseguir a migrantes centro y suramericanos, e incluso a mexicanos que intentan cruzar las fronteras Sur y Norte de México.
En octubre, en el marco de la 1ª Reunión de Integración de los Gobernadores de la Región Sur-Sureste, realizada en Villahermosa, Tabasco, pareció reforzarse el factor «seguridad» por encima del tema de desarrollo. Durante una reunión con los nueve gobernadores del sur-sureste de México, Felipe Calderón dijo que dará un «impulso renovado» al Plan Puebla-Panamá (PPP), al que pidió convertir en un «proyecto de desarrollo integral de Mesoamérica». Sin embargo, enfatizó más que todo el reforzamiento de la frontera sur ante el «desvanecimiento» de la capacidad de la autoridad para controlarla.
Semáforo rojo en cuestión de derechos humanos
A pesar de las preocupaciones expresadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como de varias organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, la aprobación definitiva de la reforma penal propuesta por el poder ejecutivo parece inminente.
Se ha cuestionado que resulte contraria a los principios de presunción de inocencia y del debido proceso. Permitirá el espionaje telefónico, el allanamiento y cateo de domicilios al Ministerio Público Federal y a cualquier cuerpo policiaco sin mandato judicial, así como detenciones sin orden de aprehensión, sólo con la presunción de vinculación con la delincuencia organizada o cuando se esté cometiendo un delito en flagrancia.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes afirmó en diciembre que las reformas judiciales «representan un retroceso en materia de derechos humanos, pues no se puede combatir la ilegalidad pisoteando las garantías más elementales».
Aún cuando todavía no se promulga la reforma, varias organizaciones de derechos humanos han venido señalando el riesgo de una legalización de la criminalización de la protesta social. En los últimos meses, un tema de denuncia y articulación ha sido el tema de los presos en particular y el de la represión en general. El 1º de noviembre, por ejemplo, el Frente Nacional Contra la Represión que aglutina varias organizaciones y movimientos, realizó un mitin frente a la Secretaría de Gobernación para exigir la libertad de todos los «presos políticos» del país, la presentación con vida de los desaparecidos, la abolición de la tortura, el alto a las agresiones sexuales y violaciones de mujeres, y la cancelación las órdenes de aprehensión y la persecución contra luchadores sociales.
En noviembre, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad presentó un informe titulado «La situación de los presos políticos en México» en el que maneja la cifra de 500 presos políticos, aunque reconoce que existe una dificultad para saber el número real por la escasa documentación que existe y por las condiciones en que son llevados sus juicios.
La excarcelación del indígena Diego Méndez Arcos (detenido en el 2006 por su presunta participación en las muertes ocurridas en Viejo Velazco) a principios de diciembre se muestra como ejemplo de arbitrariedad, al igual que su detención.
Por otro lado, un tema que coloca a México a la «cabeza en materia de limitaciones a la libertad de expresión» (según afirmó Amerigo Incalcaterra, representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas) es el de las amenazas y homicidios contra comunicadores.
Según la Clasificación Mundial de la Libertad de la Prensa publicada en octubre por Reporteros Sin Fronteras (RSF), México sigue siendo el país más peligroso para los periodistas en el Continente Americano. Apareció en el lugar número 136 de 169 naciones estudiadas. Benoit Hervieu, encargado del área América en RSF, subrayó «Desde hace un año, el Gobierno federal en México ha retrocedido en materia de libertad de la prensa, y lo demostró durante la crisis de Oaxaca». Destacó que esta involución de la situación de la prensa refleja la falta de voluntad del poder federal por avanzar en el tema.
En enero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció que había abierto 84 expedientes de queja en 2007 por violaciones a las garantías individuales de periodistas en el ejercicio de su profesión. Denunció que se han multiplicado y son más violentas. El reciente despido de la periodista Carmen Aristegui, conductora del noticiario «Hoy por Hoy» en W Radio generó también múltiples cuestionamientos sobre el tema de la libertad de expresión en el país.
Un caso que también ha hecho correr mucha tinta es el de la periodista Lydia Cacho. A finales de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó del dictamen final sobre su caso lo relativo a abuso sexual, redes de pederastia y pornografía infantil, al considerar que este asunto no está relacionado con la investigación acerca de la concertación de autoridades encabezada por el gobernador de Puebla, Mario Marín, en su contra. El Frente Nacional contra la Represión (FNCR) expresó a los ministros de la SCJN su preocupación por la «indolencia» que demostraron frente al tema, más aún antes de la sesión donde abordarán los casos de los conflictos de Oaxaca y San Salvador Atenco. La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en voz de su representante en México declaró que: «Hubiera sido una oportunidad importante para refrendar esos principios que el país ya tiene ratificados».
CHIAPAS: Reposicionamiento zapatista ante agresiones
Del 13 al 17 de diciembre, se realizó un coloquio internacional ‘in memoriam’ Andrés Aubry (historiador de origen francés que trabajó por más de 40 años en Chiapas y que murió en septiembre de 2007) co-convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el CIDECI-Unitierra y el Centro Immanuel Wallerstein. Participaron los académicos internacionales John Berger, Naomi Klein, Francois Houtart, Pablo González Casanova, Sylvia Marcos, Enrique Dussel, Jorge Alonso, Carlos Rojas Aguirre y Jean Robert, así como cientos de asistentes.
En el marco de su última intervención «Sentir el rojo; el calendario y la geografía de la guerra», el subcomandante Marcos aclaró su papel como jefe militar del EZLN, «que es un ejército, muy otro por cierto pero es un ejército», y anunció: «Es ésta la última vez, al menos en un buen tiempo, que salimos para actividades de este tipo; me refiero al coloquio, encuentros, mesas redondas, conferencias, además de, por supuesto, entrevistas.»
© SIPAZ
Explicó que esta decisión se da en el marco de una nueva ola de agresiones: «es la primera vez que estas agresiones provienen descaradamente de gobiernos de supuesta izquierda, o que se perpetran con el apoyo sin tapujos de la izquierda institucional y es la primera vez desde aquella madrugada de enero de 1994 que la respuesta social, nacional e internacional, ha sido insignificante o nula». Además, alertó: «Nosotros trataremos de seguir adelante en consolidar el esfuerzo civil y pacífico de lo que todavía se llama La Otra Campaña, y, al mismo tiempo, estar preparados para resistir, solos, la reactivación de las agresiones en nuestra contra, sea con ejército, policías o paramilitares. Quienes hemos hecho la guerra sabemos reconocer los caminos por los que se prepara y acerca. Las señales de guerra en el horizonte son claras. La guerra, como el miedo, también tiene olor. Y ahora se empieza ya a respirar su fétido olor en nuestras tierras». Un documento que firmaron los participantes al coloquio hace eco a este planteamiento: «no se puede permitir un nuevo Acteal en tierras mexicanas. No se puede orillar a los pueblos a defenderse de la violencia con la violencia».
Con este mismo motivo, en septiembre de 2007, el EZLN había anunciado la suspensión del recorrido programado con La Otra Campaña (iniciativa pacifica promovida por los zapatistas a escala nacional), para concentrarse en realizar acciones en defensa de las comunidades. En los últimos meses, ha venido denunciando agresiones contra sus bases de apoyo por parte principalmente de la organización priísta OPDDIC (Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos). En una disputa cada vez más abierta por los territorios, los casos van del Norte del estado (caso de Bolon Ajaw en noviembre, en el municipio autónomo Región de la Montaña, oficialmente Tumbalá, destino turístico por su cercanía con las cascadas de Agua Azul), pasando por la región tzeltal de Chilón, parte de las Cañadas y llegando a los Altos de Chiapas (amenazas de muerte al Consejo Autónomo del Municipio de San Andrés Sakam’chen de los Pobres en octubre).
Una Caravana integrada por adherentes a la Otra Campaña que recorrió parte del estado en noviembre denunció: «Los gobiernos federal y estatal, a través de las instituciones agrarias y en articulación con el Ejército Federal mexicano y la seguridad pública en sus tres niveles de gobierno, operan una estrategia de contrainsurgencia dirigida a las Bases de Apoyo Zapatistas y sus autoridades autónomas, otorgando títulos agrarios a diversas organizaciones indígenas, particularmente organizaciones adversas a los zapatistas y en diversos casos organizaciones armadas, entre las que se encuentran la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) o la Unión Regional Campesino Indígena (URCI) (…). Estas organizaciones ocupan tierras recuperadas por el EZLN en 1994 y, a través de las instancias agrarias, concretizan el despojo jurídico de tierras constituyendo nuevos ejidos».
Grupos armados: comunicados
En octubre, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) amenazó con escalar su «campaña nacional de hostigamiento» si el gobierno no presentaba con vida a sus combatientes «desaparecidos» en octubre desde mayo de 2007. Aclaró que «jamás» solicitó dialogar con el gobierno federal, sino que ésta fue propuesta de varios senadores en septiembre. En diciembre, anunció el reinicio de hostilidades contra el gobierno de Felipe Calderón. En enero indicó que informará de los ataques militares que realice. También advirtió a los legisladores que la reforma judicial: «Quienes desde la Cámara de Diputados y Senadores del partido que sean aprueben la reforma judicial propuesta por Calderón, que criminaliza la protesta, la lucha social y los actos de autodefensa deben asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus actos».
Por su parte, en noviembre, el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas, uno de los grupos guerrilleros que en 2006 colocó explosivos en las sedes del Tribunal Electoral, el PRI y algunos bancos de la Ciudad de México, advirtió que la Iniciativa Mérida firmada por el gobierno de México con Estados Unidos, será repelido por los movimientos de masas y los grupos revolucionarios.
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Inundaciones en Tabasco y el norte del Estado de Chiapas
A finales de octubre, medios nacionales e internacionales dieron cuenta de una catástrofe de gran amplitud: fuertes lluvias asolaron el estado de Tabasco y el Norte del vecino estado de Chiapas, causando inundaciones que han afectado a alrededor de un millón de personas en 16 de los 17 municipios de Tabasco así como a sus viviendas, cosechas y cabezas de ganado. Según las autoridades tabasqueñas, los damnificados con mayores problemas fueron unas 400.000 personas. A le menos el 90% de la capital, Villahermosa terminó bajo el agua.
Menos cubiertas mediaticamente, las lluvias en el norte de Chiapas fueron las que provocaron que la Presa Peñitas se desfogara, aumentando de esta manera el caudal del río Grijalva e inundando la llanura de Tabasco. 22 municipios del norte del estado fueron declarados zona de desastre y se calcula que hubo más de 75 mil damnificados.
Todavía menos presentes en los medios masivos fueron los señalamientos a la responsabilidad del estado en un desastre que hubiera podido ser evitado en buena medida. Por ejemplo, Jorge Escandón, responsable de Energía y Cambio Climático de Greenpeace México subrayó «En el caso específico de Tabasco, si se tiene una inundación de gran magnitud en 1999, y no se toman las medidas pertinentes, no para controlar el evento, pero sí para respuestas más eficientes por parte del gobierno, es donde lo atribuimos a una negligencia política».
