2004
03/01/2005
COYUNTURA: De la alerta roja a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
29/07/2005
En enero, durante su visita a Chiapas, desde la misma «zona de conflicto», el presidente Vicente Fox expresó que el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) es un tema que «prácticamente está quedando ya en el pasado y todo el mundo está viendo adelante». Dichas declaraciones desataron la polémica. La COCOPA (Comisión para la Concordancia y la Pacificación, órgano legislativo de coadyuvancia en las lejanas negociaciones entre el EZLN y el Ejecutivo) expresó un «serio extrañamiento«, aunque no de carácter oficial, al faltar quórum en la sesión de emergencia convocada a raíz de estas declaraciones.
El gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, en cierta medida, logró recomponer la frase desafortunada del presidente Fox: «comparto su punto de vista de que el zapatismo como opción armada es cosa del pasado. Hablábamos de las nuevas expresiones del zapatismo, que son civiles, esfuerzos dentro de sus propios territorios para dotarse de nuevas formas de convivencia».
Varios organismos no gubernamentales recalcaron que el conflicto en Chiapas sigue vigente en sus causas estructurales (ver sitio web de SIPAZ). Afirmaron que la estrategia de «guerra integral de desgaste» ya no pasa por una confrontación directa sino por una serie de estrategias militares, políticas y económicas que pretenden acabar de cercar a los zapatistas, generando a la vez conflictos a nivel comunitario. Más que otra cosa, las palabras del presidente Fox demostraron que el EZLN no es el mayor problema del gobierno actual cuando se encuentra enfrascado en un adelantado contexto pre-electoral por las próximas elecciones presidenciales (2006), arrinconado por el creciente poder del narcotráfico y con pendientes legislativos más prioritarios para su administración.
Por otro lado, el EZLN mantiene una especie de tregua no pactada con las autoridades a nivel estatal. Ha optado por una lógica de no confrontación que le permita seguir fortaleciendo su proceso de construcción de la autonomía por la vía de los hechos (ver Enfoque).
Conflictos nuevos, conflictos viejos
A nivel estatal, se puede observar una multiplicación de conflictos de diferentes tipos. Por un lado, se observa la reactivación y con ello una renovada confrontación de varias organizaciones campesinas contra el gobierno del estado. Algunas de ellas como la CIOAC (Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos), que antes apoyaban al gobernador Pablo Salazar, ahora le dan la espalda cuestionando la falta de atención a sus demandas. Otros frentes abiertos provienen del magisterio y del creciente movimiento en resistencia al pago de la luz (ver informe anterior).
Continúa además el conflicto en torno a la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. En enero, más de 800 indígenas tzeltales que estaban asentados en siete comunidades del municipio de Ocosingo fueron reubicados en el poblado «Nuevo Montes Azules», en el municipio de Palenque. Vale la pena subrayar que en estas reubicaciones podrían aparecer conflictos de nuevo tipo, de carácter interétnicos al ir juntando familias que hablan distintos idiomas. El estado sigue aplazando y desplazando el problema de fondo más que solucionándolo.
Tres otros fenómenos que hasta la fecha correspondían más que todo a la zona fronteriza están empezando a ampliarse a otras regiones del estado: el crecimiento de las maras salvatruchas (pandillas) y del narcotráfico así como la denuncia de una cada vez más generalizada tendencia al «feminicidio«. Chiapas se ubica entre los cinco primeros lugares a nivel nacional en asesinatos de mujeres.
Un tema de creciente preocupación, de las comunidades a las ciudades, es el de la migración por la falta de oportunidades económicas en el estado. El gobierno reconoció que durante 2004, Chiapas recibió 500 millones de dólares de remesas, producto del trabajo de miles de migrantes, con un aumento de 40% respecto al año anterior. Cabe mencionar que estas tres últimas problemáticas no son propias de Chiapas sino que se encuentran presentes en todo Centroamérica.
A las vísperas del 1 de enero, fecha de toma de posesión de las nuevas autoridades municipales tras las elecciones de octubre pasado, se llevaron a cabo manifestaciones, bloqueos de carreteras y enfrentamientos en varios municipios (por ejemplo, Oxchuc, Tila y Sabanilla).
Tila fue el caso más violento. En este municipio de la zona Norte, el PRI (Partido de la Revolución Institucional) ganó por menos de 100 votos sobre la Alianza PRD (Partido de la Revolución Democrática)-PT (Partido del Trabajo). Ambos grupos anunciaron su victoria. Frente a la falta de acuerdo, se llevó el asunto a las instancias electorales correspondientes. En última instancia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio la victoria aI PRI y su candidato Juan José Díaz Solórzano. Desconociendo dicha resolución, a finales de diciembre, los miembros de la Alianza instalaron un plantón frente al palacio municipal para impedir que el nuevo alcalde tomara posesión. Se buscó un acuerdo al abrir la participación en el consejo municipal a los aliancistas quienes lo rechazaron ya que los puestos eran secundarios.
El 15 de febrero se llevó a cabo un desalojo violento del plantón, con saldo de unos 54 detenidos según datos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (49 según datos oficiales), seis casas quemadas, tres autos destrozados y bloqueos carreteros intermitentes. Participaron al menos 800 elementos armados de la Policía Sectorial y Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).
Un primer operativo se desató en la mañana. Miembros de la Alianza incendiaron varias casas y tomaron presos a cinco personas para cambiarlos por los 19 detenidos por la policía (fueron liberados en el curso del día). En la tarde, un contingente policiaco fuertemente armado volvió a catear selectivamente algunos domicilios. Se detuvieron a 35 personas más. Este día, muchos tileños, mayoritariamente seguidores de la Alianza, optaron por refugiarse en el monte, en otras ciudades de la entidad e incluso fuera de Chiapas. El 28 de febrero liberaron a 30 detenidos; los demás siguen presos.
El párroco de Tila, Heriberto Cruz, advirtió que en la región la tensión se había reavivado de por sí por los problemas postelectorales y el reactivamiento del grupo paramilitar ‘Paz y Justicia’, y que en este contexto, los desalojos policíacos «volvieron a abrir la herida de los indígenas en Tila» y «pusieron en riesgo la paz».
En los días posteriores al desalojo, se detuvo a Samuel Sánchez Sánchez, fundador y dirigente de ‘Paz y Justicia‘. Esta detención fue calificada de «tardía e insuficiente» por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé. A la fecha, otra cabecera de la zona Norte, Petalcingo, sigue tomada y se teme otro desalojo.
Estos hechos nos remiten nuevamente a la pregunta sobre quien ganó y quién perdió en las últimas elecciones. La constante rotación de candidatos entre PRI-PRD-PT, tan llamativa en la zona Norte, es una muestra de la profunda crisis de identidad en la que se encuentran los partidos políticos. Por ejemplo en Tila, la presidencia municipal estaba peleada por dos fracciones del mismo ‘Paz y Justicia’. Por un lado, el PRI está mayoritariamente conformado por miembros de UCIAF (una escisión de Paz y Justicia); por el otro lado, en la Alianza PRD-PT también se encontraban antiguos dirigentes de ‘Paz y Justicia’.
A pesar de que la disputa obedecía más bien a luchas internas, en el rechazo al candidato del PRI, participaron también personas tradicionalmente ligadas al PRD. El violento operativo castrense no tomó en cuenta esta complejidad ni el delicado clima en la zona Norte. El desmedido ataque policiaco tocó un punto frágil: la descomposición del tejido social.
Para entender un poco mejor el contexto en el que se desarrolló este conflicto, ayuda recuperar elementos que algunos quisieran ver como cosas del pasado. El 9 de febrero el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas hizo pública una queja sobre violaciones de derechos humanos en la zona Norte del estado que había presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en octubre del 2004. Se demoraron en hacerla pública para garantizar primero la seguridad de los denunciantes, pero la fecha tampoco fue casual.
El 9 de febrero de1995, el gobierno de Ernesto Zedillo desató una ofensiva militar para detener a la comandancia zapatista. Después de esta fecha cambió de estrategia y se observó una escalada de violencia en contra de los zapatistas y de la población civil por parte de grupos de corte paramilitar, como ‘Paz y Justicia’, con saldo de miles de desplazados, decenas de muertos y desaparecidos. La queja acusa de delitos de lesa humanidad al ex Presidente Ernesto Zedillo, en su carácter de ex Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, al General Enrique Cervantes Aguirre, ex Secretario de Defensa Nacional, y al General Mario Renán Castillo, ex Comandante de la Séptima Región Militar.
El Centro Fray Bartolomé puntualizó que igual que en la región ch’ol, tampoco se ha hecho justicia en el caso de Acteal (en diciembre se cumplió el séptimo aniversario de la masacre de 1997), entre otros casos. Denuncia que no se han desmantelado ni desarmado las estructuras paramilitares, no se han sancionado a los responsables materiales e intelectuales, no se han reparado los daños a las víctimas de desplazamiento forzado, asesinatos, desapariciones y tortura. La denuncia del Centro recalca que en Chiapas sigue una «guerra invisible».
Panorama igual de complejo a nivel nacional
El asunto del desafuero de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se mantiene como un eje central en el debate político nacional. Cabe recordar que existe una solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR) para desaforar al mandatario capitalino para poder procesarlo por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de un mandato judicial que le ordenaba interrumpir los trabajos para la construcción de dos vialidades. Eso podría impedir su candidatura a la presidencia. Se empieza a generar cierto cansancio mediático, lo cual puede ser parte de la estrategia. Se sostiene el rechazo ciudadano contra una acción arbitraria del gobierno federal. En los meses pasados se dieron varias marchas y se siguen conformando nuevos comités de apoyo ciudadano. El mismo AMLO expresó en torno a los ataques del ejecutivo que «el Presidente Fox es mi mejor jefe de campaña». El Presidente Fox y su partido, el PAN (Partido de Acción Nacional), cuando no hacen llamados directos en contra del jefe del gobierno capitalino se limitan a emitir los mensajes a favor de «la legalidad». El PRI logró en cierta medida deslindarse del debate, lo cual ha buscado aprovechar para ordenar sus diferencias internas y fortalecerse en las elecciones estatales. Después de la recuperación de los estados del norte y las victorias en Veracruz, Oaxaca y Puebla, ya está controlando el norte, el oriente y el sur del país y está arrinconando a los estados del centro y del occidente gobernadas por el PAN y el PRD. La victoria del PRD en Guerrero abre sin embargo un hueco importante en el sur, un bastión tradicionalmente priísta.
Incluso el EZLN le entró al debate del desafuero en una aparente postura imparcial. Tras la reforma indígena de 2001 que consideraron una «traición«, ha roto el diálogo con los partidos políticos. Sin embargo, los zapatistas manifestaron su repudio al proceso de desafuero. Subrayaron que aunque no simpatizan con AMLO ni con el PRD, están en contra del proceso del desafuero porque «no sólo es ilegitimo, es ilegal» e «injusto«. Agregan que sería un «golpe de Estado preventivo».
Por su parte los representantes de la banca en México, ante un eventual triunfo del PRD en las elecciones presidenciales, afirmaron que un presidente de la izquierda no será una amenaza para la economía del país, un pronunciamiento diferente del que los bancarios sostenían a la fecha, cuando solían predicar un desastre si la presidencia fuera ganada por la izquierda.
Por otro lado, los últimos meses fueron marcados por la guerra del narcotráfico al gobierno federal, con decenas de policías ejecutados en varios estados del país y varios detenidos acusados de haber infiltrado agencias del estado, incluso Los Pinos (residencia presidencial). Se optó por militarizar la cárcel de máxima seguridad La Palma y otros penales ante la infiltración del narcotráfico entre sus funcionarios.
El Departamento del Estado de los EEUU emitió su informe anual de derechos humanos sobre México. Señala graves problemas de corrupción policíaca y militar, secuestros y extorsión de policías estatales y municipales, arrestos arbitrarios, confesiones bajo tortura y asesinatos extrajudiciales realizados por policías y personal militar, así como un «pobre‘» clima de derechos humanos, particularmente en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo que los EEUU no tienen calidad moral para criticar a México en la materia, pero reconoció que «desgraciadamente es verdad». Sin embargo Condoleezza Rice, secretaria de Estado de EEUU durante su visita en el país aseguró que la Casa Blanca «no está apuntando a México». Haciendo alusión a las próximas elecciones presidenciales afirmó también que el gobierno de EEUU aceptará un gobierno de cualquier signo en México «siempre que sea dentro de los márgenes democráticos».
A finales de febrero, el representante del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, Anders Kompass, aseguró que México es «el último en la fila» de las naciones latinoamericanas en procuración de justicia, y urgió a mejorar el marco legislativo y jurídico para resguardar las garantías individuales de los ciudadanos. Kompass precisó que es necesario ejercer presión social contra funcionarios públicos que incumplan las recomendaciones de las instancias defensoras de las garantías individuales.
En cuestiones de justicia, a pesar de que el caso de muerte de Digna Ochoa ya está cerrado y el de Noel Pavél está por concluir, los dos siguen pendientes de justicia. En enero el Subcomandante Marcos en una respuesta a la carta del septiembre del año pasado de Bernardo Bátiz Vázquez, Procurador General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) cuestionó: «Lo que hizo la PGJDF, señor Bátiz, no ha sido descubrir la verdad ni administrar la justicia. Lo único que se propuso, y lo ha logrado, es congraciarse con la derecha enlodando la vida de dos personas que valían más que todos los funcionarios juntos del Gobierno del DF. Y lo han hecho de la manera más ruin posible: enlodando su muerte». Pidió al Procurador que se reabriera el caso de Digna y que obligara a sus funcionarios a conducirse con responsabilidad, seriedad y eficacia en el caso de Pável. Por su parte Bátiz ratificó la conclusión de que la defensora de los derechos humanos se suicidó, lo mismo que en el caso de Pavel. No obstante en febrero el segundo tribunal colegiado en materia penal ordenó a la PGJDF reabrir la investigación sobre la muerte de Digna Ochoa.
