En los últimos meses, la situación en Chiapas ha permanecido tensa y con frecuencia violenta. Entretanto, los sucesos políticos tanto dentro como fuera de la región han reducido las esperanzas de lograr avances significativos hacia la paz antes de que termine el período del presidente Zedillo en diciembre.

Durante su visita a Europa en enero, el presidente Zedillo hizo declaraciones sorprendentemente francas menospreciando al EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), descartando su importancia en la resolución de los problemas de Chiapas y afirmando ominosamente que la ofensiva militar que él desencadenó en febrero de 1995 «logró hacerlos sentarse a dialogar».

El 30 de diciembre, el Vaticano anunció el traslado del Obispo coadjutor Raúl Vera de San Cristóbal de Las Casas a Saltillo, en el norte de México. El Obispo Samuel Ruiz había presentado su renuncia en noviembre, pero todavía no ha sido aceptada por el Vaticano y no se ha nombrado a su sucesor. El traslado de Vera, que estaba en la línea para suceder a Ruiz, y la incertidumbre resultante, generaron temores respecto al posible efecto sobre las perspectivas de paz y la seguridad de miles de agentes pastorales, religiosos y laicos, que se sentían de alguna manera protegidos por la vasta influencia de la diócesis encabezada por Samuel Ruiz.

La declaraciones del Nuncio Apostólico de que la decisión se basaba puramente en razones eclesiales exceden toda credulidad. Lo cierto es que por años la práctica pastoral de la diócesis ha sido causa de preocupación en algunos círculos del Vaticano, y que el Obispo Vera estaba comprometido con la continuidad de la actual línea diocesana. Al mismo tiempo, la decisión de trasladar a Vera fue sumamente inusual; parece probable que se basó en el interés del Vaticano de mejorar sus relaciones con el gobierno mexicano, para el cual Samuel Ruiz ha sido considerado un obstáculo político por mucho tiempo.

Entretanto, varias comunidades han vivido estallidos de violencia entre grupos pro gubernamentales y pro zapatistas. En el municipio de Chilón, 52 familias fueron desplazadas de sus casas por un grupo paramilitar. La constante presión militar sobre las comunidades indígenas ha ido en aumento por el arribo de cientos de integrantes de un nuevo cuerpo de seguridad, la Policía Federal Preventiva (perteneciente a la Secretaría de Gobernación o del Interior).

Los casos relacionados con la masacre de Acteal en 1997 continúan el intrincado camino del proceso judicial. Dos funcionarios del gobierno estatal fueron sentenciados a seis años de cárcel por su responsabilidad en la masacre; uno de los acusados como autores intelectuales del crimen fue sentenciado a 35 años, en tanto que la revocación de las sentencias a 35 años previamente impuestas a 24 indígenas están pendientes de revisión.

Mientras, dos mil miembros de las Abejas -el grupo que fue blanco de la masacre- realizaron en diciembre una peregrinación en el municipio de Chenalhó, ofreciendo símbolos de paz en campamentos militares y retenes.

Las elecciones nacionales serán el 2 de julio y las estatales para gobernador de Chiapas serán el 20 de agosto. Independientemente de su resultado, las elecciones representan un elemento de incertidumbre e inestabilidad, especialmente en el explosivo contexto de Chiapas.

Con la oposición dividida entre el Partido Acción Nacional (PAN) de centro derecha y la coalición de centro izquierda encabezada por el PRD (Partido de la Revolución Democrática), el gobernante PRI (Partido Revolucionario Institucional) está bien situado para ganar las elecciones presidenciales. En Chiapas, toda la oposición se ha unido en respaldo a la candidatura del senador disidente del PRI, Pablo Salazar, quien parece tener buenas posibilidades de ganar, aunque algunos analistas se preguntan si esa eventual victoria de la oposición sería respetada. Las condiciones electorales de Chiapas constituyen un desafío que requiere de un importante esfuerzo de observación externa.

En una situación crecientemente tensa y polarizada, donde el espacio de negociación prácticamente ha desaparecido, la opción por la solución militar persiste como posibilidad. El gobierno podría decidir aprovechar el ‘interregno‘ entre las elecciones y la transferencia de poderes en diciembre para lanzar una bien focalizada ofensiva en Chiapas. Por su parte, el EZLN, enfrentado al prolongado estancamiento del proceso de paz, puede elegir tomar las armas otra vez. Aunque ninguna de estas opciones parece razonable ni probable, tampoco pueden ser descartadas.

La campaña del gobierno contra los observadores internacionales continúa. En las primeras cinco semanas del año, 60 extranjeros recibieron citatorios acusándolos de violar las leyes mexicanas.

En una embestida general contra las organizaciones no gubernamentales, el presidente Zedillo afirmó en Suiza: «No necesitamos a los autonombrados representantes de la sociedad civil, ahora llamados ‘organizaciones no gubernamentales’, para hablar en nombre de los países pobres en desarrollo.»

Mientras, continúa el repiqueteo de la crítica internacional sobre la situación de los derechos humanos en México. Durante su visita a México en noviembre, Mary Robinson, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó varias preocupaciones, entre ellas la excesiva militarización en Chiapas. Al concluir su visita a México en febrero, la presidenta del Grupo de Trabajo de Naciones Unidos para los Pueblos Indígenas, Erika Irene Daes, hizo un llamado al gobierno mexicano para que cumpla los Acuerdos de San Andrés firmados hace cuatro años. También en febrero, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Asma Jahangir, presentó el informe de su visita de julio pasado. En sus conclusiones afirma que en México los gobiernos federal y locales, el ejército, los grupos paramilitares y los grupos opositores armados ejecutan a personas inocentes a lo largo del país, especialmente en Chiapas y Guerrero; en casos como las matanzas de Acteal y El Bosque (Chiapas), los autores materiales e intelectuales aún no han sido capturados; y los defensores de derechos humanos reciben poca protección y trabajan en un clima de violencia.

En el campo económico, en noviembre representantes de México y la Unión Europea firmaron un acuerdo comercial de largo alcance. Aunque el acuerdo aún debe ser ratificado por el Senado mexicano y los parlamentos de los países miembros de la Unión Europea, representa un paso importante para la política de libre comercio de la administración Zedillo. Se ha proporcionado escasa información sobre los impactos concretos que dicho acuerdo tendrá sobre los campesinos y obreros mexicanos, y el tema no se ha beneficiado de un debate público significativo. El tratado incluye una cláusula que exige el compromiso de las partes con el respeto a la democracia y los derechos humanos; sin embargo, no establece ningún mecanismo claro para evaluar su cumplimiento.

ACCIONES RECOMENDADAS

Urgir a la administración de Zedillo a:

• ordenar el regreso inmediato de los militares a sus cuarteles, y asegurar que el Ejército respete los derechos y las libertades de los ciudadanos; como una señal verdadera y concreta de su voluntad de dialogar;
• reconocer y respetar la labor humanitaria y la contribución al proceso de paz que realizan los defensores de derechos humanos y los observadores internacionales.

al Gobernador del Estado, Roberto Albores Guillén:

• que cese el hostigamiento a las comunidades indígenas y a las organizaciones de oposición a través de los operativos en zonas ya de por sí altamente conflictivas.
• Al Senado de la República: que apruebe la propuesta de la ley de los derechos y cultura indígena de la COCOPA, haciendo prevalecer el interés superior de la paz sobre las posiciones partidistas.

Difundir información – como este informe – sobre la situación que prevalece en Chiapas.

Favor de escribir a:

Lic. Ernesto Zedillo Ponce de León
Presidente de la República
Palacio Nacional
06067 México, DF – México
Fax: (int-52) (5) 271 1764 / 515 4783

Roberto Albores Guillén
Gobernador de Chiapas
Palacio de Gobierno
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Fax: (int-52) (961) 20917

El Senado de la República
Paseo de la Reforma # 10
06030 México, DF – México
Fax. (int-52) (5) 130 2292

(copias de sus cartas a:)

Comisión de Concordia y Pacificación
Paseo de la Reforma # 10, piso 17
06030 México, DF – México
Fax: (int-52) (5) 140 3288