Hasta ahora, 80 municipios de 11 estados han establecido una Alerta de Violencia de Género (AVG) en México con el objetivo de promover mayor seguridad para las mujeres y reducir la cifra de feminicidios que, en la actualidad, alcanza un promedio de 7 mujeres asesinadas al día en todo el país .

Movilizaciones de mujeres en Chiapas © SIPAZ – Archivo

En agosto, en la Ciudad de México, en el marco del foro Nadando a contracorriente: contexto y seguimiento de las alertas de género desde la sociedad civil, la academia y el Estado, se mencionó de forma reiterativa la falta de voluntad política real de las autoridades hacia la implementación de acciones públicas que permitieran la protección a la integridad y la vida de las mujeres. Ello se refleja en la falta de recursos económicos y humanos (con capacitación y sensibilidad hacia el tema), la ausencia de un enfoque integral, la cerrazón hacia la participación de la sociedad civil en la definición, implementación y evaluación de las medidas, así como en omisiones de elementos teóricamente incluidos en las AVG.

Otras personas y grupos van más allá y señalan incluso que se trata de una mera simulación política con el fin de cooptar a las mujeres. En la mayoría de las entrevistas que realizamos en el marco de la elaboración de este informe, se denunció que las pocas acciones y recursos se utilizan, ante todo, para fines electorales y políticos.

Entender el problema

“No es una más, es uno menos”, manifestación sobre feminicidios © SIPAZ – Archivo

El concepto de género es una expresión que busca reflejar lo que las categorías “femenino” y “masculino” implican en la sociedad, por ejemplo los roles típicos que asumen “los hombres” y “las mujeres” en la familia, el trabajo o la escuela, así como los comportamientos, actividades y atributos que se consideran como apropiados para ellos y ellas.​

¿Por qué importa pensar esta diferencia? Porque todas las personas deberían tener las mismas oportunidades y el mismo trato en cuanto compartimos todas y todos la misma dignidad humana. No obstante, se observan fuertes “diferencias y desigualdades sociales entre hombres y mujeres que provienen del aprendizaje, así como los estereotipos, los prejuicios y la influencia de las relaciones de poder en la construcción de los géneros” . A esto se refiere la violencia de género, lo cual rebasa ampliamente la violencia física o su expresión extrema, los feminicidios .

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Para”, ratificada por México en 1998 define este tipo de violencia como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. El Observatorio ciudadano contra la violencia de género, desaparición y feminicidios va más allá expresando que la violencia de género puede abarcar también los niveles económico y patrimonial.

Expresiones de la violencia de género

“No es no”, graffiti contra la violencia hacia las mujeres © SIPAZ

Ya se mencionó la alta cantidad de feminicidios en México. De igual preocupación serían las violaciones sexuales: 35 mujeres denuncian haber sufrido una violación sexual cada día, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Además, según declaraciones de la Secretaría de Gobernación en febrero de este año, un 67% de las mujeres en México ha padecido por lo menos un incidente violento alguna vez en su vida, un 47% de ellas víctimas de la actual o última pareja. Además, según la Organización de las Naciones Unidas, una de cada cinco mujeres ha sido víctima de violencia en el ámbito laboral en el país.

Por lo demás, estas cifras podrían ser mucho mayores ya que se combinan factores que las pueden llevar a su mínima expresión: por un lado, existe una falta de información para que las mujeres puedan conocer y ejercer plenamente sus derechos. Muchas no saben cómo reclamarlos o hacerlos efectivos, desconocen que existen leyes que las protegen y dependencias especializadas donde pueden denunciar cualquier tipo de violencia así como las instancias u organismos ante los cuales pueden acudir. Por el otro, muchas de ellas no acuden a las autoridades u organismos de defensa por temor a represalias de parte del agresor, por miedo a quedarse solas o a ser rechazadas por sus familias y comunidades.

Movilización del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Chiapas © SIPAZ – Archivo, 2013

Además las que sí denuncian suelen toparse con respuestas que implican revictimización o con el muro de la impunidad. Conviene también subrayar la falta de preparación del propio sistema de justicia. De manera general, se observa una escasez de personal especializado y con la sensibilidad requerida para atender casos de violencia de género. De manera más específica, de los 2 mil 83 homicidios de mujeres cometidos en México entre enero de 2015 y julio de 2016, sólo un 25% fue investigado como “feminicidio”, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Muchas de las agencias del Ministerio Público desconocen el tipo penal de feminicidio, un delito diferente a un asesinato doloso, así como el protocolo de investigación a implementar en estos casos. Por lo demás, la falta de un registro adecuado de violencia de género limita a su vez la posibilidad de implementar acciones y políticas públicas pertinentes o de la amplitud efectivamente requerida.

Existen formas más sutiles de limitar el acceso de las mujeres a sus derechos: del 46,2% de personas que viven en situación de pobreza en México en la actualidad, se ha podido observar que la pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres . También tienen menor acceso a la educación (un 17% carece de educación básica y sólo un 24% de las mujeres matriculadas finalizarán una licenciatura); y tampoco es equitativo su acceso a la salud. El factor educativo tiene un impacto directo en sus posibilidades de acceso a un trabajo digno. De obtenerlo, ganarán entre 30 y 40% menos que hombres en puestos equivalentes. Sólo el 3,9% de mujeres obtienen empleos en puestos directivos. Todo ello deriva en una fuerte dependencia económica: el 87% de las mujeres se dedica al hogar después de unirse con su pareja, limitando sus posibilidades de tomar decisiones por falta de ingresos económicos propios, incluso en casos de maltrato.

Normalización de la violencia hacia las mujeres y cultura machista

“El silencio mata, reclama mujer”, graffiti contra la violencia hacia las mujeres © SIPAZ

La sociedad mexicana es altamente machista y en ella, el hombre y lo masculino suelen ser valorado por sobre la mujer y lo femenino. Este sistema patriarcal está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana, y en todos los estratos de la sociedad, tanto pobres como ricos, indígenas o mestizos, y zonas urbanas o rurales. Por lo mismo, se está viendo que la violencia de género es un problema estructural y cultural de amplia envergadura, que a nivel histórico se ha traducido en una normalización de una lógica y dominaciones masculinas a través de la educación, la cultura, los medios de comunicación y las propias instituciones.

Cabe reconocer que ha habido algunos avances, algo que puede percibir la Coordinación Diocesana de Mujeres en Chiapas, cuyo trabajo está cumpliendo 25 años, cambios que se han dado desde el nivel de la familia, así que algunas participantes dicen: “Hoy mi hijos crecen aprendiendo que no van a hacer como era antes, como su papas, los hijos aprenden que tenemos los mismos derechos.”

En este sentido, el Observatorio Feminista de Tuxtla nos compartió que “antes, la violencia familiar no era vista como un problema social, era vista como un derecho del hombre sobre su familia. Porque quienes ejercían la patria potestad eran los hombres sobre todas las mujeres en su casa -madre e hijas-, incluso a golpes. Después – con el debate sobre los derechos de las mujeres sobre sus cuerpos – se empezó a cambiar las percepciones, devino en un problema público.”

¿Qué plantean las Alertas de Violencia de Género?

Movilización contra los feminicidios en Oaxaca © SIPAZ – Archivo, 2013

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fue aprobada en México en 2009, se creó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), buscando fomentar reformas a nivel de los estados. La Ley General definía ya las alertas de violencia de género en su artículo 22: “Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa); la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad”. No obstante apenas en 2015 se empezaron a implementar. El Estado de México fue el primero en hacerlas efectivas en julio de dicho año.

Como lo subrayaron la mayoría de las organizaciones entrevistadas, las AVG suelen darse por la presión de la sociedad civil hacia su obtención, con todo tipo de acciones (incluyendo entre otras denuncias públicas, conferencias de prensa, marchas, performances, espacios informativos y formativos, etc.). Por ejemplo, la Campaña Popular contra la violencia hacia las mujeres en Chiapas empezó a trabajar en este sentido desde 2013; la AVG se obtuvo hasta noviembre de 2016.

Las AVG suelen ser adaptadas en función de los municipios o estados en los que se van a implementar. No obstante, por lo general, siguen una misma línea de tiempo: primero, se conforma un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género para que dé seguimiento a lo planteado. Segundo, se formulan acciones preventivas, de seguridad y justicia/reparación con indicadores que permitan ver avances. Finalmente, se hace del conocimiento público.

Chiapas – un “progreso en el reconocimiento del problema”

Altar en el marco de una actividad contra los feminicidios, Chiapas © SIPAZ – Archivo, 2016

En Chiapas, la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género se obtuvo en noviembre de 2016.El primer cuestionamiento de las organizaciones civiles fue por el número limitado de municipios del estado que pretende abarcar. Mal que bien, organizaciones como Kinal Antsetik consideran que la obtención de la declaratoria implicó un “progreso en el reconocimiento del problema”.

Desde la declaratoria, grupos organizados de mujeres, han cuestionado “la falta de capacidad de las instituciones en el estado para reaccionar y atender la medida urgente de Alerta.” Denunciaron entre otros la “incapacidad de las instituciones del gobierno estatal”, el “nulo avance y retrocesos en la implementación de la AVG”, la “falta de transparencia” en la rendición de cuentas, y, en resumidas cuentas, la “falta de voluntad política” real de las autoridades.

De manera amplia, consideran que la AVG no refleja una perspectiva de género crítica, sino una dualidad clásica entre masculino y femenino, y  como señala el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), se presenta a “la mujer” como víctima y objeto de protección, no como sujetos independientes. En aspectos más específicos, denuncia omisiones de las entidades que reciben a las víctimas: por ejemplo, no hay una canalización de los servicios de salud a las instancias de investigación al identificar situaciones de maltrato. Se reportan casos de víctimas de violación sexual, incluyendo de menores, a quienes les fue negada la interrupción del embarazo a pesar de la legislación prevaleciente en estos casos. En cuanto a la investigación, no se cumple el protocolo de la AVG porque todavía no se busca diferenciar homicidios de feminicidios. El CDMCH cuestiona también que los servicios son poco accesibles para las comunidades alejadas de las ciudades y tampoco hay traductores en los idiomas indígenas o personal especializado.

Guerrero – ¿una política que se apropia el discurso para evitarlo?

“México, 7 asesinadas diariamente. Cada 4 minutos una mujer o una niña es abusada sexualmente. Muchas desapariciones. #Ya Basta” © SIPAZ

Según investigaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero, el estado de Guerrero ocupa los primeros sitios de violencia hacia las mujeres desde hace más de 20 años. El Observatorio de Violencia Feminicida «Hannah Arendt» contabilizó de 2013 a 2016 un total de 1737 mujeres asesinadas, el 47 % de ellas en Acapulco. Por su parte, de junio 2016 a mayo 2017, el centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan documentó 269 casos de violaciones de derechos humanos de mujeres a una vida libre de violencia, particularmente de mujeres indígenas, campesinas y mestizas de la región del la Montaña de Guerrero. Los tipos de violencia denunciados son diversos: psicológico, económico, físico, sexual, patrimonial, hasta llegar al feminicidio.

En junio de 2017, la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVIM) solicitó ante la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (CONAVIM) que se declare una AVG. En entrevista, Marina Reyna Aguilar, presidenta de la AGCVIM, nos compartió que, enterado de dicha solicitud y de su próxima aceptación de parte de la CONAVIM, el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, para darse el crédito político, se quiso adelantar. Dos días antes de la declaración oficial (emitido desde la federación), convocó al encuentro denominado “El gobierno de Guerrero, comprometido con los derechos de las mujeres”, en el que declaró en nombre del gobierno del estado una alerta de género independientemente del dictamen de la Segob. Cabe mencionar que hasta entonces el gobernador se resistía a declarar la AVG. En mayo 2016 al ser cuestionado sobre el tema, había declarado que eso podría crear un gran perjuicio al estado, afectando el turismo, principal fuente de empleos y divisas para los guerrerenses.

No obstante, y a pesar de haberse adelantado, hasta la fecha el gobierno de Guerrero no ha realizado ninguna acción concreta para prevenir o combatir las violaciones hacia las mujeres. Además no ha cumplido con el plazo establecido por la CONAVIM para entregar su plan de trabajo y cronograma. Varias defensoras de los derechos de las mujeres en Guerrero han denunciado la falta de cumplimiento y de interés del gobierno para poner en marcha la alerta. “Lo que pasa es de que en el Gobierno de Astudillo hay un capricho por no aceptar la realidad que existe en Guerrero, en donde la violencia contra las mujeres es algo ya cotidiano, y que no se hace nada para evitarlo y menos para castigar a los responsables», señaló Marina Reyna Aguilar.

Oaxaca – ¿confiar en la alerta?

Hace apenas unas semanas, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) admitió la solicitud presentada por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca hacia la declaratoria de una AVG en Oaxaca. La Defensoría pidió que se garantice la seguridad de las mujeres, tomando en cuenta que desde 2013 hizo público el incremento de los índices de violencia, reportando mil 290 casos en 18 años, con 70 en la actual administración de Alejandro Murat. El proceso inició con la conformación de un grupo interdisciplinario que presentará un informe ante la Secretaria de Gobernación (SEGOB), quien revisará y notificará al Gobierno Estatal lo que se defina, lo que podría tardar hasta cuatro meses.

Movilización contra los feminicidios en Oaxaca © SIPAZ – Archivo, 2013

El coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) reconoció que podrán salir del proceso aprendizajes a nivel nacional por la alta complejidad de la entidad con sus más de 570 municipios y su gran diversidad cultural, “con ciertas zonas donde el arraigo de la violencia hacia las mujeres es determinante y está vinculado a expresiones de conflictos agrarios, interétnicos o interreligiosos”.

En las estadísticas del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, documentado por gobernadores, las cifras muestran una tendencia interrelacionada entre feminicidios, violencia intrafamiliar, violencia sexual, desapariciones y suicidios que han ido incrementando. Ante la declaratoria, esta organización llamó la atención sobre los factores que contribuyen a la violencia de género mismos que dependen mucho del contexto de cada región y sus interrelaciones con otros fenómenos sociales (incluyendo la dimensión migratoria). En su informe 2016, Consorcio planteaba que “el Estado está trabajando, está creando instancias, realizando convenios de colaboración para atender el problema, pero no se trata de atender sino entender para resolver”.

Otro aspecto que se menciona en Oaxaca y que se omite también en las demás AVG, es la ausencia de cobertura a las muertes de las personas de otro género. En 2016, se reportaron 160 muertes violentas de personas transexuales. Más aún que las mujeres, sufren de una violencia física normalizada, de la transfobia y la homofobia como el “odio” hacia las personas con una identidad de género diferente a la asignada o con una preferencia sexual diferente, de parte de la sociedad además de los servicios públicos.

Por una vida libre de Violencia, movilización contra los feminicidios en Oaxaca © SIPAZ – Archivo, 2013

También en Oaxaca, las organizaciones civiles enfatizan otro tema de particular relevancia para todas las AVG, la necesidad de trabajar la prevención en particular con las y los jóvenes. Ello permitiría reducir la violencia física y psicóloga, además de ayudar a las mujeres jóvenes ante la dificultad que tienen de elegir una vida determinada para sí mismas a pesar de las presiones familiares y sociales. También, cabe recordar que “hablar de los derechos de mujeres no significa invisibilizar a los hombres”, plantea Consorcio. De hecho, los hombres también son afectados por la violencia de género contra mujeres, en la medida en que las afectadas pueden ser miembros de su familia. A nivel nacional, organizaciones de mujeres destacan que es importante trabajar con los hombres, invitarles a inventar una nueva masculinidad y a apoyar los derechos de las mujeres.

Una herramienta más

Las AVG no son la panacea, sino una herramienta más para sentar bases y revisar avances. En cada uno de los estados donde se han implementado o están en trámite se están planteando cuestionamientos que podrían permitir diseñar estrategias más integrales, reconociendo que se trata de una problemática estructural compleja con fuertes raíces culturales. Diseñar diagnósticos más finos, bases de datos actualizadas y herramientas de monitoreo y seguimiento, sensibilizar medios de comunicación y trabajar campañas permanentes con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos e interculturalidad dirigidas a la sociedad en su conjunto (con particular énfasis en los sistemas educativos), capacitar y profesionalizar el personal de las instituciones encargadas de la atención, prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, además de garantizar a estas instituciones los recursos necesarios para su buen funcionamiento, seguir adecuando leyes, códigos civiles y penales, etc. son unas de las ideas que se han venido rebajando para que las mujeres en México efectivamente puedan tener acceso a una vida sin violencia y sin miedo.