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En mayo de este año, las organizaciones integrantes de la Red por la Paz en Chiapas y el Colectivo de Análisis e Investigación Kolectiva (CAIK), publicaron un informe fruto de una Misión Civil de Observación al Programa Ciudades Rurales Sustentables (CRS) que se llevó a cabo en octubre pasado. El presente artículo retoma varias partes de dicho informe. Según el planteamiento del gobierno, el Programa CRS tiene como objetivo central: «Concentrar a la población dispersa que habita en pequeñas comunidades marginadas, a un núcleo que no rompa con su entorno respetando su identidad y fortaleciendo su ciudadanía»1. Sin embargo, la MCO pudo comprobar que no se cumple con este objetivo, y argumenta a cambio que el Programa «ha violado y continúa violando el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades a las que ha reubicado y a las que pretende desplazar de su territorio». Además destaca que otros intereses son parte de los motivos para desplazar a la gente de sus comunidades bajo el pretexto de que esto es la única forma de poder mejorar su acceso a servicios básicos o que están viviendo en ‘zonas de riesgo’.
Las ciudades rurales como «respuesta a la pobreza»
El gobierno de Chiapas ve como principal causa de la pobreza la dispersión de la población en un estado que ciertamente ocupa el segundo lugar en grado de marginación a nivel nacional, precedido por Guerrero y seguido por Oaxaca (Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI 2010). El hecho de que las comunidades rurales se encuentren lejos de los centros poblados, según su argumentación, complica el acceso a servicios básicos como luz, agua potable, educación o salud. En respuesta, durante el sexenio del actual gobierno estatal, se desarrolló el Programa Ciudades Rurales Sustentables. En vez de proporcionar estos servicios a la gente en sus comunidades, la población es trasladada hacia los servicios y concentrada en las ciudades rurales. En la mayoría de los casos observados, los pueblos no fueron consultados ni informados de manera correcta, completa y anticipada acerca de este cambio radical en su forma de vida.
Objetivos del Milenio en la constitución de Chiapas
El Programa CRS cabe dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que fue impulsado por las Naciones Unidas desde el año 2000. Los ODM priorizan el combate la pobreza extrema. A pesar de que existen cuestionamientos respecto a los ODM – siendo el más importante que no se puede homogeneizar las necesidades de los diferentes pueblos en el mundo – en julio de 2009, el Congreso del Estado de Chiapas incluyó a los ODM en su Constitución. En el caso de Chiapas, se ha observado que por lo mismo se ha generado una distorsión al buscar mejorar índices específicos sin atacar el carácter estructural de la pobreza (por ejemplo, el caso de la mortalidad materna como lo ha ilustrado la investigadora Graciela Freyermuth).
Ciudades Rurales Sustentables en Chiapas
Actualmente existen siete CRS en diversas etapas de planeación, construcción o habitación en Chiapas. Las dos ciudades rurales ya habitadas son Santiago el Pinar y Nuevo Juan del Grijalva2. En septiembre del 2009 el presidente de la República, Felipe Calderón, inauguró la «primera ciudad rural sustentable del mundo»: Nuevo Juan del Grijalva . La segunda ciudad rural, Santiago el Pinar, en los Altos de Chiapas, también fue inaugurada por Calderón, en abril del 2011. Existen dos ciudades rurales en etapa de construcción, llamadas Ixhuatán y Jaltenango; y dos villas rurales sustentables Jitotól y Emiliano Zapata. Otra CRS en etapa de planeación -Soconusco- se ubicaría en la Costa. Existe información contradictoria acerca de la posibilidad de construir una CRS en Copainalá, aunque se puso oficialmente la primera piedra.
Violaciones a los derechos humanos por el Programa CRS
El informe de la Misión de Observación afirma que varios derechos humanos son violados por el Programa CRS resultando en una violación general del derecho a la libre determinación. Varios testimonios apuntan a que, en el planteamiento de reubicación, los funcionarios usaban tanto promesas como amenazas de retirar todos los apoyos a las comunidades si no aceptaban la reubicación. Esta presión ha provocado que mucha población finalmente acceda a trasladarse a las ciudades rurales dado que termina viéndose como su única alternativa.
Dicho traslado ha implicado un cambio radical de modo de vida que debilita la soberanía alimentaria que mal que bien la mayoría podían mantener en sus comunidades de origen: «En la ciudad hay que comprar todo», resumía una persona entrevistada por la Misión de Observación. Por su parte, el Relator Especial de las Naciones Unidades sobre el Derecho a la Alimentación, tras su visita a Santiago el Pinar y Nuevo Juan del Grijalva en junio de 2011, notó que el Programa CRS no mejora la situación alimenticia de los y las habitantes y alentó a que se realizara «una evaluación independiente y comprensiva de las experiencias de Nuevo Juan de Grijalva y Santiago el Pinar antes del establecimiento de poblados nuevos con el mismo modelo»3.
En las diferentes etapas de desarrollo del Programa, las personas directamente afectadas no fueron consultadas sobre cómo querrían vivir en sus nuevas localidades. Acerca del tipo de casas, por ejemplo, mencionaron personas de Nuevo Juan del Grijalva: «A nadie pidieron opinión, vinieron expertos de la ciudad de México y ellos lo planearon». Al final, se les proporcionó solares relativamente pequeños, las casas son de seis por siete metros (por si fuera poco de material preconstruido con poca resistencia a la lluvia) para familias a veces bastante grandes. Personas de la comunidad de Sayula – desplazados a Nuevo Juan del Grijalva– destacaron: «el gobierno nos dijo que nos daría una mejor casa más grande, más cómoda pero son un nido de ratas.» En sus comunidades, estaban acostumbrados a cocinar con leña, sin embargo, las casas en la CRS no cuentan con una cocina separada por lo que cocinar con leña implica un peligro.
En cuanto al derecho a la tierra, la ciudad rural generalmente queda a muchas horas de viaje de la comunidad de origen. Por falta de opción laboral, no obstante, los hombres viajan a trabajar sus tierras de origen, quedándose una semana o dos allí para no tener gastos de transporte demasiado altos. Esta situación genera además fragmentación familiar. En algunos casos, el traslado a la ciudad rural ha implicado la pérdida de los títulos de las parcelas. A los habitantes de Nuevo Juan del Grijalva, por ejemplo, se les prometió una indemnización por perder su tierra tras el derrumbe de un cerro en el 2007. Sin embargo, nunca recibieron el dinero e incluso algunas personas fueron encarceladas por protestar ante esta situación. Parte de estas tierras fueron expropiadas por la CFE, la cual empezó a trabajar en ellas, posiblemente en una nueva represa4.
La violación al derecho al trabajo está relacionado al derecho a la tierra, ya que las y los campesina/os están acostumbrada/os a vivir de ella. En sus nuevas localidades no tienen espacio para seguir trabajando de esta manera. Parte integral del Programa CRS, según sus objetivos, es proporcionar empleo para sus habitantes. Sin embargo, las opciones existentes no generan suficientes ingresos para sostener a las familias, ni existen suficientes puestos de empleo para todas las personas. Tanto la granja gallinera como el invernadero para flores en Santiago el Pinar, o la planta de lácteos en Nuevo Juan del Grijalva generan tan pocos recursos que la gente se ve obligada a regresar a sus tierras para seguir sembrando o a buscar otras opciones afuera de las CRS. Como mencionó un habitante de Nuevo Juan de Grijalva: «el gobierno nos prometió mucho trabajo, empleo y todo eso. Pero lo que pasa es que hasta hoy no tenemos empleo».
Hasta en los aspectos céntricos del programa (el acceso a los servicios) se escucharon críticas por parte de los supuestos beneficiarios. Varios comentaban por ejemplo que la cercanía de un hospital no garantizaba la calidad de los servicios que provee. En un artículo del semanal Mirada Sur (5 de marzo de 2012), se dibuja un panorama todavía más desolador de Santiago el Pinar que lo que se pudo observar durante la Misión. Plantea que para esas fechas, de los más de dos mil habitantes que habitarían la CRS, sólo 10 familias habían estado haciendo. En entrevista, Domingo Gómez Gómez, síndico municipal de Santiago El Pinar, informó que no estaba funcionando la planta de agua potabilizadora por lo que no había agua. Por las deudas que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE, más de un millón 600 mil pesos), no había luz. Con eso, el hospital no funcionaba las 24 horas y tampoco tenía agua potable.
Intereses económicos y políticos ocultos detrás del Programa CRS
Detrás de los objetivos oficiales de desarrollo social y económico de la población marginada, se encuentran intereses económicos de empresas nacionales e internacionales e intereses políticos del gobierno en el desalojamiento de las tierras, argumentan las organizaciones que forman parte de la MCO.
Minería y Energía eléctrica
© CIEPAC, A.C.
El creciente número de concesiones otorgadas a empresas mineras canadienses, estadounidenses e inglesas en territorio mexicano es un dato relevante en el contexto del Programa CRS. En los últimos dos sexenios se han otorgado un aproximado de veintiocho mil concesiones en México con un contrato de cien años de duración. Un boletín del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), de diciembre de 2008, destacó: «desde la óptica del gobierno y de las empresas, las Ciudades Rurales pueden «solucionar» el qué hacer con miles de familias que serían desplazadas de sus tierras forzosamente para dar lugar a la extracción mineral y/o a las represas que tendrían que construirse para satisfacer las necesidades de las mineras»5. Por ejemplo, en el caso de Ixhuatán, la zona de interés minera es la misma que la de construcción de la ciudad rural. Los habitantes de Nueva Esperanza, que serán desplazados a Ixhuatán, comentaron en detalle a la MCO sobre el trabajo que realiza la minera y cómo ésta involucra al ejido para que le permita trabajar libremente: «Entraron, empezaron a barrenar, cuando ellos estaban barrenando le dieron 200 mil al ejido. […] Son extranjeros, de Canadá». El desplazamiento de la población podría dar paso a la empresa minera canadiense Cangold Limited que además podría convertirla en mano de obra barata.
Por otra parte, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció en julio de 2010 sus planes de construir una nueva represa hidroeléctrica sobre el río Grijalva, llamada Presa Copainalá o Chicoasén II. Para compensar a las comunidades que se tendrían que reubicar se ha planeado instalar clínicas y escuelas. En el caso de Nuevo Juan del Grijalva, las personas fueron reubicadas en la ciudad rural tras el derrumbe de un cerro en el 2007. Sin embargo, existen fuertes sospechas6 de que el derrumbe no fue causado por las lluvias sino que fue provocado con dinamita para poder responder a intereses económicos en la región. Poco tiempo después del derrumbe, la CFE construyó en la zona dos túneles de desfogue para generar electricidad, según testimonios de las y los habitantes.
Reconversión productiva y agrocombustibles
El proyecto Reducción de las Emisiones producto de la Deforestación y la Degradación ambiental, REDD Plus (REDD+) está relacionado al Programa CRS ya que los habitantes son alentados a una reconversión productiva de tal forma que dejen de producir sus propios alimentos. Por ejemplo en el caso de la planeada CRS de Copainalá, el gobernador Juan Sabines pidió a los productores agrícolas apostarle a los cultivos alternativos como la siembra de piñón – que se usa para producir biodiesel. En el municipio de Acapetahua, donde será construida la ciudad rural de la región del Soconusco, se encuentra la mayor superficie de producción de palma africana del estado, producto que igualmente sirve como agrocombustible. Respecto a este tema, señalaba la Sociedad Civil Las Abejas en septiembre de 2010 que el gobierno «ya no quiere que sembremos la milpa y otros alimentos ancestrales, sino palma africana y pino piñonero; con la milpa y el frijol nos alimentamos; palmas y piñones producen biocombustible para alimentar a los carros»7.
Los intereses ‘ecológicos‘ de los planes de desarrollo federal y estatal implican que las comunidades que viven dentro de las reservas sean reubicadas o no utilicen las tierras para actividades agropecuarias. Comunidades en la Biosfera de El Triunfo, por ejemplo, se ven obligadas a reubicarse en la CRS Jaltenango porque el gobierno chiapaneco entró al mercado de bonos de carbono con esta reserva ecológica.
Contrainsurgencia
El periodista Hermann Bellinghausen plantea que «la creación de estos «polos» urbanos es promovida por empresas de gran calado en el universo consumista: Televisión Azteca, su empresa de menudeo y enganche bancario Elektra, Telcel, Coppel, una cadena de tiendas «de conveniencia», los mayores consorcios de pinturas y cemento»8. Afirma además que el Programa CRS «cumple una función en la contrainsurgencia sistemática que se desarrolla en las comunidades indígenas del sureste mexicano para desarticularlas y expulsarlas de sus territorios». Durante el Foro «Exclusión… inclusión neoliberal», convocado por centros universitarios y de investigación en mayo, Marcos Arana, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, emparentó el proyecto con las aldeas estratégicas implementadas en 1962 en Vietnam para desmantelar las comunidades y sus vínculos con la tierra y la colectividad. En el caso de Santiago el Pinar, la ubicación presumiblemente responde también a intereses políticos. En 1999, el gobierno creó este municipio para contrarrestar la creciente presencia del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la zona. La CRS está ubicada en este mismo municipio, cerca del caracol zapatista de Oventic y de los municipios autónomos de San Andrés Sakamch’en de los Pobres y de San Juan de la Libertad.
Movilizaciones en contra de los «proyectos de muerte» y de despojo
Como se menciona arriba, el Programa CRS desde el principio ha recibido fuertes críticas por parte de la sociedad civil organizada. El 19 de noviembre de 2010, por ejemplo, más de mil católicos de 11 municipios de los Altos de Chiapas realizaron una peregrinación en San Cristóbal de las Casas para manifestar su oposición a la explotación minera y a la construcción de presas y de ciudades rurales, proyectos que consideran como «proyectos de muerte».
Por otra parte, tras el Foro Regional por la Defensa de los Derechos Humanos realizado en San Cristóbal de Las Casas en diciembre de 2011, las y los participantes se pronunciaron en contra «de la continuidad de la política de construcción de ciudades rurales, porque afectan las formas tradicionales de producción y formas de vida de la población local, además de no aportar al mejoramiento en el acceso a servicios, como ha sido pretextado». Señalaron que esta política de reubicación que se da con las ciudades rurales, «es una forma velada de desplazamiento forzado a favor de intereses económicos ajenos a las comunidades».
Además, hace casi dos años, en agosto de 2010, en un comunicado de la parroquia de San Pedro Chenalhó, creyentes de dicha parroquia expresaron su rechazo frente a la posible construcción de una ciudad rural en su municipio. En el comunicado aclararon: «Nos preocupa que el proyecto de las ciudades rurales se imponga y no se le consulte al pueblo si está de acuerdo o no. […] Nos lleva a la conclusión de rechazar definitivamente la construcción de las ciudades rurales. Porque está claro que este plan es para que abandonemos nuestras tierras y que empresas trasnacionales las ocupen y una vez que estemos concentrados nos puedan controlar y obligarnos a sembrar otros cultivos que ya no van a ser la milpa, el frijol, etc. «
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- De la tierra al asfalto, Informe de la Misión Civil de Observación de la Red por la Paz Chiapas y CAIK al Programa de Ciudades Rurales Sustentables, 2012 (Volver…)
- CIEPAC, Ciudades Rurales en Chiapas: Despojo gubernamental contra el campesinado, Segunda parte, 31 de diciembre 2008 (Volver…)
- Estas sospechas se basan en los testimonios de las personas de la zona obtenidos durante la MCO y en un estudio realizado por la Liga Mexicana de Derechos Humanos (LIMEDDH). (Volver…)
- Chiapas: apertura de nueva Ciudad Rural Sustentable en Los Altos (Volver…)
- Adiós a la tierra, La Jornada Suplemento Ojarasca (Volver…)
