L os asesinatos de las periodistas Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olvera, ocurridos el 9 de mayo de 2022 en Veracruz, así como el de Luis Enrique Ramírez Ramos, periodista y analista político quien fuera secuestrado y asesinado apenas cuatro días antes en el norte del país, hicieron ascender a 11 el saldo de comunicadores ejecutados en México en lo que va del año 2022.

La delegación de la Unión Europea (UE) y las embajadas de sus Estados miembros en México, así como las de Noruega y Suiza condenaron estos asesinatos: “Los hechos ocurridos en menos de una semana reflejan una vez más el muy grave grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas en México”, señalaron los representantes diplomáticos.

Human Rights Watch (HRW) dijo por su parte, que es urgente la implementación de medidas que fortalezcan el mecanismo de protección federal, cesar el hostigamiento a periodistas que critican al gobierno y que se ponga fin a la impunidad “casi absoluta” de estos crímenes. Tyler Mattriace, investigador para las Américas de HRW aseguró que “este año va en camino a convertirse en el más letal de la historia para los periodistas en México” y que “el presidente López Obrador no sólo no ha abordado la violencia contra la prensa, sino que además sigue utilizando sus conferencias mañaneras para hostigar e intimidar a periodistas”. El “teatro” de orden público que representan los mensajes de “Cero impunidad”, “no garantiza que habrá justicia por los asesinatos”, afirmó la organización.

México, uno de los países más mortíferos en el mundo

Varias fuentes lo recalcan: México es uno de los países más peligrosos del mundo para periodistas. El país sigue en el 143º lugar de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa (2021), sin cambios respecto al año anterior. Ciertamente ha mejorado su clasificación en los últimos años ya que, en 2013, ocupaba el lugar 153. Pero la puntuación de México, según Reporteros Sin Fronteras (RSF), aumentó a 46,71 en 2021 (45,45 en 2020), lo que implica un empeoramiento de la situación de la libertad de expresión que se debe a un aumento de agresiones y un ambiente más hostil para personas periodistas.

La descripción de la situación en el país publicada en la página del organismo alerta: “Patria de los cárteles de la droga, México sigue siendo uno de los países más mortíferos del mundo para los medios de comunicación. (L)os periodistas (…) padecen intimidaciones, agresiones, pueden ser asesinados a sangre fría. Numerosos periodistas han desaparecido en el país; muchos otros se han visto obligados a exiliarse para ponerse a salvo.”

Cobertura de asuntos de corrupción y política, los temas más peligrosos

En 2021, los temas detrás de las agresiones contra periodistas fueron la corrupción y la política con 285 casos (un 44,25% del total), según el informe 2021 “Negación” de Artículo 19. La cobertura de asuntos vinculados a seguridad y justicia, conocidos coloquialmente como “nota roja” en México, figura en segundo lugar con 155 casos (un 24% del total). Cubrir temas como derechos humanos, protestas, movimientos sociales, y defensa de la tierra y el territorio representan el tercer, cuarto y quinto lugar.

“Lo que pasa en México es terrorífico, vuelve a ser el país con más muertos en un año, aunque es un país en teoría en paz”, explicó el secretario general de Reporteros sin Fronteras, Christophe Deloire, coincidiendo con la publicación de su balance anual 2021. “Los periodistas que investigan sobre el narcotráfico, sobre los bajos fondos de una clase política corrupta, son asesinados con más frecuencia que en otros países. Es siniestro”, añadió.

Según Artículo 19, reportear sobre asuntos de seguridad, aumenta el riesgo de ser víctima de la delincuencia organizada (33 de las 42 agresiones fueron perpetradas por estos grupos) y de las fuerzas de seguridad civiles (52 de 110). En este sentido, los periodistas que se ocupan de estos temas son más propensos a sufrir amenazas de muerte (15 de 36 casos), detenciones arbitrarias y privaciones de la libertad (13 de 33 casos) y a ser asesinados, pues cuatro de las siete periodistas ultimados en 2021 cubrían asuntos de seguridad y justicia. Entre agresiones e impactos, no es de sorprender que el miedo a ser agredidos ocasiona que sobre todo periodistas que cubren temas de seguridad y justicia se autocensuren para evitar mayor riesgo.

Impunidad e incremento de la violencia

A pesar de que recientemente se han producido algunos avances, México continúa enfrentando un grave problema de impunidad. RSF considera que la colusión de las autoridades y los políticos con el crimen organizado y empresas nacionales y transnacionales amenaza gravemente la seguridad de los actores de la información y obstaculiza el funcionamiento de la justicia del país a todos los niveles. Cuando los periodistas investigan temas molestos para el gobierno o relacionados con el crimen organizado -especialmente a nivel local-, pueden sufrir amenazas e intimidaciones, e incluso pueden ser asesinados, afirma la organización.

La llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en diciembre de 2018, no parece haber logrado frenar ni la espiral de violencia contra las personas periodistas ni la impunidad, la impunidad (oscilando entre 91 y 98% según las fuentes), siendo factor que justamente nutre dicha espiral.

Artículo 19 documenta que, en 2021, en México, se registró una agresión contra la prensa cada 14 horas, con un total de 644 ataques registrados en todo el año. A lo largo de 2021 siete periodistas fueron asesinados. En los tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se sumaron 1.945 ataques contra la prensa, entre los cuáles se encuentran 30 asesinatos de periodistas y dos desapariciones. Esto representa “casi un 85% más de ataques contra la prensa que los primeros tres años del anterior mandatario, marcando el periodo más violento contra la prensa del que se tenga registro”, indica el informe 2021 de Artículo 19.

Negación e invisibilización

El mismo informe destaca que en 2021 “se consolidó la tendencia a negar e invisibilizar problemáticas relacionadas con los derechos humanos desde el discurso público.” El presidente mexicano ha minimizado los asesinatos de periodistas, afirmando que fueron solamente un porcentaje insignificante de los asesinatos que México vive todos los días, lo cual, si bien cierto, no acaba de ser un consuelo.

Es importante subrayar que, en 2021, las personas funcionarias públicas fueron el principal agresor contra periodistas y medios de comunicación, como viene sucediendo desde 2009, año en que Artículo 19 inició el registro de atentados contra la prensa en México. Así, de los 644 ataques de 2021, el Estado mexicano estuvo involucrado en por lo menos 274 de ellos (42,55%), a través de funcionarios públicos, fuerzas de seguridad civiles (policía, guardias, etc.) y fuerzas armadas (Guardia Nacional, Ejército, Marina, etc.). Es decir, las autoridades mexicanas están directamente vinculadas a dos de cada cinco agresiones contra la prensa.

Estigmatización y criminalización

El 1º de febrero de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado al gobierno mexicano a reconocer la crisis de violencia que atraviesa el periodismo en México. Asimismo, pidió suspender el espacio “Quién es quién de las mentiras”, al que calificó como un “espacio totalmente extraño a los estándares democráticos de libertad de expresión” que “enrarece los mensajes firmes que se deben escuchar de respaldo a la labor periodística y de rechazo a la violencia contra periodistas”. El presidente mexicano negó que hubiera una relación entre el aumento de la violencia contra periodistas con lo que se dice sobre éstos en sus conferencias, lo cual señaló como una “especulación incorrecta”. AMLO declaró: “Son muy pocos los periodistas que están cumpliendo con el noble oficio de informar”. Artículo 19 documentó además que, en 2021, durante las conferencias matutinas del presidente “por lo menos en 71 ocasiones, un promedio de casi seis ocasiones al mes, el propio titular del Ejecutivo Federal u otros integrantes del gobierno denostaron a la prensa”. Según la misma fuente, el 40% de los dichos verificables del presidente no fueron verdaderos: 34% mezclaron información verídica con otra equivocada y 17% fueron totalmente falsas. En este sentido AMLO contribuye a gran parte a un ciclo de falsas informaciones y estigmatizaciones, según el informe “Negación”.

Por otro lado, el informe indica que existe una brecha de información en México tanto por la falta de cobertura de internet, sobre todo en las regiones rurales, como por monopolizar medios de comunicación cuando el 33% del total del gasto en publicidad oficial se invierte en únicamente tres medios (La Jornada, Televisa y TV Azteca) lo cual reduce la diversidad de opciones y opiniones al privilegiar a unos pocos.

Exigencias de mejorías

En lo que va del año de 2022, ha habido varias veces manifestaciones en todo el país para demandar justicia y un alto a la violencia contra los periodistas. Debido a su preocupación por el aumento de dicha violencia y la alta impunidad en México, el Parlamento Europeo pidió en marzo a las autoridades mexicanas “medidas para garantizar la protección y la creación de un entorno seguro para los periodistas y los defensores de los derechos humanos, haciendo frente a la corrupción generalizada y las deficiencias en los sistemas judiciales, que provocan altas tasas de impunidad en estos crímenes.” Además, mencionó que “el Parlamento observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano contra los periodistas y su labor.” Los Europarlamentarios advirtieron que “la retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes” y pidieron al gobierno mexicano “abstenerse de cualquier comunicación que pueda estigmatizar a los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación.”

En respuesta, el presidente mexicano declaró: “Basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación.” No es ni mucho menos la primera vez que el discurso del presidente se refiere a las supuestas “fuerzas conservadoras” en el país que, considera, quieren atacar a su gobierno y representan una amenaza para la democracia. En estos grupos también ha incluido a grupos de la sociedad civil, como por ejemplo colectivas feministas, defensores de derechos humanos, entre otros. Además, el presidente manifestó en su comunicado al Parlamento Europeo: “Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice.”

De esta manera negó las violaciones a la libertad de expresión y de los derechos humanos por el Estado mexicano en fuerte contraste con informes que han venido publicando organizaciones nacionales e internacionales sobre este tema. Las reacciones ante el comunicado de Presidencia no se hicieron esperar, varios medios de comunicación, funcionarios, académicos y la sociedad en general, lamentaron la falta de diplomacia y profesionalismo del escrito, muchos incluso pensaron que se trataba de una broma y algunos hasta ofrecieron disculpas al Parlamento Europeo por el discurso que el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó haber redactado.

Un Mecanismo de Protección: reforma urgente y necesaria

“México tiene organismos oficiales para la protección de periodistas, bien con medidas activas, bien a través de una Fiscalía especial para crímenes contra ellos. Pero en realidad es sólo una gran burocracia muy ineficaz (…) que se habitúa a esa situación y hace poco para evitarlo”, lamentó el secretario general de RSG, Chistophe Deloire. Consideró una “hecatombe” la situación de la prensa en el país y pidió a las autoridades medidas radicales para ponerle fin.

Desde 2012, México aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y estableció un Mecanismo de Protección de carácter federal. Dicho Mecanismo ha buscado concretar respuestas ante la falta de atención por parte de las autoridades incluyendo las omisiones de las fiscalías a la hora de dictar medidas cautelares ante situaciones de riesgo. Sin embargo, como ya se ha mencionado, las agresiones en contra de periodistas y personas defensoras continuaron e incrementaron. De 2017 a 2021, 7 periodistas que contaban con medidas del Mecanismo federal fueron asesinados, según Artículo 19. Entre 2018 y 2021 de los 540 periodistas incorporados al Mecanismo federal de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, 341 sufrieron a pesar de ello algún tipo de agresiones, según la propia Secretaría de Gobernación.

En 2020 el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, afirmó que “el Mecanismo no tiene dentro de sus atribuciones implementar directamente acciones de prevención del delito, no investiga delitos ni le corresponde abatir la impunidad. Tampoco cuenta con atribuciones para erradicar la violencia en las entidades federativas.” Este mismo año el Espacio OSC hizo un llamado a aprobar una reforma de la Ley, y a inicios de 2022 empezaron diálogos regionales para impulsar una nueva ley de protección. Encinas destacó que se pondrá especial énfasis “en la definición de las competencias porque en muchos de los casos son las propias autoridades las causantes de las agresiones. (…) debe de ser una política de Estado, que involucre a las autoridades de los tres órdenes de gobierno.” No obstante, periodistas y activistas expresaron dudas hacia la iniciativa de la reforma de la ley, en particular si va a poder cumplir con las promesas de prevenir e investigar delitos.

Las mesas de trabajo que se han realizado en varias geografías del país pueden ser una oportunidad para afinar diagnósticos, revisar necesidades, desarrollar una política pública de protección integral para garantizar el ejercicio de libertad de expresión de las y los periodistas, así como para combatir la impunidad de las agresiones contra la prensa y garantizar el derecho a la verdad, entre otros aspectos. Reconocer la existencia del problema es primer paso imprescindible.