COYUNTURA: México 2008, ¿turbulencias en el horizonte?
29/02/2008
COYUNTURA: México – Carestía y pobreza, las principales preocupaciones
29/08/2008
«Algunos indígenas se han levantado en armas [Chiapas, 1994]. Nosotros nada más levantamos la voz y todavía es un delito para el gobierno»
(Xochistlahuaca, Guerrero)
De acuerdo con indicadores socioeconómicos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), Chiapas, Oaxaca y Guerrero conforman el triángulo de la pobreza extrema del país. Lamentablemente no es el único rasgo que asemeja a estos tres estados, también lo son la discriminación, el racismo, la impunidad, la militarización y las violaciones reiteradas a los derechos humanos.
Con este punto de partida, desde 2004, el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) ha ampliado su trabajo iniciado en 1995 en Chiapas hacia los estados vecinos de Guerrero y Oaxaca. En Chiapas aprendimos que la atención internacional puede disminuir la violencia directa y generar una presión sobre los gobiernos estatal y federal por el costo político de la represión.
Después de varias visitas de integrantes de SIPAZ a Guerrero en los últimos tres años, decidimos abrir a otras personas la posibilidad de conocer más de la realidad de este estado y, en base a ello, poder tomar cartas en el asunto. Así, del 7 al 14 de marzo de 2008, SIPAZ coordinó una delegación internacional que recorrió Guerrero. Participaron representantes de 11 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de Estados Unidos, Austria, Francia, Suecia, Suiza y América Latina, con amplia experiencia en temas de derechos humanos, paz y conflictividad social.
Aunque no cubrimos la totalidad del estado, pudimos observar tendencias preocupantes: la persistencia de graves violaciones a los derechos humanos, así como el riesgo de la agudización de la violencia ante la impunidad, la militarización y la criminalización de la protesta social prevalecientes.
Primer eje de preocupación: ¿»criminalización de la protesta social»?
Aunque las instancias gubernamentales con las que nos entrevistamos no aceptaron el señalamiento de criminalización de la protesta social, en las entrevistas que sostuvimos con organizaciones sociales, sus integrantes usaron reiteradamente esa expresión. Nos hablaron de detenciones reiteradas e incluso masivas durante o después de manifestarse u órdenes de aprehensión contra sus líderes. En La Parota, por ejemplo, abundaban los testimonios en este sentido: «Algunos de nuestros compañeros estuvieron en la cárcel. Nosotros estamos defendiendo lo nuestro, nuestros derechos humanos. Eso ha sido nuestro gran delito».
Un representante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa nos compartió: «El 14 de noviembre, estábamos en defensa de nuestros derechos en un plantón frente al Congreso, que fue desalojado. Se supone que íbamos a tener una reunión con los diputados. Pero enviaron las fuerzas represoras. (…) El 30 de noviembre se dio la segunda represión. Estábamos en la casita de la Venta, volanteando sobre los problemas que teníamos. Nos mandaron también cuerpos represores. Nos estábamos retirando de la caseta. Al mismo tiempo, ellos iban avanzando. Nos agarraron, nos golpearon y nos llevaron a la procuraduría. Nos detuvieron por ataques a la vía de comunicación, motín y robo».
Por su parte, un integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) nos planteó el marco en el que se dieron estas represiones: «Uno de los antecedentes es que Lucio Cabañas (líder de un ex grupo guerrillero en Guerrero) estudió en esta Escuela. Antes de la represión, el secretario de educación vinculaba ya a los estudiantes de Ayotzinapa con los grupos guerrilleros. Eso fue una declaración muy delicada. A partir de ahí, la vigilancia y la represión han sido constantes. Se nos libraron órdenes de aprehensión. De hecho, casi todos los luchadores sociales en Guerrero tienen orden de aprehensión: por motín, sabotaje, ataques a las vías de comunicación, sedición como si fuéramos terroristas».
El presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (CODDEHUM), Juan Alarcón Hernández, señalaba: «Les llaman delincuentes a los defensores de Derechos Humanos. De acuerdo a la Constitución y a los convenios internacionales, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. El gobierno quiere reprimir para intimidar y acabar con los movimientos sociales. Las organizaciones civiles protestan, hacen manifestación. Las organizaciones sociales tampoco han sido tan efectivas y han incurrido en excesos».
El Secretario General de Gobierno, Armando Chavarría enfatizaba por su lado: «Somos un gobierno democrático, emanado de la voluntad popular de los guerrerenses, (…) y hemos procurado conducirnos con un trato respetuoso hacia los ciudadanos. El problema es cuando en aras de una lucha se violentan los derechos de unos terceros, nos encontramos en la encrucijada, en la disyuntiva del qué hacer. En casos excepcionales, hemos tenido que aplicar la ley, incluso con el auxilio de la fuerza pública. Lo quiero mencionar para que entiendan las circunstancias. Siempre hemos colocado por delante una política de diálogo».
Espacios de diálogo: versiones encontradas
Se presentan versiones encontradas nuevamente en cuanto a espacios de diálogo se refiere. El Secretario General de Gobierno afirmaba en su reunión con nuestra delegación: «En esta misma mesa, hemos sostenido cientos de reuniones con organizaciones sociales. Siempre hay una disposición de llegar a un acuerdo. Que tengamos puntos de vista distintos, sí. No nos crea ningún problema. Entendemos el malestar de la gente». Las organizaciones sociales en cambio señalan la cerrazón del gobierno frente a sus demandas.
En el caso de la Parota, en el marco de una asamblea realizada en la zona en agosto de 2007, se firmó un convenio entre el CECOP (Consejo de Ejidos y Comunidades en Oposición a la Parota) y las autoridades de Cahuatepec ratificando el «no» a la construcción de la presa hidroeléctrica. Sin embargo, al día siguiente, dichas autoridades no quisieron ratificarlo. Según integrantes del CECOP, «Desde esta fecha, el gobierno no quiere reconocer esta asamblea y hace como si nunca hubiera existido. Propone a cambio una nueva consulta con el apoyo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y de la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos). La asamblea de agosto tiene validez jurídica, algo que no acepta el gobierno».
Otro representante del CECOP completaba: «A estas alturas, quién va a creer que van a hacer una encuesta de a de veras. Los que pueden decidir, y ya lo dijimos («no se hace»), somos los campesinos. Ayer se anunció que se iba a hacer una auditoría a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para saber cuánto gastó en su intento de imponer el proyecto de la Parota. Han hecho caminos y regalado medicinas, lo cual no es su papel. Siguen dando apoyos todavía, sembrando arbolitos en lugares que, para construir la presa, estarían llenando de agua. Antes no había para ninguno. Ahora de repente, nos quieren «ayudar» y si uno se opone, lo empiezan a perseguir. Encarcelaron a varios. Hubo dos muertos. No vamos a permitir ni un muerto, ni un encarcelado más».
Telón de fondo: impunidad y militarización
«No se han denunciado todas las violaciones (a mujeres) porque no hay garantías de que prospere un juicio y todavía menos de que se dé una sanción«
(Organización de los Pueblos Indígenas Me’phaa OPIM, Ayutla)
Frente a los cuestionamientos en cuestión de derechos humanos, el gobierno del estado señala la dificultad para proceder en ausencia de denuncias penales. El Secretario General de gobierno insistía en este sentido: «He pedido a las ONGs y a las organizaciones sociales que se presenten las denuncias correspondientes. Hasta este momento lo que tenemos no son denuncias por la vía legal sino declaraciones ante los medios de comunicación señalando que hay violentación, que hay maltratos, que hay una actitud inadecuada. (…) Pero reitero: no tenemos elementos para la actuación. (…) Ciertamente, seguro y ha habido en algunos momentos violentaciones a los derechos humanos. Ningún país se escapa a esta situación. Sin embargo, cuando la CODDEHUM o la CNDH nos han enviado recomendaciones, hemos respondido».
Del otro lado, varias organizaciones sociales nos hablaron del contexto de impunidad desde la «guerra sucia» (60s y 70s) a la fecha, por ejemplo en el caso de las desapariciones forzadas. Según Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, «desde los 70s, la lucha armada trajo una carga de más de 500 desparecidos en el estado. Es una herida que no se ha podido cerrar y un factor que pesa hasta la fecha».
Esta situación de impunidad no se ve como parte del pasado al denunciar las violaciones de mujeres por parte del Ejército en la zona de Ayutla (casos que se presentaron en el 2002 y que siguen sin solución hasta hoy). Frente a ello, y al descrédito de las instancias estatales de administración de justicia, muchas víctimas optan por dejar de denunciar legalmente, se mantienen a nivel de la denuncia frente a la opinión pública o acuden a otras instancias (en lo federal o internacional).
Otro factor también muy señalado por los actores sociales es la fuerte militarización, bajo el argumento de la lucha contra el narcotráfico. Según algunas organizaciones sociales, se trata de un mero pretexto. Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, enfatizaba: «La Montaña de Guerrero es el primer lugar de siembra de amapola en el país. Guerrero es uno de los estados más militarizados, más narcotizados, más violentos y más empobrecidos del país. Pero en las respuestas gubernamentales, predomina una visión militarista y de seguridad. La violencia se ha venido normalizando y sigue dando una «justificación» para ejercer «violencia del estado». El gobierno no está atendiendo las causas estructurales detrás de la narcoviolencia. Recurren al «orden del fusil» cuando el problema no se resuelve por ahí».
En su declaración final, la delegación internacional concluía también «las autoridades deben reconocer que la solución a esta grave problemática radica en la creación de oportunidades de trabajo que permitan a la gente vivir de manera digna».
Extrema pobreza: tampoco puede ser una excusa
A lo largo de nuestro recorrido, presenciamos y escuchamos de la situación de extrema marginación económica, política y social en la que se encuentra gran parte del estado, principalmente en las zonas de mayor presencia indígena. De particular preocupación son los temas de salud, educación, alimentación, vivienda y empleo digno. Como ejemplo, el 96% de la población indígena en Guerrero no tiene acceso a servicios adecuados de salud por falta de hospitales adecuadamente equipados y con personal cualificado: la Montaña cuenta con un hospital general y dos ambulancias para atender a alrededor de 400.000 personas. Aún reconociendo los retos que implica la pobreza, no podemos aceptar que el gobierno del estado explique la falta de promoción y defensa de los derechos humanos debido a este problema.
Frente a la pobreza, muchos guerrerenses consideran la migración como la única opción de sobrevivencia, lo cual no llega a ser una solución. Guerrero ocupa el primer lugar por estados en migración interna (dentro del mismo país) y el quinto lugar en cuanto a la migración internacional.
Muchos ya saben de los riesgos de una migración ilegal a Estados Unidos, tan sólo al intentar cruzar la frontera como ya en la vida allá. Sin embargo sigue siendo un fenómeno muy fuerte: aproximadamente 73.000 guerrerenses emigran cada año a Estados Unidos. Más de 950.000 guerrerenses radican en Estados Unidos, entre ilegales y regularizados.
Escuchamos testimonios sobre las condiciones infrahumanas en las que viven los jornaleros agrícolas que acuden a trabajar temporalmente a los estados del Norte de México. Por ejemplo, en Chiepetepec, un ex jornalero nos comentaba: «Allá aunque es difícil, no se muere uno de hambre como acá. Aquí si uno no muere de hambre, muere de enfermedad porque no hay dinero. Allá poco pagan. Nos tratan mal. Insultos y maltratos, sí hay. La empresa no cumple con sus obligaciones. Por ejemplo, de salud mandan a un doctor pero no hay medicamentos. (…) A veces me duermo dos horas en la noche. A veces como una vez al día. Es muy difícil, pero es bueno también, porque de ahí salimos más o menos de la pobreza. Gracias a Dios, trajimos dinero y compramos terreno (en Chiepetepec) y construimos una casa».
Riesgos de agudización de la violencia y a pesar de todo, construcción de alternativas
Finalmente, debido a la experiencia de gran parte de la delegación en Chiapas y Oaxaca, salimos de Guerrero con temor de que el cierre de espacios de diálogo pudiera llevar a los actores sociales a opciones violentas de lucha. En la totalidad de los casos se han señalado divisiones, polarización y deterioro del tejido social. Incluso recibimos denuncias de actividades paramilitares en Ayutla de los Libres: «En las comunidades hay gente de civil que busca dividir. Son gentes indígenas también. El gobierno busca estas divisiones para decir que entre ellos están peleando y que por eso el gobierno tiene que intervenir. Ya hay muchos problemas con grupos paramilitares».
La delegación expresó preocupación frente al riesgo de que las luchas de poder y la conflictividad en general pudieran incrementarse en el contexto electoral de este año. Concluyó: «no consideramos como una situación ajena a nuestras realidades lo que pasa en Guerrero. Nos sentimos más bien corresponsables, ya que consideramos la situación de pobreza como parte de un contexto más amplio de violencia estructural, agudizado por la implementación de políticas neoliberales promovidas por nuestros países».
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Construcción de alternativas a pesar de la represión
- En La Parota (Acapulco), la población se ha organizado en una lucha amplia de defensa de sus territorios y recursos naturales. Desde hace tres años, han estado sosteniendo plantones para impedir la entrada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con una fuerte participación de las mujeres. Según Abel Barrera, director del CDH «Tlachinollan«, «Este movimiento ha sido un ejemplo a nivel nacional. Le han ganado al gobierno en los tribunales. Atrás está un movimiento social que construye un sujeto en defensa de la tierra. Se presenta un fenómeno de reindigenización, con campesinos que asumen su identidad histórica».
- – En Ayutla de los Libres (Costa-Montaña), gran parte de la lucha ha sido para denunciar la militarización de la zona, la corrupción de las autoridades y la discriminación y el abandono de las comunidades indígenas. La Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa, además de denunciar las injusticias, está construyendo alternativas de sobrevivencia con dignidad en las comunidades Me’phaa de la Costa-Montaña. El 17 de marzo pasado, 5 líderes e integrantes de la OPIM fueron detenidos y encarcelados, en base a una orden de aprehensión por homicidio. Existen órdenes de aprehensión en contra de 10 integrantes más de la OPIM, entre ellos, su Presidente Cuauhtémoc Ramírez. Cabe recordar que la OPIM se destacó entre otros por el acompañamiento que brindó a Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, las dos mujeres Me’phaas violadas por militares en el 2002, caso que se encuentra actualmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La OPIM denunció también la esterilización forzada de 14 hombres en la comunidad del Camalote en 1998. A raíz de esas denunciaciones, varios integrantes de la OPIM han sufrido amenazas y hostigamientos.
- – En Xochistlahuaca (Costa Chica), el pueblo amuzgo también se ha organizado. Se dio una experiencia de autoridades tradicionales y mantienen una radio comunitaria que, desde hace tres años, transmite en su propio idioma. Las autoridades tradicionales de Xochistlahuaca y el consejo de la Radio Ñomndaa cuentan con 11 órdenes de aprehensión por reivindicar el derecho de los pueblos indígenas a ejercer sus sistemas normativos reconocidos en el convenio 169 de la OIT. Tres de esas órdenes ya han sido ejecutadas.
- – La Policía Comunitaria es otra experiencia que puede valorarse como exitosa. Los pueblos se convocaron en asambleas y crearon un sistema de justicia integrado por autoridades indígenas. Fijaron sede principal en San Luis Acatlan, y luego se establecieron nuevas sedes en distintos lugares. Se formó un actor armado para defender al pueblo (la policía comunitaria) y un actor político-jurídico (el Consejo Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC) para aplicar la justicia. Este año va a cumplir 13 años. La CRAC y la Policía Comunitaria cuentan con más de 30 órdenes de aprehensión por ejercer sus derechos normativos.
- – En la zona Montaña, Abel Barrera subraya: «ahí viven unos 300.000 indígenas, pobres de los más pobres (incluyendo los dos municipios más pobres del país), hay droga, hay militares y hay migrantes pero no hay de qué comer. También ahí se gestan movimientos de resistencia: por la educación, por la salud, por la defensa de los derechos de los migrantes.» El Consejo Regional para el Desarrollo de los Pueblos Me’phaa de la variante lingüística Ba’thaa cuenta con por lo menos 17 órdenes de aprehensión por defender el derecho de los pueblos indígenas a la educación y el derecho al desarrollo. Ya se ejecutaron 4 de esas órdenes.
- En Xochistlahuaca, nos decían «Nosotros tenemos más grandes el corazón al tenerles aquí. Estamos expuestos y asumimos los riesgos. Tenemos legitimidad y es lo que nos da una defensa inmediata».
