ACTUALIDAD: Chiapas – ¿de la zanahoria al garrote?
26/02/2010
ACTUALIDAD: De cambios y continuidad
30/07/2010
El 8 de marzo de 2010, centenares de personas respondieron a la convocatoria de las mujeres de Las Abejas de Acteal para marchar en el marco del Día Internacional de la Mujer. Al llegar a la base militar en Polhó, las Abejas denunciaron el papel del ejército en la realidad mexicana: «Todos los mexicanos sufrimos los abusos de su parte, los cateos ilegales, la agresión física, torturas, violaciones, y detenciones arbitrarias». Continuaron recordando a los militares: «Ustedes también tienen Mamá, hermanas, esposa, hijas, a ellas también les puede tocar un sufrimiento si ustedes cumplen ordenes sin pensar lo que les mandan sus jefes». Terminaron refiriéndose a las palabras del difunto obispo salvadoreño Oscar Romero: «Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla.»
Eso es un llamado a la desobediencia civil, un llamado a desobedecer una ley o una orden que uno, en su conciencia, considera injusta o ilegitima y contradictoria a valores que fundamentan el ideal democrático. Es una herramienta de lucha en la que les invitamos a pensar ahora.
Pensando la desobediencia civil desde un ejemplo mexicano (3)
Queremos revisar este concepto a través de un ejemplo chiapaneco y mexicano, aunque no se use el término de desobediencia civil, corresponde a esta estrategia de lucha. Se trata de ciudadanos que decidieron dejar de pagar el servicio de luz para denunciar sus tarifas injustas y arbitrarias, así como el riesgo de su privatización. Este movimiento se articula entre varios estados de la República a través de la Red Nacional de Resistencia Civil a las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica (a continuación: Red Nacional). En Chiapas, está encabezado por la Red Estatal de Resistencia Civil «La Voz de Nuestro Corazón», con fuerte presencia en la zona Centro y en Los Altos, y el PUDEE (Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica) en la zona Norte. (Para más información sobre la historia del movimiento, véase los informes de SIPAZ de noviembre de 2009 y diciembre de 2004)
La desobediencia civil es tanto una herramienta democrática como una herramienta de lucha. Para empezar a identificar las características que permiten esta combinación, nos preguntaremos: ¿porqué se le dice civil?
© SIPAZ
Un primer elemento de respuesta es que se trata de una herramienta cívica: no se refiere a intereses propios sino al interés común para mejorar la convivencia. En el caso de la resistencia civil a las altas tarifas de la luz, no están luchando para obtener tarifas preferenciales sino para que el interés del pueblo prevalezca sobre los intereses económicos de algunos pocos. También es civil porque reconoce la función de la ley y de los acuerdos en la democracia: no se opone a la ley en sí sino a la injusticia de esta. El que desobedece civilmente no es un delincuente sino un disidente. «No se desolidariza de la colectividad política a la cual pertenece (…) sino que se niega a ser cómplice.» (JM Muller) En un reciente comunicado de la Red Nacional se puede leer: «No nos negamos al pago justo, nos oponemos al abuso.» (4)
Más allá de ser cívica, es civil porque respeta los principios de la «civilidad» entre ciudadanos: es no-violenta tanto en su fin como en sus medios. Cuando el Movimiento de resistencia civil a las altas tarifas de la energía eléctrica de Candelaria, Campeche, recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos «Don Sergio Méndez Arceo» (marzo 2010), el comité del premio comentó: «Su lucha justa y pacífica es una advertencia a los poderosos, un llamado solidario a los ciudadanos.» La desobediencia civil ciertamente infringe la ley considerada injusta, lo cual da pie al Estado para criminalizarla o reprimirla. Se requiere de mucha determinación para sostener actitudes y acciones no-violentas en este sentido.
La desobediencia civil no se esconde sino que se asume públicamente, incluso se reivindica buscando la mayor difusión posible. Esto es una apuesta estratégica: se trata de convencer a la opinión pública. Más allá de la desobediencia misma a la ley, implica una campaña de sensibilización porque quienes van a presionar el gobierno no son sólo los que desobedecen, sino la opinión pública una vez convencida de la legitimidad de su acción. Quien visite a las comunidades de la zona Norte de Chiapas, podrá observar la placa del PUDEE en muchas casas como reivindicación pública de este acto de desobediencia civil. Al nivel nacional, esta campaña combina múltiples herramientas: «hemos realizado marchas, mítines, bloqueos intermitentes de carreteras, foros, encuentros, cierres de edificios públicos, volanteos, brigadeos, semáforos informativos, periódicos murales, mesas de difusión, talleres de capacitación para la formación de técnicos comunitarios y huelgas de hambre, como la que realizaron nuestros compañeros presos de conciencia.» (4)
La desobediencia civil es una acción responsable. Actuar fuera de la ley implica un riesgo y las sanciones previstas tienen el papel de disuadir a quienes quisieran violarla. Aceptar enfrentar la justicia institucional no significa aceptar la pena final: si la ley violada es verdaderamente injusta, la condena también. En Campeche, tres personas están encarceladas por su resistencia activa, pero la campaña para su liberación reforzó la campaña de sensibilización de la opinión pública. Ya lograron varias victorias: recibieron el Premio mencionado anteriormente y además, en el mismo mes fueron declarados Presos de Conciencia por Amnistía Internacional.
Por otro lado, la desobediencia civil no sólo se opone sino que propone: es civil porque es una fuerza de cambio constructivo. No se opone a la democracia sino que la refuerza mediante el ejercicio del contrapoder ciudadano. La propuesta de la Red Nacional plantea que la luz tendría que ser propiedad colectiva y objeto de una redistribución pública con tarifas justas. Afirman: «nos hemos organizado alrededor de nuestras necesidades, y todos junt@s, en asamblea, hemos determinado cuál es la cuota fija que podemos aportar para el fondo comunitario de mantenimiento del sistema eléctrico»(4). Además mientras no se mejore el servicio público de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se organizan y capacitan para reparar ellos mismos las infraestructuras de luz cuando hace falta.
Esos puntos distinguen la desobediencia civil de una actividad delictiva, y permiten argumentar su legitimidad democrática, misma que también se fundamenta en su carácter de excepción: es un acto de personas que se ven «obligadas» a desobedecer por falta de respuesta de las autoridades. Es un último recurso después de haber usado otros medios legales, como el cuestionamiento a la CFE después de recibir facturas abusivas.
Combinar congruencia ética con fuerza política
Ahora bien, si el carácter político, público, no-violento, responsable, constructivo y de excepción de la desobediencia civil responde tanto a su exigencia ética como a su exigencia estratégica, todavía faltan elementos para que tenga una verdadera eficacia política. La desobediencia civil es más que la expresión de convicciones; consiste en una verdadera voluntad de los ciudadanos de ejercer el poder que les corresponde. Busca lograr resultados: obligar el Estado a abrogar o modificar la ley injusta.
Por esto, tiene que ser colectiva y organizada: cuanta más gente se movilice, mayor será el impacto. Lo colectivo también permite reducir las probabilidades de equivocación. Ya se mencionaron las organizaciones estatales y nacionales, mediante las cuales la resistencia a las altas tarifas de la luz se articula. Además, ya que desobedecer implica tener el valor de enfrentar el riesgo de castigo, el aspecto colectivo ayuda a superar el miedo a la represión y en la medida de lo posible evitarla. Esta solidaridad se manifiesta fuertemente en uno de los principios de la Red Nacional: «si nos tocan a uno, nos tocan a tod@s».
La movilización también tiene que ser duradera. El poder no suele ceder frente a una protesta puntual. Cuanto más dure la acción, más se agudiza el dilema para él: no actuar o reprimir –que son dos opciones que juegan en su contra, porque demuestran una pérdida de legitimidad- o hacerles caso a los ciudadanos en su cuestionamiento. Si el nivel nacional de articulación del movimiento de no-pago de la luz es bastante reciente (mayo de 2009), en Chiapas empezó desde -por lo menos- 1994 y ganó mucha fuerza en los últimos años. Esta característica implica prepararse a enfrentar cierta represión. En este sentido, los que decidieron dejar de pagar la luz se expusieron a cortes de luz y presiones como la de no recibir programas de apoyo social. Denuncian lo uno y lo otro por ser medidas tan ilegítimas como las facturas que reciben.
Terminaremos abarcando un aspecto muy importante de esta estrategia: pasar por un análisis global para decidir un objetivo específico. No se trata de enfocarse en una injusticia particular, sino de entenderla dentro del sistema que la generó. En nuestro ejemplo, enmarcan su lucha para una tarifa eléctrica justa en la exigencia del cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés (acuerdos sobre los Derechos y la Cultura indígena, firmados entre el gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el 1996). Aún escogiendo un objetivo limitado, y por tanto más posible de alcanzar, se busca incidir en el sistema.
De la desobediencia al cuestionamiento de un sistema injusto en sí
La desobediencia civil parte de una decisión individual, aunque si se mantiene a este nivel se hablaría de objeción de consciencia. Como ejemplo de ello, en México, en los últimos meses, un tema de fuerte debate público se generó cuando el 10 de abril de 2009 entró en vigor una Ley que obliga a los particulares a registrar su número de teléfono y su chip en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renault). El argumento del Estado para implementar dicha Ley fue para mejorar la seguridad pública del país, evitar las extorsiones, secuestros y otros delitos que se cometen mediante el celular. Eso generó un cuestionamiento respecto al derecho a la libertad y a la privacidad cuando al registrarse uno, se le solicita datos como nombre, CURP (Clave Única de Registro de Población) y domicilio. En el proceso, se amenazó con cortar las líneas que no se registrarían antes de la fecha indicada. Una vez cerrado el plazo, alrededor de 17 millones de personas habían optado por no registrar su celular. Algunas posiblemente porque no se enteraron, pero una parte por una opción asumida a título personal. Incluso llegaron a circular los datos completos de figuras políticas conocidas, invitando a registrar su celular a nombre de estas personas como manera de cuestionar el carácter violatorio e incluso, la inutilidad del proceso.
Cuando varios objetores de conciencia deciden juntarse y pensar una estrategia conjunta para incidir más allá de denunciar, ya se habla de desobediencia civil como lo vimos en el ejemplo anterior. Por otro lado, si en una sociedad democrática representativa, los ciudadanos tienen toda la legitimidad para no esperar un cambio de gobierno para cambiar una ley injusta (porque no conviene posponer la justicia), también existe otro escenario que considerar: cuando «ya no se trata de oponerse a una ley injusta en una sociedad democrática, sino de resistir a un poder injusto que viola intencionalmente los principios de la democracia. Entonces la desobediencia civil puede convertirse en una verdadera insurrección pacífica de ciudadanos que ya no solo buscan cambiar una ley o la otra sino cambiar el poder mismo.» (JM Muller). Entonces, si la legitimidad de la desobediencia civil se arraiga en el derecho del pueblo a resistir a la injusticia en un régimen democrático, la de la insurrección pacífica se arraiga en su derecho a resistir a la opresión cuando ya no es democrático.
La insurrección pacífica es la estrategia actual (y desde hace varios años) del movimiento zapatista. Después de 12 días de guerra en 1994, han respetado el cese al fuego. Después de haber visto cerrarse los distintos espacios democráticos para plantear sus reivindicaciones, y ante el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés por parte del gobierno, los zapatistas optaron por construir la autonomía por la vía de los hechos. O sea, se sustrajeron a la obligación de obediencia a un poder que consideran injusto e ilegitimo, y van construyendo una propuesta distinta basada en una estructura civil encabezada por las Juntas de Buen Gobierno (JBG). Las JBG están integradas por representantes de los Municipios Autónomos Zapatistas. Sus miembros, hombres y mujeres, son rotativos y reemplazables en todo momento si no respetan el «mandar obedeciendo», el postulado siendo que «el pueblo manda y el gobierno obedece».
La propuesta zapatista es más que una alternativa frente al problema de la representación política en los procesos democráticos. Se fundamenta en una crítica del ejercicio del poder en México y el mundo. La siguiente metáfora refleja su visión del poder: «Cuando el rebelde topa con la Silla del Poder (así, con mayúsculas), la mira detenidamente, la analiza, pero en lugar de sentarse va por una lima de esas para las uñas y, con heroica paciencia, le va limando las patas hasta que, a su entender, quedan tan frágiles que se rompan cuando alguien se siente, cosa que ocurre casi inmediatamente» (Comunicado de 2002).
Por otro lado, el planteamiento de la Otra Campaña (iniciativa política lanzada por el movimiento zapatista a nivel nacional en 2005), apunta a crear condiciones para reestructurar las relaciones sociales, conformar un Programa Nacional de Lucha y crear una nueva constitución política, un nuevo pacto social donde se consideren las demandas del pueblo mexicano.
Que hablemos de la democracia en México (o en otros países), o de las propuestas alternativas planteadas por el zapatismo, soñar y construir modos verdaderamente democráticos es un proceso permanente y no pocas veces conflictivo en el que voces disidentes deberían verse como aportes imprescindibles para seguir avanzando y fortaleciendo lo ya avanzado. Los zapatistas explican la «democracia» que están construyendo en estos términos: «Fue nuestro camino siempre que la voluntad de los más se hiciera común en el corazón de hombres y mujeres de mando. Era esa voluntad mayoritaria el camino en el que debía andar el paso del que mandaba. Si se apartaba su andar de lo que era razón de la gente, el corazón que mandaba debía cambiar, por otro que obedeciera. Así nació nuestra fuerza en la montaña, el que manda obedece si es verdadero, el que obedece manda por el corazón común de los hombres y mujeres verdaderos. Otra palabra vino de lejos para que este gobierno se nombrara, y esa palabra nombró «democracia» este camino nuestro que andaba desde antes que caminaran las palabras.» (Comunicado de 1994)
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De la obediencia a la desobediencia: Las dos virtudes del ciudadano (1)
El concepto de democracia es ante todo una utopía a construir. Proviene del griego antiguo, en la conjunción de los vocablos «demos», que puede traducirse como «pueblo«, y «krátos«, que puede traducirse como «poder» o «gobierno». El ideal democrático apunta a la construcción de una forma de organización o gobierno «del pueblo, por y para el pueblo«, en el que el poder y la toma de decisiones estarían compartidos entre la totalidad de sus integrantes. Se basa en un pacto social en el cual se expresa el reconocimiento a una serie de acuerdos, reglas o leyes, y la voluntad asumida por sus miembros de convivir según esos principios.
En la práctica, existen muchas variantes del concepto de democracia, aunque demasiadas veces se haya buscado imponer un único modelo de entendimiento e implementación: el desarrollado por países del Norte que funciona sobre la base de la democracia indirecta o representativa, opacando modos de convivencia establecidos por otros pueblos que funcionan de manera más directa. En un ideal de corresponsabilidad de todos los ciudadanos, también en las democracias de los países del Norte, se han buscado mecanismos de participación y contrapoder (frente a los representantes).
El ideal democrático implica igualdad y distribución del poder entre los ciudadanos. En sociedades amplias, el modelo más común pasa por la elección de representantes a quienes los ciudadanos delegan su propio poder de decisión. Uno de los riesgos omnipresentes en este modelo es que la voz del ciudadano sólo cuente en el momento de las elecciones, mientras una exigencia fundamental de la democracia es el diálogo, la capacidad de ir construyendo y decontruyendo acuerdos para adaptarse a los cambios que se puedan requerir. Un aspecto que plantea otra serie de riesgos tendrá que ver con el hecho que estas elecciones suelen basarse sobre las decisiones de la mayoría, lo cual puede resultar hasta antidemocrático cuando afecta derechos fundamentales de las minorías o de los individuos.
Más allá de los retos que conlleva, la implementación de la democracia requerirá la obediencia de los ciudadanos a las leyes que se lleguen a definir para la convivencia. Es importante recalcar que la obediencia no es sumisión. «Sumisión» significa «entregarse a la voluntad de otro«. Implica dejar de pensar el porqué. Mientras que la obediencia viene del latino «oboedire» que significa «estar atento a», «tomar en cuenta». En este sentido, la obediencia, que implica el ejercicio del libre albedrío, es una virtud del ciudadano. (2)
Ahora bien, si la «ley de la mayoría» pretende definir lo justo, no garantiza la justicia. El gobierno democrático no es infalible y para los ciudadanos, la exigencia de justicia debe prevalecer sobre la ley de la mayoría. «La ley merece la obediencia de los ciudadanos en cuanto esté al servicio de la justicia. (…) Pero cuando la ley avala o genera la injusticia, merece el desprecio y la desobediencia de los ciudadanos. (…) Él que se somete a una ley injusta se hace por parte responsable de la injusticia» (JM Muller, teórico francés de la no-violencia). Así, cuando los canales de la democracia permanecen cerrados y se agotan los medios legales, el ciudadano puede demostrar su determinación a favor del ideal democrático iniciando acciones de desobediencia civil. Entonces, si la obediencia es claramente una virtud del ciudadano, la desobediencia a lo injusto es la virtud complementaria de esta primera.
Gandhi, pensador y luchador no-violento quien impulsó la independencia de la India mediante acciones de desobediencia civil, ya la presentaba como un derecho y un deber a la vez:
«Nadie está obligado a cooperar en su propia pérdida o en su propia esclavitud… La Desobediencia Civil es un derecho imprescriptible de todo ciudadano. No puede renunciar a ella sin dejar de ser hombre (sic). La democracia no está hecha para los que se portan como borregos. En un régimen democrático, cada individuo guarda celosamente su libertad de opinión y de acción. Cada ciudadano se hace a sí mismo responsable de todo lo que hace su gobierno; tiene que prestarle todo su apoyo mientras ese gobierno vaya tomando decisiones aceptables. Pero el día en que el equipo que está en el poder haga daño a la nación, cada uno de los ciudadanos tiene la obligación de retirarle su apoyo.«
Uno -más que todo para los que comparten el planteamiento de la mayoría- se puede interrogar sobre el peligro que representa la desobediencia para la democracia. Pensando en varios casos de dictaduras en el continente y fuera de él, la historia ha demostrado que la democracia puede ser más amenazada por la obediencia a leyes o ordenes injustas que por la desobediencia a las mismas. La desobediencia civil no debilita la democracia sino que la protege y la fortalece llamando la atención sobre sus fallos y recurriendo a un sentido de la justicia que, desde la conciencia del ciudadano responsable, puede prevalecer sobre la legalidad.
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Documentos consultados:
- Jean-Marie Muller, Dictionnaire de la non-violence. Les Éditions du Relié, 2005, pp. 92 a 96 y 100 a 108.
- Maheu-Vaillant E. (sous la dir.), L’autorité, pour une éducation non-violente, Ed. du MAN, 2010, p.89
- Jean-Marie Muller y Alain Refalo en la revista francesa Alternatives Non-Violentes #142 «Eloge de la désobeissance civile. Les désobéisseurs au service du droit.»
- Comunicado del 1º de mayo de 2010
