Actividades de SIPAZ (Abril – Junio de 2004)
30/06/2004
COYUNTURA: Elecciones en Chiapas, ¿quién ganó?
30/12/2004
Ese lugar
que tú mencionas en tus sueños,
sigue ahí,
donde siempre estuvo.
Pero la lluvia aún no llega
para lavar las cenizas ni la sangre coagulada
de lo que fuera el dintel de tu casa.
Antonio M. Flórez
Desplazados del Paraíso
Los invisibles del conflicto en Chiapas
Dos hechos nos obligan a regresar la mirada y el pensamiento a una de las consecuencias vivas más graves del conflicto armado en Chiapas: l@s desplazad@s. En primer lugar, el fin de la asistencia humanitaria brindada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a los desplazados del municipio de Chenalhó. En segundo, la propuesta nacida en el Congreso de la Federación para realizar una reforma constitucional que introduzca el concepto, y por tanto, el reconocimiento de la figura de desplazado interno (hasta ahora inexistente en México).
Concepto y causas de los desplazamientos internos
Las Naciones Unidas consideran ‘desplazados internos’ a las «…personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado, o para evitar los efectos, de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida».
Quienes se encuentran en esta situación quedan en un alto grado de vulnerabilidad y desprotección, dado el desarraigo familiar, identitario y territorial que provoca el abandono del hogar. Estas consecuencias se agravan cuando las víctimas del desplazamiento son pueblos indígenas, campesinos u otros grupos que tienen un especial vínculo con la tierra, puesto que, además de ser su único medio de sobrevivencia, representa el centro de la vida cultural comunitaria. Precisamente, son estos grupos quienes sufren mayoritariamente los desplazamientos.
En el ámbito jurídico existen grandes lagunas a nivel nacional e internacional sobre los desplazamientos internos, pese a ser una de las situaciones que concentran una multiplicidad de violaciones de derechos humanos. Por ser considerados consecuencia de un conflicto interno, ha habido muchos obstáculos a nivel internacional para legislar sobre esta figura, prevaleciendo los principios de no intervención y respeto a la soberanía nacional de cada Estado. Esto ha permitido la impunidad y la desprotección de las poblaciones desplazadas, ya que, en muchos conflictos el mismo Estado es parte, origen o causa de los desplazamientos.
Ante esta desprotección, Francis Deng (representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los desplazados internos desde 1992) elaboró los Principios Rectores aplicables a los Desplazamientos Internos: directrices sobre la protección, la asistencia humanitaria y el regreso de los desplazados internos.
El desplazamiento forzado en Chiapas
Según el informe elaborado por el Sr. Francis Deng, la primera y principal causa de desplazamiento forzado en México es el conflicto en Chiapas, señalando como causas del mismo:
- El enfrentamiento armado entre el Ejército Mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, iniciado en 1994.
- Las operaciones de contraguerrilla del Ejército Mexicano en 1995.
- La matanza en Acteal perpetrada por paramilitares en 1997.
Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBLC), el desplazamiento forzado es un mecanismo de represión del Estado que se ubica como parte de una estrategia de acción contrainsurgente y una táctica para el desalojo y control territorial, ligada a intereses políticos, económicos, culturales, locales, regionales e internacionales.
El municipio de Chenalhó (zona Altos) y la zona Norte de Chiapas, son las regiones que más sufrieron la estrategia contrainsurgente, provocando millares de desplazados, obligados a abandonar su lugar de origen para salvarse de la escalada de violencia desatada. Vamos a centrarnos en estas dos zonas, sin la intención de minimizar los desplazamientos de las otras regiones del conflicto. En ambas, se dieron también desplazamientos de partes de la población priísta (afiliada al Partido de la Revolución Institucional) pero en cantidades menores y a más corto plazo.
En Chenalhó, la paramilitarización dirigida a contrarrestar el creciente número de bases de apoyo zapatistas en las comunidades, consistió en armar y entrenar militarmente a indígenas de las mismas comunidades, de filiación priista, encargados de hostigar, amenazar y matar a sus propios vecinos.
El vértice de la escalada de violencia en el municipio fue la masacre de Acteal (comunidad de Chenalhó) donde fueron asesinados 45 miembros de ‘Las Abejas’. Esta organización de carácter no-violento fue amenazada y hostigada por negarse a colaborar en las acciones contrainsurgentes.
Tras la tragedia, los desplazamientos de ‘Las Abejas’ y zapatistas se agudizaron en todas las comunidades donde habitaban junto con priistas, por el temor a sufrir más ataques paramilitares. ‘Las Abejas’ se refugiaron mayoritariamente en X’oyep y Acteal, mientras las bases de apoyo zapatistas huyeron al municipio autónomo de Polhó.
Según el CDHFBLC, en 1998, los desplazados en Chenalhó alcanzaron la cifra de 10.000, siendo el 80% bases de apoyo del EZLN y el 20% restante de ‘Las Abejas’.
Siguiendo la sistematización elaborada por el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria-CIEPAC, en la Zona Norte, también se conformó el grupo acusado de ser paramilitar ‘Desarrollo, Paz y Justicia’, encargado de realizar acciones violentas contra quienes se organizaban en defensa de sus derechos, pertenecientes al Partido de la Revolución Democráctica (PRD) e integrantes o simpatizantes del EZLN. En estas comunidades el número de desplazados en octubre de 1998 alcanzó la cifra de 5,383 personas
Los desplazados perdieron sus casas, sus tierras, sus animales; sufrieron falta de servicios básicos como el agua potable, la energía, la salud y la educación, así como situaciones de hacinamiento. La principal problemática fue la falta de tierra para poder cultivar y por tanto, la ausencia de maíz y frijol como alimentos básicos. A todas las carencias materiales hay que sumar los efectos sico-sociales (traumas, depresión, miedo, tristeza, dolores corporales…) que provocan estas vivencias así como el hecho de seguir padeciendo en la desprotección, amenazas y hostigamiento contínuo.
Situación actual de los desplazados
Siguiendo el último censo del CDHFBLC (actualizado el 10 de agosto de 2004), en la zona de conflicto se contabilizan aproximadamente 12.000 personas desplazadas: 3,618 pertenecientes a la zona Norte, y en los Altos (Chenalhó) un total de 6,332.
La invisibilidad a la que se ven condenados los desplazados ha provocado la tardanza y la dificultad de ver reparados los daños y la injusticia que ha representado en sus vidas el desplazamiento.
A principios del 2001, se celebró el Primer Encuentro Estatal de Desplazados de Guerra, donde representantes de la zona Norte, Selva, Fronteriza, Altos y Centro consensuaron las siguientes demandas:
- Cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés-ASA (como medida para atender el conflicto de fondo, ya que sigue siendo condición del EZLN para reanudar el diálogo de paz).
- Crear condiciones para el retorno o reubicación de los desplazados con tierras aseguradas (exigencia al gobierno estatal y federal).
- Pago de pérdidas (indemnización y reparación de daños).
- Castigo a paramilitares, que los gobiernos hagan justicia.
Aunque en este primer encuentro se pretendió articular la lucha de todos los desplazados por el conflicto, se optaron por diferentes estrategias.
Las bases de apoyo zapatistas rechazaron participar y negociar con el gobierno las demandas de justicia y reparación de daño, manteniendo su proyecto de resistencia y autonomía, asumiendo como ley vigente los ASA.
Por otro lado, ‘Las Abejas’ decidieron realizar la negociación con el gobierno de forma independiente. Retornaron a sus comunidades de origen a partir de julio de 2001, recibieron indemnización por las víctimas de la masacre, pero siguen sin ver resueltas sus demandas de justicia y seguridad.
Se establecieron dos procesos más. En el 2001 se instaló una mesa entre el gobierno ( a través de la Secretaría de Pueblos Indios-SEPI y la Secretaría de Gobierno), los desplazados y el CDHFBLC (acompañando a los desplazados a petición de ellos). En ella se reúnen representantes de 2451 personas desplazadas pertenecientes a diferentes zonas del conflicto: 14 grupos, 10 de ellos se encuentran en desplazamiento forzoso y 4 restantes están como desplazados-retornados. En estos tres años, han habido muchas dificultades en esta mesa para avanzar en los tres puntos de demandas: Tierra, Justicia y Reparación de Daños. En estos momentos se ha conseguido una propuesta gubernamental para cada familia desplazada representada en esta mesa en el tema de tierras: 30.000 $ para que consigan tierra, los costos de la regularización y 20.000 $ en especie para proyectos productivos. Para el CDHFBLC es considerada como una «respuesta parcial» puesto que el gobierno no proporciona dinero suficiente para conseguir tierras seguras, de buena calidad y proporción adecuada para una vida digna. Quedarían pendientes la justicia y la reparación integral del daño, es decir: castigo de los responsables de entrenar, formar y armar paramilitares así como de los paramilitares culpables de muertes, desapariciones y desplazamientos; el pago del daño material y moral, el reconocimiento por parte del Estado de la situación de desplazamiento forzado y la responsabilidad que tiene ante ellos por esta situación.
En la zona norte, en el municipio de Tila, se instauró la ‘mesa Jolnixtié». La Comisión para la Reconciliación de comunidades divididas del gobierno del Estado entabló negociación directa con parte de los desplazados de la región. Se acordó el retorno o la reubicación pero no se logró resultado alguno en el tema de la justicia y la reparación de daños. Por este motivo, el CDHFBLC sigue contabilizándolos en sus censos por cuanto considera pendientes dichas demandas.
El apoyo humanitario a los desplazados en Chiapas.
Si bien es necesario atender las causas de fondo del conflicto armado para poder dar una respuesta integral a las demandas de los desplazados, la situación de desplazamiento exige asistencia y protección desde el momento en que se produce. La mayor crisis humanitaria se vivió tras la masacre de Acteal en los campamentos de X’oyep y Polhó.
Según los ‘Principios Rectores‘, el principal responsable de esta ayuda es el Estado. Pero, el hecho de ser parte del conflicto en Chiapas, como la resistencia de los zapatistas ante el gobierno y por tanto, el rechazo ante cualquier proyecto político, económico o ayuda que provenga del mismo, hizo imprescindible la ayuda humanitaria del CICR, de las ONG’s y la sociedad civil nacional e internacional.
La asistencia alimenticia del CICR se inició en agosto de 1998 y se suministró en Polhó hasta diciembre de 2003. La finalización de esta ayuda fue anunciada desde 2001, acordando con las autoridades autónomas de Polhó la disminución periódica de los alimentos que recibía cada familia.
Esta salida del CICR, ha recibido muchas críticas por considerar que deja desprotegida a la población desplazada y en riesgo de hambruna.
Oscar Torres (de la Oficina del CICR en San Cristóbal) señaló que la decisión ha sido tomada bajo la responsabilidad de saber certeramente que la población de Polhó tiene la posibilidad de mantenerse por sí sola, y que, ya no existe la situación de ‘emergencia‘ que permitía desarrollar su misión. Además, explica que antes de la salida definitiva se reforzaron los proyectos agrícolas y productivos para que la población pudiera tener instrumentos para la autosustentabilidad.
Recordemos que el CICR tiene mandato de la comunidad internacional para proteger la vida y la dignidad de las víctimas de guerra y violencia interna y prestarles asistencia, en base a los Convenios de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario.
Para el Jefe de la Subdelegación del CICR en San Cristóbal, Adolfo Beteta, ya no hay situaciones de emergencia cuya causa sea un conflicto armado en el estado de Chiapas. Reconoce que hay un ‘proceso de paz inacabado’ y, por tanto, una ‘paz relativa’, pero que los problemas actuales de las comunidades no tienen su origen solo en la disputa entre el EZLN y el Gobierno. En este sentido el CICR considera peligroso generar dependencia de las comunidades a la asistencia humanitaria. El CICR mantendrá una estructura mínima que les permitiría volver a prestar asistencia en caso de situación de emergencia.
La visión del CICR sobre el conflicto se diferencia de los análisis de diferentes ONG’s existentes en Chiapas, para quienes sigue permaneciendo en la región una guerra de baja intensidad, o una guerra integral de desgaste.
El Consejo Autónomo de Polhó está solicitando a la sociedad civil internacional apoyo para un proyecto de alimentación para los desplazados afirmando que siguen sin poder tener acceso a las tierras y por tanto, sin manera de producir sus propios alimentos.
La naturaleza del conflicto en Chiapas rompe el esquema de las ‘guerras convencionales’. No se adecua a los contextos de guerra regulados en los Convenios de Ginebra, y desde donde nacen los parámetros de actuación del CICR. Ni el CICR tiene la responsabilidad única de la situación de los desplazados por el conflicto, ni tampoco tiene el mandato necesario para absorber el contexto actual que viven.
Reconocimiento jurídico: necesario pero insuficiente
En México no hay normatividad específica sobre el tema de desplazados, y por este motivo, se presentó este año una propuesta de reforma constitucional. Dicha propuesta introduce el concepto de desplazado interno y hace responsable al Estado de la protección, seguridad y restitución de los derechos de los desplazados, remitiendo a una ley para su desarrollo. Sería un primer paso para establecer partidas presupuestales que permitan poner en marcha las políticas públicas requeridas por esta situación de despojo.
Esta propuesta responde en parte a las recomendaciones realizadas por Francis Deng al Gobierno Federal, en el año 2002, tras visitar el país y visualizar la situación de los desplazados internos:
- atacar de raíz las causas de los desplazamientos internos: «el mejor remedio de la crisis de los desplazados internos sería el logro de la paz y la reconciliación nacional que, a su vez, dependería de que se atacaran de raíz las causas del conflicto, que entrañan agravios políticos, económicos y sociales».
- colaborar para el regreso.
- establecimiento de políticas públicas por el Gobierno (realizando consulta previa con desplazados).
- Recolección de datos.
- Cooperación con la comunidad internacional.
Las recomendaciones realizadas por Francis Deng no se han retomado ni se han ejecutado por parte del Estado Mexicano.
La legislación, en opinión del CDHFBLC, debería evitar la perpetuación o institucionalización de los desplazados internos y enmarcarse en una política más amplia orientada a la verdadera resolución de las causas que generaron el conflicto.
Si bien es necesario reconocer la existencia de los desplazados internos por el conflicto en Chiapas, la falta de una legislación nacional no exime las responsabilidades en el cumplimiento de los ‘Principios Rectores’: aunque no tienen carácter obligatorio para los Estados, están basados en la normativa internacional sobre derechos humanos, ratificada por México. Desde el plano internacional, el respeto a la soberanía de los Estados debe estar encaminada a reforzar la democracia y no a favorecer la impunidad y desprotección de quienes ven negado un espacio donde vivir con seguridad y dignidad.
La consulta de los desplazados, de las ONG’s y organizaciones sociales sería necesaria para establecer medidas políticas dirigidas a resolver las causas estructurales que generaron el desplazamiento en Chiapas, mucho más en dicho contexto en el que el tema del reconocimiento de la autonomía es una de las principales raíces del conflicto. El talante político para resolver la cuestión de los desplazados nos hablará de la voluntad para caminar hacia la paz.
BIBLIOGRAFÍA
- ZEBADÙA GONZÀLEZ, Emilio (coord..), Desplazados internos en México, Grupo Parlamentario PRD-Congreso de Diputados, México, 2004.
- HIDALGO, O y CASTRO, G., Población desplazada en Chiapas, CIEPAC-Consejería de Proyectos, México, 1999.
- CDHFBLC, Acteal: entre el Duelo y la Lucha, CDHFBLC, México, 1998.
- CDHFBLC, Caminando hacia el amanecer. Informe especial sobre desplazados de guerra en Chiapas, México, 2002.
- CDHFBLC, Informe Ejecutivo sobre la situación de desplazados internos en Chiapas, 9 de agosto del 2004.
